La situación de la economía mundial empeora en la medida que no se resuelven temas estructurales de la organización de la producción y circulación de capitales, agravados por el receso económico que induce la pandemia del coronavirus.

Hasta ahora, los efectos son desastrosos en términos de empleo y caída de ingresos de los sectores más vulnerables, apenas contrarrestados por una gigantesca emisión monetaria y de deuda en todo el mundo.

Se trata de una norma a contramano de la lógica discursiva de la corriente principal de política económica, apegada a una ortodoxa orientación por la austeridad y la restricción del gasto público.

La realidad, sin embargo, impone el realismo de la fuerte intervención del Estado para sostener el orden capitalista, lo que se verifica desde los principales Estados del capitalismo mundial y el accionar de sus bancos centrales.

Nuevamente aparece el problema del endeudamiento de los Estados, que se suma al de las empresas y las familias, inducidas estas a un consumismo exacerbado y que ahora, ante la disminución de ingresos se encuentran imposibilitados de cancelar deudas por servicios y bienes adquiridos.

Ni hablar de las empresas que ante la recesión agravada con la pandemia no facturan y por ende se afecta la cadena de pagos, apenas disimulada por subsidios estatales que se generalizan.

¿Pagar o no pagar?

Ese es el dilema que ronda el debate de algunos Estados, empresas o familias. Es un interrogante, a veces de subsistencia.

En el eje de la tormenta mundial aparece la Argentina, que en el 2001 protagonizó el mayor default de los tiempos modernos del capitalismo.

De hecho, el episodio aún no termina, ya que la data oficial indica que existen 2.345 millones de dólares de “deuda elegible pendiente de reestructuración”, es decir, que antiguos acreedores de la deuda en cesación de pagos del 2001 no terminan de acordar pese a las reestructuraciones del 2005, 2010 o 2016, bajo tres turnos de gobierno.

Argentina es noticia de interés y el FMI, importante acreedor de la Argentina, interesado en cobrar sin afectar sus intereses hace campaña por una “exitosa” renegociación de la deuda pública del país.

La expectativa del organismo mundial apunta a una reducción sustancial de la deuda, sugiriendo oportunamente una merma entre 55.000 y 85.000 millones de dólares de un total que a fines del 2019 alcanzaba los 323.000 millones de dólares.

Es una realidad la posibilidad del default del país, de hecho, ya se han postergado vencimientos de deudas, aun cuando el acento se coloca en estas horas en las negociaciones con los acreedores privados.

Al inaugurar a comienzos de marzo el periodo de sesiones parlamentarias se informó de una investigación del BCRA sobre el endeudamiento público.

El Banco Central difundió el 14/05 el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”^[1] de 33 páginas.

Allí se denuncia la estafa del endeudamiento reciente (2015-2019), incluyendo la fuga de capitales por 86.200 millones de dólares y un stock de 44.000 millones de dólares en depósitos en el exterior, a los que se suma unos 175.000 millones de dólares en tenencias de billetes en moneda extranjera (Gráfica 18, página 27). Suman 219.000 millones de dólares del sector privado no financiero, los beneficiarios directos del fenómeno especulativo, entre los que se cuentan muchos de los responsables del endeudamiento público.

El monto de la renegociación con los inversores privados alcanza a unos 68.000 millones de dólares, un 20% del total de la deuda, incluyendo deudas renegociadas en procesos anteriores al gobierno Macri.

A su vez, el informe reconoce que la deuda con los organismos internacionales son otros 68.000 millones de dólares, de los cuales, más de 44.000 millones son con el FMI, con quien también se negocia, claro que, con menos premura, pues el grueso de los vencimientos ocurrirá en los próximos años.

Mientras se negocia, la deuda se paga. El Parlamento argentino autorizó en diciembre pasado a utilizar 4.500 millones de dólares para cancelar vencimientos en medio del proceso de reestructuración. Una de las polémicas abiertas es el sentido de estos pagos si finalmente puede haber rechazo de los bonistas a la propuesta gubernamental.

El tema se agiganta ante las necesidades crecientes derivadas de la recesión y la pandemia. En estos días de grave emergencia social y sanitaria se cancelaron 320 millones de dólares, la tercera cuota al FMI. Mientras las necesidades sociales son inmensas. Esos recursos al tipo de cambio oficial suponen una cifra considerable que podría estimular el desarrollo de proyectos productivos de la economía popular.

Suspensión de pagos y auditoría con participación popular

Por eso crece la campaña popular por la suspensión unilateral de los pagos de la deuda pública y realizar una auditoría integral con participación popular para definir la legalidad, legitimidad y en todo caso, denunciar el carácter odioso de la misma.

La combinación de recesión e inflación genera un fuerte ajuste en la mayoría social de menores ingresos y por eso se discute el uso de los escasos recursos públicos, entre ellos las reservas internacionales.

Estas pueden ser base para otro modelo productivo y de desarrollo, modificando una estructura económica social que consolidó la desigualdad en la Argentina.

Pagar o no pagar la deuda es una cuestión de supervivencia para millones, pero también un debate que trasciende los problemas del presente e induce una discusión sobre el futuro del país.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2020

Nota

^[1] BCRA. http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com