En estos últimos tiempos se está fortaleciendo el puente de la sociedad civil entre Colombia y Europa para exigir el respecto de los derechos humanos. En respuesta de la excepción de inconstitucionalidad de la ley de “Justicia y Paz” presentada en Bogotá por el” Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado”, un grupo de 150 ONGs y organizaciones sociales de EUROPA han firmado una carta abierta para presionar a la Unión Europea para que no apoye el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con relación a la ley antes mencionada, ya que en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros UE tendrá un específico debate el próximo 6 de septiembre. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado solicita excepción de inconstitucionalidad de la ley de “Justicia y Paz” El martes 9 de agosto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, recientemente constituido, ha entregado al Vicepresidente Francisco Santos, un derecho de petición donde se le solicita aplique la excepción de inconstitucionalidad de la ley No. 975 de 2005, y por ende no conforme la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, prevista en el artículo 50 de dicha ley. Para los miembros del Movimiento de Víctimas, esta Comisión carece de legitimidad y su conformación significaría una nueva violación a la dignidad de las víctimas y su derecho a la participación. Como lo han mencionado en varias oportunidades públicamente, la mencionada ley desconoce los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Por el contrario, “es de facto, una ley de impunidad que posibilita a los victimarios seguir encubriendo tanto las circunstancias de modo, tiempo, lugar, como a los determinadores de los crímenes que cometieron, impide también, que los victimarios reciban el castigo proporcional a los delitos cometidos, que las víctimas participen en la toma de decisión de los procedimientos para la reparación integral...”, asegurando así la consolidación paramilitar en todos los campos. Este es el quinto Derecho de Petición que los representantes del Movimiento de Víctimas han realizado desde el año pasado. El primero, enviado el 1 de julio de 2004, solicita información sobre el estado de 2,137 casos de crímenes de lesa humanidad debidamente enunciados y detallados- cuyos presuntos autores son los jefes paramilitares Hernán Giraldo, Diego Fernando Bejarano, Salvatore Mancuso Gómez, José Vicente Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, Iván Roberto Duque, Hernán Hernández, José Miguel Arroyave Ruiz, Lorenzo González Quinchía y Carlos Castaño. El segundo, remitido el 28 de julio del mismo año, solicita información y apertura de investigación de otros 143 casos de “desaparición forzada”; y el tercero, emitido el 1 de octubre de 2004 pide la investigación de los homicidios que estarían cometiendo presuntamente los jefes paramilitares concentrados en la llamada “zona de ubicación” de Santa Fe de Ralito, y de los cuales, daban cuenta las grabaciones magnetofónicas trascritas por la revista Semana (edición del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2004) en las que el Alto Comisionado para la Paz habla de tales hechos con los voceros de los grupos paramilitares. El penúltimo, dirigido al nuevo Fiscal de la Nación, Mario Iguarán, además de solicitarle la excepción de inconstitucionalidad de la ley, le pide que haga efectiva la posibilidad de que las víctimas de los casos reseñados por el movimiento, se constituyan en parte civil en el procedimiento que adelanta la Fiscalía en el marco de la ley de “justicia y Paz”, haciendo uso del derecho de las mismas a la verdad con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad se materializó durante la clausura del Segundo Encuentro Nacional de Víctimas, realizado en Bogotá el pasado 23, 24 y 25 de junio, fecha en la cual, más de mil representantes de todo el país se dieron cita con el ánimo de evaluar y definir estrategias jurídicas y políticas dentro y fuera del país para buscar la derogatoria de la recién aprobada ley de “Justicia y Paz”, conformar una Comisión Internacional de Observación del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia, entre otras cosas. Comentarios de la sociedad civil colombiana Sobre este desacuerdo de la sociedad civil colombiana presentamos el comentario de Alirio Uribe Muñoz y Diana Teresa Sierra Gómez del “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”: “En el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, se ha mantenido un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, los sectores indígenas, sociales y de derechos humanos. Se hace evidente la militarización de las regiones donde estratégicamente se desarrollan megaproyectos y la expansión de las multinacionales, favoreciendo intereses privados nacionales y de inversores extranjeros. El Plan Colombia y el Plan Patriota vienen acrecentando la fuerte presencia militar de los Estados Unidos en nuestro territorio