El actual proceso electoral es el más fraudulento e ilegítimo de todos los que hemos tenido en el Perú en los últimos cincuenta años y es una de las pruebas definitivas del carácter dictatorial del régimen fujimorista. Las principales evidencias son del dominio público. La cuestión que se juega en este proceso electoral, en lo inmediato, es la reconstitución de la democracia política en el Perú. Por eso, la lucha contra el carácter radicalmente fraudulento de todo el proceso, implica ante todo la lucha por el desmontaje del fujimorismo como régimen político, no solamente por el reemplazo de Fujimori como su personaje principal. Porque no hay otro modo de conquistar la re-democratización del Estado y de la vida política institucionalizada del país. Y esta es, en las actuales condiciones locales y globales, la condición necesaria para otra reconquista de la misma importancia: la capacidad legal e institucional de los trabajadores peruanos para recuperar y desarrollar los derechos sociales que el fujimorismo destruyó. La democracia política mide, exactamente, el nivel de desarrollo de la democracia en las relaciones sociales cotidianas de la sociedad. Es desde esa perspectiva que deben ser enjuiciadas las propuestas de campaña de ciertos candidatos de no investigar, enjuiciar y sancionar los actos del fujimorismo y hacer borrón y cuenta nueva si salen beneficiarios de la maquinaria fraudulenta de este proceso. El fujimorismo, como régimen político, ostenta rasgos visibles. Los principales son reconocidos: 1) La concentración del control del Estado por una asociación de las Fuerzas Armadas y una Tecnoburocracia Política sometida a aquellas, eliminando a los cuadros post-velasquistas e institucionalistas. 2) Un aparato militar-civil, que con el nombre de Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue creado como instrumento central de gobierno de esa asociación y de control terrorista de la población, pero cuyo propio ejercicio, con el apoyo de agencias internacionales de espionaje (o "inteligencia") ha llegado a convertirlo en el actual eje real del control del Estado. 3) La destrucción sistemática de las previas instituciones políticas, dentro y fuera del Estado, que habían sido la conquista de un siglo de luchas democráticas, Parlamento, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Garantías Constitucionales, Contraloría y Tribunal Electoral, independientes del Ejecutivo, y su reemplazo por instituciones ad hoc que, con los mismos nombres, operan en realidad como instrumentos de control político dictatorial sobre la población. 4) El control arbitrario y corrupto de la mayor parte de los medios de comunicación masiva, en especial de la Televisión de Señal Abierta y la producción de una numerosa prensa amarilla con los recursos del Estado. 5) El uso corrupto de los recursos del Estado para beneficio de los integrantes del régimen (éstos han sido denunciados documentadamente, por ejemplo, de tráfico de drogas, de tráfico de influencias, incluído un vice- presidente de este gobierno, de sobrefacturaciones en la compra de armas). 6) La práctica sistemática del fraude electoral (ocurrió en las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático que fraguó el actual texto constitucional, en el Referéndum para imponerlo, en las elecciones nacionales de 1995, en las elecciones municipales últimas, y de modo escandaloso en el actual proceso electoral). 7) Para defenderse, el fujimorismo ha usado la persecución, el espionaje, el chantage, la tortura, el asesinato individual y colectivo de los críticos y enemigos del régimen (por ejemplo, La Cantuta, Barrios Altos, Huancayo, Pedro Huillca) e inclusive de los miembros de sus propios aparatos de terror (Mariela Barreto, Leonor La Rosa). Eso revela que ha ido desarrollándose como una vasta red mafiosa que controla el Estado y que trata por medios fraudulentos e ilegales, de perpetuarse en el control del Estado y de los recursos del país. 8) Frente a la creciente resistencia popular en las calles y del descontento de una parte amplia de los empresarios industriales, el fujimorismo ha creado un aparato político de carácter fascista contra los críticos y los opositores al régimen. Régimen dictatorial El fujimorismo es un régimen político que fue proyectado en los últimos años del gobierno de Alan García, en el seno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue organizado con el recién electo Fujimori desde Julio de 1990, comenzando con la eliminación de los cuadros institucionalistas de las FFAA para tenerlas bajo su total control, y finalmente impuesto por medio del Golpe Militar de 1992, usando exitosamente la alcahuetería política de la OEA y la protección de EEUU y del FMI, para establecer un régimen dictatorial que simula las instituciones del Estado Liberal. De esa manera ha logrado des-nacionalizar y des-democratizar el Estado peruano y ponerlo, junto con los recursos de producción y el trabajo de nuestro país, al servicio del capital internacional y, sobre todo, de su sector más predatorio, el capital financiero mundial. En esa tarea ha rematado los bienes del país, ha destruido los derechos legales de los trabajadores, ha terminado destruyendo la estructura productiva del país, ha producido el mayor desempleo y la mayor y más extendida pobreza de la población de todo el último siglo. Ha logrado inclusive cimentar de ese modo una cultura de corrupción y de arbitrariedad en ciertos sectores de la población. La mafia fujimorista que ahora controla el Estado es la expresión política de esos sectores. Y pretende perpetuarse indefinidamente. ¿De qué serviría que no fuera Fujimori el beneficiario de su propia fraudulenta maquinaria -una vez que sus patrones han percibido que para defender y estabilizar el trabajo sucio realizado tiene que ser reemplazado- si el fujimorismo como régimen político, como urdimbre de abuso del poder, de prepotencia, de fraude, de corrupción, de control terrorista de la población, va a mantenerse, inclusive con superficiales y parciales maquillajes? ¿De cuál democracia podríamos hablar, solamente porque nos permiten -aún- participar en el rito de votar, cuando todas las instituciones del Estado han sido programadas para trabajar en contra de la mayoría de la población? ¿Y los crímenes de La Cantuta, los Barrios Altos, Huancayo, los asesinatos de Pedro Huillca, el asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto y las torturas a Leonor La Rosa, van a quedar impunes? ¿El "Grupo Colina" continuará protegido? ¿La organización fraudulenta de las elecciones, el uso ilegal de los recursos del estado, no requieren sanciones? ¿O el uso corrupto de los recursos del Estado para el beneficio privado de las mafias dentro de cada una de las instituciones del Estado? Nadie podría pretender imponernos la impunidad como programa electoral sino como parte de la maquinaria del fraude y de arreglos a espaldas de la voluntad real de la abrumadora mayoría de los peruanos. Los candidatos tienen la obligación de establecer públicamente sus posiciones frente a esas cuestiones. Pero no sólo los candidatos, todo el pueblo peruano tiene la palabra.