En medio de un clima de inseguridad y violencia que no cesa –inercial, que viene de los dos últimos sexenios—, continúan los atentados tanto a periodistas como a defensores de los derechos humanos. En su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inseguridad es la asignatura pendiente de su joven gestión, y que entregará buenas cuentas el próximo mes de diciembre. Dentro de este binomio inseguridad-violencia, hay que incluir a la economía, de la que apenas se ve la punta del témpano. La atención se ha centrado en el caso de Sergio Aguayo, profesor e investigador de El Colegio de México, pues un juez de la Ciudad de México ha autorizado el embargo de propiedades del analista si no paga diez millones de pesos a Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, por “daño moral”.

Aguayo escribió, el 20 de enero de 2016 en el diario Reforma, un artículo que tituló: “Hay que esperar”, frase que retomó de la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, cuando le preguntaron sobre el caso Moreira, detenido y encarcelado en Madrid, España, por los “delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”, según el auto judicial. El ex dirigente nacional del PRI habría dejado 36 mil millones de pesos de deuda estatal. En realidad, Aguayo se basa en hechos y declaraciones, y únicamente concluye con una breve pero lapidaria opinión: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los casos fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada corrupción mexicana”. Nada que la dura y terca realidad desmienta, y cuyo mecanismo se busca desmontar, no sin resistencias de arriba.

Siendo grave el hecho, porque es un atentado a la libertad de expresión, y lo que se avecina, hay otros casos que involucran a otros periodistas, que no tienen la misma resonancia, como la de los medios comunitarios; periodistas y comunicadores que son, al mismo tiempo, defensores de sus tierras, aguas y bosques (derechos humanos sociales), y han perdido por ello la vida. En el camino, se han opuesto a proyectos desarrollistas, que consideran excluyentes y ecocidas, lo que les ha valido el calificativo de retardatarios, cuando ellos son los que realmente conocen cuáles son sus necesidades y las de la naturaleza.

El presidente cree, fervorosamente, que es el poseedor de todas las respuestas, cuando no las únicas, con frases hechas como: “yo tengo otros datos”, “no somos iguales”, “vamos bien”. No hay diálogo, sino un desmañanado monólogo; un entrecortado soliloquio. Un mecanismo de defensa frente a sus críticos, de derecha y de izquierda, a los pone en el mismo saco: conservadores (denominación de la época juarista, de la segunda transformación), neoliberales, que asaltaron el poder desde el sexenio de Miguel de la Madrid (con Carlos Salinas en Programación y Presupuesto) hasta el de Enrique Peña Nieto, es decir, entre diciembre de 1982 y noviembre de 2018, y neoporfiristas, en que los beneficios del crecimiento económico se divorciaron del desarrollo social; beneficios que se han concentrado en la cúpula del poder, en el que política y economía se alimentan y apapachan mutuamente, relegando a sectores importantes de la sociedad civil, a no ser que sea anónima, corporativa, del exclusivo uno por ciento. El problema es que, en base a la teoría económica tradicional, se buscan soluciones en las esferas de la circulación y la distribución, sin haberse modificado el modelo en su esencia, que define y decide el destino del país. Otra forma de violencia e impunidad.

Sin olvidar los avatares del contexto internacional, y con una política que se quiere pragmática hacia los Estados Unidos de Trump, pero se percibe subordinada,  agachona, la economía ha pasado del estancamiento a la virtual recesión (-0.1 por ciento en 2019), cuando el compromiso fue el de crecer cuatro por ciento anual (el doble del periodo neoliberal). Ello se ha reflejado en una situación de precarización de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, por más que el presidente, aun cuando separe las nociones de crecimiento (cuantitativo) y desarrollo (cualitativo), concluya que lo que (le) importa es el bienestar, que habría aumentado.

La apuesta de las élites se concentra en el TMEC, una trumpada a nuestra mellada soberanía. ¿El destino (no tan) manifiesto de la 4T? Ojalá no.