El Informe Estado del Poder 2014[1] de TNI revela que en el último año, las empresas transnacionales (ETNs), especialmente los bancos y la industria de gas natural y petróleo, continuaron beneficiándose extraordinariamente de la crisis económica y financiera mientras que los pueblos pagan el costo. A pesar de su responsabilidad por las crisis financiera y ecológica, los paquetes de salvataje y de “austeridad” trabajan para beneficiar el 0,001%, restringir la renta y aumentar la presión sobre el 99%.

 

Nuestra investigación demostró que en los primeros nueve meses de 2013, los 25 multimillonarios más ricos aumentaron su riqueza en 85 mil millones de dólares, mientras que, en el sur global y en los EEUU y UE, más personas pierden su ingreso a través del desempleo o pérdida de condiciones de subsistencia y soportan hambre y empobrecimiento. La centralización de poder también creció. Un estudio de 43 mil transnacionales mostró que menos de 1%, principalmente bancos, controlan las acciones de 40% de los negocios globales. Esto no es solamente injusto, también demuestra la vulnerabilidad extrema de nuestro sistema económico actual.

 

Las estadísticas muestran que nuestra inhabilidad para resolver la pobreza, la desigualdad, tener educación gratuita o invertir en una transición verde no tiene su causa en la falta de dinero, sino en la cuestión de quien lo tiene. La riqueza actual de los 100 más ricos podría, por ejemplo, pagar por 1.111 años de los gastos públicos de Ruanda[2] o 130 años de costos de la adaptación al cambio climático[3].

 

El premio Nobel de economía Paul Krugman comentó que el “énfasis en la austeridad fue para usar la crisis, no para resolverla. Y todavía lo es”[4]. La tendencia actual de malversar masivamente los recursos de los bienes comunes, de ciudadanos y de sus instituciones públicas para el enriquecimiento de los que ya son ultra-ricos es integral para esta fase de restructuración del modelo neoliberal de la economía.

 

Sin embargo, esta no es sólo la historia de individuos ultra-ricos, obteniendo su riqueza de las operaciones de empresas transnacionales de las que son dueños o que lideran como ejecutivos. Tampoco es sobre qué transnacionales tienen mejor o peor comportamiento. La concentración de riqueza, poder y la resultante impunidad corporativa está construida en un sistema de privilegios extraordinarios y “super-derechos” de las empresas transnacionales establecidos por la captura corporativa de las funciones legislativas del gobierno y frecuentemente con la complicidad activa de muchos gobiernos. Según el Profesor Jeffrey Sachs, “(tenemos) una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada que los crímenes corporativos son rentables.”[5] Esto le permite a las transnacionales continuar actuando con impunidad a expensas de violaciones diseminadas de derechos humanos y de los pueblos y de la destrucción sostenida del planeta.

 

Esta información resulta de nuestro estudio de la mayores transnacionales del mundo. Casi todas en los últimos cinco años fueron acusadas o multadas por lavaje de dinero, fraude, soborno, espionaje corporativa, entre otros crímenes.[6] Esto no tiene que ver con el bien o el mal: esto se refiere a una estructura de poder e impunidad que significa que los lucros corporativos pueden ignorar, esconder o deliberadamente disimular cualquier costo social y ambiental de sus operaciones.

 

Una de las principales razones sistémicas para la impunidad corporativa generalizada es lo que los movimientos sociales conceptualizamos como la “arquitectura de la impunidad”: el marco normativo asimétrico que, por un lado, proporciona a las transnacionales “super derechos” a través de la Lex Mercatoria (el marco legal que protege los intereses de los inversionistas) tales como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, la mayoría de los cuales incluyen mecanismos de resolución de controversias (que permiten a las empresas transnacionales procesar a los gobiernos), mientras que, por otro lado, todas las normas jurídicas diseñadas para proteger los derechos humanos y padrones ambientales son erosionados. Las prescripciones de políticas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como la Organización Mundial del Comercio (OMC), también tienen su rol en esta arquitectura de la impunidad.

 

Los instrumentos jurídicos de la Lex Mercatoria son vinculantes y tienen mecanismos de complimiento – tales como el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (donde gobiernos pueden procesar uno al otro por no cumplimiento del régimen de liberalización comercial establecido bajo presión corporativa) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde empresas pueden procesar gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega compensaciones. En el 2013, el CIADI multó al gobierno de Ecuador en 2,3 mil millones de dólares por finalizar el contracto con Occidental Petroleum Corporation (OPC), aunque haya sido la OPC quien primero había roto el contracto con el gobierno de Ecuador. La suma demandada contra Ecuador representa el 59% del presupuesto del año de 2012 para educación y el 135% del presupuesto anual con salud en el país.[7]

 

El sistema internacional de Derechos Humanos por otro lado no tiene un Tratado vinculante sobre las operaciones de las transnacionales y menos aún un mecanismo de aplicación para punir los crímenes corporativos u ofrecer remedio y justicia a las comunidades afectadas. Por el contrario, la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, conjuntamente con gobiernos cómplices promueven débiles directrices voluntarias a través del marco de Responsabilidad Social Corporativa como falsa respuesta a las violaciones de derechos humanos y crímenes corporativos.

 

El historial de esta impunidad corporativa ha sido trazado en casos bien documentados de violaciones de derechos humanos y estándares ambientales por transnacionales, como en el informe Impunidad SA[8]. Esta impunidad sistemática también es bien documentada en las múltiples campañas lanzadas a partir de las comunidades que tienen sus bosques devastados, sus ríos contaminados, sus tierras envenenadas con tóxicos o las comunidades destruidas por la extracción de los recursos naturales y desalojos, como los que vemos en los casos seleccionados para el Public Eye Awards 2014[9]. 

 

Lo peor es que hay intentos para profundizar la captura corporativa en el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Esto es desarrollado en la Global Redesign Initiative (GRI) – el informe del Foro Económico Mundial publicado en 2010 – Everybody’s Business: Strengthening International Cooperation in a more Interdependent World[10]. La GRI se dispone a atacar la democracia representativa tal como la conocemos. En la GRI, el Foro Económico Mundial y la Clase de Davos no dejan dudas de que ellos creen saber mejor como gobernar la economía global y nuestra vida cotidiana: “gobernar hoy no es más una cuestión de gobierno solamente… las ‘funciones públicas’ básicas de los gobiernos fueron redefinidas… por lo tanto el desafío es como reinventar el gobierno como una herramienta para la creación conjunta de valor público.” El Foro Económico Mundial ve esta solución en una forma de gobernanza con “múltiples partes interesadas” que consiste en empresas transnacionales, gobiernos y una selección de entre la sociedad civil, pero especialmente empresas[11].

 

Este abordaje de gobierno de “múltiples partes interesadas” está ya en operación en instituciones tales como European Roundtable of Industrialists (ERT), el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) y el Diálogo Empresarial Transatlántico (Trans-Atlantic Business Dialogue - TABD). El TABD se considera una institución política con el rol oficial de determinar las prioridades de las políticas públicas de  UE y EEUU y cuyo mayor éxito ha sido la preparación secreta del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión – el Tratado de Libre Comercio propuesto entre EEUU y UE.  

Esta amenaza radical a la democracia también es subrayada por Susan George en su artículo Estado de las Corporaciones: “No es sólo su tamaño, su enorme riqueza y activos lo que hace de las transnacionales un peligro para la democracia. Es también su concentración, su capacidad de influenciar, y frecuentemente infiltrar gobiernos y su habilidad para actuar como una clase social internacional genuina para defender sus intereses comerciales contra el bien común.”[12] Es este tipo de poder de toma de decisiones, así como el poder para imponer la desregulación en los últimos 30 años, resultando en cambios en las constituciones nacionales, y en la legislación nacional e internacional, el que creó el ambiente para los crímenes corporativos y la impunidad.

 

Históricamente hubo distintos intentos para oponer y revertir este dominio de y para las transnacionales, y estos intentos continúan en muchas campañas globales contra la liberalización del comercio y de las inversiones, así como las campañas para establecer un régimen de responsabilización para las transnacionales. Entre las más recientes, está la iniciativa por Obligaciones Extraterritoriales (ETOs) y el lanzamiento de la Campaña Global Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos Fin a la Impunidad.[13] Esta campaña, liderada por más de 150 movimientos, redes de la sociedad civil y de derechos humanos prevé el desarrollo del Tratado de los Pueblos por obligaciones vinculantes a las transnacionales. Algunas de sus principales demandas han sido reflejadas en una petición oficial hecha por 85 gobiernos, liderada por Ecuador, ante al Consejo de Derechos Humanos en el mes de Septiembre de 2013[14].

 

Ante crímenes como Rana Plaza en Bangladesh, la masacre de los mineros de platino en Marikana, Sudáfrica, el derrame de petróleo en el Golfo de México por British Petroleum, y la carrera global por la fractura hidráulica y el acaparamiento de tierras, una resistencia global está emergiendo a nivel local con las luchas de resistencia de las comunidades al extractivismo y a las prácticas laborales y operaciones de las transnacionales. Es la resistencia construida sobre lo que Naomi Klein llama “la emergencia de la reconstrucción de los pueblos”[15]. Es la resistencia que va más allá de la crítica hacia lo que Hilary Wainwright ve como la construcción y asimilación de luchas y oportunidades de poder transformador en el cambio institucional.[16] Este poder transformador emergente también toma el desafío de parar y desmantelar el poder y la impunidad corporativas.

 

Davos es una ocasión importante para destacar esta realidad y ponerlo en el centro de la opinión pública y en una agenda política transformadora.

 

 

- Brid Brennan, Coordinadora del Programa de Justicia Económica, Poder Corporativo y Alternativas, Transnational Institute (TNI)

Conferencia de Prensa Public Eye Awards, Davos, Suiza

23 de enero 2014

 

 

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