Cuando faltan pocos días para que la Asamblea Nacional Constituyente cumpla dos meses de deliberaciones, el clima político ha derivado de un planteamiento todopoderoso de carácter originario hacia una moderada actitud de reforma y la concentración de los asambleístas en acelerar la redacción de la nueva constitución. Los acontecimientos que se han desarrollado en el camino son muy ricos y variados, para reflexionar sobre una realidad local que atrae la atención y causa algunas pequeñas molestias al concierto internacional marcado por la globalización. Desde su instalación el 5 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un ejemplo de las dificultades que suponen impulsar una revolución democrática y correr el riesgo de deslizarse hacia una reforma incompleta del sistema político, en medio de la peor recesión económica del siglo, y sin considerar suficientemente la participación de la sociedad civil. ¿Originaria o Derivada? La primera discusión, casi interminable, sobre el carácter originario de la Asamblea dominó la primera parte del debate. Esta confrontación entre fuerzas oficiales y opositoras ya había sido ventilada desde principios de año, incluso antes del referéndum que permitió la convocatoria a la ANC. La Corte Suprema en más de una oportunidad reiteró el carácter derivado de la Asamblea, en contraposición al presidente Chávez y el Polo Patriótico que insistían en su poder originario. Luego, una vez instalada la Asamblea, sus miembros mayoritariamente del Polo Patriótico (123 de 131), dispusieron todas sus energías para retomar el carácter originario, y lo declararon solemnemente, dando paso a la reanudación de la confrontación con el Poder Constituido (Congreso, Corte Suprema, Gobernadores y Alcaldes), a través de anunciadas medidas de emergencia que contemplaban la intervención de los poderes públicos. Se produjo así una situación confusa y compleja de entender, pero con amplias repercusiones en la opinión internacional, cuyos efectos se devolvieron a manera de "boomerang" en contra del proceso constituyente. Si bien las bases del proceso aprobado en referéndum adjudicaban a la ANC una función exclusiva para redactar una nueva constitución, por otra parte, era imposible que la ANC no realizara acciones orientadas a iniciar de una vez los cambios en el Poder Judicial, Legislativo, e incluso a nivel del Ejecutivo, como era la aspiración del electorado que mayoritariamente viene respaldando el nuevo liderazgo. En cierta forma, los Asambleístas y el Presidente Chávez estaban atrapados en su discurso revolucionario, que al mismo tiempo colmaba las expectativas de las mayorías que esperaban esos cambios desde ahora. Al final, el debate sobre el carácter originario o derivado de la Asamblea pasó a segundo plano, toda vez que la realidad imponía de una vez acometer el trabajo de fondo que era la recomposición completa del sistema político a través de la Nueva Constitución. Sin embargo, no se puede obviar que el presidente Chávez contribuyó a la situación confusa, ya que desde el primer día que acudió a la Asamblea propuso al mismo tiempo la Emergencia total para todo el país y los poderes públicos, al mismo tiempo que presentaba su proyecto de Constitución Bolivariana. El Poder Judicial: primer objetivo Con más de 3.000 expedientes que acusaban la corrupción de los jueces y más de 5.000 decisiones pendientes de la Corte Suprema, el Poder Judicial lucía el mejor y más justificado objetivo para comenzar las acciones de emergencia de la ANC. Sin embargo, la impericia en la administración del enorme poder político que ahora adoptaba la Asamblea permitió que los resultados fueran contraproducentes, ya que para la comunidad internacional estas acciones se interpretaron a través de los voceros de la oposición y la amplificación de los medios como "un golpe de Estado". Luego de abiertos enfrentamientos a nivel de discurso con la Corte Suprema de Justicia, que llevaron a la renuncia de la Presidenta de la Corte, la ANC declaró la emergencia judicial, mediante la conformación de una Comisión de Emergencia que incluyó a un magistrado de la Corte, cuya finalidad era evaluar la actuación de los jueces y en 20 días determinar la resolución de los miles de expedientes pendientes. Si bien el resto de la Corte respaldó el carácter urgente y manifestó su voluntad de colaborar para adelantar los cambios en esta área, la realidad demostró posteriormente que la reforma de este poder suponía un proceso mucho más largo que el plazo inicial, y que era preferible que en paralelo a la ANC, los organismos responsables de supervisión de los jueces simplemente asumieran su responsabilidad con mayor celeridad y transparencia, mientras se disponía del nuevo esquema constitucional. La resurrección del Congreso En medio de la confusión, paradójicamente, la nueva hegemonía política con todo a su favor para promover las profundas reformas pendientes del sistema democrático, incurrió en una especie de "indigestión de poder" que no le permitió visualizar que dejaba abierto el espacio para que resucitaran los poderes constituidos que ya la tenía contra las cuerdas. En este sentido, y teniendo de su lado a la mayoría de la población de acuerdo con la disolución del Congreso, la ANC redujo éste a una Comisión Delegada y al funcionamiento de comisiones contraloras del poder ejecutivo, en un decreto de Emergencia Legislativa. Quizá llevados por un exceso de confianza, los asambleístas subestimaron a los congresistas