La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 aprobó y proclamó la declaración universal de los derechos humanos considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, pero todavía persisten las desigualdades y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en este siglo XXI. “Los pueblos de Latinoamérica tienen hambre de justicia”: este lema visibiliza la lucha de la sociedad civil y de los movimientos populares en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estoy colaborando con el Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura OMCT www.omct.org y de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH www.fidh.org ) para preparar el informe anual que será presentado a las Naciones Unidas al iniciar el 2006 y me parece importante enfatizar el compromiso concreto de algunos defensores de derechos humanos en Paraguay, Colombia y Chile. La frágil democracia del Paraguay Como todos los años, las organizaciones sociales y las ONGs han preparado entorno al aniversario de la Declaración de los Derechos humanos, la presentación de informes sobre la situación del Paraguay y varias movilizaciones. Mercedes Canese (joven profesora en la Universidad Nacional de Asunción, trabaja asesorando diversas organizaciones sociales, entre ellas, el Foro Popular por la Energía) dice que “lastimosamente, estos informes no registran mayores avances en el respeto a los Derechos Humanos, sino todo lo contrario, innumerables violaciones y tareas pendientes por parte del Estado. La frágil apertura democrática abierta en febrero de 1989, ha representado importantes avances solo en cuanto a la libertad de organización y expresión en los principales centros urbanos -por no decir sólo en la Capital, Asunción. Sin embargo, violaciones de todos los derechos humanos, desde los básicos, como derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, se registran en forma masiva en una población que vive en más del 60% en la extrema pobreza. Tampoco el asesinato de dirigentes campesinos ha cesado con la apertura política, sumando durante este periodo "democrático" más de 100 dirigentes asesinados, en su mayoría por policías, militares y empleados armados de los grandes latifundios agroganaderos. También suman más de 100 jóvenes muertos en "accidentes" prestando el servicio militar obligatorio, por citar los casos más emblemáticos. Sólo las organizaciones sociales, a través de constantes movilizaciones, como actualmente están haciendo los gremios de la salud, consiguen aumentar la participación en el presupuesto de los rubros básicos. Las carencias demuestran, sin embargo, la ausencia total del Estado. Pues ningún servicio es gratuito, los centros de salud, hospitales, escuelas y colegios cobran aranceles, y exigen la compra de insumos. La prensa es dirigida por megamonopolios, impidiendo el libre ejercicio de la expresión. Tampoco se ha aclarado hasta ahora los crímenes del terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura (1954-1989), pues no se ha encontrado ningún desaparecido, que de acuerdo a la Comisión de Verdad y Justicia, suman más de 300 casos. Sólo queda la esperanza del trabajo que realizan las organizaciones sociales (campesinas, barriales, de trabajadores, estudiantiles, partidos de izquierda) para avanzar en los Derechos Humanos en Paraguay. “En el marco de las manifestaciones por el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el día sábado 3 de diciembre se realizó un acto político cultural a 30 años del secuestro y desaparición de los dirigentes comunistas Miguel Ángel Soler, Rubén González Acosta y Derlis Villagra por parte de la policía de la dictadura stronista. Se difundió una nota donde se subraya que “ante el rebrote de oscuros personeros del criminal régimen que por 35 años persiguió, torturó, exilió y ejecutó a miles de compatriotas, se hace impostergable rescatar y difundir el heroico y ejemplar legado brindado por nuestros mártires por la libertad para hacer frente a las perversas ambiciones de la camarilla enriquecida a través del robo y la corrupción. Miguel Ángel Soler (secretario general del PCP), Rubén González Acosta (miembro del Comité Central) y Derlis Villagra (secretario general de la Federación Juvenil Comunista) fueron raptados por fuerzas policiales el 30 de noviembre de 1.975, llevados a investigaciones y asesinados luego de brutales torturas. Hasta la fecha sus restos no han sido entregados a sus familiares”. “Para no olvidar y buscar justicia es importante hacer memoria de activistas como Derlis Villagra que nació el 16 de enero de 1940 en la ciudad de Piribebuy, siendo sus padres Marciano Villagra y Sara Arzamendia. En el año 1975 ocupaba el cargo de secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Contaba con 35 años y había desempeñaba el oficio de tipógrafo, además de ser un reconocido dirigente comunista. A pesar de su juventud, había sido arrestado varias veces por la dictadura, siempre como preso político. Participaba activamente como dirigente estudiantil del Colegio Nacional de la Capital por las luchas por las libertades democráticas pisoteadas por el régimen stronista. Esta valentía, como de