El coronel Hugo Banzer, en agosto de 1971, asumió la presidencia a sangre y fuego. Sus opositores, que eran acusados de “subversivos”, fueron perseguidos, detenidos, torturados, masacrados y, con suerte, desterrados. Ante tanta represión, en 1978, un masivo ayuno voluntario hizo tambalear su ominoso poder. Con ese histórico hecho, Bolivia volvió a soñar en las libertades democráticas.

En pleno proceso de dictadura, el 17 de enero de 1978, Hugo Banzer fue derrotado por una huelga de hambre protagonizada por mujeres mineras, niños, obreros, estudiantes y religiosos. El ayuno voluntario se atrincheró en el periódico católico Presencia. Luego, como un reguero de pólvora, se irradió por varias iglesias. Su fuerza moral generó un terremoto político. Seis meses después, el régimen cayó y la democracia renació.

El 21 de agosto de 1971, Banzer asaltó el poder mediante un golpe de Estado, apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz y la Falange Socialista Boliviana (FSB) de Mario Gutiérrez.

El cuartelazo concluyó con cerca de 200 muertos a bala, 65 desaparecidos y más de mil heridos, según la Asamblea de Derechos Humanos. En sus siete años de gobierno armó “bandas paramilitares”; permitió el fusilamiento de estudiantes en Santa Cruz; detuvo y desterró a decenas de periodistas; cerró medios; masacró campesinos en Tolata y Epizama; “torturó, exiló e hizo desaparecer” a sus opositores políticos; clausuró universidades; eliminó los sindicatos, y fue parte del “Plan Cóndor”. Ese régimen, en el fondo, sintetizó la fase más radical del capitalismo mundial en crisis.

Exigencias

El ayuno comenzó el 28 de diciembre de 1977. En una pequeña y tímida nota, Presencia reveló que la medida “se inició a las 18 horas en la sede del Arzobispado (...) se trata de 10 esposas y madres (...) además de una docena de niños, de 4 a 12 años, hijos de encarcelados, exiliados y perseguidos”.

Las huelguistas exigieron amnistía general e irrestricta; libertad de encarcelados; retorno de exiliados; cese de torturas y persecuciones; restitución de sindicalistas a sus fuentes laborales, y desmilitarización de los centros mineros.

En medio de una crisis económica general y el viraje del gobierno de Estados Unidos hacia posiciones democráticas, la medida extrema cayó como una bomba sobre el régimen. El ministro del Interior, Guillermo Jiménez Gallo, cuestionó la participación de niños en la protesta.

El partidario de Banzer, Ferrnando Kieffer, en el libro “De cara a la revolución del 21 de agosto de 1971”, afirmó que la huelga, en realidad, fue una “pantomima” y “maniobra” de varios sectores sediciosos: “(…) la huelga de las cuatro mujeres de las minas nacionalizadas no fue sino una de las primeras maniobras utilizadas por la oposición para derrotar al restaurador de la soberanía patria y la democracia”.

Masificación

El 30 de diciembre, Derechos Humanos informó que 25 activistas y parientes de detenidos se sumaron al ayuno. El 31, otro grupo se parapetó en Presencia y el conflicto cobró gran impacto. Prestigiosos religiosos e intelectuales se plegaron igualmente a la protesta. Uno de ellos fue el padre, cineasta y periodista Luis Espinal.

El 3 de enero, en Siglo XX, 41 personas se incorporaron a la medida. Al día siguiente, asediados por “grupos paramilitares”, 13 personas se adhirieron a la huelga en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. En Cochabamba, un sexto piquete de 10 personas se sumó a la medida en la Iglesia de San Francisco, informó el periódico Jornada. En una semana, el miedo a la represión se había transformado en coraje.

El Arzobispo de La Paz, Jorge Manrique, el 4 de enero, convocó al diálogo e inició una mediación. El ministro del Interior, tras descartar “debilidad” del gobierno, acusó que la huelga tiene en su interior sediciosos interesados en “desvirtuar la democratización” de la patria.

