En los años 70s y 80s incluso, países como Honduras seguían apostándole a políticas de salud universales, donde el Estado tenía la obligación de garantizar este derecho a toda la población, asignando recursos necesarios para ello. El sistema de salud se sustentaba en procesos de atención ascendente, donde la atención ambulatoria y primaria en salud era el primer nivel; es decir, era el nivel básico de salud preventiva. Los pacientes que no podían atenderse, ya que no se contaba con los recursos, equipos y medicamentos necesarios, eran remitidos a centros o hospitales deptarmentales o regionales, y de allí a hospitales nacionales o de especializaciones.

Una buena práctica de gestión pública en salud era garantizar cada año los recursos presupuestarios requeridos por el nivel de atención primario, y focalizar inversiones con fondos externos en el cubrimiento de las carencias que afectaban el trabajo del voluntariado en salud y centros de salud de menor nivel.

El ajuste económico y cambio estructural iniciado en 1990 con el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas afectó la operativización de las políticas de atención preventiva, pero también modificó el rol de la institucionalidad pública, caso particular del Sistema Institucional de Salud. Si bien los gobiernos que le siguieron en el mando ejecutaron proyectos con fondos de la cooperación internacional para apoyar el sistema de atención primaria en salud, muchos de los recursos se concentraron en el nivel central, desviaron para apoyar la atención hospitalaria y otros se los robaron.

Aunque el deterioro del sistema de salud, sobre todo de la atención primaria era evidente antes del Covid-19, dado el mal estado de la infraestructura, falta de médicos, enfermeras y medicamentos, siguió vendiéndose la idea de un sistema de salud universal tal como manda la Constitución de la República. Como resultado, la demanda de estos servicios básicos en salud disminuyó, ya que los pacientes miraron más económico y efectivo buscar la atención hospitalaria en forma directa, sin pasar por un remitente inexistente (¿no hay médico?) en un centro de salud rural sin servicios básicos y medicamentos.

Este antecedente es una referencia obligada para el estado de la salud, ya que Honduras es uno de los países donde el Covid-19 ha pegado duro, siendo también el país que peor ha gestionado la pandemia en la región centroamericana, ya que, aunque presenta menos casos que Panamá (442.295), Costa Rica (419.574) y Guatemala (391.118), la tendencia es al alza, y se sabe que estos países tienen mejores sistemas de salud, y han dado muestras de hacer un uso racional de los recursos asignados.

Los reportes de la Secretaria de Salud señalan que se han infectado 305.936 personas y han muerto 8.120 ciudadanos (as), con una tasa de letalidad de 2,65%. Contrario a lo que se pensaba que las muertes iban en disminución, reportes de las organizaciones de funerarias muestran que sólo en el mes de agosto han fallecido por Covid-19 cerca de 500 personas.

Un 46% de los infectados por Covid-19 son mujeres, y 41% de las muertes. Aunque el 54,3% de los casos se concentran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que tienen mayor población en áreas urbanas como Tegucigalpa (la capital) y San Pedro Sula (ciudad industrial) y cuentan con la atención hospitalaria pública y privada especializada, es evidente el ascenso de casos y muertes en departamentos como la Paz, Olancho, Colon, Paraíso, Yoro, que tiene mayor población rural.

El gobierno de EE. UU. ha donado al país 3 millones de dosis de la vacuna Moderna, bajo el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para enfrentar la demanda de aquella población en situación de riesgo que no había sido vacunada, mayores de edad y personal estratégico como los transportistas, taxistas e incluso militares. Sin embargo, solo ha podido vacunar 2.146.403 personas, de las cuales, 333. 273 cuentan con dos dosis, es decir el 15,5%; de una población elegible para vacunar estimada en 7.121.331 personas (Salud.gob.hn/site). El presidente Hernández y autoridades de salud han prometido que antes de 2022 se alcanzará la inmunidad de rebaño, pero las dudas surgen en el Colegio Médico, gremio periodístico y políticos opositores que miran las campañas de vacunación del gobierno como propaganda política del partido nacional, pero no a favor de Asfura sino de JOH.

Un problema que viene en ascenso es la saturación de los centros de “Triajes”, donde se atiende a los pacientes que presentan síntomas, y muchos de ellos se quedan en cuidado, a la espera de que se abra un cupo en los hospitales públicos de atención especializada, como hospital San Felipe, Tórax, Escuela y Catarino Rivas. Se demanda la construcción de centros de estabilización de mayor tamaño, capaces de albergar a los pacientes y con recursos necesarios para una atención efectiva.

“Durante el mes de junio “el número de triajes cerrados fue de 109, 20 más que el mes de mayo, lo que es una señal inequívoca que la atención en los municipios a los pacientes sospechosos o contagiados de la COVID-19, se reduce, y automáticamente se incrementa la presión a los hospitales; hay una tendencia ascendente en el cierre de triajes, pues mientras en abril la cantidad de triajes sin operar era 72, en mayo fue de 89 y ahora son 109” dijo el secretario ejecutivo del FONAC, Omar Edgardo Rivera Pacheco.

El debilitamiento de los centros de atención primaria en salud ha aumentado los costos del sistema, ya que los pacientes tienen que movilizarse a los centros poblados urbanos para lograr la atención requerida, esperando una o dos semanas las noticias sobre su estado. Igual, varios de los medicamentos del tratamiento tienen que ser comprados por los familiares, siendo algunos de estos prohibitivos para sus bolsillos. Un caso es el uso de oxígeno, donde el llenado del tanque (rentado) de menor tamaño cuesta entre 500 y 700 lempiras y dura un promedio de dos días, dependiendo del grado de saturación; optando los familiares por pedir contribuciones monetarias.

La reconstrucción del sistema de salud después de la pandemia será uno de los grandes desafíos para los candidatos de partidos de oposición política, en caso de alcanzar el poder. Hay desde ya varios diagnósticos que dan cuenta del deterioro en que se encuentra, siendo evidente el colapso de los centros de atención como hospitales de área, regionales y nacionales, pero también el abandono de la atención en salud preventiva.

Implica, tal como lo ha sugerido la candidata Xiomara Castro, la vigencia de una nueva política para el sector salud, donde el Estado asuma el rol y las competencias que tiene asignadas, derogando un sinnúmero de leyes, decretos, programas y proyectos destinados a la privatización y exclusión de la salud para el pueblo hondureño; aumentando el presupuesto de salud y eliminándose, eso sí, a los corruptos del sector, que han sido identificados por el destacado periodista y candidato a la presidencia de la República, Milton Benítez.

Tegucigalpa, Honduras, 10 de agosto de 2021.