Llegan en grupos y con sus familias. En pocos minutos cortan las rutas con cubiertas de automóvil, piedras, palos, cartones, muebles viejos. También se acomodan para largas horas de espera y negociación. Se enfrentan a las grandes empresas, a las autoridades, a los automovilistas y camioneros que se ven impedidos de transitar. También se enfrentan a los medios de comunicación. Arman gigantescas ollas populares y están dispuestos a soportar estoicamente el frío, la lluvia, el viento o el sol. Estos manifestantes, conocidos popularmente como "piqueteros", son en su mayoría jefes y jefas de hogar desocupados que han llegado al límite. Buena parte de ellos no han finalizado la escolaridad primaria ni tienen un oficio determinado. En un país con algo más de 15% de desocupación, economías regionales quebradas y un crecimiento económico prácticamente nulo en los últimos dos años, son miles los trabajadores excluidos del mercado laboral, cada vez más restringido y con más exigencias en calificaciones para acceder a un puesto, que salen a cortar rutas como única manera de lograr que se escuchen sus reclamos. En lo que va del año ya suman 307 los cortes de ruta que se han producido en distintos puntos del país con un mismo reclamo: trabajo y justicia social. La mayoría de ellos no responden a decisiones tomadas en sindicatos ni en partidos políticos. La necesidad hace que las organizaciones barriales y populares tomen estas medidas y cuenten de inmediato con el apoyo de los vecinos. Por lo general, los cortes de ruta son pacíficos y las vías de negociación suelen ser rápidas. Salvo algunos casos en el interior del país, donde actuó la Gendarmería Nacional para desalojar las rutas luego de varios días de ser ocupadas por los manifestantes, con las consiguientes escenas de enfrentamientos y violencia, tanto los gobiernos provinciales como el nacional y las fuerzas de seguridad tratan de conservar la calma. La presencia de tantas familias e incluso niños de corta edad entre los manifestantes es uno de los principales motivos, como así también la necesidad de impedir un estallido social ante una situación económica delicada. Ajuste estructural y crisis Argentina está pasando por un período crítico debido al duro ajuste estructural implementado por el nuevo gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre del año pasado. Al iniciar su mandato, el presidente De la Rúa debió hacer frente a un déficit fiscal de algo más de 10 mil millones de pesos dejados por el ex presidente Carlos Menem. A ello, debió agregar el pago de los intereses de la deuda externa que vencían en el 2000 por una suma cercana a la mencionada. Esta deuda externa alcanza casi a un 48% del Producto Bruto Interno del país, hecho que se agrava porque Argentina lleva ya dos años sin crecimiento económico. Se calcula que este año ese crecimiento no llegará al 1%. Para hacer frente a estos desajustes, el Gobierno implementó un impuesto a las ganancias especiales que recayó principalmente en las clases media y media alta y rebajó en un 12,5% los salarios de los empleados públicos que ganaban más de mil dólares mensuales. Con esto, si bien logró paliar el déficit fiscal y hacer frente al endeudamiento externo, dejó sin capacidad de consumo a la franja de la población que hasta el momento movía el mercado interno. Hasta los grandes supermercados sufrieron una merma importante en sus ventas, incluso de artículos de primera necesidad. Estas medidas impositivas aumentaron la recesión económica. Si bien el país parece estar cumpliendo con sus compromisos externos sin mayores problemas este año, continúa preocupando que en el 2001 las erogaciones por intereses de la deuda externa serán mayores a las realizadas en el 2000. Existe una fuerte presión del sector financiero, dominado por la banca internacional acreedora de la deuda externa Argentina, como el Citibank, para que se cumpla a rajatabla con estos compromisos. Para hacerlo, el gobierno debe continuar restringiendo los planes de corte social que durante el Gobierno de Carlos Menem tuvieron auge, como el "Plan Trabajar" destinado a subsidiar el trabajo de personas sin estudios ni oficios, que se desempeñaban en tareas menores en el ámbito municipal o provincial. Este plan, que ofrecía salarios de entre 150 y 200 dólares mensuales, ayudaba a paliar la crisis, aunque generaba, en muchas ocasiones, clientelismo político, con la consiguiente manipulación de las necesidades de los estratos más bajos de la población. Debido a la necesidad de recortar los gastos, el propio Menem había considerado una importante quita en estos subsidios en el presupuesto para el año 2000, antes que asumiera el nuevo Gobierno. Obligado por la desocupación y las demandas sociales, el gobierno de la Alianza continúa implementando el plan "Trabajar", si bien los puestos ofrecidos no alcanzan para cubrir la creciente demanda. Entre sus exigencias, la mayoría de las demostraciones organizadas por los "piqueteros" piden más planes de trabajo para la población que representan, además de mercadería fresca y otros tipos de ayuda gubernamental en materia de vivienda, salud y educación. Pero la respuesta oficial no alcanza y el malestar social, si bien podrá paliarse en una localidad, despertará mañana en otra, con el consiguiente corte de rutas y de demandas. Además, se corre el riesgo de que estas protestas sean utilizadas políticamente, ya sea por partidos de ultraizquierda, como por el propio Partido Justicialista cuyos dirigentes actúan como si no hubieran tenido nada que ver con los diez años de gobierno de Carlos Menem y sus políticas de ajuste neoliberal cuyas consecuencias negativas para la economía se viven a diario. Mal momento para la Alianza gobernante El gobierno de la Alianza pasa por un mal momento también en lo político, hecho que influye en la fuerza que puedan tener sus decisiones económicas. Luego de la renuncia a principios de octubre del vicepresidente de la Nación, Lic. Carlos Alvarez, motivada por una puja de poder interna y una grave denuncia que realizó por corrupción en el Senado de la Nación en la cual no se sintió acompañado por el resto del Gobierno y que continúa siendo investigada, no hay duda de que esta gestión ha quedado debilitada. El alejamiento de Alvarez, presidente del FREPASO, partido político que junto a la Unión Cívica Radical conformó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación en 1997, fue un golpe duro para la política argentina. Y no sólo porque a escasos 10 meses de gobierno ya no está en él una de las figuras que más trabajó para que esta alianza política fuera posible y ganara las elecciones presidenciales en 1999, sino porque la población había puesto en este Gobierno muchas expectativas de cambios sustanciales que no terminan de concretarse. Si bien la Alianza ha dado muestras claras de lucha contra la corrupción, algo muy esperado por la población, los magros resultados económicos empañan toda la gestión e impiden que se lancen programas de peso en el área de infraestructura, vivienda, salud y educación, muy solicitados por el electorado que la llevó al poder. En realidad, este electorado querría que algunas de estas promesas de campaña se cumplieran en este primer año de gobierno. Pero las metas son difíciles de alcanzar con pocos recursos y nadie se anima a soslayar las exigencias de la banca internacional. El mero recuerdo de los últimos meses de gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989, jaqueado por los acreedores externos y por el sector financiero local aliado a esos intereses, impide que se tomen medidas distintas a las que imponen los planes de ajuste. Desde el Ministerio de Economía se auguran crecimiento y mejores perspectivas para el 2001, pero la enorme cantidad de personas y familias necesitadas no están dispuestas a dar mucho margen de maniobra a la Alianza gobernante, porque ya no pueden seguir posponiendo la solución a problemas que les resultan acuciantes y que hacen a su dignidad de vida.