Solidaridad

El 6 de enero, los periodistas se solidarizaron con las mujeres mineras. El matutino Hoy informó que se había firmado un “Acuerdo Prensa-Radio”, donde se planteó que la solución “estaba en restablecer el Estado de Derecho, ampliando la amnistía, poniendo en vigencia la Constitución Política del Estado y suprimiendo la Ley de Seguridad del Estado”.

Ese acto fortaleció la posición de los sublevados. El 7, Presencia y Hoy informaron la adhesión de nuevos huelguistas en La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Sucre. En el panóptico de San Pedro, 19 presos políticos se incorporaron también a la extrema medida.

Empero, la respuesta del banzerismo no se dejó esperar. Luego de amenazar con clausurar la Universidad, el Ministro del Interior denunció que los huelguistas y los comunistas preparaban una subversión “bien planificada”. Las fuerzas militares fueron declaradas en emergencia y patrullaron las zonas obreras.

Reacción

En medio de esa guerra de estrategias y discursos, y con el fin de “pacificar el país”, el 11 de enero, Banzer firmó un convenio con la Iglesia comprometiéndose a otorgar “mayores” libertades democráticas. Sin embargo, los huelguistas rechazaron el acuerdo.

En 17 días, según Amnistía Internacional, 1.200 bolivianos estaban en huelga de hambre. La presión internacional de activistas de derechos humanos y gobiernos democráticos era abrumadora. En ese marco, Presencia, con un espectacular titular en primera plana, informó “Preocupa al Papa la falta de respeto a los derechos humanos en Latinoamérica”.

Frente a eso, el banzerismo respondió que “el problema sería manejado de otra manera”. El 14 de enero, sindicatos progubernamentales dirigidos por “coordinadores laborales” decretaron un “paro general escalonado” en defensa de la democracia, el repudio a las “maniobras del extremismo ultraizquierdista” y en “respaldo al general Banzer”.

Represión

El 16, en Santa Cruz, la huelga de la Iglesia San José Obrero fue “violentamente desalojada” por civiles y policías que “portaban metralletas y revólveres”. “Entraron rompiendo las ventanas y puertas. Atropellaron a la gente y la obligaron a salir a golpes. Había gran confusión y un despliegue increíble”, relató el Obispo Auxiliar, Carlos Brown.

En La Paz, la madrugada del 17 de enero, la intervención en Presencia fue atroz: “Medio centenar de policías y civiles armados allanaron el periódico y desalojaron a ocho huelguistas, que fueron transportados en ambulancias hasta la Clínica Copacabana” (…) El grupo irrumpió con armas en la mano, advirtiendo que cumplían ‘órdenes superiores’”.

Luego, dos operaciones similares se desarrollaron en la UMSA y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz. El allanamiento finalizó con más de 80 detenidos. Al día siguiente, fueron también asaltados los piquetes de Oruro, Cochabamba, Sucre y Potosí. Esos hechos crearon indignación en la población. La gente empezó a manifestarse en las calles, informó Hoy. Frente a eso, los periodistas decretaron y acataron disciplinadamente un paro de 24 horas.

Victoria

El “autoritarismo” del gobierno quedó al descubierto a escala nacional e internacional.

Banzer, a las 20 horas del 17 de enero, se vio obligado a decretar la “amnistía irrestricta y general”, que favorecía a presos, exiliados, residenciados y prófugos por causas políticas y sindicales. El anuncio fue seguido por una convocatoria para suscribir “un acuerdo de pacificación nacional”.

A las 22 horas, la huelga fue levantada, en medio de un júbilo democrático.

Como presidente constitucional, Banzer murió el 5 de mayo de 2002. El cáncer no le perdonó. Jorge Tuto Quiroga, su vicepresidente, lo sustituyó en el cargo.

-Miguel Pinto Parabá es periodista