Expresiones de repudio ha provocado el anuncio del presidente venezolano, Rafael Caldera, de que someterá a la próxima Cumbre Iberoamericana -que se reunirá en su país el próximo 7-8 de noviembre- un proyecto de "derecho a la información veraz", que impondría regulaciones a la libertad de prensa. Caldera propone que los países de la región asignen poderes a los jueces para emitir sanciones por la publicación de informaciones que no estén debidamente comprobadas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida hasta al 22 de octubre en su 53 Asamblea en México, calificó a la propuesta de "lesiva a la pluralidad ideológica e informativa y un peligro para la libertad de expresión al alentar intromisiones, manipulaciones, abusos y otras acciones limitantes". Por su parte, el Presidente Cedillo, al inaugurar la Asamblea a nombre del país sede, expresó desacuerdo con los controles desde el sector público a la libertad de expresión y a los medios de comunicación; posición que toda vez provocó críticas en su país, por la falta de consecuencia entre el discurso y la práctica. La propuesta de Caldera, a pesar de su pretensión de garantizar la veracidad, parece más que nada reflejar el malestar existente en los medios políticos ante la ola de denuncias periodísticas sobre casos de corrupción, negocios dudosos, o conflictos de interés que involucran a figuras públicas o entidades estatales. Entre los casos recientes, recordamos el del dueño de Frecuencia Latina de Perú, Baruch Ivcher, despojado de la nacionalidad peruana y de la propiedad de su emisora por haber difundido críticas al gobierno de ese país; la reacción de Carlos Menem cuando calificó de "terrorista" al columnista Horacio Verbitsky, por haber exigido una investigación a fondo del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, (quien investigaba conexiones entre el gobierno y la mafia). También el reciente decreto del gobierno Alemán de Nicaragua, que obliga a las instancias estatales a anular sus convenios publicitarios con medios de comunicación que divulguen noticias contra el régimen. Y en la propia Venezuela, el periodista William Ojeda fue encarcelado por las acusaciones de corrupción contra el Poder Judicial que formuló en su libro ?Cuánto vale un juez? (ALAI, 246, 4/2/97), ?qué juez estaría facultado para dictaminar sobre la "veracidad"? De hecho, las restricciones a la libertad de prensa se presentan como un ingrediente más de los sistemáticos recortes de derechos que ha venido imponiendo la implementación del modelo neoliberal. No es un mero azar el hecho que la conflictividad con la prensa ha venido teniendo lugar en los países gobernados por los "duros" del neoliberalismo: del Chile de Pinochet a la Argentina de Menem, pasando por el Perú de Fujimori. Aunque en general, en la medida que de la mano de los procesos de privatización avanza la corrupción, la indagación periodística resulta un estorbo. Vigilancia ciudadana Por supuesto que hablar de "información veraz" no es un tema ajeno a la democracia y los intereses ciudadanos, pero el asunto no se limita al debate de si las cortes deben o no restringir la libertad de información. La transparencia en la información estatal, la ética en las prácticas mediáticas, son elementos fundamentales para el ejercicio de la democracia, y ello plantea el principio de control y vigilancia ciudadana. Sin duda alguna, es fundamental evitar la ingerencia estatal en la libertad de expresión y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan seguir su conciencia, aunque incomode a quienes están en el poder. Sin embargo, si los medios de comunicación, al expresar criterios y formar opinión pública, inciden en los procesos democráticos, ?en respuesta a qué mandato lo hacen? ?A quienes rinden cuentas? ?Cómo garantizar la expresión equitativa y plural, a través de los medios, de los diversos sectores que componen la sociedad? El tema plantea desafíos de fondo: entre ellos, el de la participación de la ciudadanía y los gremios periodísticos en elaborar códigos de ética, que los medios de comunicación se comprometerían a respetar. También tiene que ver con las condiciones para asegurar la independencia y evitar la monopolización de los medios; o con la vigencia efectiva del derecho de réplica. En este sentido, la definición de derechos ciudadanos, y los mecanismos para asegurar su vigencia, sí podría requerir un cierto marco legislativo, que nada tiene que ver con la ingerencia estatal en los contenidos y prácticas periodísticas.