La importancia de la “estabilidad política”: ingobernabilidad y represión en Venezuela
24/02/2014
- Opinión
La guerra de baja intensidad[1] a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, las burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista.
Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país.
Por consiguiente se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro Comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera.
La estabilidad política debe ser diferenciada de los pactos políticos y el reformismo que tienen de fondo. Estos responden a la tradición conservadora y reaccionaria impulsada en la región desde la década de los setenta con el concepto de gobernanza. Bajo dicha perspectiva se buscó trasladar la responsabilidad de la crisis del capitalismo hacia el Estado y su intervención dentro del campo económico. Con ello, se sustituyó la comprensión de los problemas sociales que son consecuencia de los desequilibrios del sistema, por conflictos cuya resolución sólo tendrían cabida bajo la lógica neoliberal del libre mercado. No es casual que bajo la trampa de la gobernabilidad se haya puesto freno a la soberanía popular para abrir paso a la condicionada (y manipulable) participación de la sociedad civil.
Las ONG son las formas preferenciales de organización bajo las cuales el capital determina y organiza a la llamada sociedad civil. Con estas y otros tipos de organización “sin fines de lucro”, “de apoyo social” o “para el emprendimiento” mayormente de carácter privado, se yergue un muro de contención de las reivindicaciones de las clases explotadas, intentando solventar con paños de agua tibia los problemas sociales que son consecuencia estructural de los desequilibrios del sistema, ante los cuales la ideología de la gobernanza propone hacer a un lado la participación activa del Estado y dejar todo en manos del mercado y los poderes económicos que allí actúan.
En este contexto se plantea el dilema gobernabilidad-ingobernabilidad dentro del cual los cuerpos de seguridad con el monopolio de la coerción tienen la tarea de cuidar a la sociedad civil y asegurar el libre desenvolvimiento de sus derechos (de clase por supuesto). En otras palabras, son el principal muro de contención para evitar que el desangramiento de las clases explotadas se convierta en movilización e ingrese al terreno político de las luchas por sus derechos. Con ello, los cuerpos de seguridad han hecho historia como mecanismos de represión violenta contra todos los procesos desestabilizadores que pudiesen perturbar la gobernanza y, por extensión, el desenvolvimiento “libre” de la economía. El resultado no era otro que la criminalización de la justa lucha de los pueblos explotados.
La contraparte revolucionaria de la “gobernabilidad” la encontramos en la introducción de la noción de estabilidad política utilizada por el Comandante Chávez y que tiene como antecedente histórico el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Dicho concepto posee su anclaje político directo en la conducción de las instituciones de ejercicio del poder, desde las menos burocratizadas y más horizontales, como las organizaciones de base -que suponen un mínimo de relaciones intersubjetivas estables en el tiempo, es decir, un mínimo de institucionalidad-; hasta el Estado como macro institución política que concentra el grueso del poder.
Los terribles vicios burocráticos de la Unión Soviética significaron, para cierta tradición de la izquierda, la confirmación de la tesis de que el Estado era, per se, instrumento de dominación de la clases explotadas y que su misma lógica respondía obligatoriamente a los intereses de las clases dominantes. Las diversas propuestas que apuntan de una u otra manera a la disolución del Estado son el extremo utópico de aquella tesis. Sin embargo, las recientes revoluciones latinoamericanas han mostrado que el Estado no es siempre una pura máquina de dominación, sino -en concepción de Álvaro García Linera- una relación. Por tanto, la dinámica del Estado y el ejercicio del poder en él concentrado, responderá a las relaciones que los sujetos a cargo de sus instituciones establezcan entre sí y con el pueblo que tiene de base.
La actividad del Estado venezolano a cargo de la Revolución Bolivariana, con sus errores pero también con sus invaluables aciertos, ha evidenciado que cuando se abren los espacios a la participación popular se puede llenar de verdadera justicia social a la política y el ejercicio del poder puede recobrar su fundamento positivo como poder al servicio del pueblo. En este contexto, la imperiosa necesidad de abogar por una estabilidad política no implica la cooptación de las bases populares, ni el pacto con sectores de la burguesía o la paralización de la revolución, sino la decisión firme de que sólo con la profundización de los espacios de participación para el pueblo podemos avanzar en la lucha de transformación y que, para ello, es necesario crear las mejores condiciones políticas para su articulación y concreción práctica. Estabilidad política implica, entonces, espacios para la construcción.
