Las organizaciones de sociedad civil que trabajan con población migrante y deportada de los Estados Unidos, y por obra de Trump, también de México y Guatemala en forma masiva, han recibido con esperanza las decisiones tomadas por el presidente Biden, especialmente el freno a la construcción del Muro y las deportaciones temporales (¿100 días?). Sin embargo, defensores de derechos humanos y migrantes esperan otras medidas como la derogación de los acuerdos que convierten a México, Guatemala y Honduras, en países “seguros” (países retén), que resultó en uso de la fuerza de control policial y militar de las personas en tránsito para el país del norte, cobrando vidas humanas en cada caravana.

Aunque no se ha hecho público, estas medidas serán complementadas, según las promesas de campaña del presidente Biden, con planes y programas orientados a combatir la pobreza, corrupción, las maras, pandillas y el narcotráfico, fortaleciendo la institucionalidad pública que, en el caso de países como Guatemala y Honduras, se ha debilitado en forma acelerada. Se habla de 4,000 millones de dólares aportados por USA, pero que serán manejados no por funcionarios corruptos, sino por personal contratado por una Comisión Especial nombrada por Biden. No obstante, estas iniciativas demandan la ejecución de acciones inmediatas de tipo jurídico-político en el tema del narcotráfico y corrupción, ya que varios funcionarios públicos, diputados y empresarios, han sido denunciados por estar involucrados en actividades ilícitas.

En el tema económico, los gobiernos y empresarios esperan que, aunque los casos Covid-19 van en aumento en la mayoría de los países, no se vuelva al inicio de la pandemia como exigen los gremios médicos, o sea autorizar el confinamiento y cierre de empresas y despido de trabajadores. Un caso especial es Honduras, que ha visto aumentado los casos Covid-19 en 2021, pero las actividades económicas y comerciales siguen como que la pandemia no existiera, cuando cada día se reportan más personas infectadas, muertas (410 muertos en 21 días del mes de enero) y los hospitales sin cupo para pacientes.

La vuelta a la normalidad, tiene en el imaginario de los gobiernos, diputados, empresarios e incluso dirigentes obreros, una referencia obligada a las políticas de ajuste económico y cambio estructural. Es decir, todavía no se visualiza por los gobiernos de la región y organizaciones sociales y políticas, la propuesta de estrategias y políticas económicas y sectoriales alternativas conjuntas a las apoyadas por los organismos multilaterales, y más bien, lo más seguro es una profundización de dichas políticas de ajuste en cada país después de la vacunación a la población que, en el caso de países como Honduras, va para largo.

Las organizaciones que trabajan con productores del agro están preocupadas porque cada año, se flexibilizan más las medidas de protección arancelaria del RD-CAFTA que protege la producción regional y nacional de las importaciones de estos bienes. En este orden, además de volver a la “normalidad” con la vacunación contra el Covid-19, y el apoyo de la cooperación internacional, se espera que se apliquen cláusulas de salvaguarda para qué no se inunde de productos básicos el mercado local y perjudique la producción y el empleo rural, tal como han denunciado productores de granos básicos.

El RD-CAFTA ha entrado en su fase final, esto es, desmantelar la protección arancelaria de bienes salarios generados mayormente por productores pequeños, grupos y cooperativas campesinas de la reforma agraria. Estos bienes salarios, incluyen maíz y arroz; pero también carnes y lácteos que son producidos por medianos y grandes productores, muchos de los cuales siguen utilizando una tecnología de rezago y prácticas agrícolas que afectan los recursos forestales, fuentes de agua y biodiversidad.

El argumento para mantener la protección temporal, fue que no se podía liberalizar el comercio de estos productos, ya que se afectaría a la mayor parte de la población rural, sea como productor y/o consumidor neto, pero a la vez como trabajador (a) agrícola. Había que aumentar los aranceles a las importaciones de estos rubros, mientras las unidades productivas se acomodaban a la nueva realidad y los pequeños productores se dedicaban a producir bienes para la exportación y actividades en las ciudades, como prestadores de servicios, comerciantes o asalariados formales o informales.

EL RD-CAFTA fue aprobado en 2004 y entró en vigencia en 2006, otorgándose una moratoria de unos 10 a 12 años promedio mínimo para que los productores ajusten sus unidades productivas, sembrando cultivos de exportan y no granos básicos, tecnificando sus fincas ganaderas y lecheras para aumentar la productividad, y poder competir con las importaciones “subsidiadas” una vez que se elimine la protección arancelaria.

Hubo varios problemas de origen. En primer lugar, si bien se inició una negociación en bloque, al final cada país negocio su propio tratado. En segundo lugar, nunca se construyó en cada país una agenda RD-CAFTA, o sea una matriz de trabajo conjunto para dar seguimiento a las actividades necesarias para garantizar que los acuerdos se cumplan como estaban planteados. En tercer lugar, la llamada agenda complementaria al tratado quedó en papel para la región, y, al parecer, Costa Rica fue uno de los pocos países que hizo un intento para conformar y ejecutar la misma. En cuarto lugar, los sistemas de información agropecuaria se debilitaron en la mayor parte de los países, y los pequeños productores han tenido que aceptar las cifras de las instituciones públicas y de la agroindustria sobre déficits, que es la justificación inmediata para solicitar importaciones (cuotas) por desabasto de productos.

A ello se suma, el debilitamiento de la institucionalidad causado por el ajuste económico, que impactó negativamente en el cumplimiento de las normas no arancelarias del tratado, ejemplo las medidas fitosanitarias, utilizado por el país del norte y productores como un arma para no otorgar igual trato comercial. Finalmente, organizaciones de sociedad civil y consultores independientes contratados hicieron evaluaciones parciales de los resultados e impactos del RD-CAFTA, pero los gobiernos no hicieron lo propio y muchas de las recomendaciones de estas evaluaciones no se aplicaron.

Un balance del Tratado muestra más beneficios que perjuicios. En 2006, la tasa de crecimiento del PIB en la región (incluye República Dominicana y Panamá) fue de 6.8%, pero en 2019 llegó a 3.2% (BCIE.2020), muy por debajo de lo esperado, ya que la apuesta era de 5% y 6% promedio regional. Ha habido una caída pronunciada en la participación del sector agrícola dentro del PIB, explicado por la pérdida de cultivos y áreas de siembra de granos básicos y producción de carne (bobina y porcina); es evidente el uso generalizado de productos transgénicos y prácticas contaminantes en cultivos de exportación y volatilidad de precios en mercados externos, pero también una alta concentración de la tierra y creciente expulsión de población rural. De acuerdo a cifras de CEPAL, la participación del PIB agropecuario promedio dentro del PIB total, disminuyó de 10.8% en el periodo 1990-2000 a 9.1% en 2001-2013 (CEPAL: 2015, pág., 45), estimándose para 2019 en menos de 8%.

Se argumenta que uno de los beneficios es el aumento de la oferta exportable, pero curiosamente, en la mayoría de los países, los rubros tradicionales como café, bananos, azúcar, metales, siguen teniendo una participación importante, igual se habla de mayor producción manufacturera, centrada en la maquila golondrina, que importa más del 80% de los insumos, con poca articulación con el mercado regional, local y salarios bajos.

“La región DR-CAFTA ocupa el lugar número 13 de los mercados de explotación de USA, y el número 3 de los más grandes de Latinoamérica, después de México y Brasil (…). El Departamento de Comercio estima que cada billón de dólares de exportación soporta aproximadamente 5,700 trabajos en USA. Para el 2016, el DR-CAFTA soportó cerca de 159,000 puestos de trabajo directos en USA. Este estimado no toma en cuenta a trabajos indirectos en el proceso exportador como: transporte, logística, warehousing, y detallistas (…). El DR-CAFTA pasó de un balance deficitario de $1.2 en el 2005 a un superávit de $5.35 billones en el 2016. Existen unas 300,000 pymes exportadoras en USA, aproximadamente. Estas pymes representan cerca del 99% de todos los exportadores, y sus ventas en el extranjero representan 1/3 de toda la mercancía exportada desde USA. En 2006, menos de 20,000 empresas de USA exportaban a la región DR-CAFTA, y para el 2012, 27,000 lo hacían (USA Department of Commerce, 2017). Cerca del 90% de estos exportadores son pequeños y medianos empresarios”¹

Con el Covid-19 se generalizan las importaciones de granos, aduciendo los agroindustriales y el gobierno, el desabasto causado por la baja y/o perdida de producción local, siendo más evidente en países como el Salvador, Nicaragua y Honduras. En este último, “el 73 por ciento del arroz que consuman los hondureños en 2021 provendrá del extranjero ya que la producción local se redujo a 1,2 millones de quintales, de una demanda estimada en 4,5 millones de sacos, según datos del sector agrícola. Los contingentes de importación fueron autorizados en el marco de la administración del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos o RD-CAFTA, para suplir el consumo interno este año”. (declaraciones de Fredy Torres, representante de los productores ante la Mesa del Arroz”, latribuna. hn, 13/01/2021).

Los países de la región, en el marco de los mecanismos de integración regional, como ejemplo el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), o la Secretaria Técnica de Integración Económica (SIECA), con apoyo de Naciones Unidas, deberían solicitar a USA una revisión del RD-CAFTA, para permitir a la sumo un conocimiento de los impactos negativos que está teniendo en las economías de la región y su población, y de allí, abrir un amplio debate sobre la necesidad de una revisión o derogación del mismo, ya que, al parecer, el mayor beneficiado ha sido USA y los agentes económicos y comerciales, sumado a la agroindustria, maquiladores y empresas extractivas.

Mas allá de las medidas tomadas por cada país para controlar el Covid-19, siendo más efectivas en países como El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el comercio intrarregional y el flujo de bienes y servicios, muestra sus fortalezas si se compara con el comercio con el resto de los países latinoamericanos, UE e incluso con USA, cuya dependencia es mayor después del Tratado. En tal sentido, urge una agenda regional que anteponga los objetivos regionales y de cada país. Uno de esos objetivos es apoyar la producción de alimentos, como un medio para disminuir la inseguridad alimentaria, pobreza y migración de la población y dependencia estructural del comercio que genera el RD-CAFTA con EEUU.

Tegucigalpa, DC, 24 de enero de 2021