Nuevamente las mayores empresas multinacionales farmacéuticas figuran este año en Fortune Global 500, la lista de las empresas más grandes del mundo. Juntas, las 10 más grandes -Pfizer+Pharmacia, Glaxo Smith Kline, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth, Eli Lilly- acaparan un increíble 58.4 por ciento del mercado mundial de farmacéuticos, valuado en 322 mil millones de dólares, aumento notable frente al ya temible 47 por ciento del año anterior. Siguen siendo, según Fortune, sector que tiene más ganancias netas de todos los rubros industriales del planeta: 17 por ciento de promedio, aunque las mayores empresas rondan 30 por ciento. Varias son también los mayores productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Estas pobrecitas son las que en todo el mundo están haciendo su propia guerra. No contentas con las pingües ganancias y el abrumador control del mercado a través de la venta onerosa de sus productos, también quieren controlarnos mediante los sistemas de patentes, tratando de impedir que se produzcan medicamentos genéricos, es decir, con los mismos componentes activos, pero sin patentes y más accesibles al consumidor. Según su argumentación, esto es necesario para proseguir con la investigación y desarrollo de medicamentos nuevos para el bien de la humanidad. Sin embargo, la mayoría -más de 90 por ciento- de los medicamentos "nuevos" que producen son apenas copia de los que ya existían, con alguna modificación menor que les permita sacar una nueva patente y prolongar el periodo de monopolio de 20 años que les otorgaba su patente anterior. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de los mil 223 medicamentos nuevos producidos en un periodo de 20 años hasta 1996, solamente 13 eran para enfermedades tropicales, y de éstos sólo cuatro fueron producidos por el sector privado. Las multinacionales farmacéuticas son las que promovieron la inclusión, y redactaron el borrador, del capítulo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que impuso el patentamiento de seres vivos en todo el mundo. Las patentes no sólo les sirven para combatir e ilegalizar la producción de medicamentos genéricos, también son el instrumento clave para privatizar los recursos genéticos y conocimientos indígenas colectivos de los pueblos indios del sur, a partir de los cuales producen un alto porcentaje de sus medicinas y ganancias. El mayor proyecto de biopiratería en curso en México - llamado ICBG Zonas Aridas- es un contrato trilateral, financiado por el gobierno de Estados Unidos desde hace una década entre el Jardín Botánico de la UNAM, la Universidad de Arizona y la empresa Wyeth, la novena más grande del mundo. Todas estas empresas forman parte de la asociación PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), que ejerce un pesado cabildeo en gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OMC, logrando normativas que fortalecen sus derechos monopólicos y sus privilegios. Este año, en la lista que remiten anualmente al Departamento de Comercio para que aplique la ley Special 301 de Estados Unidos (represalias comerciales), proponen que México esté en la "lista prioritaria de países observados", debido, entre otras cosas, al aumento de aprobaciones de medicamentos genéricos. Según PhRMA, a quien para nada le preocupa que al mismo tiempo sus compañías se estén alimentando de los recursos y conocimientos "genéricos" de los pueblos indios de México, este país es "el mayor mercado de farmacéuticos de América Latina, con un valor estimado de 6 mil millones de dólares en ventas durante 2002. Es el único mercado de esa región que según estimaciones crecerá en 2003" y, por lo tanto, continúan, si se le permite seguir con estas políticas "tendrá un impacto devastador en la industria de investigación farmacéutica". ¿La investigación de copias? ¿O de medicamentos para los ricos? Mientras tanto, la discusión sobre genéricos en México ha sido confundida por la presencia de una cadena particular de farmacias, a la que se le atribuyen contactos políticos de alto nivel y ser un excelente negocio para sus dueños, beneficiados por la legislación sobre genéricos. Nada difícil, ya que muchos de los medicamentos patentados llegan al consumidor con valores enormemente superiores al verdadero costo de producción. Pero, ¿por qué varias de estas mismas empresas multinacionales, que también son los mayores productores de transgénicos del planeta, no se dedican a denunciar igualmente este tipo de vínculos político-económicos altamente incestuosos en relación a la Ley de Bioseguridad, actualmente en discusión en el Senado? ¿O será que en este caso es mejor hacer caso omiso de estos vínculos porque la Ley de Bioseguridad, de aprobarse en su actual estado, dará vía libre a sus ganancias, a costa de contaminar a los consumidores y a los cultivos campesinos de México? En ese caso, ¿ya no es importante el bien de la humanidad? Lo que está en juego con la discusión sobre genéricos y patentes va mucho más allá de intereses particulares y más allá de México. Se trata, por ejemplo, del derecho de las poblaciones de los países del tercer mundo a usar y producir las medicinas que necesitan sus poblaciones, sin depender ni someterse a los dictados de las multinacionales, y de parar el saqueo de recursos y conocimientos indígenas no aceptando los sistemas de patentes. * Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC.