Todos los que trabajamos en la administración pública también hemos visto desplomarse nuestro salario en 97% desde agosto de 2018 como consecuencia de la hiperinflación inducida. Somos profesores universitarios, médicos, administradores, bionalistas, personal de mantenimiento, choferes, jueces, soldados, policías, electricistas, etc. Somos 3.555.155 de personas además de los 4.988.882 de abuelitas y abuelitos que reciben su pensión y/o jubilación. Somos un gentío.

Desde la Esquina de Carmelitas, entrampados en el dogma monetarista, dicen que es improcedente aumentar los salarios en la administración pública. Alegan que no hay recursos suficientes en el presupuesto. Son los mismos que están empeñados en “equilibrar” las cuentas fiscales superponiendo lo económico sobre lo social. Sugieren para ello recortar la inversión y el gasto públicos. Por supuesto que en su paradigma ortodoxo ni siquiera se pasean por la idea de incrementar los ingresos de la administración pública en lugar de recortar el gasto.

Aquí en Venezuela, como en cualquier país del mundo, los recursos financieros de la administración pública provienen en teoría y principalmente de los impuestos. Es el caso que la burguesía en este país no paga tributos a pesar de las exageradas ganancias que ha registrado y sigue registrando incluso en tiempos de guerra económica. Recordemos que, según datos del BCV, en 2013 de todo lo que se produjo en la economía el 40% fue a parar a las cuentas del capitalista y en 2017 este porcentaje aumentó a 50%, o sea, la burguesía, por la vía de la ganancia, se está apropiando de por lo menos la mitad de la producción nacional, en detrimento de la caída de los salarios que pasaron de 32% al 18% del PIB durante el mismo periodo.

El impuesto que se recauda en nuestro país ha sido históricamente bajo. Desde 1970 hasta 1991 no superó, en promedio, el 5% del PIB. A partir de 1991 comenzó a aumentar y no precisamente porque la burguesía comenzó a pagar más, sino porque ese año fue aprobado el IVA, impuesto que en su gran mayoría pagamos la clase asalariada cada vez que compramos algo. Los impuestos llegaron a registrar su nivel más alto en 2014, 13% del PIB. Hoy, según el SENIAT, no superan el 9%. En América Latina es mayor al 20% y en los países miembros de la OCED, los que llaman desarrollados, ronda el 40%.

Lo peor es que, además de la baja presión tributaria, ese 9% lo pagamos la clase obrera de este país cada vez que compramos y pagamos el IVA. Los obreros somos la mayoría, somos el 95% de la población ocupada. De ese 9% de impuestos, 7 puntos porcentuales son IVA, solo 2 puntos son impuestos sobre la renta que para rematar también pagamos principalmente los asalariados como “persona natural”. Sumémosle la evasión y la elusión de impuestos por parte de algunos burgueses con el agravante actual de las transacciones en divisas que han sido la excusa para no facturar y por lo tanto no contabilizar los ingresos y mucho menos sus ganancias.

La burguesía de este país, según datos del BCV, ha aumentado 247% el grado de explotación al trabajador en plena guerra económica. En 2014 por cada bolívar que el capitalista pagaba de salario él ganaba 9, en 2017 esa relación de 1 a 9 pasó a ser de 1 a 30, claro está en detrimento de los salarios. No conforme con ello han pagado menos impuestos de los que históricamente pagaban y se la pasan chantajeando al Estado para que les siga dando divisas. Mientras tanto es la clase obrera la que, luego de habérsele enajenado en mayor grado el valor de su fuerza de trabajo y haber visto deteriorarse su poder adquisitivo por una hiperinflación criminal e inducida, ha sido la que ha financiado al Estado cada vez que compra y paga IVA.

Para colmo de males, desde el 2018 y sobre todo ahora en pandemia, tienen el tupé de pedir subsidios al Estado para pagar los salarios. Mayor desfachatez imposible. Preguntémonos, de dónde se supone que salen los recursos para financiar esos subsidios sino del bolsillo del propio asalariado cuando pagamos el IVA. O sea, no solo hemos visto deteriorarse nuestro salario por una hiperinflación inducida que ha beneficiado al burgués, sino que además una buena parte de ese salario se la damos al Estado como IVA para que éste a su vez se la dé a los empresarios para que nos pague el salario, mientras tanto él se embolsilla una tajada cada vez mayor de la riqueza que, dicho sea de paso, producimos los trabajadores.

¿Se entiende ahora por qué no hay recursos suficientes en el presupuesto público para, no solo aumentar los salarios de nosotros los trabajadores de ese sector a niveles dignos, sino además para financiar la salud, educación, transporte, electricidad, agua y garantizarnos a la clase asalariada una mejor prestación de esos servicios?

No es un asunto de falta de recursos, el problema es que está mal distribuido. De lo contrario cómo se explican las intensas actividades y fructíferas ganancias de la Bolsa de Valores de Caracas.

¿Será que desde la Esquina de Carmelitas pudiesen revisar este asunto de los impuestos, los subsidios a la burguesía y los salarios de los servidores públicos? ¿Será que se pudiesen plantear aumentar los ingresos del Estado por la vía de los impuestos sobre la renta, activos y patrimonios a la burguesía hasta alcanzar una presión tributaria de 40%, en lugar de contener la inversión y el gasto públicos y de esa manera “equilibran” las cuentas fiscales que tanto les preocupa? Margen de maniobra hay suficiente, por lo menos unos 38 puntos porcentuales. ¿Será que resuelven el problema de la evasión y la elusión fiscal?

Proponemos: 1) revisar y ajustar el salario mínimo de la administración pública que se fijó en medio petro: 30 US$ no cubren la canasta básica; 2) dada la hiperinflación inducida es necesario actualizar el salario en bolívares cada vez que se actualice el petro como unidad de cuenta; 3) revisar las tablas salariales de la administración pública y revertir su achatamiento; 4) poner a pagar impuestos a la burguesía para financiar no solo los salarios de los trabajadores públicos sino la prestación de los servicios del Estado; 4) revisar la política de subsidio a los empresarios; 5) ajustar siempre las pensiones al salario mínimo; 6) reformar el artículo 131 de la LOTTT de manera de garantizar que, por la vía de la repartición de las utilidades, le sea devuelto al trabajador lo que se le enajenó en el proceso social del trabajo: 3 meses de utilidades es irrisorio para los niveles de ganancia registrados por los dueños del capital de este país. En el artículo, donde dice 25% debe decir por lo menos 85%.

En revolución y bajo asedio del imperialismo (disculpen la redundancia) no es la clase obrera la que debe ajustarse el cinturón mientras el burgués se lo afloja cada vez más.

- Pasqualina Curcio es Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela.