*Pemex, la joya de la corona de las petroleras, fin de la soberanía por decreto

*Herencia neoliberal y trastocamiento del Estado, rompimiento del pacto social

*Enjuiciar a expresidentes y lacayos, para erradicar el modelo y sistema político

Botón de muestra de la corrupción del “sistema político mexicano”, el de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México, con las narices metidas en Pemex mediante el contrato “Etileno XXI” (que implica desde a Felipe Calderón) y la colusión de la cúpula del poder priista, encabezada por el candidato primero y después presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con un séquito de operadores de confianza.

La información comenzó a fluir cuando el responsable internacional de la campaña, y persona cercana a Peña Nieto, Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue detenido y el pasado 11 de agosto, declarara ante la Fiscalía General de la República y el Fiscal Alejandro Gertz Manero la “denuncia de hechos” posibles “constitutivos de delito” correspondiente.

Lozoya interactuó con Odebrecht a través de su presidente para México, Alberto de Meneses Weill, y gestionó los sobornos para la campaña de Peña a cuenta de Pemex. E incluyó personalidades que aparecen en su declaratoria.

Lozoya fue bisagra de la red de “cohechos” que se tendió desde y a través de la empresa brasileña, como ocurrió en varios países de América Latina —hilos de la corrupción, amén del encubrimiento, desde la cumbre del poder político donde resultó manchado, porque así lo quiso Peña Nieto, todo el sistema político mexicano—, por lo que el “declarante” está en proceso judicial y busca beneficios.

Odebrecht, de origen

Pues resulta que, desde que la empresa brasileña aceptó haber sobornado a funcionarios en México frente a la justicia de Estados Unidos de América (EUA) —en diciembre de 2016—, Lozoya apareció como primer implicado e integrante de confianza del círculo cercano de Peña Nieto.

El presunto había sido detenido en España el 12 de febrero de 2020 (prófugo de la justicia desde mayo de 2019), extraditado y dispuesto a “colaborar” con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Fiscalía General de la República que encabeza el Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Por encubrimiento, corrupción e impunidad, parecía imposible que el caso Odebrecht llegara a México, donde habría otorgado montos en soborno por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014. Pero al fin llegó. Tarde, pero ahí está, implicando hasta la cúpula del poder.

Misma operación que en otros países, como ejemplo: Argentina (sobornos por 35 millones de dólares), en Colombia (12 mdd), Brasil (349 mdd), también Guatemala (18 mdd), Panamá (59), Ecuador (33.5 mdd), Perú (29 mdd), República Dominicana (92 mdd) y hasta Venezuela (98 mdd).

Venezuela, el que más habría recibido ilícitos, después del propio Brasil. Según datos expuestos en la investigación que dio pie a estas denuncias en contra de Odebrecht, por el Departamento de Justicia de los EUA.

Empresa de corte internacional en pocos años, realizó operaciones durante 20 años que habrían significado “comisiones ilegales por más de 100 proyectos con un pago de la citada empresa por 788 millones dólares, en 11 países de América Latina”, además Angola y Mozambique en África.

En México, los montos millonarios de Odebrecht fueron para inclinar la balanza a su favor en “contrataciones públicas”, con la mira puesta en Pemex, a través del señalado “Luis (Alberto de Meneses) Weill”, presidente de la empresa e implicado en cohechos en Perú y Brasil también. Según la “denuncia” de Lozoya.

Pemex, la joya

En primerísima fila destaca entonces el candidato y presidente Peña, así como su brazo derecho Luis Videgaray Caso, coordinador de campaña primero y luego titular de la hacienda pública (la SHCP). Otros personajes del poder legislativo.

Lozoya, como el enlace internacional de campaña, luego como titular de Pemex. Recaudador de recursos del exterior, según declaró a la Fiscalía (antes Procuraduría General de la República) donde expuso montos, fechas y personas.

“Maraña de coimas” y muchos hilos, Lozoya dice que siempre siguió “órdenes” superiores. Y afirma que tiene pruebas, como el video donde presuntos enviados del Senado cuentan y embolsan fajos de billetes para sobornar legisladores (Ver: https://tinyurl.com/yyxuav26) y obtener así los votos necesarios para la aprobación de la Reforma Energética, como sucedió en 2013.

Por contexto. Quién olvida que Pemex ha sido siempre la más codiciada joya de la corona para las petroleras texanas, inversionistas extranjeros y mexicanos cercanos al poder, desde la primera oleada de privatizaciones, las “reformas estructurales” de Carlos Salinas de Gortari y sus operadores negociantes del TLCAN en 1982-83 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Una cesión de soberanía al entregar los sectores económicos prioritarios mal “negociados” con los vecinos del norte, EUA y Canadá.

En su momento, Carlos Salinas no pudo reformar la Constitución —Artículos 27 y 28—, pero Ernesto Zedillo se encargó de traicionar a México en materia energética, al suscribir los primeros “contratos de servicios múltiples” para la compra-venta del sector energético.

Pero no solo ello. Con Zedillo ocurrió uno de los mayores fraudes contra el pueblo de México. Se trata de los famosos “rescates bancarios” de las empresas privadas que padecieron la crisis de 1995 (herencia de Salinas). De tal modo, para que los empresarios no perdieran Zedillo les creó el famoso “Fobaproa” (luego Ipab). Ahí se vio claramente la aplicación de la política siguiente: privatización de las ganancias, pero la socialización de las pérdidas.

Hace un año (julio de 2019), el presidente Obrador —quien sabe del tema porque escribió “Fobaproa, expediente abierto”—, recordó que la estimación para Zedillo del rescate bancario era de 110 mil millones de pesos, pero “ha alcanzado ¡¡¡un billón 325 mil millones de pesos!!!, y se han pagado ya alrededor de ¡¡¡867 mil millones, pero se deben todavía como 467 mil millones!!! de una deuda que se va a terminar de pagar ¡¡¡dentro de 70 años!!!”.

Obrador ha dicho al respecto, no sin razón, que “si nosotros nos metemos ahora a revisar este caso, se nos va a generar un problema muy grave”.

Si bien el siguiente presidente, Vicente Fox, no intentó dicha reforma constitucional —aludiendo la falta de consensos legislativos—, tampoco lo hizo Felipe Calderón. Solo que este último entregó soberanía con la “guerra contra el narcotráfico”, y además logró chatarrizar a la petrolera, sometiéndola al abandono—la mejor (peor) estrategia para privatizar—. Fue Peña quien sí consiguió dichos cambios con el llamado Pacto por México, mejor dicho: Pacto contra México.

Así, Peña Nieto fue el promotor de las últimas reformas neoliberales importantes que, en esta segunda oleada —la primera fue la de Salinas— de privatizaciones, alcanzara precisamente a Pemex. Estas reformas últimas lograrían, ahora sí, culminar los “compromisos” de entregar lo mejor de la economía mexicana (lo último de las otrora empresas paraestatales en manos del Estado) a manos privadas, o unos cuantos empresarios beneficiados.

Claro que Peña fue la sombra de Carlos Salinas. Salinas, el principal promotor de dichas reformas, ha sido el titiritero que mueve los hilos como expresidente, para la realización de los negocios más turbios para el país —de Salinas a Peña—, hasta el triunfo irrevocable de López Obrador para la presidencia en 2018. Qué decir del fraude electoral (desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de 2012 que declinó por Calderón, siempre ilegítimo.

Neoporfirismo salinista, sin quitar el dedo del renglón de mandatar para México, como diría Fox en algún momento de su presidencia, un gobierno “de empresarios y para empresarios”, que mal se han considerado los “dueños de México”; sin olvidar que los privados han ganado durante el periodo neoliberal, siempre gracias a los bajos salarios pagados a los trabajadores.

Salinas tras bambalinas quien inauguró una suerte de Neoporfiriato. A la sombra de muchos de los “negocios” en el país (salvo quizá Zedillo, el emergente que suplió a Luis Donaldo Colosio, el único que metió a la cárcel al “hermano incómodo” Raúl Salinas).

Muchos salinistas se encaramaron, apoderaron o beneficiaron con las privatizaciones al convertirse en “grandes” inversionistas, o miembros de los consejos de administración y hasta asesores de las empresas “licitadas”, por consigna dentro o fuera del país. Durante su sexenio y subsiguientes. Y Pemex era el principal fin de la rapiña, rapacería de la cual el país nunca se benefició por la subasta de las paraestatales.

Pemex, muchos años abandonada (Fox y Calderón, principalmente) para la apariencia dar de empresa en quiebra, increíble cuando todavía en los años 80 estaba entre las cuatro petroleras más importantes del mundo, compitiendo con algunas de las sobrevivientes de “las 7 hermanas” estadounidenses.

En el Pacto por México entraron los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, para obtener los votos suficientes de los legisladores para modificar los principales Artículos, 25, 27 y 28 de la Carta Magna y permitir la “inversión privada en Pemex”, como ocurrió con la reforma de 2013. De una jugosa empresa que habría sido “manejada” por el Estado, estratégica para la soberanía energética y nacional del país, a un puñado de particulares. El fin era: el saqueo de Pemex.

El sistema y sus antecedentes

Al Neoliberalismo se debe la debilidad del Estado, por las privatizaciones, la ilegitimidad de la política, pérdida de credibilidad de los políticos y rompimiento democrático.

Si, porque el abandono del Estado y la pérdida de legitimidad de los gobiernos derivó en pérdida de soberanía, en tanto las principales decisiones se tendieron desde el exterior; qué decir de la Seguridad Nacional.

Un Estado sin recursos, retirado de la economía es un Estado sin condiciones para responder a la demanda social, sin opciones para la política social. Porque el “mercado” no hace política social, y la tesis del “goteo” es vil engaño, que si les va bien a los de “arriba” les “gotea” a los de “abajo”. Una engañifa liberal.

Solo que la voracidad no se termina. Sigue su curso. Y la clase política supone que ser gobierno es, como “el que no transa no avanza”, una tesis corriente aleatoria del sistema corporativo y autoritario, como si el gobierno fuera para disponer de los recursos del Estado.

Apropiación de fondos públicos, o desvío de los mismos, un buen ejemplo es el de la declarada culpable Rosario Robles, procesada por desviar recursos de Sedesol y Sedatu, secretarías de las cuales fue titular, y desde donde operó una red para el desvío de fondos públicos.

Solo un ejemplo del escándalo de corrupción también que le estalló a Peña y Robles en la cara conocido como Estafa Maestra, del desvío de recursos. ¡Qué decir de los tantos gobernadores del PRI en el mismo sexenio peñista que han sido procesados, y otros tantos prófugos de la justicia, que o están presos o en proceso por las mismas causas!

Aparte del Fobaproa-Ipab, el pueblo debe pagar elevados montos por las deudas contraídas por los expresidentes. Por ejemplo: Fox endeudó al país con 1.7 billones; Calderón, con 5.2 billones (¡¡¡más del 200%!!!), y de Peña, que la acercó a ¡¡¡10 billones de pesos!!!

Solo por esto el costo financiero de la deuda acumulada, en 2017 por ejemplo se tuvieron que pagar ¡¡¡533,351 millones de pesos!!!, el monto más alto desde 1990. El costo comprende: intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda ese año y los anteriores; solo intereses del gobierno representaron el 70%. Ya entonces se calculó la deuda para 2018 superior a los 600,000 millones de pesos. Y ¿cuál beneficio para el país?

Luego entonces, se trata de otro de los tantos hoyos negros de la corrupción de un modelo en crisis sistémica. El mal endémico con daño estructural y contra los intereses de la sociedad mexicana.

Un modelo que le dio al traste al crecimiento de los años mozos del “nacionalismo revolucionario” del PRI, con tasas de entre el 5 y 6%. Saldos del neoliberalismo que “debilitó” al Estado; tesis fraguada desde el exterior, donde el reto era crear estados débiles, para evitar las competencias y resistencias a la dominación, siguiendo los pasos de Washington con la imposición-aplicación neoliberal.

Aparte, dependiente del exterior el país se convierte en títere de intereses foráneos, en nuestro caso de los EUA. Con una soberanía debilitada y una Seguridad Nacional violada y en el papel. Esto último, el saldo de los últimos gobiernos del PRIAN.

Por lo mismo, el país padece una corrupción. Y es “expediente abierto”. Odebrecht solo es una muestra. Corrupción de antecedentes coloniales y globales. Y un ejercicio del poder corrupto, con fines privativos y un sistema político en descomposición, con pesados lastres de impunidad, contubernio, crimen organizado, tráfico de armas y personas, como muestra del saldo neoliberal que heredó el PRIAN.

La herencia liberal

Así, el modelo que aplicó Salinas y su proyecto transexenal hundió al país. Es el saldo de la oleada de privatizaciones a exigencia de Margaret Thatcher y Ronald Reagan (Londres y Washington) a principios de los años 80.

El desastre fue evidente:

1. El trastocamiento de las economías y debilitamiento del Estado. Salvo la agroexportación, se abandonó al resto de la economía;

2. Los sistemas políticos, desde la derecha autoritaria o la izquierda sin brújula, perdieron credibilidad y con ello la clase política perdió legitimidad para gobernar;

3. El neoliberalismo aplica la política de privatizar las ganancias para socializar las pérdidas. Un Estado sin política social y, donde a la población se le conculcan paulatinamente todos sus derechos, pese a las conquistas históricas de los trabajadores. El “mercado” nunca hace política social, sino todo lo contrario.

El modelo neoliberal solo atiende las “variables macroeconómicas” para la estabilidad monetaria e inflacionaria, para asegurar la “inversión”, la llegada de divisas y el equilibrio del peso; dejando atrás la inversión productiva, las cadenas de valor, las economías locales y de escala, el campo y las economías de subsistencia.

Los ganadores han sido unos cuantos empresarios beneficiados, otros tantos políticos de la clase política, y otros tantos inversionistas extranjeros. La corrupción siempre rampante, donde gobiernos y “administradores” han dispuesto de los últimos del Estado con manejos turbios y botín de unos pocos.

Ese ha sido el esquema disfuncional de corrupción e impunidad del sistema político, presidencialista y corporativo mexicano. El que ahora entró en profunda crisis. Sistémica, y la ayudó la pandemia del covid-19 del año 2020.

El quid de la cuestión

El nuevo gobierno, este que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a la toma de posesión se apresuró a declarar que el país lo habían dejado peor de lo que suponía. Pero pronto se desdijo.

Los últimos presidentes del PRIAN lo heredaron convertido en un verdadero lastre. En todos los terrenos, económico-político-social, y sobre todo en seguridad. Dejaron un país en quiebra, un desastre por robarse lo más, ensangrentar lo peor y empobrecerlo lo inimaginable. Más de tres décadas de más ricos contra millones de pobres. Por eso hoy Obrador les dice que se les acabó la ubre, porque ordeñaban todo.

Es el país del salinismo. De la promesa de “primer mundo” el país aterrizó en el “bajo mundo” criminal; desde la cúpula del poder hasta el empobrecimiento popular. Y la descomposición del Estado como colofón. Y rompimiento del pacto social del “nacionalismo revolucionario” del viejo PRI.

De esta historia, de Lozoya y Odebrecht, el pueblo quiere justicia. Que los ladrones sean castigados sí, pero también que regresen todo lo robado. Eso es muy difícil, claro, porque hay muchas grandes fortunas en los “paraísos fiscales”, y otros invertidos en los mercados de valores del mundo. México es un país rico, pero con pueblo pobre. Donde por los ladrones son los del poder.

Como el dicho aquél de Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político”, porque se acostumbraron a lo ajeno. Hoy estas historias deben culminar en juicios sumarios, y sin cabos sueltos. ¡Al ladrón, al ladrón! Desde Carlos Salinas. ¡¡¡Bien por la consulta próxima para para el juicio a los expresidentes!!! La gente lo avalará.

Enjuiciar y encarcelar a los corruptos —expresidentes y sus respectivos gabinetes, los implicados—. Eso servirá para, entonces sí, comenzar a desterrar el modelo neoliberal, junto al viejo sistema político mexicano corroído. En los hechos, no por decreto. Por iniciativa popular.

25/28 agosto de 2020.

- Salvador González Briceño es Director de www.geopolítica.com