Con bombos y platillos se anunció hace unos meses que el fin de la pandemia significaría un “nuevo comienzo”, algo bastante indefinido que evidentemente para América Latina ya no se producirá en este 2021 toda vez que la mutación del virus ha producido novedosas variantes que tienen a Brasil como su epicentro más reconocido ante la alarma de la OMS que ha declarado la emergencia sanitaria para toda la región. 

Por otra parte, hasta el momento la vacunación en América Latina y el Caribe alcanza al 2,8% de su población, mientras que en el mundo llega a 3,5%. Esa cifra es muy baja si nos atenemos a que la población de la región es 8,1% del total del planeta. Esto da cuenta de cómo el proceso de inoculación se ha concentrado en muy pocos países.

Tal vez ningún hecho de la historia de los últimos 250 años como el manejo de la pandemia y en particular la producción y distribución de las vacunas para contrarrestar el virus, haya evidenciado con tanta transparencia el verdadero talante de la sociedad capitalista.

Para los que todavía no logran determinar la nimia importancia que la vida humana y la paz tiene para las empresas transnacionales y las potencias capitalistas, basta hacer una revisión de las condiciones que se imponen para el suministro de las vacunas.

Se ha sabido que la farmacéutica estadounidense Pfizer ha intimidado a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones para venderles la vacuna contra el Covid-19. Pfizer exigió a algunos países que pongan activos soberanos, tales como edificios de embajadas y hasta bases militares en calidad de garantía para reembolsar los costos de cualquier futuro litigio.

Estos requisitos impuestos en la “negociación” llevaron a que Argentina y Brasil rechazarán comprar la vacuna de esta empresa. No obstante, los acuerdos para obtenerla están cubiertos por clausulas de confidencialidad que se han hecho públicas por el escándalo que significa que Pfizer obligara a una serie de indemnizaciones contra reclamaciones civiles, tanto por efectos adversos de la vacuna como por su propia negligencia.

Es así, que la empresa estadounidense exige que sean los gobiernos quienes paguen los costos potenciales de los juicios civiles que se puedan iniciar por negligencia, fraude o malicia. Esto incluye la garantía de las empresas que se cubren para el caso en que bajo su responsabilidad se interrumpa la cadena de frío, se entreguen las vacunas incorrectas o si las mismas se dañan. También, si se provoca la muerte, discapacidad o una enfermedad anexa al paciente. Es decir, son los gobiernos los que deben pagar por los errores de las empresas si los primeros entablan una reclamación formal ante la justicia.

Estas condiciones que ponen en primer lugar los intereses de las empresas y en un segundo plano la salud de los ciudadanos fueron aceptados por Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay gobernados por la derecha neoliberal y lamentablemente también por México, sin que se conozcan con certeza los términos de los acuerdos.

De otra parte, y en una actitud francamente distinta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha anunciado que su país seguirá promoviendo una distribución equitativa de las vacunas, poniendo en primer término la seguridad y eficacia de las mismas, por lo que ha instado a las empresas productoras del país a llevar adelante las investigaciones y desarrollo de las vacunas en estricta aprobación de los métodos científicos y los requisitos reguladores.

De la misma manera, China se ha comprometido a hacer de las vacunas contra el COVID-19, bienes públicos mundiales y ha proporcionado o está proporcionando ayuda en vacunas a 53 países, al mismo tiempo que farmacéuticas chinas han exportado o están exportando los medicamentos a otros 27 países, entre ellos 11 de América Latina sin ningún tipo de condicionante.

En esta situación, la colonialidad y el eurocentrismo han permeado los debates acerca de la “nueva normalidad”. Para América Latina y en general para los pueblos del sur, hablar de ello es rebobinar el discurso de la dominación y el control de las potencias. De esta manera, “nueva normalidad” dice relación con un discurso que se es propio del norte, a su seguridad y estabilidad en detrimento del sur que otra vez es visto como un estorbo para el logro de los objetivos trazados por Washington, Bruselas o Londres.

Dicho de otra manera, el concepto de “nueva normalidad” para unos, está asociado con el de “riesgo” para ellos, lo cual implica nuevos métodos de control y explotación para la mayoría del mundo. En esa medida, esta idea vincula la necesidad de sobrevivencia de Estados Unidos y Europa como potencias dominantes a cualquier costo, incluyendo el de la vida de millones de ciudadanos.

Este entorno ha conducido a un reposicionamiento de la globalización desde otra perspectiva toda vez que el virus se ha instalado en todas las latitudes y longitudes del planeta, mostrando la putrefacción en las entrañas del sistema, cuando sin importar la salud de la humanidad han concentrado en 10 países más del 90% de las vacunas hasta ahora producidas, incluso llegando a tener en algunos países como Canadá cantidades 5 veces superiores a la de las necesidades de su población.

La globalización de la pandemia hizo sentir por primera vez a los pueblos de los países del norte, la miseria de las políticas de sus gobiernos, percibiendo los miedos, las angustias y las amenazas cotidianas que viven los países del sur. Eso, sin llegar a los extremos que por ejemplo expresan las políticas del gobierno de Estados Unidos que prohíbe a los laboratorios -so riesgo de sanciones- venderle vacunas a Venezuela e impedir que los recursos robados y retenidos del país puedan ser utilizados para la obtención de la vacuna.

Hoy, ya es posible predecir que se producirán cambios trascendentes en términos geopolíticos, los que ya estando en curso a comienzos de 2020, fueron acelerados por la pandemia. El más importante de todos es el fortalecimiento de la potencialidad económica de China y su creciente capacidad de inserción en la problemática mundial.

Por otro lado, la pandemia ha hecho evidente la distancia entre la periferia y los centros de poder mundial, cuando estos, lejos de aprovechar el nefasto evento como lugar de encuentro humanitario en salvaguarda de la vida a través de la cooperación y el encuentro, han privilegiado los intereses de lucro que anuncian una mayor profundización de las diferencias en un mundo en el que el sistema capitalista ha mostrado su total incapacidad de conducir el proceso de enfrentamiento, lucha y derrota del virus.

En este contexto, el sistema multilateral ha puesto en evidencia notorias imperfecciones e insuficiencias, comenzando por el accionar de la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) que se ha visto incapaz de manejar y conducir el proceso, ya sea por debilidad, subordinación o temor a la furia de las potencias y laboratorios que ven mermados sus negocios.

De la misma manera, los únicos bloques regionales y subregionales que han sido capaces de articular políticas conjuntas han sido los asiáticos, el resto se ha perdido en actitudes particulares de los gobiernos y en acuerdos secretos que ocultan complicidad, subordinación y defensa de los grandes laboratorios transnacionales. En particular, en este aspecto, América Latina ha sido señera –una vez más- en mostrar las debilidades de sistemas de salud marcados por prácticas neoliberales que exponen la cara visible de oligarquías que no escatiman en sacrificar vidas cuando se trata de defender sus mezquinos intereses de grupo o sector.

Lo cierto es que el manejo de la pandemia, las prioridades en la atención de los ciudadanos para la salvaguarda de su vida, la decisión sobre la utilización de recursos de todo tipo para enfrentar el virus y la producción y distribución de la vacuna puso sobre el tapete los fundamentos filosóficos sobre el cual los gobiernos se preocupan o no de garantizar el derecho a la salud y a la vida de todos los ciudadanos como mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.