con el fin de resguardar sus intereses. Frente a este punto, vale la pena recordar que dicho país tiene un Acuerdo de Inmunidad firmado con Colombia para no permitir que sus ciudadanos responsables de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional sean llevados ante dicha instancia internacional. “En Colombia la administración de justicia es casi inexistente frente a los crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, la justicia colombiana ha cumplido y cumple un papel muy importante a la hora de esconder la responsabilidad directa e indirecta del Estado en la gran mayoría de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; al igual que los móviles y verdaderos intereses que se entretejen a su alrededor. Ello se debe a que no investiga, ni juzga, ni sanciona a los responsables de su comisión y por el contrario les absuelve o les beneficia, como se viene haciendo con los desmovilizados y como se pretende hacer con las prerrogativas que contienen los Proyectos de Ley que se adelantan actualmente en el Congreso de la República, proyectos dirigidos a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo reconocidos narcotraficantes, en el marco de las negociaciones que se adelantan con dicho grupo en Santa Fé de Ralito. Este proceso de diálogo compromete la responsabilidad política y penal del gobierno y de sus funcionarios de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Penal Internacional. “Primero, porque no se reconoce al Estado como creador del paramilitarismo en el país y precursor de la connivencia entre las autoridades civiles y militares y los miembros de dichos grupos. Segundo, porque no existe un antagonismo político y económico entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares, como se supone en la frase que dice "la paz se hace entre enemigos y no entre amigos". Tercero, porque con su política de sometimiento de la población civil al conflicto a través de los programas de soldados campesinos, la red de informantes y cooperantes y la multiplicidad de empresas de seguridad privadas, se está realizando una reconversión de las estructuras paramilitares que puedan sustituir las existentes entrando a un nuevo modelo de Estado Paramilitar. Cuarto, porque los paramilitares no cumplieron el cese al fuego que propusieron desde el 2003 y ni el Estado ni el designado Jefe de la Misión por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), hicieron nada para lograr que se cumpliera, de modo que solamente durante el 2003 se cometieron 1243 ejecuciones extrajudiciales, 139 desapariciones forzadas, 115 torturas, masacres y otras acciones en contra de los colombianos. Quinto, porque el papel de las víctimas ha sido completamente borrado de estos espacios al negárseles categóricamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. “La sociedad civil en su conjunto, los organismos internacionales de la ONU, de la OEA, y las ONG internacionales, han demandado al gobierno el desmonte de los grupos paramilitares debido a que con este proceso no se está garantizando dicho desmonte, sino un proceso de impunidad sin verdad (sin confesiones plenas), sin justicia, sin devolución de los secuestrados y desaparecidos, sin devolución de los bienes fruto de sus crímenes y de sus actividades de narcotráfico. De ahí que para el país las páginas enviadas por el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, sean sólo una advertencia de que los ojos del mundo están puestos sobre esta negociación, que es apenas el inicio de un proceso que puede llevar a abrir el caso Colombia en el seno de la CPI por los innumerables crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en el país con absoluta impunidad. De igual manera es un llamado para que las víctimas y todos los que luchamos contra la impunidad denunciemos los crímenes, los responsables (sean personas particulares o servidores públicos), los móviles y las políticas que los amparan y pretenden dejarlos en la impunidad. Este es un espacio que hoy tenemos que aprovechar para alzar nuestras voces, para decir lo que realmente está sucediendo” concluyen los representantes de la organización colombiana afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH (www.fidh.org ). Lilia Solano, Directora de “Proyecto Justicia y Vida” denuncia que “la impunidad pasó de estar cantada a ser legitimada por la llamada ley de “justicia y paz”. Los voceros del paramilitarismo han anunciado que al menos que la ley se ajuste a sus exigencias, van a prender el ventilador que expondría públicamente los nombres de miembros del gobierno; muchos congresistas, hacendados, políticos que controlan las regiones y militares, sin contar el juego de empresas transnacionales. Este proyecto que el Congreso está a punto de convertir en ley, pretende borrar olímpicamente de la memoria del país que el Estado ha creado grupos de mercenarios y ha promovido acciones terroristas. “Se quiere borrar la responsabilidad estatal por la práctica de la “guerra sucia”; guerra que además de usar grupos paramilitares, creó estructuras encubiertas dentro de las fuerzas militares que llevaron a cabo toda clase de aberraciones de forma sistemática y generalizada. Es decir que estas prácticas no sólo están enfocadas a ciertas personas sino que golpea a algunos sectores selectivamente para producir efectos que se extienden a la sociedad en general. Esto no se puede lograr de no ser por la participación del Estado a sus más altos niveles. En este proyecto de ley que pretende sacar adelante el gobierno, lógicamente no se está considerando la responsabilidad del terrorismo estatal ni las flagrantes violaciones de los derechos humanos del Estado. Por el contrario, se siguen justificando estas violaciones a nombre de la llamada política de “Seguridad Democrática” cuyas prácticas están en contravía de los más elementales preceptos de la dignidad humana”. La respuesta de la sociedad civil europea El próximo 6 de septiembre, la UE decidirá si apoya el pretendido proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En diciembre del 2004, la UE se comprometió a apoyarlo sólo si fuera regulado por un marco legal acorde con el derecho internacional y si los grupos paramilitares respetaban el cese de hostilidades. Sin embargo, la recién aprobada ley de “justicia y paz” no cumple con los estándares internacionales requeridos y los paramilitares persisten en incumplir con el cese de hostilidades pactado con el Gobierno. Mas de 150 organizaciones sociales y de derechos humanos de Alemania, España, Italia, Bélgica, Francia, Holanda, Suiza, Gran Bretaña, han firmado una carta abierta (la lista completa se encuentra en: www.kolko.net ) para presionar la Unión Europea para que no apoye el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares con relación a la ley antes mencionada, que ya fue anteriormente criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por varios diarios de la prensa internacional como New York Times, The Guardián, El País. En la carta abierta se subraya que “el marco legal compuesto por la ley de “justicia y paz” y los decretos 128 y 2767 no garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así, el proceso de desmovilización contraviene las normas del derecho internacional y obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves crímenes y reconciliación que contribuya al establecimiento de una paz duradera en Colombia. ”En la medida en que el marco legal establecido no contiene reglamentación que garantice el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares, difícilmente el diálogo y las negociaciones entre los grupos paramilitares contribuirán a la paz. En cambio, la impunidad que permite cada vez más podría dar lugar a que los grupos paramilitares se reciclen y legalicen. ”La ley de “justicia y paz” y el decreto 128 refuerzan la impunidad que ha imperado durante las últimas décadas, pues los mecanismos de investigación y las sanciones que prevén no son ni apropiados ni suficientes. A pesar de que esas normas deberían revertir los desplazamientos forzados de aproximadamente tres millones de personas y la expropiación de sus tierras, muchos paramilitares (autores de miles de crímenes) conservarían las propiedades usurpadas. Además, en virtud del decreto 2767, los paramilitares que se acrediten como desmovilizados recibirían beneficios económicos equivalentes a 40 veces la ayuda que el Gobierno destina para las familias desplazadas. “Por lo tanto, las organizaciones firmantes exigen a la UE y a sus Estados miembros que no apoyen política ni económicamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en las condiciones en que se presenta actualmente. “Solicitamos a la UE y a sus Estados Miembros que exijan al Gobierno colombiano que garantice el efectivo desmantelamiento de las estructuras paramilitares y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Pedimos a la UE que haga valer toda su influencia para evitar que a través de la ley de “justicia y paz” y los decretos 128 y 2767 queden impunes graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las recomendaciones de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de NNUU para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proporcionan un marco adecuado para el cumplimiento de los estándares internacionales. ”Es fundamental no apoyar el actual proceso de desmovilización a través del monitoreo del mismo o de proyectos de cooperación, para no aplazar la búsqueda de la verdad de los graves hechos ocurridos en Colombia, durante las últimas décadas, ni legitimar la impunidad. La efectiva desmovilización de los grupos paramilitares es un requisito necesario para una solución pacífica del conflicto colombiano. Sin embargo, esa desmovilización debe orientarse hacia el total desmantelamiento de las estructuras paramilitares y debe formar parte de una estrategia de paz integral. Sólo bajo esas condiciones y garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, el proceso de desmovilización paramilitar podría convertirse en un aporte para la paz” concluye el documento de la sociedad civil europea”. Seminarios y movilizaciones en Europa La carta abierta de la sociedad civil europea se relaciona con algunos seminarios y eventos organizados en España, Italia y Portugal para alimentar la movilización con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. “Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a Planes Económicos y Militares - Resistencias sociales, deuda ecológica y alternativas a la impunidad y la globalización neoliberal en América” fue el título del seminario internacional realizado del 8 al 11 de junio en Madrid, convocado por Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización Neoliberal (varios países de América Latina, principalmente); Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica – CAVIDA (Colombia); Consejo Comunitario de Jiguamiandó y familias de Curvaradó (Colombia); Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Colombia). Héctor Arenas, destacado periodista del semanario “Desde Abajo” de Bogotá enfatiza que “la reunión fue un espacio de memoria creadora en el que se destacó la excepcional calidad de las ideas, informes y propuestas presentadas junto a la sorprendente concurrencia de organizaciones y movimientos que en Europa laboran a favor de la verdad, del fin de la impunidad y la lucha por el respeto verdadero integral a los derechos humanos y la participación de una asombrosa diversidad de comunidades que en América Latina resisten el destierro y el exterminio ordenado por los planes económicos multinacionales sobre la región. La nutrida asistencia al Seminario mostró el interés creciente por lo que acontece en Colombia y en América Latina por parte del amplio tejido de organizaciones y personas que laboran en Europa en favor del respeto a la vida y su dignidad”. El Padre Javier Giraldo, Jesuita Presidente de la Comisión Eclesial “Justicia y Paz” de Colombia (incesantemente amenazado por su compromiso firme por la paz y la verdad) analiza la perspectiva global de este seminario internacional: “desde el mundo de la exclusión y su autoritarismo nos pretenden imponer los conceptos y planes de la globalización neoliberal y de la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Este seminario busca señalarlos certera y modestamente, de lo general a lo concreto, para hablar con autoridad desde las víctimas, que es también el lugar de muchas de las resistencias sociales que hoy enfrentan desafíos como el Plan Puebla Panamá y otras proyecciones dominantes, que descomponen a los pueblos y que atentan contra la vida, el territorio colectivo, las aspiraciones de seguridad humana y dignidad de millones de personas, especialmente de las comunidades que han sido azotadas por la militarización y paramilitarización al servicio de intereses hegemónicos y de multinacionales, como se patenta hoy en el laboratorio de la guerra neoliberal en Colombia. Colombia fue admitida como observadora en el Plan Puebla Panamá, para extender proyectos relacionados con la explotación de recursos y el establecimiento de infraestructuras como puertos, el Sistema de Interconexión Eléctrica, el trazado de un gaseoducto desde Venezuela hasta Centroamérica, así como la finalización de la Carretera Panamericana, que destruye no sólo la región del Darién colombiano y panameño, sino que amenaza otras zonas únicas por su biodiversidad y riqueza. En ellas viven desde hace siglos y décadas, comunidades que han sido objeto de salvajes estrategias militares de arrasamiento a través de grupos paramilitares y de otras expresiones autoritarias, que han expulsado de su territorio a cientos de miles de pobladores afro descendientes, indígenas y campesinos mestizos. Se vienen poniendo en marcha esos planes por mercenarios, ejércitos y capitales asociados, que ejecutan y escoltan la siembra de la palma aceitera, la extracción de los recursos forestales y el saqueo de especies vegetales y animales, dentro de una descomunal destrucción de la vida humana y de la naturaleza, en esta reserva singular en el mundo, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y designado como Reserva de la Biosfera”. Como segunda cuestión el seminario internacional ha analizado “La Cartografía de la Esperanza”… La frontera entre Panamá y Colombia, esa esquina de América, es hoy lugar de espantosas realidades de muerte, al tiempo que de esperanza frente a: los planes económicos y militares, a los grupos paramilitares y la impunidad, al saqueo y la expoliación, a los programas de rehegemonización de poderes políticos y económicos que desconocen acumulados del derecho internacional más progresista, frente a todo esto, las comunidades y organizaciones de esa región y muchas otras desde La Florida hasta Argentina, a lo largo del continente, se vienen reuniendo mediante encuentros internacionales y articulando redes y propuestas alternativas durante estos últimos años, para unirse y acordar gritos de resistencia de cara a esos planes que buscan comerciar con la vida, el territorio y nuestras posibilidades de futuro convirtiendo absolutamente todo en una mercancía. En las comunidades del Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, departamento del Chocó, y otras propuestas hermanas en la región de Urabá (Colombia), los afrodescendientes de aquellas cuencas y las poblaciones indígenas, campesinas y los y las defensoras y defensores de los derechos humanos y de los pueblos, desarrollan una amplia propuesta de afirmación del derecho a la vida y al territorio. Esa propuesta es plural, pero busca su coherencia ética y política, para socializarla frente a las ofensivas y estrategias que pretenden imponer tales planes de infraestructura y comercio. El exterminio tras las obras de infraestructura y los proyectos económicos representan no sólo el aniquilamiento de esas comunidades, la negación de su derecho a la existencia y a la identidad sociocultural, sino que mina las bases más costosas de la conciencia humana: crímenes de verdadero genocidio se suman a la destrucción ambiental irreversible, y a la consumación de la impunidad de los autores materiales se suma la inmunidad de sus beneficiarios. Es ya inobjetable lo que sangra. Estas comunidades de esta esquina de Colombia y América han sido atacadas sin tregua desde 1997. Pero también han sido acompañadas por decenas de organizaciones del continente, como el MST de Brasil, el pueblo Mapuche de Chile, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina (línea fundadora); hay apoyos de entidades humanitarias, de gente solidaria, religiosos y religiosos, de académicos y activistas de los derechos humanos, de militantes de los movimientos sociales, etc. Han integrado en medio de la guerra y la voracidad neoliberal una red de alternativas. Oponiéndose así a los intereses puramente económicos, para ser humanos y humanas en otro escenario que sea la voz y las propuestas de vida de los desposeídos y perseguidos en el continente. Las organizaciones que reivindican su derecho al territorio, a la vida y a la seguridad humana, que creen en la cooperación como solidaridad para la justicia, que en suma luchan por los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos, buscan fortalecer la sensibilización y los lazos de apoyo en el ámbito europeo, y específicamente español, para actuar removiendo las desventajas frente a las políticas del despojo. Las comunidades de Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, la Comisión de Justicia y Paz, de Colombia, junto con la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización, decidieron en el V Encuentro Internacional (Hacia un mundo posible - Construyendo alternativas al Plan Puebla Panamá y el TLC, por la Defensa de la Vida, la Biodiversidad y el Territorio de la Humanidad, en Cacarica, diciembre de 2004), convocaron a un seminario internacional: Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes económicos y militares. Resistencias sociales, deuda ecológica y alternativas a la impunidad y la globalización”, concluye el destacado jesuita director del Banco de Datos sobre violencia política en Colombia “Noche y Niebla” (www.nocheyniebla.org ). Siempre en Madrid el 20 y 21 de junio se ha realizado el seminario “UE-España- Colombia: Propuestas para la paz y los derechos humanos”, coordinado por el Grupo SUR, Centro de Investigación para la paz CIP e Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICIEI, con la participación del candidato presidencial colombiano Senador Carlos Gaviria. En las conclusiones Lourdes Castro, Presidenta del Grupo Sur, recuerda que “la Unión Europea no conoce suficientemente que es el paramilitarismo en Colombia. No hay que olvidar el origen del paramilitarismo y él vínculo entre paramilitares y Fuerza Armadas, que exige por parte del Estado el desmantelamiento de las estructuras, una depuración ideológica de la doctrina militar y una depuración de las fuerzas armadas. La ley de “Justicia y Paz” esta diseñada para beneficiar con la impunidad a los cabecillas, pero el decreto que rige actualmente las desmovilizaciones esta permitiendo el “reciclaje legal” de las estructuras paramilitares”. David Listar, Coordinador del Observatorio de la Deuda en la Globalización de Barcelona (www.observatorideute.org ), al regresar de un viaje a Bogotá y la Costa Atlántica, ofreció una esclarecedora entrevista a Héctor Arenas sobre las relaciones España –Colombia, pocos días antes de la visita presidencial a España de julio. "Lo que más me ha impresionado - señalo David Listar - ha sido la atmósfera de terror. No es fácil contemplar un país con un trato humano tan cálido y asombrosa belleza natural, tan militarizado y con la gente tan amedrentada. Subleva conocer las dificultades extremas con las que tienen que moverse los ambientalistas y los defensores de derecho humanos para realizar su labor y palpar de cerca una realidad tenebrosa en el norte de Colombia en donde en los últimos meses se han cometido mas de 300 asesinatos que no han sido reportados por ser parte de un despliegue de control paramilitar”. “En un escenario global de crisis energética, se produce una presión de las empresas transnacionales de este sector por ubicar y apropiar los últimos yacimientos en el mundo. En un lugar de conflicto las multinacionales adoptan nuevas estrategias. La “Seguridad” se convierte en una obsesión, sin la “Seguridad” de corto plazo requerida para recuperar inversión y garantizar rápidos y cuantiosos dividendos es imposible actuar.” “En Colombia, mas del 56% del sector energético está en manos de multinacionales españolas: Unión FENOSA cubre la Costa Atlántica y en Bogotá funciona Endesa; Electro caribe, Electro norte, Engesa, pertenecen a estas empresas españolas. La expansión de las empresas de energía y de agua - Aguas de Barcelona- en América Latina en los noventa se hace de la mano de los Bancos: SCH y BBVA. Estos facilitan los mecanismos financieros que les permiten aprovechar la oleada privatizadora que discurre en medio de la corrupción. En la primera mitad de los noventa se privatizaron los monopolios públicos españoles beneficiando a gente muy cercana a los dos partidos: PSOE y PP. De allí vienen Villalonga, Rodrigo Rato... Privatización y Corrupción avanzaron y avanzan unidas con una burguesía de tradición muy rentista. Repsol, por ejemplo, es una petrolera de un país sin petróleo, una empresa enana que se come a un gigante como YPF en Argentina a precios increíblemente bajos. Una Comisión independiente señaló que el precio de venta de YPF fue un 10% de su valor real en el mercado. Eso solo lo puedes lograr, como sucedió en toda América Latina, con presión del FMI forzando las privatizaciones y una corrupción sin limites”, concluye el activista catalano. Se han organizados actividades también en Portugal... Andrea Regelmann, miembro del equipo de Colombia del Instituto por la Paz Global IGF de Tamera (Portugal) ha declarado que “dos habitantes de la Aldea de Paz San José de Apartado en Colombia han visitado la Universidad de Verano de Tamera en Julio de 2005. Quien ha oído a esa gente, quien los ha visto y ha reído y llorado con ellos, no puede permitir que pronto puedan formar parte de las víctimas. Con publicidad internacional podría surgir un primer anillo de protección. Entonces tendríamos tiempo para desarrollar una visión común para una aldea solar de paz global. El miembro del Bundestag alemán y portador del premio Nóbel alternativo de paz Herman Scheer y la organización Eurosolar han anunciado aceptar el patronato para ello. Del 21 al 26 de Septiembre de 2005 los habitantes de San José han invitado a huéspedes internacionales a una "fiesta de la vida", para juntos hacer honor a los muertos y para entonces mirar a la visión de una aldea-modelo de paz, una semilla de esperanza para Colombia. El IGF enviará a tres colaboradoras para este encuentro”. En Italia esta programado el III Foro Internacional Colombia Vive!, que se realizará en la ciudad de Cascina el 17-18 de septiembre. La secretaria de la Red Italiana de Solidaridad con las Comunidades de Paz del Chocó y Urabá en Colombia (que esta conformada por varios gobiernos regionales de Umbría y Toscana, por Municipios importantes como Roma y Narni, entre otros) Carla Mariani explica que “el Foro estará dedicado a profundizar el tema de la protección de los procesos de resistencia civil en Colombia (en particular modo las comunidades de paz y de resistencia civil), en la perspectiva de concertar tanto con los representantes colombianos como las organizaciones italianas y europeas participantes, líneas generales de acción que califiquen en términos de eficacia los esfuerzos que colectiva e individualmente estas organizaciones realizan y/o podrían realizar en esta materia”. Posición del Observatorio Mundial por la protección de defensores de derechos humanos En ocasión de la 93ª Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo OIT (Ginebra, 13.06.2005) Mariana Duarte del secretariado internacional de Ginebra del Observatorio Mundial para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos, OMCT (www.omct.org ) ha declarado que: “la OMCT está particularmente preocupada por la situación de los líderes sindicales y sus familias en Colombia, donde la lucha por los derechos de los trabajadores y los campesinos es frecuentemente asimilada con una actividad subversiva, bajo el pretexto de la existencia de grupos guerrilleros izquierdistas. Sólo en 2004 (1) , la OMCT registró cerca de 25 asesinatos de sindicalistas, mientras que sólo fue pronunciada una condena (2). Los líderes sindicales en Colombia son, cada vez más, objeto de amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares (amenazas que a menudo se convierten en asesinatos), y de arrestos arbitrarios por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En las semanas recientes, la OMCT fue informada de los arrestos de dos sindicalistas: el Sr. Hernando Hernández Tapasco, del Departamento de Derechos Humanos de FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), ocurrida el 1° de junio de 2005, y el Sr. Javier Dorado, afiliado a SIMANA (Sindicato del Magisterio de Nariño), ocurrida el 26 de mayo de 2005. Ambos están acusados de rebelión. En un informe publicado con ocasión de esta Conferencia (titulado Colombia: El Aniquilamiento del Sindicalismo por la Norma y la Práctica), tres federaciones sindicales colombianas (CUT, CGT y CTC) (3) anunciaron la existencia de un plan de liquidación del movimiento obrero, bajo la mirada cómplice del Estado. La existencia de este plan, dirigido contra los opositores políticos, ya ha sido denunciada en el pasado. A pesar de advertencias bien documentadas, la comunidad internacional no se ha movilizado para impedir la ejecución y las desapariciones forzadas de los opositores políticos. La OMCT espera que la decisión de la OIT, en el sentido de enviar una delegación de alto nivel a Colombia, sea un signo de voluntad política renovada por parte de la comunidad internacional, para poner fin al actual hostigamiento de los líderes sindicales en Colombia, y para evitar los peores presagios en cuanto a su destino. La OMCT se suma a las federaciones antes mencionadas, con la esperanza de que haya en el futuro una acción global conjunta entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la OIT, con le fin de lograr ese objetivo”. Mafia italiana lidera grupo armado Colombiano El puente de la sociedad civil entre Europa y Colombia tiene que activarse transformando también la indignación en propuestas políticas para enfrentar la problemática del narcotráfico como elemento dinamizador del conflicto. “Uno de los mayores grupos de la mafia italiana lidera un grupo armado en Colombia para asegurar el paso de la cocaína a Europa”, informó el jueves 9 de junio del 2005 el Ministro del Interior de Italia Giuseppe Pisanu. Pisanu dijo que el grupo no identificado es liderado por un "representante" de la ''Ndrangheta, una organización criminal familiar con sede en las afueras de Calabria, de la que dijo se habría convertido en una de las más peligrosas en el sur de Italia. "Nuestra policía identificó a un grupo (...) en Colombia liderado por un representante de la ''Ndrangheta", dijo a periodistas. Pisanu explicó que esa organización trabaja con otro grupo "que protege el pasaje de la droga de los centros de recolección al mercado". Al ser consultado si la ''Ndrangheta estaba relacionada con los paramilitares de ultra derecha o las guerrillas de izquierda, Pisanu no hizo comentarios. "No quiero decir demasiado, porque se trata de información muy sensible", declaró. La comisión anti-Mafia del Parlamento Italiano dijo el año pasado que la ''Ndrangheta ocupó el puesto de la Cosa Nostra siciliana como la organización criminal más peligrosa y dominante en ese país, que desarrolla un creciente comercio de cocaína. Pisanu dijo que la ''Ndrangheta también parece tener un rol dominante en el tráfico de cocaína en Europa. "La ''Ndrangheta es una organización de familia, muy sólida", explicó. "Al mismo tiempo, logró un sistema de relaciones internacionales muy sofisticado, que hace que hoy la ''Ndrangheta (...) sea quizás la organización dominante del tráfico de cocaína en Europa". Pisanu también dijo que la ''Ndrangheta incluso le suministra cocaína a otras familias de la mafia italiana. "Cuando se trata del tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo se unen", concluyó. Cabe tomar en cuenta que Salvatore Mancuso, principal jefe de los paramilitares tiene pasaporte italiano y su familia es originaria de la misma región del Sur Italia donde se ubica la Ndrangheta, antes mencionada. Al comparecer ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto del 2005, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso insistió en la influencia paramilitar sobre algunos congresistas, dijo que esos legisladores provienen de zonas donde "nosotros éramos el poder" (El Tiempo 4.08.2005); a pesar que sea responsable de varios crímenes de lesa humanidad el jefe Salvatore Mancuso goza de total impunidad en Colombia y puede salir libremente del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. El camino para buscar justicia es todavía muy largo... Notas (1) Informe Anual 2004 del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. 2) Asesinato de Diofanol Sierra, el 8 de agosto de 2002. 3) Central Unitaria de los Trabajadores, Confederación de Trabajadores de Colombia y Confederación General de Trabajadores. Este informe se basa en los datos emitidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la ONG Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). - Cristiano Morsolin, educador-periodista italiano y operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina Selvas.