Al contrario de lo que postula la radicalidad de una supuesta izquierda, las consecuencias de los conflictos sociales (cuando no son luchas reivindicativas de los explotados hechas con objetivos claros) y las guerras civiles (como la que se intenta provocar en Venezuela) no pueden ser pronosticadas ni conocidos a priori, puesto que las variables en cuestión y las diversas reacciones que provocan están fuera del conocimiento mínimo para actuar sobre ellas. Por tanto, no hay seguridad de que con aquellas situaciones de desequilibrio social se logre un avance de las luchas populares frente a los intereses de las clases dominantes. La historia ha mostrado que las fuerzas de la derecha, con el capital transnacional y la militarización imperial a su servicio, se reacomodan más rápido frente a situaciones de desestabilización generalizada y pueden aplastar (literalmente) a los pueblos y sus movimientos de liberación cuando estos se desarticulan y no logran crear las condiciones de factibilidad para permanecer en el tiempo.
Geopolíticamente la estabilidad impide que se puedan encontrar supuestas “razones” (que no son otras que los intereses del capital) para llevar a cabo acciones imperiales de invasión militar, bloqueo económico o chantaje diplomático, “justificadas” ante la opinión pública. Así mismo, hace posible un conocimiento más claro (aunque no absoluto) de la realidad que permite encausar las acciones estratégicas hacia la resolución de las necesidades esenciales que las circunstancias van planteado a la lucha revolucionaria. Esto permite avanzar en las ofensivas de transformación, a la vez que expandir las áreas de influencia y articulación contrahegemónica en la región. No en vano desde los primero años de la Revolución Bolivariana, la desestabilización política y el asedio imperial han sido “constante y sonante”.
Por su parte, la satanización que se quiere hacer de los cuerpos de seguridad venezolanos y su actuación en los acontecimientos recientes, busca trasladar la responsabilidad por los hechos de violencia, desde los grupos fascistas hacia aquellos y, por su medio, al gobierno. Sin llamarnos a engaños o postulados vacíamente idealistas, es evidente que los cuerpos de seguridad son instrumentos para el ejercicio de la coerción (ese es su finalidad de origen). Sin embargo, el enunciado por sí sólo dice lo que deberían ser o hacer, pero no lo que realmente son o hacen. Todo el aparato de manipulación de imágenes, videos, artículos de opinión, titulares de prensa, da muestra de que en las recientes protestas de la oposición venezolana el control policial no ha ejercido el poder represivo que posee ni el que los medios le han querido señalar. A continuación presentamos parte del material empírico manipulado y que ha sido desmentido. Al lado izquierdo quedan las fotos manipuladas intencionalmente y del lado derecho las fotos originales.
Por el contrario, en los recientes hechos de violencia, los cuerpos de seguridad han servido –entre otras cosas-, primero, para mantener a raya la confrontación de las manifestaciones del pueblo, colectivos, trabajadores y estudiantes revolucionarios, contra las manifestaciones de los estudiantes opositores y las capas medias de la sociedad que les acompañan (y que se autodenominan “sociedad civil”). Ello resulta de suma importancia, por cuanto uno de los principales objetivos del plan golpista es provocar un enfrentamiento sangriento dentro de la población. Segundo, impedir que se acentúen y extiendan los destrozos de bienes públicos utilizados por toda la población: sistemas de transportes, edificaciones públicas, plazas, calles/avenidas, etc[2]. Y en tercer lugar, han impedido (en conjunto con los cuerpos de contrainteligencia y la dirección política de la revolución) que los grupos armados de choque actúen de acuerdo el guión golpista que se está aplicando en el país[3]; con lo cual, se ha ido abortando el núcleo “duro” de la embestida fascista.
Esto no significa hacer una apología a las instituciones policiales, pero la coyuntura actual en la cual la vida de todo un pueblo está en franco peligro y en el ojo del águila imperial, el uso del poder que ellas concentran para frenar los actos de violencia y reafirmemos esto: los actos de violencia, y no las manifestaciones pacíficas, es estratégicamente necesario. No es un gobierno el que está en peligro, sino la vida de una población completa.
Por lo dicho podemos afirmar, entonces, que en Venezuela no se ha perdido el hilo democrático de las instituciones del Estado de derecho y de justicia, como tampoco la estabilidad política. Por el contrario, lo que sí encontramos son focos de desestabilización que buscan crear hechos muy puntuales de violencia para luego ser trasladados mediáticamente a la totalidad del territorio nacional, escenificando una pretendida situación de completa inestabilidad e ingobernabilidad. Los ataques a la infraestructura y bienes públicos (incluyendo centros de salud y escuelas), las agresiones al personal de las instituciones del Estado, las guarimbas ubicadas especialmente en zonas de la clase media, el camuflaje de la violencia con manifestaciones de oposición ciertamente pacíficas pero que al diluirse dejan focos de violencia con pequeños grupos entrenados ajenos a las protestas estudiantiles, la agresión a la misma población de oposición que se hallan secuestrados en sus casas o zonas residenciales, los muertos y heridos intencionales, la concentración de la violencia en estados y municipios a cargo de gobernadores y alcaldes de la oposición, la delicada situación en la frontera colombiana (Edo. Táchira y Mérida) con la presencia de paramilitarismo... todos estos hechos no son casuales y los objetivos a los que han apuntado confirman la denuncia de que, en efecto, se trata de una planificación concertada y premeditada, y no el supuesto levantamiento de la “sociedad civil”.
