En el mes de septiembre de 1993 debía comenzar en los Estados Unidos el proceso por el financiamiento ilícito al régimen de Saddam Husseim durante la guerra Irán-Irak por un monto de varios miles de millones de dólares, a través de la sucursal de Atlanta (EEUU) de la Banca Nazionale del Lavoro italiana. Pero el 2 de septiembre de 1993 el Ministerio de Justicia del gobierno estadounidense anunció un acuerdo con el principal imputado, Chris Drogoul, ex director del Banco de Atlanta. El acuerdo consistió en que Drogoul se reconociera culpable de tres delitos menores (se le imputaban unos 70) que le podían significar una pena mínima con libertad inmediata o algunos meses de prisión. La acusación por su lado retiró todos los otros cargos. La consecuencia de este acuerdo fue que no hubo juicio, sólo una audiencia para fijar el monto de la pena, de conformidad con el sistema del "plea bargaining". El diputado demócrata Henry González, presidente de la Comisión bancaria de la Cámara de Representantes, que durante la administración Bush no cesó de acusar al gobierno de complot para rearmar secretamente a Saddam Hussein en función antiiraniana, expresó su decepción por este acuerdo, destinado a ocultar las verdaderas dimensiones del caso. En efecto, el juez Marvin Shoob, que se ocupó antes del caso, dejó entrever claramente que no iba a aceptar la versión de que el traspaso ilegal durante varios años de miles de millones de dólares a Irak era obra de una sola persona, director de una sucursal de un Banco italiano, sin que llegara jamás al conocimiento de los servicios secretos y de las cancillerías de los grandes países, comenzando por los Estados Unidos. Al juez Shoob le parecía más plausible que tales operaciones formaban parte de un aspecto de la política extranjera que se quería mantener oculto. El juez Shoob no pudo verificar su hipótesis, pues le fue retirado el expediente. Si se hubiera abierto el proceso, era previsible que la defensa de Drogoul hubiera pedido que comparecieran Bush, Baker y Eagleburger. Se supone que la Ministro de Justicia de Clinton, Janet Reno, enterró el asunto de la "Atlanta connection", de exclusiva responsabilidad de la administración republicana, a cambio de que la oposición republicana en el Congreso fuera más tolerante con las torpezas y violaciones a los derechos humanos de la administración Clinton en Somalia y en otros lugares. Una especie de "plea bargaining" de alto nivel. O si se quiere, un intercambio de impunidades. * Alejandro Teitelbaum es representante permanente de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra.