Las empresas de comunicación a nivel mundial coinciden en las narrativas que abordan las medidas que desde los Estados se están tomando (o no) para contener la propagación del virus, al igual que en el impacto económico (presente y futuro) y en la cantidad de vidas que se están comprometiendo diariamente. Sobre estos dos últimos aspectos hay alternancia, unos días es más importante la economía que la vida y viceversa.

Igual de importante en la narrativa mediática, es la situación de los trabajadores y las trabajadoras esenciales. Fundamentalmente se reconoce la labor de los trabajadores sanitarios y se exponen las condiciones de exigencia en las cuales se encuentran. Pero como ya lo he apuntado en otras notas, también son esenciales otros trabajadores, también de primera línea; pero que son menos visibilizados.

Dicho esto, dejamos claras las narrativas predominantes y procedo a contribuir con el análisis del impacto que este teniendo esta pandemia a nivel global. En esta oportunidad abordo lo relacionado con los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que como vemos no están en el foco comunicacional; y lo hago porque nuestro país (Venezuela) tiene en este momento a millones de personas en otras latitudes y la inmensa mayoría son trabajadores y trabajadoras migrantes.  Abordare este tema desde la perspectiva global, pues poca información disponible tenemos sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes venezolanas en este momento y es poco oportuno ahora, ver esta situación por parcelas.

De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en un informe titulado “Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes”, que tiene como año de referencia el 2017; “en el mundo hay 277 millones de migrantes internacionales, 234 millones de migrantes en edad de trabajar (de 15 años o más) y 164 millones de trabajadores migrantes”, de los cuales el 41,6 % son mujeres. Para la OIT la definición de trabajador o trabajadora migrante “alude a las personas migrantes internacionales en edad de trabajar o mayores que están empleadas o desempleadas en el país de residencia en que se encuentran”.

Este informe de la OIT nos indica, además, que el 87 % son adultos jóvenes que se encuentran entre los 25 y los 64 años. Asimismo, estima que el 67,9 o lo que es lo mismo 111,2 millones se encuentran en países que considera de ingreso alto, y detalla que estos trabajadores y trabajadoras constituyen el 18,5 % de la población trabajadora de dichos países. Cierro este sucinto panorama citando que “El 60,8 por ciento de todos los trabajadores migrantes se encuentran en tres subregiones: América del Norte (23,0 por ciento), Europa Septentrional, Meridional y Occidental (23,9 por ciento) y los Estados Árabes (13,9 por ciento)”, es decir donde están las locomotoras de la económica mundial.

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes son un colectivo muy vulnerable, dado que mayoritariamente tiene una condición migratoria irregular a los países a donde ha llegado, los que los coloca al margen de los sistemas de protección social que tienen dispuestos los Estados, mas no del aparato productivo, que los absorbe en condiciones que violan sus derechos humanos y laborales.

La OIT afirma que trabaja en temas que abordan problemas de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, como “trabajo forzoso, la discriminación laboral, la explotación de mujeres y niños en sectores no regulados o trabajos ilegales”, entre otros. Ante esta realidad el organismo reconoce que poco son los avances que se ha desarrollado en este organismo, puesto que a pesar de que se ha promovido el tema y un par de convenios internacionales, el apoyo de los gobiernos de la mayoría de los países no ha sido congruente con las expectativas previstas, lo que no significa que no se haya avanzado a nivel regional y en algunos nacionales.

En un escenario de pandemia global como el que estamos experimentando, no nos debe sorprender que por un lado las trabajadoras y los trabajadores migrantes sean aquellos que primeros despiden, sin que sea beneficiarios de las protecciones legales que ofrecen los Estados de los países donde se encuentran. Por otro lado, no es de extrañar que, de seguir laborando además de las condiciones laborales degradadas, lo hagan en un ambiente que favorezca la trasmisión del coronavirus.   Son colectivos con pocas capacidades denuncia de sus situaciones de precariedad.

Los economistas y voceros políticos hablan del comienzo de un periodo de recesión, de la cual obviamente dicen que habrá una recuperación con pronóstico reservado. Afirman que la pandemia está afectando por un lado la producción mundial y que por tanto están comprometidas las estimaciones de crecimiento económico nacionales y globales, especialmente de los países de renta alta; por lo tanto, es inevitable la reducción del empleo disponible. La Organización Internacional del Trabajo habla de una perdida de hasta veinticinco millones de empleos. Adivinen ¿Quiénes serán los primeros despedidos?, ¿Quiénes serán los últimos en tener un empleo en condiciones dignas?, ¿Quiénes tendrán un motivo adicional para sacrificar las condiciones dignas? Desde los Estados se anuncian protecciones para los trabajadores y las trabajadoras, pero se ignora a aquellos que nos son reconocidos o reconocidas como tales, pero que en los hechos los son.

El impacto de la reducción de los empleos a nivel mundial aumentará las condiciones precarias en las cuales se encuentran los trabajadores y las trabajadoras migrantes, además quitara incentivos para una política de regularización de su condición migratoria y en consecuencia el reconocimiento de derecho como ciudadanos y personas que laboran. Además, habrá consecuencias para los países de origen, puesto que ellos y ellas envían parte su salario a las familias, de tal manera que estas verán reducidos su ingreso y con esto la precarización de las condiciones de vida.

Me gustaría creer que desde los Estados nacionales habrá una política para este sector vulnerado, pero soy escéptico al respecto (en coincidencia con el análisis de la OIT). Los gobiernos en situaciones de emergencia priorizarán en capitalizar la gestión de la crisis a su máxima expresión y en este futuro los trabajadores y las trabajadoras migrantes son invisibles (como lo han sido hasta ahora).  Y si se llegaran a nombrar es muy posible que se haga en una línea discursiva xenófoba, como viene ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos de América o por voceros de la ultraderecha en Europa.

Lo más sombrío es la previsión que tarde o temprano se comenzará a salir de la recesión y paulatinamente se volverá a incorporar de manera irregular a los trabajadores y las trabajadoras migrantes, como si nada hubiese pasado. Las locomotoras de la economía mundial, seguirán usando la mano de obra extranjera, con su condición de descartables, con total impunidad.

La única esperanza que tienen los trabajadores y las trabajadoras migrantes son las organizaciones sindicales, las cuales, si tienen un enfoque de solidaridad de clase, los reconocerán en sus discursos y demandarán medidas para su protección por parte de los Estados en sus países, como cualquier trabajador o trabajadora nacional.