Un leve rose diplomático entre Argelia y la monarquía alauita marroquí trajo a la memoria de algunos la tragedia del pueblo saharaui, que en 1975 fue despojado de gran parte de su territorio.

El recién instalado rey Juan Carlos, quien prácticamente estrenó su reinado con una traición a su mentor, el genocida Francisco Franco, quien había acordado la independencia de la colonia de África Occidental; intentado evitar una encerrona que los Estados Unidos preparaba con Marruecos, para apoderarse de esos 266 mil kilómetros cuadrados, de piedra y arena, pero con un subsuelo de importantes yacimientos de fosfatos, hierro, petróleo y gas. Con más de mil kilómetros de costa sobre el océano Atlántico, frente a uno de los bancos de pesca más ricos del mundo, hoy explotados fundamentalmente por empresas marroquíes y españolas.

Aquel territorio, de un tamaño similar a Nueva Zelanda, en aquel mundo de la Guerra Fría, era clave por su posición geoestratégica, ya que representaba una de las puertas a un continente en que muchas de sus naciones, en pleno proceso independentista, guerras y revoluciones, veían en Cuba y en la Yamahiriya (Estado de Masas) que el joven coronel Mohammad Gadaffi impulsaba a Libia, un destino que otras muchas naciones podían aspirar.

Para consumar el despojó al pueblo saharaui también intervino Francia, que,  como siempre que en algún despacho del Eliseo se pronuncia la palabra “África” muchos sufren convulsiones concupiscentes, por lo que hizo jugar a Mauritania, su excolonia para intervenir en el conflicto que se avecinaba.

Marruecos resultó el gran ganador de este robo, literalmente a mano armada, contra una nación que se estaba apenas reconociéndose, después de casi ciento veinte años de dominación española. Hoy,  a más de cuatro décadas de dicho saqueo, nadie, tal como sucede con los palestinos, los tuareg o los kurdos, levanta su voz por los derechos conculcados.

La usurpación de los territorios saharauis fue fríamente planeada en una serie de reuniones que terminó con un pacto secreto y siniestro entre Henry Kissinger, el entonces jefe del Departamento de Estado norteamericano, el rey Hassan II, padre del actual monarca de Marruecos Mohamed VI y Juan Carlos I.

El acuerdo consolidó lo que se conoció como la Marcha Verde, un espasmódico desfile por el desierto de uno 25 mil soldados del ejército marroquí, acompañados por unos 300 mil campesinos pobres y todo tipo de menesterosos a los que se les había prometido tierras, tras la ocupación de unos 200 mil kilómetros cuadrados de la parte norte de la joven RADSA (República Árabe Democrática Saharaui). Ningún campesino marroquí recibió un metro de tierra y todos volvieron a su pobreza, al tiempo Marruecos, junto a Mauritania, libraba una guerra contra el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra, la zanja roja y Río de Oro) que se extendió desde 1975 a 1991, en el que murieron unos 5 mil milicianos y cerca de 4 mil civiles saharauis y unos 10 mil soldados de ambos ejércitos.

En los años ochenta,  Rabat comenzaría a construir un muro que separó para siempre al pueblo saharaui. Hoy,  la RADSA tiene poco más de 500 mil ciudadanos, unos 320 mil viven en las regiones costeras de los yermos 70 mil kilómetros, que pudieron conservar tras el asalto,  y en la capital del país, Aaiún, y otros casi 200 mil en los campamentos de Tinduf, sur de Argelia, donde,  desde 1975,  se hacinan los saharauis en el exilio, sin ninguna posibilidad de retornar a su patria, con recursos mínimos para apenas sobrevivir, manteniéndose gracias a la cooperación internacional.

El muro de la vergüenza , como también se lo llama, fue construido con el asesoramiento técnico de Israel y la financiación de Arabia Saudita. Es, en realidad,  un sistema de ocho muros con una extensión total de 2720 kilómetros, protegido por 160 mil efectivos del ejército marroquí y un sistema de radares y drones de última generación. Es además y, sobre todo, un campo minado que se entiende como el más grande del mundo con un número desconocido de explosivos antipersonales que se calcula entre 10 y 40 millones, sembrados a lo largo del muro.

Tras los acuerdos de un alto el fuego entre el Polisario y Rabat, en 1991, la situación ha quedado congelada y Marruecos, que considera el Sáhara Occidental como parte indivisible de su territorio, solo ofrece al pueblo saharaui un sistema de autonomía, bajo su soberanía. Al tiempo que el Polisario lo rechaza ciñéndose a la resolución 3437 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991, en que se instaba a Rabat, a “poner fin a la ocupación militar del Sáhara Occidental y negociar con el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui”, donde también se exigía: “un alto el fuego y un referéndum sobre autodeterminación de ese pueblo”. Esto sigue sin cumplirse, mientras que la ONU todavía clasifica la patria saharaui como “territorio no autónomo”.

