Colombia

Los tres años de Santos y la reelección de sus políticas

Pedro Santana Rodríguez

11/08/2013

Opinión

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El pasado 7 de agosto se cumplieron tres años del gobierno que presidente Juan Manuel Santos, y han abundado en los medios de comunicación los balances sobre su gestión. En primer lugar habría que señalar que comparado con el largo gobierno de Álvaro Uribe Vélez este gobierno introdujo cambios que en algunos aspectos fueron positivos para el país. Fue positivo para el país el cambio en la política internacional con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador y la reinstalación de Colombia en el escenario latinoamericano que había terminado muy deteriorado por las decisiones de Uribe sobre bases militares y sobre todo por la negación del conflicto armado interno que condujo a un aislamiento de Colombia con el vecindario de la región.

Así mismo fue altamente positivo para el país el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno y la decisión de entablar negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el establecimiento de contactos para una posible negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En esa misma línea debemos señalar como altamente positivo para el país el reconocimiento de las víctimas y la aprobación de la ley 1448 de 2011 que busca la restitución de tierras despojadas por distintos actores armados. La Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento Forzado ha calculado este despojo en 6.6 millones de hectáreas desde el primero de enero de 1980 y hasta el 30 de junio de 2010 y en 8 millones de hectáreas por el Grupo de Memoria Histórica desde el año de 1958 y hasta el año 2012. Esta ley puso de presente la existencia de una crisis humanitaria de hondas repercusiones sobre el conjunto del país. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas que aún no ha totalizado la cifra, ésta ya sobrepasa los 6 millones de víctimas desde el primero de enero de 1986 que es la fecha que fijo la ley 1448 de 2011 para el reconocimiento de la reparación individual y colectiva. Para la restitución de tierras fijo la fecha del primero de enero de 1991. Esta ley ha permitido el reconocimiento y el pago de las indemnizaciones individuales a 163 mil víctimas cifra baja pero significativa así como la restitución de 13 mil hectáreas de tierra despojada a campesinos desplazados.

La ley avanza lentamente por tres factores que aún no han sido superados y que tienen que ver con la débil coordinación interinstitucional entre las 37 entidades que deben garantizar los derechos de las víctimas y los 14 programas que deberían hacer realidad sus derechos. Como lo ha señalado la Corte Constitucional y las organizaciones de víctimas ésta débil coordinación interinstitucional atenta contra los derechos de las víctimas puesto que el conjunto del Estado no atina a dar respuestas en tiempos reales a las demandas de los millones de víctimas que no ven garantizados sus derechos. Un segundo problema tiene que ver con la débil coordinación entre la Nación y los departamentos y municipios del país. La falla principal se encuentra en el Ministerio del Interior que es el organismo legal y constitucionalmente encargado de dicha coordinación territorial. Hay que tomar en cuenta la debilidad institucional en los municipios del país sobre la cual no opera el gobierno nacional. La puerta de entrada de las víctimas son, por ejemplo, las personerías municipales que en por lo menos 700 municipios del país no cuentan con condiciones mínimas para atenderlas. Hay allí una falla que retrasa la acción del Estado y que hace lento todo el proceso. Y sobre esto no actúa el Gobierno Nacional.

Un tercer factor tiene que ver con la lentitud para el cambio de políticas frente a las víctimas. Hay que decir de manera clara que desde el año 2009 la Corte Constitucional solo dejo en pie las políticas de atención de los derechos de las víctimas en educación y salud. Ésta última política con muchas glosas por parte de la Corte Constitucional que advierte que si bien las coberturas para la población desplazada se acercan a la media nacional, en general hay un profunda crisis en todo el sistema de salud y las fallas afectan a toda la población y no solo a la población víctima. Para remediar parte de esta dramática situación el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, impulso la ley de víctimas que buscó sobre la base del reconocimiento del conflicto armado establecer una política de reparación individual y colectiva así como la restitución de tierras a los cientos de miles de familias despojadas. En este último aspecto la principal falla del gobierno ha consistido en la ausencia de una política de confrontación de los actores armados que se oponen a la restitución y que han asesinado a 72 líderes de restitución de tierras. Precisamente la principal falla consiste en que el Estado no ha respondido a la orden de la Corte Constitucional de adoptar y promulgar una política de atención y prevención que garantice la seguridad de los líderes y en general de los sectores reclamantes de tierras. Las amenazas y los asesinatos de los reclamantes de tierras es hoy el principal obstáculo así como que la ley haya judicializado todo el proceso de restitución lo que le ha restado celeridad al proceso. Hasta hoy se han entablado cerca de 40 mil demandas que reclaman la restitución de 2.7 millones de hectáreas y como ya dijimos apenas se han restituido 13 mil hectáreas. Urge una reforma para darle dientes a la restitución por vía administrativa y de esta manera acelerar los procesos que son muy lentos en el aparato judicial.

Pero, las órdenes de la Corte Constitucional al gobierno no han sido cumplidas plenamente. Por ejemplo no hay una política de vivienda para las víctimas, no hay políticas de generación de ingresos y de estabilización socioeconómica, tampoco hay política de atención psicosocial para las víctimas y como ya anotamos no existe una política que brinde seguridad a las victimas reclamantes de tierras. Esas son a nuestro juicio las principales fallas de la administración Santos frente a los millones de víctimas que viven en la pobreza y en la marginalidad.

En este balance hay que señalar que un acierto del gobierno fue bajar la confrontación del ejecutivo con el poder judicial, pero, esta relación se vio afectada seriamente por el intento del gobierno y de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de hacer aprobar una reforma a la justicia para beneficio de ellos mismos. Quizás el fracaso de este intento de reforma de 32 artículos de la Constitución en beneficio de los congresistas, de los magistrados de las altas cortes y de los llamados aforados constitucionales, marco el inicio de un profundo desencuentro entre la opinión pública y el gobierno de Santos. La sociedad civil se movilizó principalmente a través de las redes sociales en oposición a una reforma que la opinión pública calificó como altamente negativa para el país. Desde entonces el presidente Santos perdió la aprobación de las mayorías y pese a todos los intentos para acercarse a esa opinión pública ésta le sigue castigando con un alto nivel de desaprobación a su gestión. Según la última encuesta el 50% de los encuestados se encuentran insatisfechos con la gestión de Santos mientras que solo el 45% aprueba su gestión. El 60% de los encuestados está en contra de la reelección mientras que el 66% de los encuestados desaprueba las políticas puestas en marcha por el gobierno para superar la crisis de la salud. Y en el frente en que son mayores las distancias con el gobierno anterior, esto es, en la política de negociación con las guerrillas el 59% aprueba esta política mientras que el 41% está en contra. La imagen favorable del presidente Santos es del 49%.

Otro factor altamente negativo para la clase media y que golpeo la imagen del gobierno tuvo que ver con la aprobación de una reforma tributaria que le rebajo los impuestos a los ricos y gravó los ingresos de los sectores medios de la población. Desoyendo las voces críticas sobre el contenido de dicha reforma el Congreso a instancias del gobierno la aprobó con dos consecuencias negativas para Santos, la primera que disminuyeron los ingresos del Estado y ahora este faltante quiere ser remediado con la venta de Isagen y en segundo lugar esta clase media que es la que vota ha sentido que sus bolsillos han sido afectados para favorecer a los grandes empresarios. Este es a nuestro juicio un segundo factor que afecto a la imagen positiva que hasta entonces tenía el presidente y que pone en serio riesgo su proyecto de reelección.

La marcha de la economía no es la mejor entre otros factores por la lentitud de la inversión pública y por la crisis de la economía mundial que ha comenzado a tocar a la región en su conjunto y no solo a Colombia. Pero el gobierno tiene parte de la responsabilidad por no atacar a fondo los problemas relacionados con la inequidad y la concentración de la riqueza. La única forma de atacar a fondo esta problemática requiere como ha sido señalado de una reforma tributaria que permita una real redistribución de la riqueza. El gobierno de Santos como se ha dicho, no ha hecho lo necesario para atacar este problema de fondo que mantiene en la pobreza a más del 40% del total de la población colombiana. Este ha sido un gobierno que no se ha empeñado a fondo en crear las bases para una reforma social profunda que reclama el país. Por el contrario sus locomotoras se han mantenido en marcha para el beneficio de los grandes empresarios del campo y del sector financiero, ha sido un gobierno con un acento por las políticas neoliberales en materia económica. Santos ha insistido en que se deben reelegir sus políticas sin darse cuenta que precisamente una buena parte de la población las rechaza. Todas éstas falencias, las pondrá de manifiesto la campaña electoral que ya comienza.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 363

Semana del 9 al 15 de agosto de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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