Varios intentos frustrados después, finalmente fue firmado un acuerdo de paz –que algunos medios mexicanos no dudan en calificar de histórico, pero no hacen honor al nombre ni informativa ni editorialmente–, entre los representantes de las tropas invasoras estadunidenses desde el 7 de octubre de 2001, y la insurgencia que controla más de la mitad del territorio de Afganistán, a cargo del Talibán.

Entre aplausos y gritos en árabe de Dios es grande –registran agencias globales, desde Doha, la capital de Catar–, el negociador estadunidense Zalmay Khalilzad y el jefe político del Talibán, Abdul Ghani Baradar, firmaron el texto ante la presencia del secretario de Estado, Mike Pompeo, y de representantes de 30 países.

Las partes acordaron que Estados Unidos reducirá el número de tropas en Afganistán a 8 mil soldados en 135 días, y luego continuará la retirada de todas las fuerzas del imperio de las barras y las estrellas y sus aliados (con frecuencia subordinados) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 14 meses.

El acuerdo también determina la instalación de negociaciones directas entre los Talibán y el gobierno afgano presidido por Ashraf Ghani Ahmadzai, y que iniciarán el próximo 10 de marzo bajo la supervisión de Washington, para culminar con el fin de la guerra y la consolidación de un gobierno pacífico en Afganistán.

Es decir, la potencia imperialista que todavía el lugar común reza que es la más poderosa del planeta, supervisará que un gobierno nacional presuntamente autónomo negocie con los insurgentes, mismos que libraron la guerra más prolongada en la historia del intervencionismo hegemonista de Estados Unidos en los cinco continentes, en este caso con la explicita exigencia del Congreso afgano del retiro de sus tropas, y con un costo para los contribuyentes estadunidenses de 750 mil millones de dólares y decenas de miles de víctimas mortales, pero fue y es extraordinario negocio para el complejo militar industrial que influye decisivamente en las determinaciones que toma la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado hasta el punto de que representantes directos del segundo y el tercero son o fueron encabezados por personeros de la industria armamentista.

Todo comenzó con el ataque aéreo a las Torres Gemelas y a la sede del Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, lo que dio un extraordinario motivo para que el jefe de la petrocracia tejana, entonces en funciones de presidente, George W. Bush, lanzara la furia imperial sobre Afganistán, derrocara a los Talibán –“¡Misión cumplida!”, proclamó desde un portaaviones GWB– y obligara a Osama bin Laden y a la cúpula de Al Qaeda a cruzar la frontera hacia Pakistán, pero la guerra se prolongó durante casi 19 años y ahora surge la construcción de una vía pacificadora negociada con los continuadores de aquel gobierno que derrocó USA.

La invasión de Washington a Kabul fue parte muy importante del gran proyecto de prolongar la hegemonía estadunidense durante el siglo XXI, lo que está resultando demasiado complicado, como lo evidencia la suscripción de este acuerdo con los derrocados y sus continuadores, o también como lo ponen en relieve los serios reveses militares que cosechan los aliados de EUA en Siria.

Para la construcción de una paz con justicia y democracia es imprescindible el respeto escrupuloso de lo pactado y que se apliquen las medidas de confianza como es la “liberación de un importante número de prisioneros por ambas partes”, entre ellos más de 5 mil insurgentes y civiles afganos.

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