al no haber asegurado acuerdos concretos con una institución que estaba técnicamente cerrada. Los congresistas opositores haciendo buen uso de su mayoría e interpretando plenamente la importancia de la información en dinámica actual, pudieron reeditar la estrategia maniqueísta de las pasadas elecciones, para utilizar la Emergencia Legislativa como una confrontación de la "democracia" representada por ellos versus la "dictadura" del gobierno que violaba la separación de los poderes públicos que caracteriza las democracias formales en todo el mundo. De este modo protagonizaron eventos de calle con pequeños conatos violentos que fueron amplificados por los canales mediáticos, como solo ellos saben hacerlo, para presentar un estallido de confrontación civil en Venezuela, acontecimientos que no pasaron de escaramuzas de un día entre militantes del Polo y AD. Finalmente, y con la intermediación de la Conferencia Episcopal, se restableció la cohabitación entre la ANC y el Congreso Nacional, simultáneamente con la resolución de la vigencia de la constitución de 1961 siempre que no contradiga lo dispuesto por la Asamblea. De este modo se pospuso para el 2 de octubre cuando se iniciará el nuevo período legislativo cualquier extensión de la polémica. La crisis económica presiona y apura el proceso La situación económica es el principal enemigo del gobierno de Chávez y de la ANC. Ni siquiera la duplicación de los precios del petróleo ha podido evitar que en el primer semestre la economía haya caído casi en un 10% del PIB y que el desempleo supere los máximos históricos en su tendencia hacia el 30%. De algún modo por acción u omisión, Venezuela sufre un proceso de ajuste mucho más duro que cualquier ajuste estructural del pasado con terribles consecuencias para la mayoría excluida de la población. Al gobierno se le agota el tiempo para instrumentar medidas contando con la habilitación que le otorgó el Congreso para dictar leyes en materia económica, fiscal y social, cuyo plazo expira en octubre. Por este motivo, el presidente Chávez ha pedido acelerar el proceso a la ANC, de tal manera que el referéndum aprobatorio de la nueva constitución se realice en noviembre y las elecciones generales para relegitimar los poderes se realicen en diciembre, de tal manera que pueda extender su liderazgo y popularidad hasta ese momento crucial de inauguración de la Quinta República. El proceso avanza pero hay riesgos Una vez que se ha relajado el clima político, al cual los medios juzgan como la moderación del proceso, los constituyentistas han intensificado su trabajo en las veinte comisiones que se han dispuesto para avanzar en la redacción de la nueva constitución y ciertamente, destaca que la ANC ha recibido infinidad de propuestas de diversos sectores de la sociedad civil. Ya el presidente Chávez había incorporado casi un 70% de las propuestas del Foro por la Vida, instancia que agrupa a las organizaciones de derechos humanos del país. Pero al mismo tiempo, las comisiones de mayor importancia tales como derechos humanos, derechos sociales: salud, mujeres, familia, derechos laborales, seguridad social; y la comisión constitucional, entre otras, han venido desarrollando intensos diálogos e intercambios con organizaciones de la sociedad civil para consultar y recibir propuestas para el texto constitucional. Lo que poco se difunde es que en estas comisiones las diversas organizaciones sociales han podido entrar en diálogo con propuestas que se han elaborado desde hace mucho tiempo y que están acordes con los avances de las sociedad civil global. Es decir, ya en los borradores del texto constitucional se pueden observar la consagración de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la protección de la infancia y la juventud, la mayor participación de la mujer, la inclusión de derechos sociales y culturales, el reconocimiento del rol activo de la sociedad y sus organizaciones en la instrumentación de los deberes y derechos, en definitiva, podemos esperar un avance importante en términos de uno de los vacíos más importantes de la democracia venezolana: la ciudadanía. En tal sentido, la sociedad civil en forma autónoma no ha descansado en sus exigencias de una mayor democratización del proceso constituyente. Es así como en el último mes, SINERGIA, Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que agrupa casi 100 organizaciones, a través de su Oficina de Participación Constituyente, convocó a más de 40 organizaciones sectoriales y redes para presentar públicamente sus propuestas y luego entregarlas a cada uno de los 131 asambleístas. En el camino ha exigido que no se sacrifique la calidad del proceso y no se ahorre lo más mínimo en consulta y participación, instando además a que se difunda el proceso por radio y televisión como un mecanismo de educación política del ciudadano venezolano. Los próximos días serán de nuevas tensiones que pueden conspirar contra la calidad del proceso. Con la opinión internacional amenazante y requiriendo constantes explicaciones; un aparato productivo que no termina de revertir la profunda recesión y el desempleo; las amenazas de disminuir la intensidad de la consulta y participación de la sociedad civil; el proceso constituyente corre el riesgo de disolverse ante la necesidad de la acción social y económica que el gobierno precisa con urgencia para apuntalar la estabilidad política y la gobernabilidad que paradójicamente sólo le puede garantizar una nueva Constitución.