De la mano del presidente Uribe, y bajo supervisión de los Estados Unidos, se ha puesto en marcha el llamado "Plan Patriota" en Colombia. Se trata una renovada iniciativa contrainsurgente por medio de la cual se desplegará un contingente militar integrado por 14.000 ó 15.000 hombres en el sur del país, allí donde el grupo guerrillero FARC mantiene intacta su retaguardia. El Plan ha sido diseñado tras largas reuniones entre los responsables del Comando Sur de los Estados Unidos, que participará con al menos mil efectivos, y el Ejecutivo colombiano. Por lo que nadie a esta altura duda que se trata del brazo abiertamente militar del "Plan Colombia" que, en sus inicios, se presentó como un programa de lucha contra el narcotráfico y con ribetes humanitarios. La ejecución del "Plan Patriota" en zonas de Colombia cercanas a la frontera ecuatoriana confirma la sospecha que se abriga desde el 2000: que el eje Washington-Bogotá y los tres sucesivos gobiernos, cancillerías y altos mandos militares del Ecuador, buscaron siempre el activo involucramiento ecuatoriano en el desenlace regional del conflicto interno de Colombia. A partir de dicha intervención, Ecuador podría asumir el papel de "yunque" del "martillo estratégico" estadounidense-colombiano contra la insurgencia del país vecino, desempeñando un rol importante en la retaguardia fronteriza de Colombia. Es decir, que está llamado a cumplir el papel que un día jugaron Camboya con Vietnam y Honduras con los conflictos de El Salvador y Nicaragua. A esta altura sabemos que ningún plan o programa de ofensiva militar es espontáneo o resultado de decisiones inconsultas. El Plan Colombia y su nueva prolongación armada, el "Plan Patriota", ha venido precedido de una amplia participación de mandos políticos, diplomáticos y militares de toda la zona-objetivo. Tanto es así que durante 2003-2004 el Comando Sur convocó a varias citas: en febrero del 2003 en Bogotá hubo un encuentro de cancilleres y militares de países vecinos con la presencia de los Estados Unidos. Luego, en Quito, se efectuó una cumbre policial alentada por Washington que estableció un "compromiso policial regional antiterrorista", asumiendo la policía ecuatoriana una alianza frontal con la agenda estadounidense. Y más tarde llegó a ese país el jefe del Comando Sur, general James Hill, quien fue claro al dar a conocer su intención de "regionalizar el Plan Colombia". No deja de llamar la atención cómo se ha reducido el abordaje del problema colombiano a una mera cuestión de seguridad nacional y hemisférica. Sobre todo, teniendo en cuenta que recientes estudios han subrayado la raíz social del conflicto, entre otros: "El laberinto colombiano", de Angel Rabasa y Peter Chalk, de la Rand Corporation; "Andes 20-20", del Council on Foreign Relations; y "El conflicto colombiano: callejón con salida", del PNUD de las Naciones Unidas. Los estudios mencionados definen la situación del país en términos de conflictos y tensiones sociales, perspectiva que es rechazada de plano desde el Ejecutivo colombiano, que insiste en evitar las reformas sociales, políticas y económicas que describen sus autores y que reclaman, asimismo, muchos sectores del país. Se trata, además, de un conflicto agudizado por la presencia de los Estados Unidos en procura de un objetivo geoestratégico que de ningún modo constituye un secreto, sino que es avivado en forma expresa y pública: asegurarse la presencia permanente en la región andino-amazónica, que social y políticamente presenta un cuadro convulso inédito, y el control de sus inmensos recursos (especialmente agua dulce, biodiversidad, oxígeno y petróleo). Se dirá con razón que uno de los motivos de la debacle colombiana radica en la precaria presencia del Estado a lo largo de todo el ámbito territorial del país. Sin embargo, pretender paliar ese déficit mediante la sola presencia militar constituye un error que, por repetido, no ha sido aún aprendido en Colombia. La autoridad estatal no se afianza, hoy por hoy, en la fuerza de las armas o a través de una masiva presencia militar en el terreno. Lo hace, en cambio, mediante una contribución real y efectiva al bienestar de la población y como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas constitucionalmente y a través de tratados y pactos internacionales. En ese campo, precisamente, el Estado moderno se re-legitima y adquiere razón de ser y es allí donde la democracia, la equidad y la justicia se expanden y se potencian recíprocamente. El cuadro colombiano es sin duda de gravedad. Y sobre todo porque ahora, con una fuerza inédita, suenan allí los tambores de la guerra. No por nada fue el presidente Alvaro Uribe el único mandatario sudamericano que apoyó incondicionalmente la doctrina de la "guerra preventiva" presentada por Bush y, luego, su invasión a Irak.