Al parecer, el estado de asamblea permanente en que han estado jefes de las Fuerzas Armadas, es reflejo – obviamente – de una concepción construida en años de impunidad, en que los responsables de atrocidades se sintieron seguros durante por lo menos tres décadas en razón de que el poder estuvo siempre en manos de quienes propiciaron ese camino claramente contrario al sentir profundo de mucha gente. Sin embargo los tiempos han cambiado, los gobernantes como Julio María Sanguinetti, han pasado a cuarteles de invierno y las nuevas autoridades del país tienen otra visión sobre lo ocurrido. Es que ahora gobiernan los representantes de las víctimas de la represión que, sin violentar el ordenamiento legal, han prometido realizar los máximos esfuerzos para reunificar a los uruguayos, sabiendo que para ello es imprescindible que resplandezca la verdad y que la justicia, dentro de sus limitaciones, se aplique. Claro, se nos podría decir que la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado fue consagrada sobre la base del voto popular y, por lo tanto, no cabe otra cosa que dar vuelta la hoja y enfrentar al futuro con una visión de unidad nacional que, por razones elementales, nunca se pudo concretar. ¿Y ello por qué? Es evidente que lo ocurrido durante la dictadura militar y en sus postrimerías, es demasiado grave, doloroso y quienes han sufrido las consecuencias de hechos ocurridos en esos años de tiranía y represión, no pueden admitir que asesinos y torturadores, defensores de ese régimen totalitario, no paguen sus trapisondas, algunas claramente caracterizadas por su condición de “lesa humanidad”. La Ley de Caducidad sí bien tranquilizó en una primera etapa a los militares y policías más activos en la represión, no sirvió para imponer el olvido. Pese a que los uruguayos consolidaron su vigencia en un recordado plebiscito, ese apoyo popular no sirvió ni fue suficiente para que las heridas, demasiado profundas, se cerraran, reapareciendo el recuerdo de lo ocurrido año tras año, día a día. Es que la impunidad ante la Justicia no tiene sentido porque, obviamente, las transgresiones se pagan de otras maneras, como por ejemplo la exclusión social en que han vivido esos militares. Además, cuando la contrapartida fue otra amnistía aplicada en base a otra de las leyes surgidas de los acuerdos del Club Naval, por la que fueron liberados, luego de largas reclusiones y acciones de vesania, en que se aplicaron sobre ellos todos los métodos de tortura diseñados para vencer al ser humano, aplastarlo por medio del sufrimiento, con el fin de aventar bien lejos sus convicciones. Las pulseadas de los últimos días han servido para mostrar varias cosas. Una de ellas es la influencia que todavía tienen sobre los militares sectores del Partido Colorado, en especial del Foro Batllista que logró, impulsar un estado de “inquietud” entre los mandos castrenses amplificado por oportunos trascendidos a la prensa, logrando que la preocupación se trasladara al gobierno y, por supuesto, que fuera vista por la gente como otro coletazo de la larga lucha por la verdad y la justicia. Algunos sostienen que fue un muy bien orquestado operativo del Foro Batllista destinado a afianzar su influencia en el ámbito militar y, conjuntamente con ello, para medir la capacidad de respuesta del gobierno. Qué el gobierno prometiera investigar algunos hechos anteriores al golpe de Estado de 1973, muchos de ellos que ya han prescripto en razón del tiempo transcurrido, no era motivo suficiente para provocar tanta inquietud. Claro, temblores, intercambios de ideas y posiciones que se dieron dentro de las cuatro paredes de los ámbitos militares, tuvieron como objetivo presionar al comandante del Ejército, general Angel Bertolotti, que en definitiva se convirtió en una especie de trasmisor de esas inquietudes y que, más allá de otras consideraciones, supo encausar el malestar. Bertolotti fue presionado desde dentro de las Fuerzas Armadas, pero también fue la “cabeza de turco” a la que se amenazaba hacer pagar por lo que estaba ocurriendo entre sus subordinados. Quizás, luego de la reunión que Bertolotti tendrá con todos los generales en actividad – que se realizará posteriormente al tiempo en que se escribe esta nota – puedan ocurrir varias cosas, algunas de ellas que podrían ser el resultado de lo ocurrido en la reunión con el presidente Tabaré Vázquez. Reunión a la que se debió llegar a una serie de acuerdos básicos destinados a tranquilizar la interna que azuzada por el Foro Batllista estuvo a punto de determinar una serie de contra medidas que, obviamente hubieran modificado la actual estructura de mandos de las Fuerzas Armadas. Si el planteo de Bertolotti, que llevará a los generales en actividad la palabra del Presidente de la República, no contenta a los militares y se mantiene el malestar, es posible el alejamiento del comandante y de los otros generales que se retirarán en un corto plazo, pues seguramente el gobierno tratará de consolidar su fuerza en la interna militar con el nombramiento en la cúpula del Ejército de un general que ofrezca las mayores garantías de estabilidad en un área de por sí conflictiva. Lo que sorprende es que los militares, la mayoría de ellos sin vínculos con la “pesada” que actuó en los años de plomo, siga considerando como bueno el planteo del grupo de retirados, muchos de ellos manchados por la pintura indeleble de las violaciones de los derechos humanos, y que piensen con un casi apasionado sentido corporativo, que los deben defender e incluso, como ha trascendido, amparándolos en cuarteles para que puedan así sortear los reclamos de la justicia. Esa es una enormidad mayor, fuera de lugar, sin una percepción de cual es el papel de los militares en democracia. Qué sostengan – en una revisión histórica – que los que concretaron las atrocidades no son responsables de las violaciones de los derechos humanos porque ello les fue ordenado, es una excusa que no tiene asidero, pues lo ocurrido fue demasiado grave y las responsabilidades no solo son de quienes dieron las órdenes sino, obviamente también, de quienes cometieron los actos brutales. Pero, ¿qué nos cabe reclamar?. La justicia - como muchos la entendemos - es imposible de aplicar porque le Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado tiene plena vigencia y así lo ha reconocido el gobierno. Pero existen en la propia ley arbitrios, como los establecidos en el artículo 4to, cuya aplicación extrema permitiría llegar a la verdad que, obviamente, es el elemento necesario para que los uruguayos lleguemos, algún día, a la reconciliación. Vigencia de la verdad a la que van dirigidas las acciones del gobierno, como las excavaciones en el Batallón 13º y, por supuesto, la orden presidencial de que las fuerzas armadas en un plazo de 60 días completen un informe interno con datos precisos de lo ocurrido. Dos caminos distintos que deben unirse para llegar a que los uruguayos, todos juntos, trabajemos para construir el futuro, ese que todos nos merecemos. - Carlos Santiago es periodista.