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No es el de Villa. Tampoco es el de Zapata. Ni siquiera es el de Madero (admirado por AMLO), que lo habitó. Es el caballo de Alfonso Romo. Y ardió Troya, diría el clásico.

El 5 de agosto, se revelaron unos comentarios de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hechos meses atrás, exponiendo sus diferencias con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Uno, científico que viene de la academia; otro, ingeniero, con fuertes lazos empresariales, colocado en Palacio Nacional a fin de que el presidente no se brinque las trancas.

Considera a Romo como el principal operador para bloquear lo ambiental, la transición energética y la agroecología. Y subraya que “la 4T, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”; en cambio, “el gobierno está lleno de contradicciones, se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete”.

Desde la conformación del gabinete, se percibió que con la presencia de Alfonso Romo, en el gobierno se ponía una cuña empresarial para moderar los ánimos populistas de López Obrador. Al instalarse un caballo de Troya, en Palacio Nacional el presidente duerme con el enemigo.

Quedó, así, al descubierto el cúmulo de contradicciones que existen en el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación), que en su seno todavía mantiene o incorpora a personas vinculadas con el ancien régime (antiguo régimen), impulsores y hacedores de políticas neoliberales, que Andrés Manuel López Obrador denomina neoporfiristas.

En la mañanera del día siguiente, el presidente externó que, en cualquier gobierno, las diferencias son normales, que no hay pensamiento único, y que, en todo caso, “yo soy el responsable de la determinación final”. Para demostrar que tales diferencias vienen de lejos, se remonta a su periodo preferido de la historia: la de va a la Reforma a la República Restaurada (1857-1867), con el mejor gabinete que ha tenido México: los hombres que acompañaron a Benito Juárez; un gabinete de patriotas, en el que convivieron conservadores moderados, como Ignacio Comonfort, y liberales radicales, como Melchor Ocampo (quien, sin embargo, rubricaba sus textos con la frase: Dios y Libertad).

“Durante el siglo XIX –sobre todo a partir de la Reforma y en el porfiriato— se acelera y generaliza a tal extremo el proceso de expropiación que podemos hablar de una mutación cualitativa. En escasos cincuenta años se profundiza más la ruptura entre el trabajo directo y sus medios de producción que en los tres siglos anteriores.

“Este violento drama histórico, consumado a sangre y fuego, constituye una de las premisas fundamentales de toda formación burguesa, y colabora decisivamente en la conformación del México porfiriano como sociedad capitalista” (Armando Bartra. El México Bárbaro. El Atajo Ediciones. México. 1996).

Sería un liberal, Porfirio Díaz, quien proseguiría un largo periodo de acumulación autoritaria de capital, que desembocó en la Revolución –la Tercera Transformación—, un intento de incorporar a la mayor cantidad de gente, hasta entonces excluida de la modernización, al desarrollo capitalista, así fuese de manera mínima y desigual, después de que sólo vivió su explotación.  

“El trasfondo del problema a debatir es una contradicción objetiva del capitalismo porfirista, una cuestión de desproporción interna que permite la reproducción del sistema, pero frena su desarrollo”, dice Armando Bartra.

“No podemos idealizar a la 4T”, advierte Víctor Manuel Toledo, para desencanto de la amplia base social que votó por López Obrador y que aún cree en él y su proyecto transformador.

Toledo agrega que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Villalobos, está dirigida a los agronegocios, contra la agroecología, que impulsa la Semarnat. Dos maneras de concebir el desarrollo rural: o con los de arriba, o con de abajo.

Habrá que ponderar si éstas son contradicciones que son sólo diferencias personales de hacer las cosas o corresponden a distintos proyectos de Nación que ponen en riesgo los programas de gobierno, donde ya se perciben las contradicciones entre lo económico y lo social y los límites reformistas de la 4T.

Es el mismo Toledo quien nos da la clave; “el gobierno de la 4T no es anticapitalista, sino antineoliberal” (La Jornada, 11/8/2020).

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El detonador inmediato de tales diferencias en el seno del gabinete –como vemos, no todos adheridos a la 4T— es la prohibición del uso del glifosato en las cosechas, que se relaciona con el asunto de las semillas transgénicas, que aparece como una invasión a los cultivos campesinos nativos. Al igual que hoy, cuando se les considera en contra de la modernización agrícola, ayer se les calificó de ignorantes, a los que tienen más de diez mil años de la domesticación del maíz, y de donde salieron la consigna y el grupo: Sin maíz no hay país.

Luis Hernández Navarro, en Siembra de concreto, cosecha de ira (Para Leer en Libertad. México. 2013), dedica unas páginas, que vincula a la siembra de maíz transgénico y a la aprobación, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: la ley Monsanto, “con probables y severos riesgos para la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad”.

Todo el negocio queda entre familia: “el maíz MON 603 de Monsanto es resistente al herbicida glifosato, producido por la misma transnacional”.

“En años recientes constatamos un proceso de deterioro en la calidad de la alimentación de la sociedad mexicana, de graves consecuencias en el medio rural, que está perdiendo sus hábitos alimenticios sanos basados en la producción campesina y consumiendo cada vez más productos industrializados”.

Lo anterior lo dice un grupo de académicos y de actores sociales de más de cien instituciones, que integran la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, que agregan: “Somos testigos del desastre ecológico que viven los territorios campesinos y las afectaciones a la salud de la población por la implementación de proyectos extractivos y el uso indiscriminado de agroquímicos. La situación que se vive en la nación generada por la pandemia del Covid-19, que amenaza la vida humana, nos está enseñando las consecuencias del cambio alimenticio en nuestra sociedad, que ahora más que nunca está enferma por lo que come”.

Terminan con una exigencia: “Se mantenga la prohibición a la importación, venta y uso del glifosato en México; se prohíba la producción de transgénicos; se brinden apoyos para la economía campesina, que por siglos se ha mantenido como pilar de la soberanía alimentaria, y que se evite que los empresarios, dueños de los agronegocios, se conviertan en los hacedores de las políticas públicas para el campo y sean los principales beneficiarios de los recursos dirigidos al sector” (La Jornada, 9/8/2020).

No sorprende que, mientras hay una crisis en el campo, principalmente de su vertiente campesina, y con una pérdida de casi 64 mil empleos formales en el sector, las grandes empresas productoras y distribuidoras principalmente de alimentos procesados, en plena pandemia, se encuentren en auge, reportando cifras récord en ventas y ganancias en el segundo semestre del año.

Entre los daños colaterales de la pandemia, y que hoy está en el ojo del huracán, es el de la alimentación/nutrición. En el contexto de una población con sobrepeso y desnutrida, tres aspectos lo reflejan: los reiterados comentarios de Hugo López-Gatell acerca de la comida chatarra, y cuya ingesta hace que los que la consumen formen parte de la población en riesgo; la discusión sobre el nuevo etiquetado, y el encierro forzoso que obliga a comer en casa. Esto último, no necesariamente significa comer más sano.

Este problema no es exclusivo de México. También es preocupación de otros países, comenzando por Estados Unidos, donde más de 40 por ciento de la población es obesa. La revista Time (8/4/2020) se ocupa del tema, a partir de lo evidente: la pandemia está cambiando nuestras dietas, y se pregunta si es para comer mejor, más saludablemente.

En definitiva, “las pobres dietas son la causa número uno de la precaria salud en Estados Unidos”. Y esto por comer fuera de casa, con acceso a establecimientos de comida rápida (fast food), sin valor nutricional, por lo que “comer en casa es un gran cambio”. Pero, ¿estamos comiendo mejor? El 21 por ciento de las calorías diarias se obtiene en promedio una persona provienen de comida alta en sodio, grasas saturadas, calorías y azúcares (que seguramente ocupan un gran espacio en sus alacenas y refrigeradores).

“La epidemia probablemente esté afectando las dietas y, a su vez, nuestras dietas probablemente estén decidiendo quien muere”, afirma, enfáticamente, Walter Wilett, profesor de Epidemiología y Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El cardiólogo Darius Mozaffarian concluye: “La mala salud metabólica es devastadora para la capacidad de recuperación de la población. Necesitamos un sistema alimentario más saludable a través de mejores políticas, no solo el desastre aleatorio de los restaurantes que cierran”.

El Congreso estatal de Oaxaca aprueba, el 5 de agosto, una ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra a menores de edad. Y es el mismo titular de la Semarnat, en su columna en La Jornada, el que define uno de los objetivos de la 4T: ir con todo contra un sistema alimentario perverso. “La gran batalla es hoy ¿soberanía alimentaria mediante sistemas agroindustriales (agronegocios) o por sistemas agroecológicos con producción sana de alimentos sanos? ¿O con la vida o contra ella?”

El 6 de agosto, México rebasa los 50 mil muertos debido al coronavirus y, al mismo tiempo, Estados Unidos, con el pretexto de la violencia por la delincuencia, recomienda a su población no viajar a México. Pero que alcanzó los cinco millones de infectados. A escasas semanas del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el publicitado TMEC.

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Como es previsible, la reapertura a la actividad económica representa regresar a la informalidad, con más bajos salarios y sin prestaciones sociales. Por sus propias condiciones de trabajo y las necesidades de la gente ocupada, es un sector, el de la informalidad, que es la última que ingresó a la disfrazada cuarentena y la primera que más rápidamente reanuda actividades. Ojalá no sea el signo de la nueva normalidad laboral.

Aunque muchos trabajadores se vieron forzados a regresar a sus casas –la gran mayoría, sin empleo ni ingresos—, también hay otros tantos que siguieron y siguen trabajando, comenzando por los trabajadores de la salud, pero también los campesinos que nos dan de comer, además de una larga cadena de servicios de distribución, sin olvidar, claro, a los periodistas, que desde la calle, nos mantienen informados. Todos, a riesgo de su vida.

Pero, a medida que se normalizan las actividades, bajo nuevos protocolos, surgen nuevas inquietudes. Que el uso del tapabocas, que la sana distancia…, que protejan tanto trabajadores como al público en general. “El Covid-19 pone en peligro a los trabajadores; otra razón por la que necesitamos sindicatos”, reporta Steve Greenhouse (The Guardian, 8/6/2020).

En una planta de carne Tyson en Indiana, Estados Unidos, 890 trabajadores contrajeron el virus y en otra fábrica de Colorado, ocho murieron. En otros lugares, usan filtros de café a manera de cubrebocas. En una oficina de Amazon (cuyo dueño pertenece al 1% más rico del mundo), sólo había dos desinfectantes para las manos de gel para cinco mil trabajadores… Y quienes piden mayores equipos de protección y mejores medidas de seguridad son despedidos. Algunos son obligados a trabajar, enfermos.

Entre los países desarrollados, Estados Unidos es el que cuenta con la más baja tasa de protección laboral y sindical, que se refleja en la desigualdad salarial, que a su vez redunda en la desigualdad política. El año pasado, las empresas gastaron tres mil millones de dólares en cabildeo en Washington, 60 veces más que los 49 millones de dólares gastados en mano de obra.  

Un estudio de 2018 del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por siglas en inglés) muestra que “el 93 por ciento quiere opinar sobre la seguridad en el trabajo”. Se reconoce que en Estados Unidos hay “decenas de millones sin cobertura de salud y un problema de hambre en rápido crecimiento”.

Que no se crea que el rebrote de ira popular en las calles estadunidenses sea algo que comparten los grandes sindicatos, como la dupla AFL-CIO: la Federación Americana (Estadunidense) del Trabajo / Congreso de Organizaciones Industriales, que como la misma sociedad, es conservadora, que no pocas veces apoya al gobierno (aunque coquetea con los demócratas) en materia de política exterior, desde antes de la época de la Guerra Fría,  “sin preocuparse por la democracia o los derechos humanos básicos. Una parte clave de este esfuerzo incluía (incluye) enfrentar y marginar a los grupos laborales de izquierda”.

Así lo establece Tim Gill, profesor de Sociología en la Universidad de Tennessee, en un amplio artículo en teleSur (7/8/2020),  que se centra en la actual ofensiva del gobierno de EU contra la Venezuela chavista (Hugo Chávez y Nicolás Maduro), que define como “un régimen brutalmente autoritario” y con acciones del Consejo de Solidaridad, brazo de la AFL-CIO, que incluyen el golpe de Estado desde 2001. El CS no sólo apoya con recursos y financiamiento a sindicatos sino a grupos de periodistas (que complementan la ofensiva mediática).

Gill concluye que “el interés de los Estados Unidos en la democracia en Venezuela ha permanecido durante mucho tiempo subordinado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos por encima de todo”.

Mientras tanto, en las últimas cuatro semanas aumentaron en 90 por ciento los contagios en niños, que representa “una señal de advertencia de que la reapertura de las escuelas sin las medidas adecuadas del distanciamiento social podría acelerar la propagación del Covid-19” (Time, 8/10/2020).

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La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) presentan el documento: Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible.

La crisis en salud por la pandemia se montó sobre la crisis económica, con lo que ambas crisis se han agravado. En la última semana de julio, se presentaron en el subcontinente 140 mil nuevos casos al día, y se prevé al cerrar 2.7 millones de empresas formales, haya 44 millones de desempleados.

El sector de la salud ya era vulnerable: el porcentaje recomendado era de seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, el promedio regional es de 2.3 por ciento del PIB. Poco más de la tercera parte (34 por ciento) del gasto en salud sale de los bolsillos de la gente, lo que quiere decir que 95 millones recurrieron a gastos catastróficos en salud, de los cuales 12 millones se empobrecieron por ello.

La economía latinoamericana sufrirá una caída de 9.1 por ciento en el PIB y casi la tercera parte de su población (31.3 por ciento), es decir, 231 millones de personas se encontrarán en situación de pobreza. En estas condiciones, “un grupo particularmente vulnerable son los trabajadores informales (en su mayoría mujeres) que representan 54 por ciento del empleo total de la región”.

Y la conclusión, no por obvia, implica un desafío de carácter institucional, pero también social: “Sin lograr controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica”.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, anunció el pico de la pandemia en México, se alcanzará, ahora sí, en el mes de agosto.

Recomendó medidas más eficaces para proteger a los más pobres y a los que se encuentran en la economía informal (no únicamente aquellos, literalmente, en la calle). Afirmó que en América Latina “las medidas adoptadas fueron importantes para reducir la velocidad de la transmisión, pero no alcanzaron la efectividad para controlar la transmisión” (El Financiero, 5/8/2020).

En términos absolutos, son más los casos y las muertes debido al Covid-19, pero relativamente son menos. En lenguaje científico: son más poquitos.

De cualquier forma, la pandemia va para largo, y plantea nuevas coordenadas. Así lo visualiza el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En el artículo; La economía en tiempos del Covid-19, publicado el 10 de agosto en The Washington Post, reconoce: “Necesitamos operar por meses en un entorno de bajos ingresos y tensiones en el aparato productivo”.

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La aparición de la pandemia y su control mediante una vacuna, que representaría otro gran negocio para las corporaciones químico-farmaceúticas, se puede enmarcar dentro de la ecología política, que cobró relevancia a partir de análisis del fenómeno del calentamiento global, por el proceso de la Revolución Industrial desde mediados del siglo XVIII, como subproducto de la explotación irracional capitalista que ejerce sobre los recursos naturales y que mucho más un simple daño colateral a la naturaleza.

Luis Hernández Navarro desarrolla el tema a partir de la crítica que hace la novela Michael Crichton: Estado de miedo (2004) tanto al calentamiento, que consideran exagerado, como del movimiento ecologista. De esta manera, el Dr. Crichton, guionista de la serie de televisión ER, se ubica del lado de los intereses del capital.

“Crichton (muerto en 2004) sostenía que el ecologismo es una de las religiones más poderosas del mundo occidental, una creencia para ateos urbanos. Su fe es una reedición de las tradicionales convicciones judeocristianas profundamente conservadoras; un asunto de dogma.

“Estado de miedo forma parte de la ofensiva que los neoconservadores estadunidenses, las grandes transnacionales petroleras y de la industria del automóvil, las empresas de carbón y Australia –que es la principal exportadora de carbón— han emprendido para criminalizar el ecologismo y cuestionar el cambio climático”. Sólo hay que considerar el elevado número de muertos entre los ambientalistas, en defensa de sus tierras, bosques, aguas, y contra el extractivismo.

“Para amplios sectores de la nueva derecha, el fenómeno del ecologismo es una especie de bestia negra –concluye Hernández Navarro—. El nuevo imperativo categórico formulado por Hans Jonas de ‘actuar de forma que los efectos de la acción sean compatibles con la pervivencia de una vida auténticamente humana en la tierra’, es inadmisible para el capital, que sólo piensa en vivir al día, sea cual sea el eventual costo para la naturaleza y la humanidad”. Lo estamos viviendo, hoy, con la crisis pandémica.  

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Covid-19, capitalismo y clima es el título de un ensayo de Brian Champ quien, desde la noción marxista de grieta metabólica, advierte que el capitalismo “es un sistema que producirá nuevas pandemias junto con los alimentos que comemos. Es un sistema que recompensa la tala de la Selva Amazónica, los pulmones de la Tierra, para producir más carne que no necesitamos. Es un sistema que permitirá a las compañías petroleras estraer cada gota de la tierra a pesar del hecho de que esto seguramente hará que el planeta sea imposible de vivir para los humanos y muchas otras especies. Es un sistema que controla, tortura y mata a los negros e indígenas y lo justifica con mitologías para mantener las ganancias” (Monthly Review, 8/1/2020).

“Al demostrar la idea marxista de que el capital es valor en movimiento, el encierro genera una nueva enfermedad”, la recesión por el contagio del virus liberal, (que lleva a la parálisis económica y postración social). La crisis de salud pública en 2020 exacerba las disparidades socioeconómicas, que afecta a los trabajadores con bajos salarios e inseguridad alimentaria: 44 por ciento de los trabajadores tiene un salario medio anual de 18 mil dólares, es decir, 10.22 dólares la hora, dicen Carlo Panelli y Heather Whiteside en Crisis y virus: el Covid-19 en contexto (Monthly Review, 8/3/2020).

Del otro lado, entre marzo y abril, los multimillonarios (el 1 por ciento) aumentaron en 10 por ciento su riqueza: 282 mil millones de dólares. En Canadá, según Financial Post reconoce: “‘Nuestra nación de oligopolios no es buena para los consumidores, pero es excelente para los inversionistas’ ya que un puñado de empresas dominan las empresas canadienses de banca, telecomunicaciones, energía, supermercados, aerolíneas y otras”.

El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entre los grupos más marginados y vulnerables. Ante ellos, asumimos dos actitudes: admiramos sus culturas, alojadas en museos y sitios arqueológicos; en la vida real, cuando nos los topamos en las calles, son los otros.

“Para los pueblos indígenas de las Américas, la frontera entre Estados Unidos y México es cada vez más, un símbolo y una herramienta de genocidio”. A lo largo de la frontera con México, se asientan 26 naciones tribales soberanas, como los yaquis, apaches y kickapoo, con parientes tribales que residen en México. Para ellos, la frontera es una línea imaginaria y, por lo tanto, el muro trumpiano es, más que nada, un muro psicológico, sin embargo, con efectos devastadores (Truthout, 9/8/2020).

Fronteras y muros que dividen lo indivisible, sensación que comparten, desde 1847, muchas comunidades de ambos lados de la frontera.