Todas las cosas tienen sus claros y oscuros y, en particular, las políticas económicas que se han ido modificando de tal manera que ministros, como Isaac Alfie, formados en la estricta aplicación de los "manuales" que le llegan, deben estar desesperados ante las nuevas orientaciones que han comenzado a aparecer en los organismos multilaterales de crédito, pues para seguir "cumpliendo" deben modificar aspectos sustanciales de los lineamientos que venían aplicando y quizás todavía los mismos no estén contenidos en los libretos que deben aprender. Ahora, por ejemplo, el Banco Mundial, considera que no son una panacea para el desarrollo económico las privatizaciones que impulsó durante largos años, estimando que no han servido para mejorar la situación de los pueblos en los países que se han aplicado, particularmente porque han profundizado de manera negativa las prácticas monopólicas. Siguen sosteniendo la necesidad de la competencia pero en el marco de la misma le adjudican un papel regulador a las empresas públicas que, de acuerdo a su nueva visión, no deben ser monopólicos. Distintos medios de prensa han realizado estudios comparados del pensamiento del Banco Mundial, en una cantidad de aspectos de sus políticas que, para desgracia los uruguayos, cumplió enfervorizado el equipo económico de gobierno. Y las diferencias son importantes, mostrándose una evolución hacia una racionalización que, obviamente, ahora tiende a impulsar la mejoría de algunas variables, como el mercado interno, que antes eran absolutamente dejadas de lado. Inclusive sostiene el organismo internacional que si no se combate la marginación y la pobreza, es imposible el desarrollo económico. En pocas palabras, está sosteniendo la necesidad de cambiar en positivo la capacidad de compra del mercado interno, fenómeno sin el cual es imposible comenzar a avanzar, hablando concretamente de Uruguay, hacia un futuro con menos carencias. Y para que ello ocurra, de alguna manera, es necesario distribuir mejor los ingresos para que la base monetaria que debe sustentar a nuestra sociedad no tenga todos esos espacios negros. Lo reiteramos muchas veces: no es posible que el país se desarrolle si el dinero en poder de la sociedad es menor a las necesidades de la economía. Si la gente tiene solo para alimentarse y deja de lado la compra de ropa y de otros bienes menos importantes, no paga más impuestos, servicios públicos, etc., el deterioro se produce de manera invariable. Comienza una caída paulatina de sectores de la población en la marginalidad de la cual, en un país que tiene ya 850 mil personas en esa situación, es muy difícil de salir si no existen políticas oficiales, específicas, para cambiar esa pisada de gravísimas consecuencias para la sociedad en su conjunto. Otra de las resultantes de esa política económica se verificó en las empresas, para las que era imprescindible tener una de sus patas perfectamente asentadas en el mercado interno. La reducción de la base monetaria comenzó a desestabilizarlas. Si por ejemplo cae la venta de jabón en polvo y la empresa que lo fabrica se convierte en inviable, la misma cierra y la fracción que queda de mercado se cubre, como siempre ha ocurrido, con bienes importados. Ese es un ciclo económico invariable que puede ser modificado, solo, si el mercado interno es reactivado en base a la mejoraría de la capacidad de compra de la gente. Los resultados combinados de factores económicos han determinado un explosivo crecimiento en la Argentina, que pese a no haber podido superar su crisis, vive la bonanza de un desarrollo económico impactante. Y, bien lo sabemos. Ello es el resultado, entre otras cosas, de una mejoría de la capacidad de compra del pueblo argentino, a lo que se suma una mejor performance exportadora aspecto este último que, como ocurre en Uruguay, no es sinónimo de mejoría social, pues la redistribución de esos ingresos es prácticamente nula. Los efectos de la reducción violenta de la base monetaria que sustentaba a nuestra sociedad, que comenzó a achicarse luego de la devaluación en Brasil (1998), y que luego tuvo su clímax de caída en la crisis del 2002, que determinó el cierre masivo de empresas y comercios. Para comprender de lo que hablamos es bueno darse un paseo por cualquier zona de Montevideo donde funcionaban comercios y pequeñas industrias que no pudieron resistir el golpe. Una tarea, bastante triste, es caminar por General Flores o por San Martín, para poner un ejemplo al boleo de lo que ocurre en todo el país, y contar las persianas cerradas de empresas que hasta fines del '98 eran relativamente prósperas y que luego, por perdida de mercado, concretamente el interno, comenzaron a hacerse inviables. El resultado de ese paseo todavía puede asombrar a quién quiera comprobar la cuantía de la crisis. Por ello sorprende la coincidencia de varios candidatos que afirman llamarán al contador Enrique Iglesias para que ocupe un alto cargo en la conducción económica. ¿El lector atento se preguntará a que se debe tal cosa? ¿Es que el herrerismo, el Partido Colorado y el Encuentro Progresista, pretenden aplicar una similar política económica? Por supuesto que no lo creemos. En la posible convocatoria al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un hombre de clara probidad, se han movido otros factores. Lo que debemos reconocer es que Iglesias en materia de reforma de las "recetas" de los organismos multinacionales de crédito, ha tenido una visión mucho más aguda a la de sus colegas del FMI y del Banco Mundial y se sabe que el BID, ha puesto su acento en la financiación de políticas de contenido social, que comenzó a aplicar hace algún tiempo. Lo que no ha podido todavía solucionar el BID, es la destrucción de la gigantesca maraña burocrática que determina que sus créditos, que llegan a nuestro país con rapidez y destinados a muchos sectores clave, cumplan con los cometidos asignados, pues cuantiosas sumas van a engrosar los bolsillos de funcionarios contratados (los famosos contratos de obra), quienes además de ganar bien, por razones de subsistencia (estiramiento de su función) no concretan soluciones para los destinatarios del crédito. Este es un problema no solo de Uruguay, sino del continente. Pero hay más. ¿Puede ser Iglesias el ministro de Economía del herrerismo, en el caso que Lacalle se impusiera sobre Larrañaga el próximo domingo, sabiendo que una de sus propuestas es la de importar combustible, peregrina medida destinada supuestamente a abaratar el producto, olvidando que quedarían sin trabajo cientos o miles de trabajadores de la planta refinadora y actividades conexas? ¿Esa política no es expresión de la misma política que el gobierno de Batlle aplicó reiteradamente sin importarle su costo social? Para abaratar el combustible, lo que es necesario para el desarrollo del país, se debería revisar los impuestos (un 50 % del precio de venta) Se prefiere proponer importarlo y, paralelamente, desamparar a centenares o miles de trabajadores. Un mismo mecanismo que demostró no servir. El camino anticiclico no pasa por la esa visión, intentando compensar con una mayor venta y, por supuesto, con una mayor o igual recaudación impositiva, que es un efecto redundante, lo que sería la propuesta rebaja de los precios. Y, todavía se pretende utilizar para lo otro – claro, en una propuesta metida en una campaña electoral – al presidente del BID. A mal puerto van por agua. * Carlos Santiago es periodista.