La protesta y movilización ciudadana en Colombia completa ya 65 días. Después del levantamiento del Paro Nacional el 15 de junio por parte del Comité Nacional del Paro, y como era previsible por cuanto la movilización ciudadana y la protesta iba mucho más allá de los sectores organizados y representados en el Comité del Paro, siguieron y continúan las movilizaciones por integrantes de las llamadas primeras líneas en sectores localizados de Bogotá principalmente en las localidades de Usme, Portal de las Américas y Suba, en sectores de Cali, Popayán y Pasto principalmente. Son los sectores más radicalizados de la movilización que se mantienen y que tienen como protagonistas principales a jóvenes, hombres y mujeres, que reclaman por sus reivindicaciones que son justas por demás como alimentación, estudio, fuentes de trabajo y alternativas de vida en un sistema que los ha excluido. Son la masa de los que “sobran” para el modelo neoliberal implantado durante las últimas tres décadas en Colombia.

También es claro que al perder la masividad que le daba las convocatorias realizadas por las organizaciones agrupadas en el Comité Nacional del Paro y las organizaciones indígenas agrupadas alrededor de la Guardia Indígena principalmente de las etnias Nasa y Misak del Cauca, los focos de resistencia han sido presa fácil del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales que han decidido levantar la protesta o bien por la vía de la negociación o por la vía de la represión o con una combinatoria de ambas vías. La protesta se ha debilitado es evidente y los jóvenes deberían entender que hay que replegarse antes de seguir sufriendo más golpes de una represión brutal que no cesa y que como hemos dicho ahora se focaliza contra estos reductos de resistencia.

El saldo de la brutalidad de la represión gubernamental

El reciente informe de la campaña Defender la Libertad un asunto de todas hace un muy completo balance de la represión y de la brutalidad con la que el gobierno de Uribe-Duque hicieron frente al paro nacional convocado desde el 28 de abril con corte al 30 de junio del presente año. El informe registra el asesinato de 84 personas civiles de los cuales 28 son atribuidos presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta que en más de un 90% se desarrolló de manera pacífica según los propios datos de organismos gubernamentales. 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la fuerza pública, Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, adscrito a la misma institución policial y por civiles armados no identificados. Se registran 84 casos de lesiones oculares y 114 de personas heridas por armas de fuego.

En el marco de las protestas 298 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas, 808 mujeres fueron agredidas y 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución policial en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual según información proveniente de la Defensoría del Pueblo.

En el marco de las protestas 3.274 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicado de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa, la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 75 personas siguen desaparecidas según información proveniente de la fiscalía general de la Nación.

A ello habría que sumar 20 allanamientos de los cuales por lo menos 8 han sido declarados ilegales los otros siguen en estudio y más de 1.540 denuncias por arbitrariedad y abusos de autoridad. Salta a la vista la violencia desatada por el gobierno para hacer frente a las protestas pacíficas de los ciudadanos que congregaron a millones de manifestantes a lo largo de estos dos últimos meses de protesta.

Debilitamiento de la institucionalidad democrática  

Frente a la arremetida brutal contra la protesta ciudadana los organismos del Estado que deberían protegerla han brillado por su ausencia o por sus limitadas actuaciones. Este accionar de los organismos del Estado como la fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y aún la rama judicial del poder público, son el resultado de la cooptación que el gobierno Uribe-Duque realizó durante los tres años de ejercicio del poder contando con el respaldo activo de los partidos de la coalición de gobierno en el Congreso de la República donde se elige a la cabeza de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Allí con amplias mayorías se eligieron en el Senado de la República a la actual procuradora general, Margarita Cabello Blanco, que no dudo en poner su cargo al servicio del gobierno de dónde venía de ser ministra de Justicia. Eso lo dejó claro en su discurso de posesión en dónde de manera desvergonzada habló de “su” gobierno. Lo propio ocurrió con Carlos Camargo elegido en la Cámara de Representantes. Estos organismos han sido subordinados a los intereses del gobierno y allí cabe una responsabilidad principal a los partidos políticos que son el sostén del gobierno impopular de Uribe-Duque.

Pero también cabe una cuota de responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia que eligió a Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación a sabiendas que venía de ser Consejero Presidencial de Derechos Humanos, de Duque. Con ello se completo la toma de los organismos de control que no solo no cumplen a cabalidad con sus funciones, sino que vienen actuando para intimidar a los parlamentarios de la oposición y para amenazar a los manifestantes. La procuradora ha abierto investigación en contra de cuatro parlamentarios por su respaldo a las protestas y Barbosa amenazó con la expropiación de sus vehículos a los camioneros cuando estos decidieron participar en el Paro Nacional.

O sea, en vez de proteger a los manifestantes que hacen uso de un derecho constitucional fundamental estos organismos se alinderaron a favor de la brutalidad policial y apenas en contadas excepciones han abierto investigaciones por las pruebas que circulan ampliamente por redes sociales sobre los desmanes policiales y la violenta represión en contra de los manifestantes. Nada dijeron en su momento ni la procuradora ni el defensor del pueblo sobre sitios ilegales de retención como coliseos, estaciones de transporte masivo que fueron convertidos en lugares de detención de manifestantes retenidos en las protestas. Solo vinieron a reaccionar ante la presión de la comunidad internacional, las denuncias plenamente documentadas que fueron publicadas principalmente en los medios de comunicación internacionales, porque los nacionales son de los grandes conglomerados económicos y financieros y la mayoría de ellos también están al servicio incondicional del régimen. La narrativa de la gran prensa de la radio, la televisión y los grandes medios impresos cubren más a los vándalos que a los millones de manifestantes pacíficos.

Pero lo que ha mostrado esa cooptación de los organismos de control son falencias de los mecanismos constitucionales por la forma como se eligen las cabezas de los mismos que no garantizan su independencia y que para momentos como los presentes de gran convulsión social deberían justamente ser el contrapeso a la arbitrariedad del ejecutivo. La fiscalía general de la Nación, debería pertenecer a la rama judicial del poder público y la elección del fiscal general debería ser mediante concurso público organizado por la propia rama judicial. Con la implantación del Sistema Acusatorio la Procuraduría es un organismo que no tiene razón de ser y en cambio debería fortalecerse la Defensoría del Pueblo que debería ser completamente independiente del Ejecutivo. Esas son fallas del diseño institucional que se han puesto de manifiesto ante un gobierno autoritario habido de impunidad como el que presiden Uribe y Duque.

Pero ese debilitamiento de la institucionalidad democrática tiene otros componentes que apenas mencionaré de paso y sobre los cuales me ocuparé más adelante. El principal y origen de buena parte de nuestras penurias es la cooptación del Congreso de la República. La Constitución de 1991 refundó el Congreso, lo dotó de mucho poder al punto que estableció el mecanismo de la Moción de Censura como un poderosos instrumento de control político, el Congreso es quien aprueba el presupuesto general de la nación, y claro, es el que aprueba las políticas públicas porque es quien aprueba los planes de desarrollo y las leyes que adoptan las políticas públicas en el país. Ese inmenso poder no ha servido para hacer políticas públicas que afronten los problemas de pobreza, exclusión social, abuso de los poderes monopólicos, corrupción, todo lo contrario, ese inmenso poder lo han utilizado para negociar dádivas, puestos, partidas regionales, etc., con los gobiernos. La política se ha envilecido, ha sido permeada por los dineros del narcotráfico y de las mafias y todo ello se hace con la más completa impunidad pues no opera la justicia electoral que prácticamente no existe y los organismos de control solo actúan cuando el escándalo por los delitos cometidos por la clase política son tan evidentes que es muy costosos políticamente no actuar. Es una justicia residual.

Y otro elemento de esa degradación es la calidad de los funcionarios que son puesto al frente de las grandes responsabilidades del Estado. En esta materia el premio se lo lleva la ineptitud de este gobierno. Casi que para ser nombrado en un alto cargo hay que tener varias denuncias e investigaciones pendientes. Un gabinete ministerial que a duras penas tiene gente con calidades para ser viceministros. La degradación no solo está en las embajadas sino en los ministerios e institutos del orden nacional y ni se diga de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Armadas. En la primera cúpula nombrada en el Ejército Nacional en el mes de diciembre de 2018 -como lo denunció en su momento José Miguel Vivanco de Human Rights Watch- de los 13 más altos oficiales de esa cúpula nueve tenían investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Este es el tipo de funcionarios públicos de la primera línea de este gobierno.

Ahora que sigue para la movilización social   

En mi opinión fue acertada la decisión del Comité Nacional del Paro que procedió a levantarlo después de 48 días de masivas protestas y movilizaciones y cuando advirtió claramente que la estrategia del gobierno no era la negociación sino la dilación para agotarlo, para debilitarlo. Al momento del levantamiento del Paro éste ya mostraba signos de decrecimiento. La protesta ya había logrado importantes reivindicaciones y ante ese agotamiento lo más acertado era levantarlo. Ahora se ha propuesto presentar un conjunto de proyectos de ley que recojan parte de sus reivindicaciones contenidas en el pliego de emergencia presentado en el mes de junio del año 2020 al Congreso de la República e iniciar una gran deliberación nacional sobre el contenido de los mismos. Algunos han criticado esa decisión. Pero yo creo que es acertada. En primer término, porque se requiere un amplio debate sobre el contenido de las reivindicaciones y que ello se haga alrededor de proyectos de ley me perece adecuado. La protesta sin propuestas tiene poco alcance. Es hora que amplios sectores de la población debatan sobre las políticas públicas que se pretenden con el movimiento. Esto además tiene una ventaja para el contenido político de la acción colectiva, de la protesta ciudadana, del paro y de la sociedad en su conjunto, es necesario que la población entienda que debe votar bien, que al Congreso debe elegir a representantes que defiendan sus intereses y esta es la manera más pedagógica de hacerlo. Yo no me hago demasiadas expectativas sobre lo que va a pasar con el paquete de proyectos presentados. No serán ni siquiera tramitados, serán hundidos. Pero tendrán que hacerlo de cara al país y los futuros electores deben cobrar esas posturas no eligiéndolos. Esta es una estrategia de amplia pedagogía política y por eso me parece acertada.

Entre tanto en el repliegue el movimiento debe prepararse y fortalecerse tanto programática como organizativamente, para la próxima cita que al no desaparecer sino por el contrario al profundizarse la crisis, sobrevendrá más adelante, quizás al inicio del último trimestre del año. Eso es lo que viene. Eso es lo que hay que preparar.

Bogotá, julio 1 de 2021.

- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur