Las distorsiones en la infraestructura ética del país, obviamente, son la consecuencia, de una realidad socioeconómica cambiante en que situaciones y actores estuvieron forzando, como muchos lo han entendido, la legalidad institucional. Ejemplo de ello es la actitud del poder político que minimizó a límite de mero testigo al Tribunal de Cuentas, desechando cada una de sus observaciones las que eran archivadas por decisión del anterior presidente de la Asamblea General Legislativa, Luís Hierro López, que obviamente, no estaba actuando en función solo de convicciones propias sino de una modalidad producto de las necesidades de sectores y dirigentes políticos que para imponer su modelo debían violentar el ordenamiento legal y administrativo del país. Por ello el Banco Central pudo – lo que es una enormidad – maquillar balances, ocultar el traslado de fondos a los bancos en crisis por vaciamiento. ¿Qué podríamos decir de ANCAP? Empresa pública que por muchos años no informó de lo que ocurría con los “negocios” que se mal realizaron en la vecina orilla, ni de que habían tercerizado sectores o que, en varios pisos de sus oficinas de la avenida del Libertador, funcionan empresas privadas, de diversos rubros, que cumplen distintas funciones vinculadas a ANCAP y que, por supuesto, fagocitan su presupuesto. Podríamos reseñar en una lista interminable cientos o miles de transgresiones al TOCAF, que mal o bien integraban expedientes del Tribunal de Cuentas que oportunamente – tal como lo establece la Constitución de la República – fueron elevados para su consideración a la Asamblea General Legislativa. Allí se estableció un insólito tapón que impidió que el máximo órgano legislativo los considerara, acción deliberada que tendió a dejar de lado los controles para – se dijo – agilitar la tarea administrativa. Por supuesto con esa no consideración también se tapaban enormidades como las que reseñamos anteriormente. Este panorama de clara violación institucional, flagrante y escandalosa, fue denunciado reiteradamente por un hombre, una voz disonante dentro de un mar aplacado por el temor del típico del “no te metás” uruguayo. Esa voz fue la del contador Ariel Alvarez, miembro del Tribunal de Cuentas que reiteró infinita cantidad de veces lo que estaba ocurriendo, pues con la decisión de Luís Hierro López, no solo se estaba violando lo establecido en la normativa legal, cortándole un brazo al Tribunal de Cuentas, sino que se estaba dejando sin pena a cientos o miles de funcionarios públicos – mayormente jerarcas – flagrantes violadores del TOCAF y de otras normas administrativas y/o legales, como el respeto a los contratos surgidos de licitaciones públicas. Por ello nos molesta la sanción judicial a Alvarez, por más que respetamos las decisiones judiciales, más allá de compartirlas o no. Pero más nos indigna la actitud de sus remilgados compañeros del Tribunal de Cuentas, quienes mantuvieron silencio ante la aberrante acción del titular de la Asamblea General y luego enviaron al Parlamento el expediente judicial que condena a Alvarez, cuestionando incluso que pueda seguir en su cargo. Todo ello por haber calificado de “acomodo” una resolución del ex ministro de Transportes y Obras Públicas con la que se violaba de manera flagrante la ley de licitaciones, pues se cambiaba de manera rotunda la letra del contrato firmado por las partes. Muchos de los integrantes del Tribunal de Cuentas que ahora analizan si Alvarez, por haber pronunciado la palabra “acomodo”, debe abandonar sus funciones, pocas veces hicieron afirmaciones sobre la manera adoptada por el Partido Colorado para agilitar el funcionamiento del modelo. Es evidente que los dirigentes del último gobierno colorado advirtieron que modelo propuesto desde hace varias décadas por los partidos dirigentes, no tenía la más mínima posibilidad de imponerse dentro de la legalidad, habiendo logrado además el pasado gobierno - último del Partido Colorado - una rara unanimidad nacional en su contra que, encuestas mediante, se percibió también afectando a su socio, al otro conglomerado político tradicional el Partido Nacional. Repulsa que tuvo como protagonistas a sorprendentes actores, desde los trabajadores de la ciudad y el campo, ahorristas e inversores en el sistema financiero, rentistas, comerciantes e industriales y productores agropecuarios. En lo ideológico el gobierno de Batlle logró la repulsa y la crítica acerba, expresada por voceros de sectores de la izquierda extrema hasta los más claros impulsores del liberalismo a ultranza, como el doctor Ramón Díaz, nada menos que integrante de la sociedad Mont Pelerin, organización que desde el final de la era keynesiana, ha venido cultivando con paciencia de alquimista la implementación de su modelo “liberal” desde su laboratorio de los Alpes Suizos. Sorprenden hoy los niveles de corrupción encontrados en algunos organismos públicos. Ello lleva a comprender que con la no consideración de las observaciones del Tribunal de Cuentas, se aceptaban y amparan en los hechos prácticas aberrantes, como el contrabando, el uso de los empréstitos extranjeros con fines específicos para pagar burocracias adictas, los negocios "espurios" que se realizaron desde empresas públicas o el propio Estado, el robo a mansalva por parte de banqueros inescrupulosos de los depósitos de ahorristas e inversores, la utilización de las reservas para apuntalar a un sistema financiero que por sus propios "vicios", comenzaba a destruirse, la corrupción más abierta, la aceptación de la coima y el tráfico de influencias, la utilización de los dineros públicos para favorecer a "amigos" políticos, los mismos que quedan "afuera" cuando se trata de acciones para recuperación de pasivos. Una sociedad, que vive una situación límite, tiene dos válvulas por las cuales elimina la presión que, de lo contrario, se volvería insoportable provocando, en cualquier momento, un estallido social. La primera de esas válvulas es la masiva emigración de jóvenes, quienes descomprimen el mercado de trabajo, achatan los índices de desocupación, pero multiplican la fragmentación de las familias y de la propia sociedad. Un modelo que cuando en 2002 se agudizó la crisis puso en relieve que lo estructurado modificó la cultura del ahorro interno, concediéndole todo el protagonismo a los flujos financieros externos. Empero, el sistema económico implantado no fue capaz de convertir el capital financiero foráneo en un estímulo productivo ni en una efectiva y perdurable capacidad tecnológica. Ni siquiera se consiguió hacer administrables los adeudos, puesto que la naturaleza del endeudamiento externo y el retraimiento de la economía dieron paso a la espiral viciosa de una deuda recurrente. Sin duda. Los prestamistas que en los años ochenta pudieron inundar en libre albedrío con sus efervescentes excedentes las economías latinoamericanas, a sabiendas de su carácter más empresarial que nacional, en los noventa se convirtieron en acreedores que sin misericordia exigieron la aplicación de sus reglas de juego, como condición para la vuelta de los deudores a las mismas arcas. Los ejemplos sobre esta afirmación abundan. Las interrogantes planteadas por las altas jerarquías del Fondo Monetario Internacional sobre la enajenación de activos (privatización de empresas públicas), son elementos de una claridad meridiana. En esa línea estuvo también la avanzada del capital financiero en nuestro país, que enquistada en el propio gobierno, siguió demostrando su militancia destinada a lograr ese objetivo que, de concretarse, hubiera determinado que Uruguay se convirtiera en un simple apéndice de los prestamistas que extraerían todo de nuestro territorio y de las empresas de servicios estatales que - en razón del mecanismo monopólico en que comercializan sus productos - casi fueron las únicas que, durante la crisis del 2002, tuvieran resultados económicos positivos. La debacle fue del sector privado, también de allí provinieron los trabajadores que perdieron sus empleos, como también –lógicamente – las empresas que achicaron su producción o cerraron sus puertas. Se intentó la concreción de esa estructura de país antagónica con la realidad nacional. Un sistema que por una razón u otra (podríamos ilustrarlo tomando lo afirmado por algunos analistas), sería “inaplicable porque su vigencia determinaría una ola de marginación y pobreza que abarcaría a la mayoría de la población”. Nada se tuvo en cuenta y el intento se hizo. El resultado fue atroz: un millón de personas viviendo en la pobreza y cientos de miles hundidas en la indigencia más absoluta, en rancheríos infamantes o en situación “de calle”. Cómo no hablar, entonces a esta altura, de la necesaria infraestructura ética. De los elementos en que se debe basar una sociedad para desarrollarse en democracia. Como no decir que sancionando al contador Alvarez, estaríamos invirtiendo la realidad volviendo al imperio de la injusticia, la que fue inherente al modelo que colorados y blancos le quisieron imponer al país. - Carlos Santiago es periodista.