tantos otros compatriotas, le costó vivir en permanente persecución. Su primera detención fue el 1º de mayo de 1957. Otra vez detenido el 27 de agosto de 1959 y el 30 de enero de 1960. De esta última detención se fugó de la prisión el 2 de octubre de 1961. Estas detenciones fueron a raíz de su militancia política y lucha estudiantil. Apresado de nuevo el 23 de junio de 1965 donde recibió un disparo a la altura del riñón, herida que por suerte no fue fatal, pero ocasionó la pérdida de un riñón. Fue puesto en libertad el 7 de noviembre de 1972. El día 23 de diciembre de 1992 fueron hallados la Cédula de Identidad y otros documentos personales así como fotos suyas en cajones de la oficina de Antonio Campos Alum, exdirector de “La Técnica”, uno de los lugares donde se torturaban a opositores de la dictadura, tristemente famosa por su crueldad. Luego de 22 años de su desaparición, el martes 19 de agosto de 1997, la jueza María Jesús Bogado de Schubeius tras una demanda promovida por su padre, ordenó que se otorgue el certificado de fallecimiento. Según dicha resolución, “el señor Derlis Nenrhod Villagra Arzamendia, fue secuestrado e ilegalmente detenido por fuerzas policiales del régimen stronista, de la vivienda ubicada en la calle Bartolomé de las Casas 1143 c/ Guarambaré de nuestra Capital, al oscurecer del 30 de noviembre de 1975. Según versiones de testigos calificados del hecho, Derlis Nenrhod Villagra Arzamendia fue trasladado al departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital de entonces, donde falleció a consecuencia de las torturas sufridas en dicha repartición policial. En momento de su detención de la vivienda mencionada, Derlis Nenrhod Villagra Arzamendia gritaba quien era para el conocimiento de su detención.” Persecución de las comunidades de paz en Colombia Hoy el terror sigue golpeando Colombia a través de la sistemática persecución y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas, campesinas, como de los sindicalistas y defensores de derechos humanos. Emblemática es la experiencia de resistencia no-violenta de las Comunidades de paz de San José de Apartadó analizada por Gloria Cuartas - ex alcaldesa de Apartadó, en la carta del 18 de noviembre dirigida al Presidente de la Republica, Alvaro Uribe: “La historia de las comunidades que están intentando otras forma de vivir en medio del conflicto, en especial la de San José de Apartadó, no puede seguir siendo un relato de muertes diarias, extorsión, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, robos, bombardeos, judicializacion a los integrantes de la comunidad de paz, ante la mirada indiferente y cómplice de las instituciones del Estado que Usted representa como Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia. “Cada acto de terror de Estado contra la comunidad de San José de Apartadó, se responde por parte de la comunidad con constancias históricas por medio de comunicados a la opinión pública conocidos ampliamente. Las organizaciones amigas de la comunidad internacional envían cartas al Presidente de la República, a las embajadas, a la Corte Interamericana, al Ejército, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a los operadores de justicia y no pasa nada en las instituciones que ayude a establecer la verdad y aplicar justicia a estos permanentes crímenes de lesa humanidad, hasta que nuevamente otro hecho de terror, de muerte contra la comunidad, se anuncia sin que se haga algo por parar las violencias y la muerte. “La comunidad Colombiana indiferente ante la violación al Derecho Internacional Humanitario, indiferente ante el genocidio contra la comunidad tolera la más cruel y degradante política de exterminio. La muerte camina por San José por la acción y la inacción del Estado ante la Indiferencia colectiva, que legitima el modelo represor de Estado contra una propuesta alternativa de vida social, económica que consolida una comunidad que trata de proteger la vida y su territorio, ante un conflicto que se profundiza y que se aleja de la solución política. “La decisión de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace un año hizo ruptura con el sistema judicial colombiano, no entregar mas información, ni denunciar, es el resultado de la impunidad y del aumento de los crímenes, toda la gente que rindió indagatoria durante los últimos 8 años fue desplazada, amenazada o asesinada, hechos que tendría que conmover a la opinión publica, a los operadores de justicia en Colombia, a las organizaciones no gubernamentales y populares de derechos Humanos para exigir que se haga justicia, que se detenga el recorrido de la muerte. Las niñas y los niños que presencian a diario esta realidad demandaran tarde o temprano la verdad, se quiere silenciar sus cuerpos, se llenan de dolor y no pasa nada. “Que no resulte tarde el implementar un proceso público que de cuenta de la situación y calidad de la justicia ante la degradación de los derechos humanos en Colombia y de la práctica de exterminio implementada contra las comunidades en el marco de la política de seguridad democrática. La comisión segunda de la Cámara de Representantes en mayo del presente año, aprobó en sus debates una misión que viajaría a San José de Apartadó y en sitio reconociera lo que esta pasando contra la comunidad, la estamos esperando. “Los penúltimos hechos contra la comunidad de San José de Apartadó, bombardeos indiscriminados en las veredas de Arenas Altas y Arenas Bajas, granadas contra la población civil, el asesinato del señor ARLEN SALAS, coordinador de la Zona Humanitaria de la vereda Arenas Bajas constituye otra prueba del plan de exterminio de la comunidad. Respetar la población civil en medio del conflicto social y armado es obligación de la partes en conflicto. “Que Cese el Fuego” contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, que cese el fuego contra las comunidades Indígenas en el norte del Cauca, que cese el fuego contra los y las defensoras de derechos humanos. ¿Quien da la orden? ¿Que estamos haciendo como Colombianas y Colombianos ante estos hechos de terror?” . El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con profunda preocupación informaciones de fuentes fidedignas, sobre la persecución y las serias amenazas de muerte de que viene siendo víctima la Sra. Gloria Isabel Cuartas Montoya, acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ex alcaldesa de Apartadó (departamento de Antioquia), actual Secretaria General del grupo político “Frente Social y Político”, y candidata al Senado de la República. De acuerdo con las informaciones, el 6 de noviembre de 2005, hacia las 7:00 p.m., la Sra. Gloria Isabel Cuartas Montoya recibió un mensaje en su teléfono celular, en el cual le enviaron el siguiente texto: "Gloria Cuartas tiene que largarse de Colombia y que se calle la boca". Las denuncias señalan que ese día la Sra. Gloria Cuartas había participado en un homenaje rendido en Bogotá a los magistrados y demás personas que resultaron muertas y/o desaparecidas durante la Toma del Palacio de Justicia, al conmemorarse 20 años de dichos hechos. De acuerdo con las informaciones, la Sra. Gloria Isabel Cuartas Montoya ya había sido amenazada y acusada de tener vínculos con la guerrilla, luego de manifestarse sobre la responsabilidad de la Brigada XVII del Ejército Nacional en la masacre ocurrida en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero de 2005 (http://www.redvoltaire.net/article4475.html) y contra la impunidad en que se encuentra ese crimen. En efecto, la Sra. Gloria Cuartas ha manifestado públicamente la responsabilidad del Ejército colombiano en dicha masacre, y, según las denuncias, se teme que este pueda ser uno de los motivos de las amenazas contra ella (ver Llamado Urgente del Observatorio COL 007 / 0405 / OBS 026). El Secretariado Internacional de la OMCT condena vehemente estas graves violaciones a los derechos fundamentales en Colombia y reafirma su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Gloria Isabel Cuartas Montoya, a la vez que recuerda el deber de las autoridades colombianas de respetar el derecho legítimo y constitucional de los ciudadanos a la manifestación y a la oposición pacífica, como una de las maneras de ejercer el derecho a la libre expresión. Intimidación en Chile contra quienes buscan extradición a Perú de Alberto Fujimori El día miércoles 30 de noviembre, a las 11h50, el abogado chileno Diego Carrasco, parte interesada a nombre de entidades de la Sociedad Civil regional en el proceso de extradición contra el ex dictador Alberto Fujimori detenido en Chile, sufrió el seguimiento, el registro y la detención de su vehículo al causarle daños al mismo en la zona centro de la capital, Santiago, y fue amenazado con arma de fuego por individuos organizados que robaron su computador personal, documentos, teléfono celular, agenda de actividades y direcciones, algunos días después de la presentación de una Carta a nombre de varias redes internacionales. Habiéndose denunciado el hecho y solicitado medidas de protección, el Estado no ha adoptado medida alguna. La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDHDD (www.pidhdd.org ), expresa su más rotundo repudio a las agresiones de que fue víctima Diego Carrasco, Coordinador Ejecutivo del Observatorio Control Interamericano de Migrantes (OCIM) y Secretario Técnico del Capítulo Chileno de la PIDHDD, declarando que “por sus características este hecho no parece de vandalismo común sino un acto contra los defensores de derechos humanos promovido por sectores que se sienten afectados por las acciones que viene desarrollando el OCIM. No sería de extrañar que estos hechos estén relacionados con las peticiones de extradición de Fujimori que adelanta el colega Diego Carrasco en representación de cientos de organizaciones de Derechos Humanos de todo el Continente. La PIDHDD alerta a la comunidad chilena en particular y a la latinoamericana en general, sobre las implicaciones que tendría la propagación de la violencia y el amedrentamiento para acallar las voces y acciones mancomunadas por los Derechos Humanos y contra la impunidad”. - Cristiano Morsolin, educador y periodista italiano, operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Brasil, Ecuador, Perú, Colombia. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la Región Andina SELVAS.