En conclusión, la dirección política del gobierno revolucionario ha logrado que los cuerpos de seguridad mantengan una línea de conducta de respeto con las marchas pacíficas de la oposición, a la vez que ha podido controlar los hechos de mayor violencia sin ejercer la represión brutal y desmedida contra los grupos fascistas que las acompañan, y que los medios de comunicación quieren hacer creer. Sin caer en posiciones éticamente insostenibles, es de esperar que las arremetidas de violencia de los grupos opositores deban ser controladas para no generar desequilibrios sociales irreversibles. Y en este punto, el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad de la República se ha ajustado al marco de derecho y de justicia contenido en nuestra constitución[4].
Las muertes fatales registradas han sido, con toda certeza, intencionalmente provocadas por las facciones que están detrás de toda la embestida fascista (y no las fuerzas de choque visibles) para tener el justificativo del derramamiento de sangre para deslegitimar a un gobierno democrático, participativo y revolucionario. Algunas de estas muertes y la manipulación mediática en torno a ellas ya ha comenzado a ser esclarecidas[5]. De igual manera, las acciones policiales fuera del hilo constitucional que han desobedecido las directrices del gobierno central están siendo procesadas y sus responsables llevados a la justicia[6].
Nuestro país no se encuentra en una situación de ingobernabilidad. Por el contrario, goza de una estabilidad política y fortaleza institucional la cual, quiere ser resquebrajada aplicando un guión que pretende llevar al sistema político venezolano a desequilibrios límites que saquen al Estado del campo político (y, por consiguiente, ético), para confrontarlo en el terreno de la ilegitimidad, la ilegalidad y la guerra. Esta situación se enmarca dentro de la guerra de baja intensidad que el imperio en conjunción con sus aliados locales ha impuesto sobre la región. El contexto actual no puede ser calificado sino de golpe continuado.
23 de Febrero. 2014 Año de la Juventud.
¡Viviremos y venceremos!
Referencias:
[1] El concepto es de Stella Calloni. Véase, entre otros, su artículo “Venezuela ante la ofensiva imperial” en: http://alainet.org/active/71321
[2] Entre otros destrozos, han sido atacadas 40 unidades del sistema de transporte Metrobus, estaciones del Sistema Metro de Caracas, instalaciones de la CANTV en el Edo. Lara, sabotajes sistema eléctrico nacional, quema de 22 vehículos de la Corporación Eléctrica Nacional, etc. Ver las pruebas periodísticas de los destrozos en: Ataques sistema Metro y Metrobus; Sabotaje al sistema eléctrico; Ataque a la sede de la CANTV; etc.
[3] Entre todo el material que prueba la existencia de grupos violentos véase: Grupos violentos en Maracaibo; Grupos violentos en Altamira y Chacao; Grupos violentos queman abasto bicentenario; Grupos violentos querían atacar la casa del Gobernador del Edo Carabobo; Ataque a centro de salud; Ataques a oficinas del SAIME; Estudiante capturado con molotov; Destrozos a casa del PSUV; Incautan material para generar caos; etc.
[4] A manera de claro ejemplo, véase el siguiente vídeo del 12 de febrero de 2014 donde, primero, la Policía Nacional únicamente resiste la embestida de agresión de los manifestantes (que habían hecho destrozos a la sede del Ministerio Público); y segundo, el trato que se le da a un joven que, al saltar el cerco policial, es custodiado y devuelto a su representante (madre) sin ningún tipo de daño. Opositor salta cerco policial
[5] A manera de ejemplo véase el análisis de la muerte del estudiante Bassil Da Costa: Tirador oculto en la muerte de Bassil
[6] Como ejemplo véase: Detienen a funcionarios del SEBIN
- Roger Landa es Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Cap. Venezuela, Maestría en procesos sociopolíticos venezolanos y de integración latinoamericanos y del Caribe Landa.Roger.Filosofia@gmail.com
https://www.alainet.org/fr/node/83411?language=en
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