Buenos Aires.- Parte de la información ya era conocida. Durante la dictadura militar que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983, unos 280 niños de corta edad y la mayoría nacidos en cautiverio, pasaron a ser parte del "botín de guerra" del cual sacaron provecho los militares en el poder. Se supo por los testimonios de los sobrevivientes ante la Comisión sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que posibilitó el juicio a los integrantes de las ex- juntas militares en 1985, que los niños eran apropiados por los represores, entregados a otras familias y su identidad sustituida por medio de documentación falsa. Gracias a la ardua labor desarrollada por las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977, 45 de estos niños fueron restituidos a su familia de sangre y continúan las investigaciones en relación a una veintena más de casos cuya identidad real debe ser confirmada. Pero lo que nunca se había confirmado era la existencia de un plan premeditado para que las fuerzas armadas se apropiaran de los hijos de los presos políticos que fueran secuestrados con sus padres o que nacieron en cautiverio. Esta nueva faceta del horror que se vivió en Argentina durante los duros años de la represión militar demuestra que el aniquilamiento de la oposición política implicaba también hacer desaparecer a su descendencia ni bien entraba a la vida, falseando su identidad para siempre. Con este fin se habían instalado maternidades clandestinas en varios centros de detención, entre ellos dos de los centros claves desde donde se ejercía el poder militar: Campo de Mayo, sede de los mandos del Ejército, y la temida Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los campos de concentración más crueles y desde donde partían semanalmente los vuelos de la muerte, aviones desde los cuales se arrojaba a los prisioneros todavía con vida, bajo los efectos de sedantes, a las aguas del océano Atlántico. La responsabilidad del ex-militar Videla Cuando los miembros de las juntas militares fueron juzgados en 1985, todavía no existían pruebas suficientes como para condenarlos por la sustracción de menores y el falseamiento de su identidad. Pero las controvertidas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que fueron aprobadas durante el gobierno del presidente Alfonsín, a fines de 1986 y mediados de 1987 respectivamente, dejaron en claro que los casos de desaparición forzada de menores no eran amparados por estas leyes. Es así, como a mediados de junio, el juez Roberto Marquevich decidió dictarle prisión preventiva al ex-teniente general Jorge Rafael Videla, quien fue el hombre fuerte del golpe militar de 1976, al responsabilizarlo de la apropiación ilegal de menores. A esta causa, se sumó la iniciada por el juez Adolfo Bagnasco, quien recibió un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo para que investigue la supuesta existencia de un plan sistemático para secuestrar a los hijos de los presos políticos, sustituir su identidad y entregarlos a familias que no eran las de sangre. Al ser Videla el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento del golpe militar, él sería el principal responsable de haber ideado e implementado este plan. Si bien en este momento la Cámara Federal en lo Penal está considerando si Videla puede cumplir arresto domiciliario, por tratarse de un detenido con más de 70 años de edad (tiene 73), los organismos de derechos humanos ven que al menos se ha abierto la esperanza de poder encontrar a más de los niños desaparecidos y que cuentan con la firme decisión de los tribunales y de los jueces para no dejar caer el caso y proseguir en la búsqueda de los responsables directos de este plan macabro, que posiblemente puedan dar pistas más concretas sobre la ubicación actual de estos niños. Las maternidades clandestinas Existen testimonios de varias enfermeras que trabajaron en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. La maternidad funcionaba en las salas de epidemiología, y según las enfermeras, allí internaban a las prisioneras a punto de dar a luz. La mayoría de ellas permanecía con los ojos vendados y, en algunos casos, con las manos atadas. Todas las enfermeras que dieron testimonio se cuidaron bien de aclarar que no podrían identificar a las mujeres y que nunca hablaron con ellas. Posiblemente, temían también por sus vidas porque existen casos de desaparición de personal de guarniciones militares que en algún momento prestaron ayuda a los prisioneros. Las enfermeras relatan también que la mayoría de las veces las madres no veían al bebé y que se les aplicaban inyecciones para cortar la leche materna. Rosalinda Salguero, una enfermera ya jubilada, declaró a la revista "Tres Puntos" que se publica en Buenos Aires, que en una oportunidad una de las madres pudo tener a su bebé en los brazos por breves instantes. La escuchó decir "Pensar, hijo mío, que no te voy a ver nunca más". Cuando regresó a su lugar de trabajo al día siguiente, la joven ya no estaba. Pero también hubo prisioneras que fueron llamadas a asistir en los partos. Sara Osatinsky, actualmente exiliada en Suiza, relató al juez Banagsco que le tocó asistir en 17 partos que tuvieron lugar en la maternidad clandestina de la ESMA. En sus declaraciones a la prensa, corroboró los testimonios de las enfermeras en el sentido de que "las mujeres sabían que iban a ser separadas de sus hijos". Pero lo que más le llamaba la atención a Osatinsky era que a los bebés se los vestía con un ajuar costoso y eran colocados en cunas portátiles "de lujo". "No sé si el ajuar lo pagaba la ESMA o las familias apropiadoras, pero sólo gente con muchos medios económicos podía darle eso a sus hijos", señala esta ex-prisionera, esposa de un líder guerrillero asesinado por las fuerzas de seguridad en 1975. La verdad sobre el horror vivido por tantas madres y sus hijos continúa estremeciendo a los argentinos, mientras el juez Bagnasco confía en que podrá avanzar en sus investigaciones alcanzando a todos los niveles de responsabilidad: las familias apropiadoras, los militares que cometieron los delitos y las autoridades del país, que permitieron que ello ocurriera. -277