Deberíamos tener un compromiso total con el pleno empleo (…) El pleno empleo es la protección social más importante”

Joseph Stiglitz

Latinoamérica será una de las regiones más golpeadas con la recesión económica en marcha. A los problemas de arrastre como pobreza, desempleo/subempleo, inseguridad alimentaria, cambio climático, migraciones, narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos, caída de la inversión productiva y aumento del endeudamiento, se agrega el Covid-19 y los efectos negativos de la contracción de las economías e inestabilidad financiera. 

La economía mundial entró en recesión, y solo faltaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconociera esta situación que afectará más a los países de menor desarrollo (¿dependientes y/o subdesarrollados sería mejor termino?) como los latinoamericanos. No obstante, ello amerita soluciones rápidas para evitar que se profundice más la crisis, no solo económica, financiera, alimentaria y sanitaria, sino también humana.

En la reciente cumbre del G-20, celebrada en Arabia Saudita, los líderes de los países más ricos del mundo, se comprometieron a inyectar 5 billones de dólares a la economía global, para enfrentar la pandemia del Convid-19 y reactivar las economías en el menor tiempo posible, igualmente avalaron un paquete de medidas de política económica que incluyen: a) proteger vidas; b) salvaguardar empleos e ingresos; c) restaurar la confianza; d) preservar la estabilidad financiera; e) reactivar el crecimiento económico; f) minimizar las disrupciones en el comercio y cadenas de sumistros globales; g) ayuda en asistencia y coordinación de medidas de política en salud pública y financieras.

 Los líderes expresaron su voluntad de “hacer lo que hay que hacer” para vencer la pandemia del Covid-19 y reactivar las economías; muy poco se habló de moratorias de deudas bilaterales o multilaterales, mucho menos de condonaciones para países con mayores niveles de endeudamiento, caso particular de la mayoría de los países latinoamericanos. Hay más ayuda, más préstamos y más asistencia; por lo que la región terminará más endeudada después que se declare libre de Covid-19, si es que eso sucede.

La profundización de la dependencia y aumento de la deuda externa de forma más rápida, implica, curiosamente, la adopción de nuevas políticas de ajuste económico para enfrentar (¿honrar?) dichos pagos, por lo que no hay garantía que las medidas de corte keynesiano tomadas para combatir el coronavirus, sobre todo el fortalecimiento y equipamiento de los sistemas de salud pública y apoyo a la producción agroalimentaria y MiPymes con recursos públicos, durará mucho. Es importante desde ya, una defensa de dichas políticas, construyendo una estrategia regional que involucre a partidos políticos, gremios, iglesias y organizaciones de sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de estudiantes.

Por su parte, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que para muchos en más “humana” (un mayor compromiso con los que menos tienen) que la anterior, destaca que la prioridad es la contención de la pandemia y la solidez de las políticas monetarias y fiscales ejecutadas que deber ser coordinadas. Se dispone de 1 billón de dólares que, sumando a otros recursos de fuentes multilaterales, servirán para enfrentar la crisis en salud, fuga de capitales, caída de precios de las materias primas, y la interrupción de la cadena de suministros de productos, sobre todos alimentos. La funcionaria demanda duplicar la capacidad de financiamiento para enfrentar la emergencia, reforzar la liquidez mundial con Derechos Especiales de Giro (DEG), dar un respaldo a los acreedores bilaterales oficiales para aliviar la carga de la deuda (se desconoce cuales acreedores han adoptado o adoptarán esta decisión y en beneficio de que países) y la solidaridad de todos.

La Dra. Georgieva es del criterio que las economías necesitarán un estimulo fiscal adicional, lo que implica un aumento de recursos para aumentar el gasto público (contratación de más médicos y enfermeras, por ejemplo) e inversión (equipamiento y construcción de infraestructura sanitaria); pero además garantizar la protección social de los trabajadores con licencias remuneradas y alivio de ingresos focalizados.  Un problema es que no todos los gobiernos adoptan las medidas recomendadas, ni aprenden unos de otros; además, la clase empresarial se muestra agresiva y solidaria, en unos casos y, en otros, timorata y usurera.

En Honduras, por ejemplo, el gobierno todavía no tiene una respuesta rápida para proteger a los trabajadores despedidos (unos 10,000 están en lista de espera), muchos de los cuales son mujeres madres solteras que trabajan en restaurantes de comida rápida y otros servicios. Hay, incluso, una decisión que, en varias empresas incluyendo maquilas, el pago de salarios se haga de común acuerdo entre las partes mientras dure la cuarentena a costa de las vacaciones (un derecho adquirido y establecido en la Constitución de la República), caso contrario la Secretaria de Trabajo deberá aceptar el cierre temporal o definitivo de la empresa.  

La protección de los empleos es una política de mayor impacto, no solo por la garantía de la estabilidad social, sino por la defensa de la capacidad de compra de las familias al cubrir el Estado los salarios mientras dure la cuarentena. En el Perú, por ejemplo, se otorgó 380 soles (108 dólares) a 3.5 millones de familias para que puedan enfrentar la cuarentena alimentaria.  Sin embargo, muy pocos países han seguido este ejemplo, y más bien han optado por entregar un saco de alimentos, que está generando una crisis de expectativas ya que se otorgan gradualmente, y muchas familias, tal como sucede en Honduras, salen a las calles a protestar al considerar que la ayuda no llegará.

La flexibilidad en la política monetaria seguida por los bancos centrales de la región, es otra de las recomendaciones del FMI (contrario a su predica monetarista tradicional), sobre todo en la inyección de liquidez al sistema, ajuste en las tasas de política monetaria y los encajes legales, para mantener e incluso aumentar un flujo de crédito al sector real, en especial al sector agrícola y MiPymes.  No obstante, es de esperar que más temprano que tarde se retomen las políticas que garantizan la operatividad del régimen de metas de inflación adoptado por la mayoría de los países.  

Se habla que los inversionistas han sacado 42,000 millones de dólares de los mercados emergentes, por lo que el apoyo financiero a sectores productivos es mucho mayor. Contrario a otra predica tradicional del FMI, de tipos de cambios reales competitivos, los gobiernos latinoamericanos deben proteger sus monedas de ataques especulativos y presión para devaluaciones aceleradas; implica mayor intervención de los bancos centrales en el mercado de divisas y control cambiario.  A ello cabe sumar el fortalecimiento de los sistemas de control y regulación bancaria, ya que, con esta crisis, al igual que las anterior, habrá también mucho dinero sucio y especulación.

Por el lado del Banco Mundial, los llamados son a que se ejecuten acciones para acelerar una posible suspensión de la deuda bilateral, y la posterior reestructuración total. El presidente del Banco, David Malpass, pidió “a los líderes del G20 que permitan a los países más pobres suspender todos los pagos de deuda oficial bilateral hasta que el Banco Mundial y el FMI hayan evaluado por completo sus necesidades de reconstrucción y financiamiento”  

Un tema de fondo es que las políticas ejecutadas para combatir la pandemia y hacer frente a los problemas económicas generados, y en este caso por la recesión, son tomadas unilateralmente por los gobiernos, y en el mejor de los casos, con la participación del sector privado, que, para Centroamérica y México, los más visibles son maquiladores. La creciente `perdida de empleos e ingresos de las familias, aunado a la desprotección social, implica la integración efectiva de las centrales obreras sin excepción para aprobar políticas de consenso, como un medio de defensa de derechos adquiridos y conquistas laborales. Lo menos que se espera, es la vigencia de una política laboral en contra de los propios trabajadores, sea durante la pandemia y después de esta.  Para los trabajadores del sector informal, el Estado debe asumir su rol de protector social.

Al parecer, el G-20 espera que se concluya el análisis de la situación por el FMI y Banco Mundial, para avanzar en soluciones como la suspensión de pagos o moratoria total por un periodo de dos (2) años, empezando por la deuda bilateral. El problema es que estos organismos pueden recomendar que no sea necesario, ya que los países con los recursos asignados por los gobiernos y disponibles (G-20 y organismos) puedan superar la pandemia y la recesión a mayor plazo. Urge que los países, individual o por grupos, pidan la suspensión inmediata de pagos de la deuda total (bilateral y multilateral). Más que eso, líderes de partidos políticos, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, gremiales y estudiantiles, sumarse a la iniciativa del CELAG de la condonación de la deuda latinoamericana, tal como lo hizo Vía Campesina y el Jubileo.

Tegucigalpa 30 de marzo de 2020