“A JOH no le importó obligar a los demás poderes del Estado y a las fuerzas armadas a que lo acompañaran en la propia sede de la más alta representación nacional a enlodar el nombre de Honduras insultando a un gobierno extranjero”

Rodil Rivera Rodil

Honduras está muy lejos de ser un Estado democrático, no sólo por la ruptura del orden constitucional  y sus secuelas, que cumplirán 12 años en junio próximo, sino también por antecedentes históricos de dictadura, guerras civiles, gobiernos militares y prácticas antidemocráticas, donde la aspiración futura de la mayoría de líderes de partidos políticos, es el uso del poder en beneficio propio, mediante la captura del propio Estado en conjunto con empresarios corruptos, prensa “tarifada” e incluso narcotraficantes.

En la coyuntura actual, de crisis económica y social, agravada por la persistencia de casos Covid-19, y lentitud en la capacidad de respuesta frente a los estragos de ETA e IOTA, y de cara a un proceso de elecciones internas de los tres (3) partidos mayoritarios el 14 de marzo próximo, los fiscales del condado de Nueva York han vuelto a la carga.  Están investigando al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), por nexos con el narcotráfico. Nuevos testigos y evidencias, al parecer, incriminan al mandatario.  Y es que, desde el encarcelamiento de su hermano “Toni” Hernández, que espera sentencia, los fiscales no han parado la investigación, bajo el convencimiento de su involucramiento en actos delictivos con narcotraficantes, incluyendo al Chapo Guzmán, según se desprende de unas conversaciones entre ambos, presentadas por un testigo, donde supuestamente recibió un soborno para financiar su campaña política.

JOH y funcionarios del gobierno en general, han negado tales acusaciones que atribuyen a una venganza de los narcotraficantes extraditados desde Honduras a EEUU y sentenciados. Igual, se argumenta que son fiscales “desmemoriados” ya que no reconocen el esfuerzo del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, que, además de la extradición, suma la reducción del volumen de droga y desmantelamiento de laboratorios y pistas clandestinas de aterrizaje de avionetas provenientes desde Sur América. 

Según JOH, narcotraficantes como los “Cachiros”, están llevando mentiras a la fiscalía, para que se crea que es uno de ellos, lo que puede provocar un debilitamiento de la lucha si siguen escuchando los testimonios. Igual, el Embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, es del criterio que existe mucha desinformación por los Senadores, especialmente demócratas, que el martes 23 de febrero de 2021 presentaron una iniciativa de Ley sobre Derechos Humanos y Anticorrupción 2021, que busca establecer sanciones al mandatario como la cancelación de la visa y congelamiento de los bienes y cuentas, igual suprimir la ayuda a la Policía Nacional y el Ejército, que también se sospecha de su involucramiento en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico y la corrupción.

Para el embajador Luis Suazo, los fiscales se han olvidado de su propósito, o sea hacer justicia, y están siendo investigados por no hacer bien su trabajo. Incluso habla que los mismos fiscales que acusaron al “Tony” Hernández, son los que están detrás de la investigación a JOH, lo cual ha sido negado por estos.

JOH convocó a diputados del Congreso Nacional y de otros partidos, para exponer esta situación, en clara declaración directa a las presiones desde Washington; no obstante, fue notorio la ausencia del presidente del mismo, Mauricio Oliva, candidato a la presidencia del partido nacional, pero no candidato del presidente Hernández. Asimismo, diputados afines y jerarcas de la cúpula militar salieron en defensa de mandatario, destacando los logros habidos en la lucha contra el narcotráfico, ya que, según el General Tito Livio Moreno, jefe de las FFAA, este se redujo de un 83% a 7%, sin mencionar al presidente Hernández etiquetado como artífice de estos logros.

Estas investigaciones y la respuesta del Ejecutivo han generado varias opiniones y acciones de organizaciones de sociedad civil. La primera es el rechazo al uso por JOH de la institucionalidad pública como escudo frente a lo actuado por los fiscales gringos, ya que se lleva de encuentro al gobierno y país. Las investigaciones son contra JOH, no contra el Estado de Honduras y su institucionalidad, por lo que lo correcto es que el mandatario se apersone y defienda de las acusaciones vertidas por los testigos de la fiscalía, en su mayoría confesos por narcotráfico. El no hacerlo, afecta al país y su población que es la garante de la institucionalidad y autoridad constituida.

El segundo, es que las declaraciones del Embajador de Honduras en Washington, ponen en entredicho el trabajo de un grupo de fiscales que tienen una efectividad en la lucha contra el narcotráfico y encarcelamiento de las personas involucradas, mayor del 95%. A ello se suman las crecientes denuncias de corrupción que enfrentan funcionarios, diputados y empresarios ligados al gobierno de JOH, siendo el combate de la corrupción uno de los pilares del gobierno de Biden, especialmente en los países del Triángulo Norte. Para Biden y su equipo de gobierno, una de las causas de la pobreza y migraciones masivas e irregulares es la corrupción, que debe ser combatida desde Washington, no confiando en instituciones del gobierno, como la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, que dejan mucho que desear.

El tercero, es que las organizaciones de sociedad civil pidan la renuncia de JOH, ya que él es señalado directamente por la Fiscalía de Nueva York, no la institucionalidad ni el Estado de Honduras. En esos términos se han pronunciado el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Colegio Médico de Honduras, Colegio de Abogados de Honduras, el lado “claro” del Partido Liberal y diputados del PIND-SD y LIBRE, entre otros.  A lo sumo JOH debería solicitar un permiso al Congreso de la República para atender estas denuncias, dejando en su cargo a uno de los designados presidenciales.

El Congreso de la República puede solicitar una investigación de oficio y suspender al presidente, incluso incoar un proceso de juicio político, pero no de compadre hablado donde la mayoría de los diputados convocados votan en contra.

No obstante, todo apunta a que JOH se va a atrincherar en el cargo, por lo menos hasta que concluyan las elecciones generales de noviembre próximo, esperando que su candidato a la presidencia de la República, Nasry Asfura, que aglutina unos 43 diputados actuales del Congreso Nacional y la mayoría de los alcaldes, sea electo y lo proteja. Caso contrario, debe buscar una alianza con otro partido político con posibilidades de triunfo, que no sea la alianza forjada entre Luis Zelaya y Salvador Nasralla. Hay que tener presente que JOH, en el peor de los escenarios, todavía contará con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados serán electos hasta 2023, igual el Fiscal General de la República; pero también con un gran número de diputados afines.

La pregunta es qué harán las fuerzas armadas, cuyos cambios en la cúpula se esperan para enero de 2022. Los nuevos jerarcas serán afines al nuevo presidente, pero a lo interno JOH cuenta con un fuerte apoyo incondicional, lo que puede generar mucha inestabilidad y profundizar la crisis política, en una coyuntura donde el país tocó fondo en lo económico, social y ambiental.

Tegucigalpa, 1 de marzo de 2021