Despojo e impunidad

La impunidad es el mejor armamento del que dispone Rabat para consolidar el despojo a la hora de ignorar cualquier reclamo del pueblo saharaui, por lo que cualquier declaración o acto a favor de la RADSA, es tomado como un ataque directo a Marruecos. El incidente diplomático de la semana pasada tiene como centro un informe titulado: “Aspectos del derecho internacional en el conflicto en el Sáhara Occidental”, con fecha de marzo de 2019, que, según algunos, fue producido por los servicios de investigación del parlamento alemán, en el que se trata la presencia marroquí en el territorio reclamado por la nación saharaui, como “anexión y ocupación”, lo que ya señalaba en 1979, la resolución de Naciones Unidas 3437.

Marruecos expresó su fastidio tras la publicación del informe, el que, según la agencia oficial informativa del reino alauita, había sido filtrado por Argelia con datos “falsos” aportados por el Polisario. Las relaciones entre Rabat y Argel se siguen tensando, tras conocerse que el 14 de mayo pasado, había llamado al embajador marroquí en Argelia, tras haberse conocido una declaración del cónsul de ese país en la ciudad de Orán, en una reunión con ciudadanos marroquíes varados en esa ciudad, tras el cierre de fronteras a raíz de las medidas de combate contra el COVID-19, en el que el diplomático de reino dijo:  “Estamos en un país enemigo, lo digo francamente”. Lo que no deja de ser del todo verdadero, ya que las relaciones entre ambas naciones magrebíes son muy tensas debido al conflicto en el Sáhara Occidental, por lo que los casi 2 mil kilómetros de frontera común continúan cerrados desde 1994.

Marruecos durante décadas ha actuado en esta región contra los separatistas del Frente Polisario, apoyados por Argelia. Esta vasta área desértica bordeada por el Atlántico está controlada en gran medida por Marruecos, que ofrece un plan de autonomía bajo su soberanía. El Polisario exige un referéndum sobre autodeterminación. Las negociaciones,  lideradas por las Naciones Unidas,  se han estancado durante varios meses.

En diciembre pasado, con la llegada del nuevo presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el rey Mohammed VI hizo un llamamiento para abrir una “nueva página” en las relaciones entre ambas naciones, lo que en los hechos no se ha constatado.

Europa,  por su parte, tampoco atiende los pedidos de los saharauis, y beneficia de manera contaste las pretensiones marroquíes. Por ejemplo,  en enero 2019, el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, votó un texto en el que extiende al territorio en disputa de Sáhara Occidental los aranceles aduaneros preferenciales otorgados por acuerdo comercial a Marruecos, reconociendo de hecho la autoridad de Rabat, sobre esas áreas todavía en disputa, marcando de qué lado está la Unión Europea (UE). Sin duda,  el acuerdo tiene un ojo puesto en la situación que Marruecos al igual que en Libia que se ha convertido en la puerta de entrada a Europa, por la que la UE, entregó unos 100 millones de euros a Rabat “para la gestión de las fronteras marroquíes”, lo que se pudo atemperar durante 2019, que fueron unos 24 mil, frente a los 57 mil de 2018, cuando en 2017 habían sido apenas unos 22 mil. Expertos estiman que Marruecos pudo evitar la llegada entre 2019 y 20220, de unos 75 mil refugiados, de los que nada se sabe ahora.

Este tipo de “favores” de Marruecos a la UE es lo que permite a Mohamed VI acciones como la de declarar,  en  enero pasado , las aguas del Sahara Occidental un espacio marítimo propio, con jurisdicción legal de Marruecos sobre el área marítima desde Tánger al norte,  hasta Lagouira,  Mauritania, al sur, lo que fortalece su presencia en los territorios saharauis, sin ningún respeto a sus derechos.  Las propias declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, dejan en claro su intencionalidad: “Estas leyes apuntan a actualizar el arsenal legal nacional, respecto a la soberanía total del reino sobre sus fronteras efectivas de tierra y mar”, despojando en este caso a los saharauis de sus soberanía sobre las 350 millas náuticas de la plataforma continental.

Al tiempo que naciones africanas como Comoras, Gambia, Guinea y Gabón, que han abierto recientemente representaciones diplomáticas de Rabat,  apoyan la moroccanidad del Sahara, con lo que el despojo total de la nación saharaui estaría completo.

-Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC