Colombia vive una de las situaciones más complejas tanto en el plano político como social y económico de los últimos tiempos. Esta situación se profundiza por la incertidumbre y los temores del bloque de la derecha en el poder de perder las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año en que se elige Congreso de la República en el mes de marzo y elecciones de primera vuelta presidencial en el mes de mayo. La crisis social y política se ha venido profundizando a la par que la crisis económica agravada por la pandemia ocasionada por el covid-19. Aquí quisiera presentar una lectura sobre los elementos más destacados de la coyuntura con una mirada comprensiva del conjunto de la situación que quizás sea útil para entender los dilemas y los retos a los que nos enfrentamos en el inmediato futuro.

En el plano económico Colombia registró una caída de la economía del -6.8% de su Producto Interno Bruto, PIB, en el año 2020. Esta caída es la más drástica de la historia económica del país desde la recesión y crisis económica de los años treinta del siglo XX en que se registró una caída de -8.6%. El desempleo se ha disparado y hoy se encuentra en el 16.8% de la Población Económicamente Activa, PEA, golpeando de manera más drástica a las mujeres en donde las tasas de desempleo están por encima del 22% y a los jóvenes donde esta por encima del 30%. Se calcula que en la época de la pandemia se han cerrado cerca de 500 mil famiempresas, pymes e incluso algunas grandes empresas lo que ha disparado las tasas de desempleo. En Bogotá la Cámara de Comercio que lleva el registro de dichas empresas reportó recientemente que habían cerrado definitivamente más de 52 mil empresas registradas.

La situación se ha visto agravada por el manejo errático y clasista con el que el gobierno de Duque-Uribe respondieron a la crisis. Hoy se sabe gracias a las denuncias de periodistas y al seguimiento del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana que las ayudas dirigidas desde el gobierno a las empresas se concentraron en las más grandes dejando por fuera a la mayor parte de las famiempresas y mypimes con el resultado catastrófico sobre el empleo dado que el 80% del empleo lo generan estas empresas. No se podría esperar otro resultado como lo advertimos desde el mes de abril del año 2020. El gobierno no solo se concentró en ayuda a las más grandes, sino que en un primer momento dejo por fuera al grueso de las pequeñas y de las microempresas que fueron parcialmente habilitadas solo hasta el mes de junio cuando muchas de ellas ya habían cerrado porque el decreto de emergencia económica, social y ambiental no las había considerado. Aquí hay un fracaso evidente de la política pública adoptada frente a la crisis agravada por la pandemia.

Como es obvio la crisis económica se proyecto a una crisis social sin precedentes en el país en los últimos decenios. La pobreza y el hambre se han extendido por todo el país. Como lo registran Garay & Espitia de acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, en enero de 2021 el 67.34% por ciento de los hogares consumieron tres comidas al día, en comparación con el 89.34 % un año atrás, el 29.69% de los hogares dos comidas al día, el 2.43% una sola comida y el 0.54% de los hogares (42.337) manifiestan haber consumido menos de una comida al día. En otras palabras, en enero de 2020 34.601 familias manifestaron consumir una o menos de una comida diaria, mientras que para el mes de enero de 2021 ascendieron a 233 mil familias, lo cual representa un crecimiento del 573 por ciento. (Garay & Espitia marzo de 2021).

El porcentaje de jefes de hogar que no ha podido pagar oportunamente facturas y deudas alcanzó el 33% en mayo de 2020 y hasta todavía más del 24% en el mes de enero de 2021, con una mayor afectación relativa en el caso de cabeceras urbanas respecto a lo rural. La brecha digital se ha mantenido afectando por supuesto con mayor crudeza a los sectores populares. El 42% de los hogares manifestó que tenía acceso a Internet en enero de 2020 y el 49.4% en enero de 2021. No obstante, la brecha de acceso a internet es sustancial entre cabeceras y el resto: 59 y 13 por ciento, respectivamente. Con el agravante que solamente un 31% de los hogares cuenta con computador: 38 en las cabeceras y tan solo un 5 en zona rural. Además, la brecha digital es bien profunda entre regiones: mientras en Bogotá el 72% cuenta con servicio de internet en la casa, en la otra Colombia se observa que en el Chocó la cobertura es apenas del 17, la Guajira el 19, Bolívar 25, Meta 37 por ciento, entre otros. La pobreza monetaria calculada como aquellas personas que no tienen ingresos iguales o superiores a 327 mil pesos mensuales compromete hoy a entre un 45 y 50% del total de la población colombiana. (Garay & Espitia, Ibidem).

Concomitante con esta crisis económica y social la crisis fiscal se profundizó. En 2019 la diferencia entre los ingresos tributarios y la apropiación presupuestal fue del 10.1% y para 2020 esta fue de 17.5%. Los ingresos fiscales de acuerdo con el DANE en 2020 disminuyeron en 11.2 billones de pesos con relación a 2019.

A esta crisis social y fiscal vinieron a contribuir de manera muy importante decisiones de la política económica y social del gobierno. Una reforma tributaria aprobada en el año 2019 que entregó recursos sin justificación real a los grandes conglomerados económicos y financieros por 10.5 billones de pesos al año principalmente por la rebaja de impuestos y por la asunción por parte del fisco nacional del impuesto de industria y comercio que los empresarios venían pagando a los municipios. Por otra parte, además de lo ya señalado de la demora en las ayudas a los empresarios hay que agregar que el hambre y la pobreza se han extendido debido al minimalismo y miserabilismo de las políticas sociales adoptadas por el gobierno para hacer frente a las secuelas de la pandemia. Todos los programas y el gasto público para hacer frente a la pandemia, apenas llegó al 4.45% del PIB uno de los gastos más bajos a nivel internacional para atender la pandemia del covid-19. Como hemos señalado estos programas enfrentan dos problemas principales primero la cobertura pues no llegan más allá de 5.5 millones de familias en el mejor de los cálculos cuando se requiere que lleguen por lo menos a 9 millones de hogares que requieren de esas ayudas y los montos son insuficientes para cubrir las mínimas necesidades de las familias que los reciben. Con un agravante y es que el gobierno se ha negado a dar trámite en el Congreso de la República a propuestas viables como las propuestas de renta básica de emergencia que sectores de la oposición e independientes presentaron desde el mes de abril a consideración del gobierno y del Congreso. Las bancadas que respaldan al gobierno se negaron a darle trámite o a concertar estas propuestas.

Un manejo desastroso de la pandemia        

Mientras nos encaminamos a la tercera ola del contagio por el coronavirus las cifras hasta el momento nos dejan como uno de los peores países del mundo en la gestión de la pandemia. Colombia al día de ayer tenía 38.307 casos activos y un total de 2.353.210 confirmados de la enfermedad. El país llegó a un total de 62.394 personas fallecidas a causa del covid-19 con un subregistro del 15% según información del DANE o sea que el numero de fallecidos en realidad es de cerca de 72 mil personas con una de las más altas tasas de mortalidad por cada 100 mil habitantes en el mundo.

Una apertura económica apresurada desde el mes de junio del año 2020, muy bajo nivel de pruebas que apenas llega a un poco más de 12 millones cuando se requeriría hacer un promedio de 100 mil pruebas diarias -se realizan en promedio menos de 50 mil- con lo cual vamos detrás del virus sin ninguna posibilidad de contenerlo en su expansión, pues, no se hacen pruebas aleatorias sobre las poblaciones y los lugares de más amplia posibilidad de contagio. Las pruebas quedaron bajo la aprobación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, organismos privados que mientras menos aprueben más ganan; esa es la explicación por la cual las pruebas son muy bajas. Un fracaso del privatizado sistema de salud que abandono la Atención primaria en salud que es primordial para atender emergencias sanitarias como esta ocasionada por el covid-19.

A ello como ya señalamos se añade por una parte la minimalista política social que lanzó a la calle en plena pandemia a la gente que busca en la economía informal ingresos para poder sobrevivir y ahora a la lentitud de un programa de vacunación que enfrenta dos problemas principales. Primero la baja cantidad de vacunas que han llegado. Hasta el 23 de marzo se habían aplicado 1.229.809 vacunas con un promedio diario de 46.239 que es supremamente bajo para alcanzar el 70% de la población y así lograr la llamada inmunidad de rebaño. Para lograrlo durante este año deberían aplicarse 230.000 vacunas diarias. Estamos lejos, muy lejos de esta cifra. El otro problema lo constituyen los huecos y zonas grises del plan de vacunación que se lleva adelante, primero sin saber cuándo y en qué cantidades llegarán las vacunas. Nadie sabe porque de manera arbitraria el gobierno no ha informado de los contratos que dice haber firmado, estos contratos los declaro como confidenciales con datos que en otros países se han compartido públicamente como las cantidades y las fechas previstas de entrega e incluso los costos de las mismas, aquí el gobierno decidió que esta información es secreta, confidencial.

En segundo lugar, se ha entregado la organización y la decisión del orden de los que deben ser vacunados dentro de las etapas establecidas en el plan nacional de vacunación a las EPS que han mostrado hasta ahora un desorden e ineficacia sumamente grande pues no tienen sus bases de datos actualizadas al punto que para terminar la primera fase en ciudades como Bogotá se tuvo que habilitar puestos públicos para que la población mayor 80 años pudiera recibir la primera dosis principalmente de la vacuna china, Sinovac. Esto contado con que la primera fase era la más fácil de organizar porque el grupo de los mayores de 80 años y el personal sanitario de primera línea es poco numeroso si se le compara con los otros grupos de las otras fases del plan de vacunación. Serán tales las dificultades del plan de vacunación que los gremios empresariales han pedido que los dejen comprar y organizar la vacunación de sus trabajadores. Obvio que como forman parte del gobierno no reconocen las grandes limitaciones y fallas de este sistema privatizado de salud que es un desastre.

Crisis y coyuntura electoral

Todos estos problemas repercuten obviamente en la legitimidad y apoyo del gobierno que se encuentra en los mínimos y que se agravará por dos razones que examinaremos en otros textos, pero, que presento aquí de manera sucinta. El primero la crisis social que se ha extendido por el manejo dado a la crisis agravada por la pandemia ocasionada por el covid-19. Esta crisis se verá agravada por la propuesta de reforma tributaria que presentará el gobierno en la semana de pascua pero cuyos trazos más relevantes se han presentado y consiste en tres medidas principales (1) ampliación del IVA a productos de la canasta familiar, por la vía de eliminar la tasa cero a los insumos para su producción lo que inevitablemente encarecerá estos productos, (2) ampliar la base gravable hasta las personas que perciban un ingreso mensual de 2.5 millones de pesos  y (3) gravar las pensiones que estén por encima de los tres salarios mínimos mensuales.

Entretanto el gobierno busca aumentar las pírricas sumas de dinero a los programas sociales. Este amento es sumamente bajo con el agravante que pretende eliminar los subsidios al consumo de energía eléctrica y gas y ofrecer ante el aumento del IVA a productos de la canasta básica familiar la devolución de recursos del IVA que también son muy bajos y que no llegan a todos los sectores populares sino a una minoría.

Todo ello agravará la situación de pobreza y exclusión social pues ante todo el gobierno de Uribe-Duque lo que busca es seguir manteniendo las exenciones y privilegios de los más ricos a quienes siempre han representado. Apenas propone mantener el impuesto al patrimonio que es muy bajo y no toca las exenciones ni bajas tarifas impositivas a multinacionales sobre todo de la minería y de las industrias extractivas.

La única alternativa que le queda a la población es la movilización en rechazo a este paquetazo de Duque-Uribe y el voto y es ahí donde reside la preocupación del régimen. Las más recientes encuestas muestran que quien va adelante en la temprana campaña electoral es Gustavo Petro quien perdió frente a Duque en las elecciones de 2018. Por eso han intentado proyectos totalmente desfasados de la realidad como proponer extender el período de Duque por dos años o ahora otro proyecto que busca unificar las elecciones de Congreso y primera vuelta presidencial con el propósito eliminar las consultas y amarrar el voto clientelista al Congreso con el voto que es más libre a la presidencia de la República, son medidas desesperadas de un régimen oligárquico que se niega y que hará todo lo posible para evitar su derrota.

En la coyuntura el otro componente a pesar de la pandemia es la reactivación de la movilización y de la protesta. Las centrales sindicales y los movimientos sociales han convocado un Paro Nacional para el 28 de abril allí se verá si la extensión de la pobreza y el descontento se traducen nuevamente en movilizaciones masivas de rechazo a un gobierno que en medio del aumento de los impuestos anuncia la compra de 24 aviones de guerra por un valor de US$ 4.000 millones, equivalentes a 14.4 billones de pesos, mientras las mayorías populares padecen hambres y necesidades. Esto es el colmo de la falta de empatía con la crisis que se vive en los sectores empobrecidos que son las mayorías del país. Por eso creo que las movilizaciones aún en medio de la pandemia serán muy concurridas. Y que el triunfo de la oposición es posible a condición de que se construya una unidad del centro y de la izquierda para echar del poder a estos sectores oligárquicos aliados de las mafias y que solo protegen los intereses de los grandes conglomerados financieros y económicos que son su soporte.

 Bogotá 25 de marzo de 2021

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia