La respuesta que la banca da a esta pregunta es que no hay demanda de crédito. Es decir, las empresas medianas y pequeñas y las familias no están pidiendo dinero prestado. Esta es también la réplica que el gobierno español ha estado sosteniendo. Y para sostener tal explicación señalan la baja cantidad de solicitudes de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y por parte de las familias.

 

Dicha explicación, sin embargo, no se aguanta ni por los pelos. El hecho de que no haya más peticiones de crédito a la banca se debe a las condiciones económicas que ésta exige, con unos intereses elevadísimos. Y una de las razones de esta situación es que a la banca no le resulta rentable dar este tipo de préstamos, que además considera arriesgados porque sabe que la población está perdiendo capacidad adquisitiva, resultado del descenso de los salarios. La banca puede y hace muchísimo más dinero comprando deuda pública a unos intereses desorbitados, que ofreciendo crédito. Y todo ello cortesía del Banco Central Europeo, su lobby particular, que le presta dinero a los bancos a unos intereses bajísimos (menos de un 1%), dinero con el que compran bonos públicos que les dan unos intereses altísimos (algo más del 6% en 2012) en el caso de los bonos españoles. Hay que reconocer que es un negocio redondo. El hecho de que los intereses de la deuda pública sean tan altos se debe a que el BCE no hace lo que debería hacer, es decir, comprar bonos públicos, protegiendo a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros (es decir, de los bancos). En consecuencia, el Estado está recortando ahora el gasto público (incluyendo el social, como sanidad, educación y un largo etcétera) para que pueda pagar los exuberantes intereses a los bancos, y así obtener crédito. Solo este año, el Estado español tendrá que pagar una cantidad equivalente al 3,86% del PIB en intereses a la banca por haberle prestado dinero.

 

Lo que es escandaloso es que todos estos recortes pudieran haberse evitado fácilmente, creando una banca pública con todo el dinero que se ha pagado a la privada. Sumando los intereses de la deuda pública, más los bonos que el Estado debe vender a la banca para conseguir dinero este año, resulta una cantidad nada menos que equivalente al 19% del PIB, que el estado pagará a la banca este año. Y que no se cree un banco público se debe a la oposición de la banca, y de sus lobbies, tanto el BCE como el Banco de España, a que ello ocurra.

 

Pero la cosa es todavía peor. En realidad, el BCE no puede comprar bonos públicos del estado español. Pero si que puede, según sus estatutos, prestar dinero a intereses bajos, tal como hace a la banca privada, o a una institución financiera pública, tal como el ICO, Instituto de Crédito Oficial. Y lo ha hecho. Pero el ICO, según la propia normativa oficial (escrita por la banca privada a fin de proteger sus intereses), no puede prestar dinero directamente. Y tiene que hacerlo, de nuevo, a través de la banca privada. Es decir, el ICO da dinero a la banca privada para que esta preste dinero en condiciones económicas a las empresas y a las familias, con lo cual estas se encuentran con el mismo problema que cité antes. No pueden pagar los criterios abusivos que los bancos piden. De ahí que de los 22.000 millones de euros que tenía el ICO en 2012, solo un 25% se gastara ofreciendo créditos, que, repito, solo puede ofrecer a través de la banca.

 

Y para mayor escándalo y bochorno, si cabe, de este 25%, la mayoría ha ido a grandes empresas como Telefónica, Banco Santander y otras entidades que son las únicas que se benefician de esta afluencia de crédito. Y mientras tanto las empresas pequeñas y medianas están colapsando y creando un enorme problema de paro. Y las familias, endeudadas hasta la médula, no pueden salir del agujero. Los hijos de estas familias con becas han dejado de recibirlas porque es casi imposible conseguir crédito.

 

Y la causa de todo ello es política. Es decir, es la enorme influencia que la banca tiene sobre el estado. De ahí que los escraches deberían centrarse, no solo en la banca, sino en las instituciones políticas mal llamadas representativas que no defienden los intereses de la ciudadanía sino de los grupos fácticos, tales como la banca, que los controlan. Así de claro.  

 

- Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

 

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/no-credito-disponible/20130729194257095228.html