Cuba celebra en estos días el sexagésimo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y motivos de sobra tiene para ello pues, entre otros avances, la Constitución de 2019 colocó a la Isla a la vanguardia del mundo en lo que se refiere a la creación de instrumentos legales que garanticen los derechos de la mujer y de la familia. En Estados Unidos, por el contrario, aunque la mujer logró en el último siglo grandes avances en la conquista de sus derechos civiles, está todavía muy lejos de alcanzar su igualdad ante la ley y su emancipación. Esto es particularmente cierto cuando se trata de una mujer negra, india, hispana o perteneciente a cualquier otra minoría. 

Donde mejor se observa la diferencia es en los centros penitenciarios, allí las mujeres, que constituyen el segmento de la población penal en más rápido crecimiento, son en cerca de un 70% no blancas. Ningún otro país presenta una cifra tan alta de mujeres encarceladas (cerca de 300,000) tanto en números absolutos como relativos, ni mayor perfil discriminatorio. 

La violencia contra la mujer alcanza altos índices en Estados Unidos y, de nuevo aquí, encontramos un patrón claramente discriminatorio. En 2011, Lynn Rosenthal, Consejero de la Casa Blanca, reveló que, según investigaciones realizadas por el National Institute of Justice, la tasa de mujeres indias asesinadas es diez veces mayor que el promedio nacional, y que un tercio de todas las mujeres indias han sido violadas. 

El fallo Dukes v. Wal-Mart de 20 de junio de 2011, de la Corte Suprema de Justicia, fue desastroso para las aspiraciones de las mujeres de Estados Unidos. La Corte tardó diez años (justicia que es lenta no es justicia) en dictaminar sobre una demanda presentada en 2001 contra Wal-Mart por “Wal-Mart Associates” en representación de 1.6 millones de empleadas, por salario injusto y discriminación. Lamentablemente, la Corte falló en contra de las trabajadoras, frustrando las aspiraciones de las mujeres de todo el país a un trato justo y equitativo en sus empleos y estableciendo una jurisprudencia que en lo adelante sería utilizada en contra de la mujer en situaciones similares. 

Cerca de 2,000 mujeres son asesinadas y unas 6,000,000 son golpeadas cada año como resultado de la violencia doméstica. Se estima que el 50% de las mujeres norteamericanas han sido golpeadas por su pareja al menos en una ocasión. Estos y otros muchos índices alarmantes pueden encontrarse fácilmente en los informes anuales de organizaciones defensoras de los derechos humanos y agencias especializadas. 

Desde hace más de tres décadas, se suceden los escándalos en las fuerzas armadas de Estados Unidos en relación con los asaltos sexuales a las mujeres en uniforme, desde el escándalo de “Tailhook-91”, cuando unos 70 oficiales fueron acusados de asaltar sexualmente a 83 mujeres y a 7 hombres en habitaciones rentadas para el symposium en Las Vegas Hilton, Nevada; hasta el escándalo más reciente de “Marines United”, cuando un periodista reveló que en un grupo privado de Facebook con ese título, con 30,000 miembros, se compartían fotos de docenas de sus compañeras desnudas. 

El 22 de abril de 2020, dentro de Fort Hood, Texas, la soldado Vanessa Guillén, de 20 años de edad, fue asesinada, desmembrada, y sus restos enterrados cerca de Leon River, donde fueron descubiertos el 30 de junio. Otra soldado, Natasha Aposhian, de 21 años, fue asesinada el 1 de junio en Grand Forks Air Force Base, en North Dakota. En ambos casos, los presuntos asesinos se suicidaron, muy convenientemente para impedir la profundización de las investigaciones. 

En el otoño de 2017, el Service Women’s Action Network (SWAN) realizó una encuesta entre más de 1,300 mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos para conocer el impacto del servicio militar sobre la salud mental. La encuesta identificó el llamado “trauma sexual militar” (MST por sus siglas en inglés) como el factor principal que afecta la salud mental de las mujeres de uniforme. 

La cantidad oficial de asaltos sexuales contra mujeres en las fuerzas armadas de Estados Unidos supera la cifra de 6,000, pero se calcula que es por lo menos más del doble de ese número, pues la mayoría de las víctimas calla por vergüenza o por temor a represalias. Aún así, la cifra es indignantemente alta. 

Los avances de la mujer norteamericana en el reconocimiento de sus derechos civiles constituyen un espejismo si no se tiene en cuenta que la mujer está sometida no a una sino a varias esferas de sometimiento, como las relaciones de pareja, las condiciones de trabajo, el ámbito empresarial, el papel que desempeña en la sociedad, en las actividades religiosas, etc. El avance, donde ha existido, no ha sido homogéneo y, en mayor o menor grado, la mujer ocupa en todas ellas una posición subordinada. 

En su larga lucha por alcanzar la plena igualdad de oportunidades y tratamiento, un grupo de mujeres, dirigido por Alice Paul, propuso en 1923 la enmienda ERA (“Equal Rights Amendment”) a la Constitución de Estados Unidos. Casi medio siglo tendría que transcurrir para que un comité senatorial, presionado por el resurgimiento feminista de los sesenta, se dignase considerar el proyecto, presentado esta vez por la conocida escritora y editora Gloria Steinem. 

En 1972 el Congreso (¡al fin!) aprobó ERA. Sin embargo, la enmienda tardaría otros 47 años en lograr la ratificación necesaria de las tres cuartas partes de los estados. Como era de esperar, la oposición estuvo centrada en los estados del sur y, también, en varios estados del oeste, Missouri e Illinois. A cuenta-gotas se fueron produciendo las ratificaciones. En 2019 se alcanzó, con Virginia, la ansiada cifra de 38 ratificaciones. Parecía que al fin las mujeres estadounidenses habían obtenido la garantía constitucional de sus derechos legales, pero no fue así, poderosos intereses sacaron a relucir un tecnicismo leguleyesco que, alegaban, invalidaba la ratificación. El argumento esgrimido fue que la ratificación por las tres cuartas partes de los estados tenía que haberse producido antes de 1979 y que, por tanto, la enmienda no había sido ratificada. Esto significaba un retroceso de casi un siglo en la lucha de las mujeres por sus derechos constitucionales de igualdad. Se regresaba al punto cero, el de 1923, cuando Alice Paul propuso por primera vez la enmienda. 

Un rayo de esperanza surgió cuando, a comienzos de 2020, la Cámara de Representantes votó eliminando la arbitraria fecha límite establecida. Solo faltaba la aprobación del Senado. Pero tampoco fue así esta vez; los sectores más reaccionarios de Estados Unidos movilizaron su maquinaria de propaganda para evitar la aprobación de la enmienda, basándose en cuatro argumentos falaces: 1) ERA es inconstitucional porque no fue ratificada antes de 1979. 2) El Congreso no tiene autoridad para extender la fecha límite de ratificación. 3) ERA es innecesaria porque la igualdad ante la ley es reconocida por las enmiendas 5a. Y 14a. de la Constitución y leyes federales y estatales que prohíben la discriminación basada en el sexo. 4) La aprobación de la enmienda llevaría a la realización sin límites de abortos, los jueces tendrían que suprimir las leyes pro-vida, y –la argucia preferida- se usarían los dólares de los contribuyentes para financiar los abortos en todo el país.  

El panorama que se abre actualmente ante la mujer norteamericana es el de luchar otro siglo o medio siglo más para lograr la protección legal básica contra la discriminación, pues la Constitución de Estados Unidos no prohíbe explícitamente la discriminación basada en el género. Si las fuerzas más oscuras de la nación logran imponerse de nuevo en las próximas elecciones de noviembre, la mujer en Estados Unidos continuará ganando salarios más bajos que los del hombre, su vida será extremadamente difícil en los núcleos familiares donde es ella el único sostén, persistirá como tema controversial y sin aparente salida el reconocimiento de sus derechos reproductivos, estará sujeta con frecuencia al acoso sexual y a la violencia doméstica, continuará prácticamente impune el negocio de los traficantes de seres humanos en busca de esclavas sexuales, se desarrollarán aún más las redes de prostitución, incluyendo la prostitución infantil; y la pornografía, que denigra en especial a la mujer, seguirá invadiendo los medios de comunicación e información y todas las esferas de la vida social; sin contar que sus hijos, padres, esposos y hermanos serán enviados eventualmente a matar y a morir en las guerras injustas del imperio, sin que para nada se tenga en cuenta su voz y su sentir.