En este mes se cumplen tres años del anuncio oficial de la contaminación transgénica del maíz campesino en México, centro de origen del cultivo. Un crimen impune, pero de ninguna manera olvidado. Un crimen intencional también, ya que las empresas y científicos que manipularon genéticamente un cultivo de polinización abierta, como el maíz, sabían que en algún momento éste se cruzaría con los cultivos campesinos. Las autoridades del sector agrícola en México salieron entonces al rescate de las empresas multinacionales contaminantes, negando primero la contaminación y luego afirmando que "aumentaría la diversidad genética" del maíz y que sería una "transferencia gratuita de tecnología". Posteriormente, promoviendo un proyecto de ley de "bioseguridad" para legalizarla. Proyecto que nada tiene que ver con la seguridad de los cultivos campesinos ni con el tesoro histórico y cultural único que entrañan, pero sí con garantizar la seguridad de las inversiones de las cinco transnacionales que controlan el negocio mundial de los transgénicos. Redactado por funcionarios y científicos ligados estrechamente a esa industria, fue aprobado sin discusión por el Senado y al parecer la mayoría de la Cámara de Diputados amenaza consolidar el crimen. Como contracara, la contaminación transgénica del maíz en su centro de origen despertó enorme inquietud y protestas en todo el mundo. Cientos de organizaciones campesinas y de la sociedad civil nacional e internacional han expresado su protesta, plasmada entre muchas otras acciones, en cartas públicas a organismos de Naciones Unidas, al Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR, por sus siglas en inglés) y al gobierno. Organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de México realizaron sus propias pruebas y constataron la contaminación en al menos nueve estados, anunciando también su resolución de no permitir que continuara, tomando el tema en sus propias manos, resguardando sus semillas y reforzando las redes de intercambio e investigación campesina. En cambio, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), siguió aumentando las fuentes de contaminación, permitiendo la importación de maíz transgénico de Estados Unidos, tratando de levantar la moratoria a la siembra de este maíz y desmantelando centros públicos de investigación y programas de apoyo a los agricultores mexicanos, como la Productora Nacional de Semillas (Pronase). Este es el contexto en el cual el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) tendrá su asamblea internacional en la ciudad de México, del 25 al 29 de octubre próximo. El CGIAR es la mayor red pública internacional de investigación agrícola. En México está ubicado unos de los 18 centros que la integran: el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). En conjunto, el sistema CGIAR tiene en sus bancos de genes la mayor colección pública de semillas de cultivos alimentarios y forrajeros, más de 600 mil muestras. Casi la totalidad de éstas son fruto de la recolección de semillas de campesinos e indígenas en todo el mundo, ya que la diversidad agrícola -variedades de los cultivos adaptadas a diferentes climas, suelos u otras condiciones- es una característica propia del trabajo campesino. Desde hace más de 10 mil años hasta nuestros días, su trabajo descentralizado y colectivo es la base de alimentación de toda la humanidad. Toda las semillas que se usan actualmente en el mundo, incluyendo las de la investigación agrícola en centros públicos y universidades o las de laboratorios y empresas privadas, se basan en esta herencia campesina. Contaminar estas semillas es un ataque a este legado. Por ello, las protestas y demandan también fueron al Cimmyt y al CGIAR, particularmente por la amenaza de contaminación transgénica en los bancos genéticos. Como si no supieran todo esto, el Comité de Recursos Genéticos del CGIAR se reunió en Roma la semana pasada, en preparación de la próxima asamblea en México, para considerar el tema de la "presencia adventicia" de transgénicos en sus bancos de genes. "Presencia adventicia" es un eufemismo de la industria biotecnológica para nombrar "neutralmente" la contaminación transgénica. El uso de este término por parte del CGIAR es lamentable, pero mucho más que a la reunión no invitaran a los campesinos, principales víctimas de la contaminación, pero sí a representantes de Monsanto y Dupont, dos de las multinacionales culpables de ésta. En un burdo intento de última hora, consiguieron que un agricultor filipino, integrante de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (que representa los intereses de la agricultura industrial) participara en la reunión, lo cual no logró lavar el hecho de que el CGIAR prefiere discutir con los criminales antes que con las víctimas. Javier Usabiaga, secretario de Agricultura de México, será el anfitrión de la asamblea del CGIAR, y presidirá un mesa redonda ministerial el 28 de octubre próximo. Seguramente será necesario más de un eufemismo para explicar tres años de favorecer la contaminación transgénica en México, centro de origen del maíz, de debilitar la investigación agrícola pública, de estar entregando a las multinacionales años de trabajo de Pronase. Como también para el CGIAR explicar por qué da la espalda a los campesinos, mientras hace experiencias con trigo transgénico y pretende manipular genéticamente muchos otros cultivos, incluido el maíz en Africa. Le alcancen o no los eufemismos a Usabiaga y al CGIAR, las organizaciones campesinas se preparan para hablar claramente, expresando sus posiciones en un Foro Campesino por las Semillas y la Vida, parte de los actos paralelos de la sociedad civil en esa semana. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC