Desde hace más de 50 años, los movimientos sociales se han convertido en los centros de elaboración de estrategias de lucha política de los sectores populares e indígenas del país. Ya sea la conquista de la nacionalización de las minas, el voto universal, el cogobierno obrero en 1952, la instauración de la democracia, hasta las actuales demandas de auto-gobierno indígena, asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos, los distintos movimientos sociales en Bolivia han funcionado como escenarios colectivos y plurales de producción de proyectos de cambio social, de ampliación de derechos ciudadanos, de nacionalización de riquezas colectivas, y de construcción de las alianzas y modos organizativos para alcanzarlos. Parafraseando a Lenin, se puede decir que los movimientos sociales han actuado como “fábricas de estrategias” de luchas por poder. Lenin consideraba que ese papel debía desempeñarlo un “partido” político marxista, pero en la medida en que estos partidos en Bolivia no han tenido ninguna función organizativa ni teórica relevante, les ha tocado a los movimientos sociales el desplegar, con sus virtudes y límites históricos, propuestas y estructuras de acción política. En ese sentido, los movimientos sociales, con su pluralidad identitaria y organizativa (obrera, vecinal, indígena, campesina), están desempeñando lo que Marx definió como el “partido en el sentido histórico del término”, esto es, como múltiples modos de autoconstrucción y auto-emancipación política de la sociedad laboriosa (1) Con ello, si algo hubo de derechos ciudadanos durante el siglo XX, en buena parte se debió al ímpetu organizado de los sindicatos. Los llamados derechos sociales, como la legislación laboral y la retención de una parte del excedente económico para su redistribución social por el Estado, solo pudieron ser garantizados y expandidos después de la insurrección de sindicatos obreros en 1952 y la posterior formación de la COB. Los derechos políticos, aún en su limitada versión liberal representativa del voto universal que igualó, por lo menos en la urna, a indios y q´aras tuvo que esperar el despliegue de una cuasi guerra campesina que de la mano del “sindicato campesino” (2) acabo con el voto restringido que marginaba a indios y mujeres por igual. Las propias libertades democráticas, como la libertad de opinión y de asociación e incluso la legalización de los partidos políticos, tuvo en el movimiento obrero sindicalizado a su principal propugnador y defensor. De hecho, a excepción de 1952 en que el partido de gobierno (MNR) se fusiono con los sindicatos y el Estado para crear la única estructura partidaria seria en el país, los partidos políticos siempre han sido efímeros, amorfos y tremendamente marginales. Durante décadas, pudieron existir en tanto se adherían a las organizaciones sindicales, a las que pretendían “concientisar”, y su posterior importancia en la vida política del país desde la década de los años 80, fue producto de la acción reivindicativa de los sindicatos (que los legalizaron) y del propio Estado (que los legitimaron y financiaron). En este sentido, se puede decir que, al igual que en muchas otras partes del mundo (3), los derechos ciudadanos y los regimenes democráticos representativos básicamente han sido producidos históricamente por la acción colectiva de los distintos movimientos sociales, especialmente obreros. De ahí que durante las primeras 2/3 partes del siglo XX, la organización sindical no solo hayan sido un tipo de movimientos sociales políticos, sino también generadores de varias de las características del campo político a través de la incorporación de nuevos sujetos a la política (los asalariados), nuevas estructuras de acción política (los sindicatos de gran empresa) y nuevos fines de la política (Estado de bienestar, industrialismo, independencia nacional, etc.) Las características de las acciones colectivas de las clases subalternas, siempre han influido en la estructuración y mutación del campo político (4) y del Estado. Entre los años 1952 y 1960, si bien la política fue unipolar en la medida que un solo partido ocupaba el escenario dominante y regulador de las representaciones y acciones políticas de la sociedad: el MNR, este era un partido mayoritariamente compuesto por sindicatos agrarios y obreros que de manera corporativa eran el sustento electoral del partido y de sus distintas tendencias internas. De ahí que se pueda hablar en esta época de una unipolaridad partidista-sindical de izquierda reformista. Con el golpe de Estado de 1964, hasta 1982, el campo político se escindió en dos polos; por una parte, el ejército que hacia el papel de articulador de fracciones empresariales, en tanto que la COB desempañaba el centro unificador de lo nacional-popular de raigambre obrera y urbana. Sin embargo, esta polaridad era relativa porque si bien entre sindicatos obreros y ejército había una mirada antagónica sobre el sistema político (democracia versus dictadura), en términos económicos ambos posiciones compartan un modelo de economía desarrollista con un Estado productivo y promotor de la modernidad. En este sentido, es factible hablar de la existencia de una polaridad política atenuada con sujetos políticos corporatistas (5) y no partidistas. A partir de 1982, y con mayor fuerza desde 1985, el campo político volvió a unipolarizarse. Por una parte, ejército como COB perdieron sus funciones políticas. El primero, por un repliegue a funciones militares-policiales, en tanto que la COB por el desmantelamiento de su base organizacional obrera de gran empresa, (COMIBOL, fabriles). Con ello, la política formalmente se descorporatizo temporalmente, dando pie a un renovado protagonismo de los partidos políticos, pero con la particularidad de que los partidos mas influyentes compartían un conjunto similar de creencias y propuestas de transformación estatal y política (el llamado “modelo neoliberal”), que volvió a cerrar el espacio de competencias y programas de sociedad al interior del campo político. Desmantelada la base material de la izquierda sindical (COB) y en medio de la derrota política de la izquierda partidaria (UDP), el pensamiento conservador y de derechas, discursivamente presentado como renovador y progresista, ocupo monopólicamente el escenario de las representaciones legítimas del mundo. Fueron tiempos, década y media, donde los principios de representación y visión del mundo dominantes, aceptados por gobernantes y gobernados, estuvieron signados por la ideología del libre mercado, la creencia del papel desarrollista de la inversión extrajera y el cuoteo multipartidista como sinónimo de gobernabilidad. Esto llevó a un sobredimencionamiento del polo de derechas cuyo poderío simbólico era de tal magnitud que anuló cualquier contraparte desde el lado de las izquierdas sindicales o partidarias, creando la ilusión, bien fundada, de la extinción de las “derechas e izquierdas”, etc., en tanto que las disputas y competencias políticas giraron exclusivamente en torno a distintas maneras de interpretar o conducir el paquete de reformas liberalizantes de la economía y la política. En este caso, el centro político entendido como la equidistancia entre posiciones confrontadas, no era el centro del espacio político, sino el centro del polo político neoliberal, donde la disputa se daba entre posiciones más ortodoxas (gonismo), mas “sociales” (MIR) o mas institucionalistas (ADN) para implementar el neoliberalismo. Por tanto, se puede hablar que en estos momentos el campo político se caracterizará por un tipo de unipolaridad multipartidista de derechas La contracción de la política Sin embargo, no deja de ser paradójico que la acción colectiva que creó el estado de receptividad de las libertades políticas y la competencia electoral como modo de renovación de los gobernantes, acabara aplastada por los efectos de su propia obra. Claro, en cierta medida, el tiempo de la democracia representativa implantada desde 1982 ha marcado el ciclo de agonía del movimiento obrero organizado, al menos tal como se lo conocía hasta entonces. En esto ciertamente han intervenido varios factores como los procesos de reestructuración productiva, el cierre de las grandes empresas, la modificación en la composición técnica del trabajo asalariado que ha fragmentado las concentraciones obreras, ha reducido drásticamente el número de obreros sindicalizados y ha creado una nueva cultura del trabajo fundada en la competencia obrera; pero también es innegable que el propio movimiento obrero no tenía un horizonte propositivo que vaya mas allá del corporativismo dentro del Estado de bienestar y del uso instrumental de las libertades democráticas. Mas que un desprecio por la representación liberal, lo que caracterizó al movimiento obrero fue una memorable incapacidad para proyectarse como soberano. Podía ser el más intransigente y épico opositor al autoritarismo estatal, pero siempre presuponiendo su calidad de súbdito, insolente y audaz, que tiene por encima de él a alguien a quien interpelar, demandar o exigir. Pero esta dialéctica de la obediencia negociada en las calles, para que funcione requiere que el soberano también acepte las reglas del juego, y cuando él las comenzó a romper drásticamente a partir de 1986, el movimiento obrero solo atinó a demandar la reconstitución de los antiguos pactos. Fue el fin de la condición obrera del siglo XX; la historia la rebasaba. Derrotado el movimiento obrero, y por tanto la sociedad que se había cobijado bajo él, desde 1986 y hasta el año 2000, los monopolios privados de la palabra, de la organización y la riqueza se apoderaron del escenario político. La palabra democracia adquirió el rango de dispositivo normativo y prescriptito de la constitución de los poderes públicos, pero como nunca la capacidad de intervención de la sociedad en la gestión de lo público fue restringida. De hecho, muerta la COB, la 4 sociedad que existió fue la que el Estado se invento a través de la precariedad social y la descentralización municipal, para luego, mediante el clientelismo y el soborno, simular representarla. Fue el momento del enseñoramiento de los partidos, de los clanes familiar-empresariales convertidos en maquinarias electorales y de la contracción de la política a un asunto de chequeras. De la base funcional a la base territorial y cultural de la acción colectiva A medida del avance del momento crepuscular de la COB, otras estructuras de acción colectiva, muchas de las cuales habían estado desde tiempo atrás en silencioso proceso de preservación, comenzaran a rearticularse a partir de otras bases organizativas, de otros repertorios culturales y otras demandas. La mayoría de estas organizaciones reivindicaban unas prácticas y una memoria indígenas, ya partir de una politización de la cultura, el territorio y las necesidades básicas, desde los intersticios en la que habían resistido a la oleada disimulación modernizante, comenzaran a tejer redes de asociación territorial, con creciente capacidad de unificación y presión ante el gobierno. Primero será el movimiento indígena de tierras altas la que cobrara presencia y discurso interpelador en los años 70-80s; luego serán los indígenas de tierras bajas los que visibilizaran los mecanismos de exclusión de decenas de pueblos olvidados por la sociedad como sujetos de derecho y, a mediados de la década de los 90s, los cocaleros se convertirán el los sectores que mayor esfuerzo realizaran para resistir las políticas de erradicación de la hoja de coca. Pero será abril del 2000, el que marcara un punto de inflexión en las demandas y la capacidad de movilización socio-política de los movimientos sociales. Articuladas en torno a la conquista de necesidades básicas y la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial o simplemente de amistad, han ido creando, redes de movilización colectiva que han puesto en pié a nuevos movimientos sociales, como el caso de la Coordinadora del Agua y la Vida, los Sin Tierra y la revitalización de antiguos, como la CSUTCB y la de los productores cocaleros, los vecinos, etc. La importancia histórica de estos movimientos sociales radica en su capacidad para reconstruir el tejido social y su autonomía frente al Estado además de redefinir radicalmente lo que va a entender por acción política y democracia. En términos exclusivamente organizacionales, la virtud de estos movimientos sociales se asienta en que han creado mecanismos de participación, de adhesión y filiación colectiva a escala regional flexibles que se adecúan a la nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia. Mientras el antiguo movimiento obrero tenía como centro la cohesión sindical por centro de trabajo en torno al cual se articulaban otras formas organizativas de tipo gremial urbanas, los actuales movimientos sociales tiene como núcleo organizativo, (CSUTCB, CIDOB, Colonizadores, CPESC, Regantes, cocaleros) a la comunidad indígena-campesina, alrededor de la cual se aglutinan asociaciones laborales (maestros rurales), gremiales (transportistas, comerciantes de la zona), vecinales, estudiantiles. Aquí, la comunidad indígena, campesina y ayllu, que es lo mismo que decir las células de una otra sociedad, son la columna vertebral articuladora de otros grupos sociales y otros modos locales de unificación influenciados por la actividad económica y cultural campesino-indígena y hacen de esta acción colectiva mas que un movimiento social, un movimiento societal (6) pues se trata de una sociedad entera que se traslada en el tiempo. En tanto que en otro caso (la Coordinadora), la agregación de las asociaciones de gestionadores de recursos colectivos hídricos (regantes), los gremios, los vecinos, los estudiantes, los profesionales, los campesinos, los obreros sindicalizados, los trabajadores eventuales y precarizados, se la lleva a cabo de manera horizontal y electiva a partir de su identificación con determinada demanda y con el liderazgo moral de la estructura de movilización convocante.. La posibilidad de que un abanico tan plural de organizaciones y sujetos sociales pueda movilizarse, ha de garantizarse mediante la selectividad de fines que permite concentrar en torno a algunas demandas especificas voluntades colectivas diversas. Esto ha requerido descentrar las reivindicaciones de la problemática del salario directo, propio del antiguo movimiento obrero, para ubicarlo en términos de una política de necesidades vitales (agua, territorio, servicios y recursos públicos, hidrocarburos, educación, ...) que involucra a los múltiples segmentos poblacionales subalternos y que, dependiendo la ubicación social de los sujetos, puede ser leído como el componente del salario indirecto (para los asalariados), como el soporte material de la reproducción (vecinos, jóvenes) o la condensación del legado histórico cultural de la identidad (los indígenas). Movilización y acción política En términos exclusivamente organizacionales, estos movimientos sociales se asientan en que han creado mecanismos de protesta, movilización, participación, de adhesión y filiación colectiva a escala regional flexibles que se adecuan a la nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia. Pero los actuales movimientos sociales no son solo actividades de protesta y reivindicación; por sobre todo son estructuras de acción política. Son políticos porque los sujetos de interpelación de la demanda que desencadenan las movilizaciones es en primer término el Estado (democracia, abolición de la ley de aguas, anulación de contratos de privatización, suspensión a la erradicación forzosa, territorialidad indígena, asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos.), y el sistema de instituciones supra-estatales de definición de las políticas públicas (FMI, BM, inversión extranjera. Incluso, la propia afirmación de una política de la identidad indígena (de tierras altas y de tierras bajas) se la hace frente al sistema institucional estatal que en toda la vida republicana ha racializado la dominación y la exclusión de los indígenas. Por otro lado, entre los múltiples movimientos hay los que tienen una orientación de poder. En la medida en que las empresas de movilización de los últimos años ha estado dirigida a visibilizar agravios estructurales de exclusión política y de injusta distribución de la riqueza, los movimientos sociales han retomado las tradicionales palestras locales de deliberación, gestión y control (asambleas, cabildos), proyectándolas regionalmente como sistemas no institucionales de participación y control público que han paralizado, y en algunos casos disuelto intermitentemente, el armazón institucional del Estado en varias regiones del país (altiplano norte, Chapare, ciudad de Cochabamba), dando lugar a la coexistencia de dos campos políticos con competencias normativas algunas veces mestizas y otras confrontadas. Paralelamente, en torno a estas experiencias de ejecución practica de derechos, los movimientos sociales han comenzado a proyectar a escala general del país, estas experiencias exitosas de deliberación y gestión de derechos mediante la formulación de un diseño razonable de “dirección de la sociedad” (7) que al tiempo de demoler el fatalismo histórico con el que el proyecto neoliberal se legítimo en los últimos 15 años, ha diseñado un modelo alternativo de reforma estatal y económica. Otros hechos notables de esta emergencia política de los movimientos sociales en Bolivia es el carácter regional y fragmentado de sus luchas que por momentos vuelven incomunicables (8) sus dinámicas y necesidades. Sin embargo, esta desconcentración, contrapuesta a la unificación vertical, de las acciones en torno a mandos únicos de movilización del antiguo movimiento obrero, permiten una proliferación de sentidos y horizontes de acción cuya coordinación no es ya un supuesto sino uno mas de los resultados que debe producir el propio movimiento social para volverse exitoso. Todo parece indicar por tanto, que a futuro no existirá un solo gran movimiento social, sino múltiples movimientos sociales compelidos a inventar estructuras de coordinación en red en torno a temáticas puntuales y temporalmente negociadas en las que ninguno pierde la autonomía de sus decisiones. Si bien esta fragmentación de los movimientos expresa la realidad étnica, cultural, política, clasista y regional estructuralmente segmentada de la propia sociedad, lo que obliga a reinventarlas maneras de articulación de lo social ya no como fusión jerarquizada sino como redes provisionales de tipo horizontal (como lo que sucedió en octubre del 2003 y mayo-junio del 2005), ello no elude las dificultades que esa nueva manera de agregación histórica implica para la fuerza de transformación social que buscan los movimientos. Acción colectiva y democracia Con todo se puede decir que los movimientos sociales han transformado varios aspectos del campo político modificando el espacio legítimo de donde ir a producir política, rediseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando nuevas técnicas sociales para hacer política, además de mutar los fines y sentido de la política. A partir de las acciones de movilización, las disputas y competencias por la gestión de los asuntos públicos anteriormente concentrados en el ejecutivo, el parlamento, los partidos tradicionales y embajadas han tenido que trasladarse intermitentemente a las calles, a las comunidades campesinas, a los barrios periféricos que han asumido el papel no solo de generadores de legitimidad política, sino también de territorios sociales de deliberación respecto a las modalidades de control de recursos públicos. Esta dilatación geográfica de la política ha venido de la mano de la incorporación de grupos sociales anteriormente excluidos de la toma de decisiones que ahora asumen la competencia de definir la mejor manera de organizar la vida en común, la res publica. Los 80.000 cochabambinos en cabildo el año 2000, los 500.000 aymaras en turnos de bloqueo en septiembre del 2000, y junio del 2001, las 30.000 familias cocaleras en sus sindicatos asumiendo la defensa de su producción, los más de 300.000 vecinos alteños movilizados y marchando por el gas, los miles de indígenas del oriente movilizándose por el respeto de su territorialidad, muestran la irrupción multiforme de nuevos sujetos de la política que volviendo a romper el monopolio de las decisiones, amplían radicalmente la base socioeconómica y étnica de las personas con aptitud a participar en la definición del rumbo del Estado. Esta irrupción de la plebe indígena trabajadora en el campo político incorpora una parte de la sociedad en la definición de quienes tienes derecho a formar parte de la sociedad política, lo que es un hecho eminentemente democrático. Y dado que esta ampliación de lo político se sostiene sobre una querella en torno a modos de distribución de riquezas colectivas (tierra, agua, recursos públicos, hidrocarburos, etnicidad legítima), los movimientos sociales están introduciendo un profundo proceso de igualación sustantiva de la población para el acceso a prerrogativas políticas, con lo que una de las inconsistencias estructurales del actual régimen liberal representativo, la discriminación, busca ser superada. En términos estrictos, la forma de producción de la política innovada por los movimientos sociales, al menos hasta ahora, esta provocando una regeneración sustancial de algunos componentes de la democracia, y eso vale también para los propios mecanismos mediante los cuales “la parte de los que no tienen parte” modifican el modo de producir la política. Hablamos en este caso de los procedimientos de la acción política (9). Al haber ampliado a escala regional y general los consuetudinarios repertorios locales de deliberación y formación de criterio publico como el cabildo, la asamblea y las propias estructuras de adhesión corporativa de los sindicatos agrarios, de los gremios y de los ayllus, de las comunidades y los barrios urbanos, han sido proyectadas como sistemas políticos, complementarios o alternos, capaces de cumplir de manera mas eficiente y democrática que los partidos y la representación liberal, la agregación de voluntades, la construcción de consensos en base a la producción colectiva de opinión y la propia rendición de cuentas de los elegidos sobre los electores, que ahora existen como colectividad deliberante y no solo como individuos impotentes carentes de voz pública y voluntad efectiva. Por ultimo, también esta claro que esta renovación de los sujetos y técnicas de la acción política promovida por los movimientos sociales trae consigo la formación de un nuevo horizonte de acción histórica, de nuevos principios organizativos de la sociedad que están poniendo en entredicho y crisis el sistema de creencias movilizadoras con la que el neoliberalismo y el capitalismo globalizante habían producido consentimiento y adhesión activa a sus fines. Este “espíritu del capitalismo” contemporáneo, lentamente comienza a entrar en crisis, tal vez solo temporal, por la insurgencia de comunidades morales, de nuevos dispositivos de hegemonía y nuevas creencias orientadoras del destino social protagonizadas por los movimientos sociales. Todo esto hace de los movimientos sociales maquinarias de democratización de la sociedad con efectos incluso de remover los esquemas estructurantes del propio campo político institucionalizado. Los resultados de las elecciones del 2002 y 2004 con el ascenso electoral de unas izquierdas nacional-indígenas (Movimiento Indígena Pachakuti -MIP-) e indígena-popular (Movimiento al Socialismo -MAS-), que convirtieron el capital de movilización de los sindicatos y comunidades en capital político electoral de auto-representación indígena, son un efecto diferido de esta renovación democrática de los espacios, los discursos, las instituciones, los capitales y los sujetos de la política. En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser entendidos como un desborde democrático de la sociedad sobre las instituciones de exclusión y dominio prevalecientes. Lo que resta saber ahora es si, como sucedió con el movimiento obrero, estos movimientos sociales y societales podrán convertir parte de sus demandas, de sus prácticas y diseños organizativos en una estructura normativa general dando lugar a un rediseño estatal que, en caso de darse, habrá de ser muy distinto a todos los tipos de Estado republicano que hemos conocido hasta hoy. Con todo, la presencia de los movimientos sociales, especialmente indígenas de tierras altas, ha dado lugar a una escisión institucional de los sujetos políticos al interior del campo político en la medida en que no solo los partidos de adscripción individual, sino también los movimientos sociales, portadores de proyectos de reforma estatal, las juntas vecinales, los sindicatos y comunidades de base normativa y tradicional, tienen la capacidad de influir en la gestión de lo público, tanto por medios parlamentarios como extraparlamentarios (bloqueos, movilizaciones, marchas, etc.). Con ello, se esta generando una nueva polarización del campo político entre “izquierdas” y “derechas” con claros contenidos clasistas (trabajadores/empresarios), étnicos (Indígenas/qáras) y regionales (occidente/oriente) en cada uno de los dos polos. Y en la medida en que cada uno de estas dualidades se afirma enfrentada respecto a la otra, se trata de un tipo de polarización antagónica y pluri-institucional (partidos y movimientos sociales) en un campo político estructuralmente inestable y con un destino, al menos hasta ahora, es incierto. Entre los movimientos sociales más importantes que hoy existen en Bolivia, se puede mencionar (10): 1.- La Federación de Juntas de Vecinos de El Alto (FEJUVE) que es la asociación de las asociaciones barriales urbanas de una ciudad (El Alto). Formada en 1954 cuando El Alto era apenas una aglomeración de barrios semi-urbanos, FEJUVE agrupa a la mayoría de los 700.000 vecinos, predominantemente indígenas (80%) y de reciente migración rural que hoy viven en la ciudad, teniendo como células a una comunidades urbanas de tipo territorial ( las juntas de vecinos), que son el único “seguro social” autónomo con el que cuentan los migrantes para construir sus viviendas, empedrar sus calles, instalar servicios básicos o regular la seguridad local, las juntas de vecinos de El Alto ha cobrado protagonismo en los ultimas años a raíz de una creciente politización de sus demandas enfocadas a la desprivatización de los bienes urbanos básicos (agua, luz, transporte), a su participación en la rebelión social que destituyo al ex Presidente Sánchez de Losada el año 2003 y a la conducción de la demanda de nacionalización de los hidrocarburos en los meses de mayo-junio del 2005. Con una elevada proporción de obreros y operararios (cerca del 40%), y una fuerte presencia discursiva de la ideología indianista entre sus estructuras organizativas barriales, las juntas vecinales son la cara más nítida de un tipo de movimiento social que combina la antigua experiencia obrera del sindicato con el discurso y las prácticas indígenas aymara de base urbana. El surgimiento del papel políticamente protagónico de las juntas de vecinos se ha ido gestando en los últimos 5 años. Rompiendo con las redes clientelares que ataban a las juntas vecinales a los partido de gobierno nacional y municipal, el primer momento de autonomía política de FEJUVE vino con la participación en la demanda de la ciudad de El Alto por tener una universidad pública. Estas movilizaciones duraron 2 años (2001- 2003), lo que permitirá el tensionamiento de las redes barriales y un proceso de politización creciente. En agosto del 2003, las juntas vecinales llevaran adelante un paro de 48 horas en rechazo de un formulario municipal y meses después, en septiembreoctubre del 2003, recibirán la “posta” de la movilización indígena iniciada por los campesinos aymaras del altiplano en contra de la venta de gas a Chile, promoviendo una insurrección desarmada que, después de 69 muertos, culminará con la huida del presidente Sánchez de Losada. En enero del 2005, una nueva movilización de FEJUVE lograra el procesote recensión del contrato de gestión del agua potable de la empresa francesa “Aguas del Illinani” y, finalmente en mayo- junio las juntas vecinales liderizaran un nuevo ciclo de protesta nacional con un paro de actividades de 3 semanas en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos que culminara con la renuncia del presidente Mesa. Hoy la FEJUVE se ha convertido en el mas fuerte movimiento social del país, portador de reivindicaciones nacionales y estatales que lo ha llevado a plantearse el tema del poder político estatal para lograr alcanzar sus demandas que apuntan hacia la estructuración de un nuevo sistema político y un nuevo régimen económico. 2.- Central Obrera Boliviana. Articulada en torno a los sindicatos obreros de gran empresa, la Central Obrera Boliviana surgió en abril de 1952, inmediatamente después de la revolución obrera y popular que llevó al gobierno al MNR, nacionalizó las minas de estaño y universalizó el voto. Convertido en el único movimiento social nacional con hegemonía obrera, la COB logró unificar en torno a su liderazgo a otros sectores laborales (campesinos, estudiantes, profesionales, profesores, pequeño-comerciantes, etc.), y libró un duelo político con las Fuerzas Armadas durante todo el periodo dictatorial que se extendió desde 1952 hasta 1982. Principal abanderada de la recuperación de la democracia, su base material obrera será desmantelada precisamente al inicio de los gobiernos civiles que aplicaran programas de ajuste estructural y una reestructuración empresarial, incluida las privatizaciones. Con la desaparición de las grandes empresas públicas y privadas de obreros sindicalizados y de contrato fijo (11) , la COB atravesara una profunda crisis organizativa e ideológica que la llevara a perder su protagonismo político y su importancia movilizadora frente a otros movimientos sociales de base territorial y local pero con mayor capacidad de convocatoria y de presión ante el Estado. En la actualidad su sustento organizativo reposa en los maestros sindicalizados de las ciudades, los trabajadores estatales de salud y los obreros de la ultima empresa semiestatal (Huanuni), lo que le ha llevado a moverse en torno a las acciones y convocatorias realizadas por otras organizaciones sociales. En el último conflicto de junio del 2005, se adhirió a la convocatoria de la FEJUVE y buscó radicalizar las movilizaciones en la perspectiva de promover una lucha por el poder político. 3.- La Coordinadora del agua y el gas de Cochabamba. -Debilitadas y sancionadas las posibilidades de movilización laboral por centro de trabajo, las redes territoriales locales, compuestas por obreros sindicalizados y no sindicalizados, por desocupados, pequeños comerciantes, estudiantes e incluso profesionales, en los últimos años han logrado articular marcos organizativos de movilización en torno a la defensa de necesidades vitales (agua, tierra, energía), con gran capacidad de impacto político frente al Estado. Afectando la estructura de la política de privatizaciones estas organizaciones que han tomado el nombre de Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales, etc., tienen la particularidad de unificar de manera temporal, en torno a objetivos precisos y modos de deliberación horizontales y flexibles, a organizaciones locales urbanas y rurales pero además, a individuos que de otra manera carecerían de posibilidades de integrarse a otras formas de organización más disciplinadas y jerárquicas como los sindicatos o gremios.. Con hegemonías móviles en su interior, que pueden ir de un liderazgo obrero en un momento, a un liderazgo campesino en otro, promueven la defensa y la conquista de modos autónomos de gestión de recursos básicos, lo que les ha llevado a asumir acciones de carácter político frente al Estado que precisamente promueven procesos de privatización de esos recursos. Estas formas de acción colectiva se han mostrado como una innovación organizativa capaz de recomponer la movilización de trabajadores urbanos imposibilitados de hacerlo a través de los sindicatos proscritos por la empresa, además de ser lo suficientemente flexible como para integrar temáticamente organizaciones campesinas movilizadas en torno al tema de la tierra y el agua. Los movimientos indígenas En Bolivia, el 62% de sus habitantes mayores de 15 años se auto identifican como pertenecientes a algún pueblo indígena y poco mas del 40% de la población tiene como idioma materno un idioma indígena. De entre los 38 pueblos indígenas y originarios que existen en Bolivia, 2 son los más importantes, los Quechuas que abarcan al 30 % de la población total boliviana y los Aymaras que llegan a ser el 25%. Los quechuas se hallan ubicados mayoritariamente en las zonas de los valles, en tanto que los Aymaras en el altiplano, tanto rural como urbano. De hecho, la tercera ciudad más importante del país, El Alto, es mayoritariamente indígena. El resto de los 35 otros pueblos, ubicados principalmente en las zonas de tierras bajas y llanos del país, llegan al 6% del total de la población censada. Si bien la historia de los pueblos indígenas del continente está atravesada de ciclos de exterminio, de insurgencia, de pactos y de inclusiones parciales en la estructura nacional predominante, en Bolivia, los procesos de asimilación y mestización cultural del último siglo no han logrado disolver o atenuar las profundas diferencias socio-económicas entre las identidades sociales. Pese a los derechos de ciudadanía extendidos desde mediados del siglo XX, se ha recreado una segmentación cultural de la estructura de oportunidades y movilidad social visible en la estratificación étnica del mercado laboral que hace que un indígena reciba por lo general un tercio del salario de un no-indígena y que la mayoría de la población pobre del país, sea precisamente indígena. Se puede decir que en Bolivia en sentido estricto, la etnicidad desempeña el papel de un capital, el capital étnico que vendría a ser un plus social, un bien apetecible, monopolizable y facilitador del ascenso y los enclavamientos sociales. No es extraño por tanto que en las últimas décadas los movimientos sociales indígenas hayan recobrado una vitalidad política inobjetable y, en el caso de Bolivia, hayan acumulado una capacidad política parlamentaria y extraparlamentaria que los convierten en las principales fuerzas sociales de interpelación hacia el Estado, de gobernabilidad socio-política, de reforma institucional incluso, de razonables posibilidades de acceder democráticamente al gobierno a futuro. Por la diversidad histórica de los pueblos indígenas, en Bolivia no hay un solo movimiento indígena que haya incursionado en las luchas sociales y políticas; hay varios movimientos indígenas que difieren notablemente en sus reivindicaciones, en su actitud ante el Estado, en sus repertorios de movilización, en su identidad y base social. Entre los movimientos indígenas más importantes podemos mencionar a: 1.- El movimiento indígena aymara, ubicado en la zona altiplanica del país y articulado en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La CSUTCB, que lleva el nombre de sindicato pero que en realidad está compuesta por comunidades campesino-indígenas, es la estructura organizativa indígena más antigua de este nuevo ciclo de despertar indígena iniciado hace 30 años atrás, precisamente entre los aymaras urbanos y rurales. Si bien la CSUTCB inicialmente articulaba a las comunidades indígenas aymaras y quechuas, en los ultimaos años esta Confederación se ha fracturado en dos, siendo la líder izada por los quechuas (Román Loayza) la que mayor extensión geográfica de organización tiene, en tanto que la líder izada por los aymaras (Felipe Quispe), es la que mayor capacidad de presión y discurso político posee. Los aymaras son el pueblo indígena ubicado en el departamentote La Paz y Oruro con mayor cohesión social, con mayor fuerza de movilización (los bloqueos de caminos mas importantes del país se dan en esta zona) y con una mayor conciencia de su identidad resultante de la presencia de una extendida e influyente intelectualidad indígena, que en las ultimas décadas ha recreado una narrativa histórica sobre la autonomía de la nación aymara. Si bien al interior del movimiento aymara existen a la vez múltiples tendencias y varias formas organizativas de movilización social (partidos políticos, agrupaciones culturales, vecinales, etc.), la CSUTCB que agrupa a todas las comunidades campesinas organizadas en torno a fidelidades tradicionales, es la más importante y compacta fuerza sociopolítica de movilización del país cuyas reivindicaciones están dirigidas exclusivamente hacia el Estado. Portadora de una clara identidad indígena en confrontación con el Estado, al que lo califican de colonial, la CSUTCB combina reivindicaciones económicas (caminos, salud, educación, tractores, apoyo económico) con exigencias sociopolíticas (nacionalización de los hidrocarburos, nuevo modelo económico, autogobierno indígena). Para ello, ha combinado la sublevación con la negociación para obtener reconocimiento y ha ido transitando hacia un tipo de nacionalismo aymara con crecientes demandas de autogobierno. En la última década, su discurso ha irradiado a sectores indígenas urbanos y al resto de los movimientos indígenas del país, especialmente en la FEJUVE de El Alto, donde la mayoría de los repertorios de movilización campesina han sido readaptados para su empleo en el mundo urbano. 2.- Federaciones de Productores de hoja de coca de los Yungas y el Chapare, integrada por las comunidades indígena-campesinas de los valles interandinos y el trópico boliviano del departamento de Cochabamba (Chapare) y de La Paz (Yungas). Compuesta por poco más de 50.000 familias su identidad organizativa ha mutado en las últimas décadas de una autoidentificación campesina hacia una campesino-indígena. La mayor parte de las comunidades está integrada por aymaras, en el caso de los Yungas, centenaria zona tradicional de cultivo de hoja de coca, y por campesinos quechuas y ex obreros despedidos, en el Chapare, región de expansión del cultivo de hoja coca en las tres últimas décadas. Organizados en torno a comunidades agrarias (“sindicatos”), los productores de hoja de coca han tenido que soportar el proceso de asedio estatal, militar y judicial, más agresivo desde la intervención militar a los campamentos mineros en los años 60. A partir de esta resistencia en defensa del cultivo de la hoja de coca, los sindicatos de productores de hoja de coca se han convertido en una de las organizaciones mas activas, disciplinadas y efectivas de resistencia frente al Estado y las presiones de los Estados Unidos de Norteamérica que desean erradicar la totalidad de los cultivos de coca. Desde principios de siglo, y a raíz de la emergencia de la fuerza de los múltiples movimientos indígenas en todo el país, el movimiento cocalero ha implementado unas 12 estrategias de alianzas regionales y nacionales con otros movimientos y sectores sociales que han dado lugar a la formación de un “Instrumento político” electoral que les ha permitido sacar el segundo lugar en la votación nacional el año 2002, colocándose a solo 1 punto porcentual del partido ganador MNR. Este “instrumento político” llamado Movimiento al Socialismo (MAS), mas que un partido es una coalición flexible de múltiples movimientos sociales indígenas y no indígenas, rurales y urbanos, laborales, gremiales, campesinos que han expandido en el ámbito parlamentario sus estructuras de movilización. En términos estrictos, actualmente el MAS, cuyo dirigente máximo es el líder indígena Evo Morales, es con mucho la fuerza política electoral que esta construyendo un conjunto de oportunidades que pueden posibilitar a mediano plazo el acceso a la presidencia de Bolivia del primer indígena en su historia política. Sin embargo, para ello, el líder indígena Evo Morales ha tenido que modificar su lenguaje a fin de integrar al mundo urbano con mayores grados de mestización cultural. 3.- La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), agrupa a decenas de pueblos indígenas de tierras bajas de la amazona y el Chaco, de amplia presencia de latifundios. Estas organizaciones indígenas fundadas a fines de los años 80s, han logrado articular a numerosos pequeños pueblos (Chiquitano, Ayoreo, Guarani, Mojeño, etc.), que durante mucho tiempo quedaron invisibilizados por su baja densidad demográfica. Autoasumidos como indígenas, sus demandas, a veces contra el Estado y a veces contra los hacendados y empresarios agrícolas de la región, son de carácter más reivindicativo (títulos de propiedad comunitaria, proyectos de desarrollo, educación bilingüe, etc.). A diferencia de los movimientos indígenas de tierras altas que emplean los bloqueos de caminos para enfrentarse al Estado, las organizaciones indígenas de la zona oriental preferentemente utilizan las marchas y tienen una actitud de mayor inclinación a las negociaciones, pactos y reconocimientos con el gobierno. Las estrategias de acción política de los movimientos sociales 1. La estrategia de resistencia fragmentada Desde 1985 y asta el año 2000, los trabajadores de la ciudad y el campo vieron desmoronarse su principal estructura organizativa, la Central Obrera Boliviana (COB). Decenas de grandes fábricas y de grandes centros mineros se cerraron, con lo que el sindicalismo de gran empresa que era la columna vertebral de la COB, desapareció, en tanto que al interior de los centros laborales que quedaron, se implementó la flexibilización laboral, la desindicalización y cambios tecnológicos que debilitaron la cultura obrera sindical, la disciplina por centro de trabajo, la politización de sus cuadros y, con todo ello, derrumbaron la base material del antiguo movimiento obrero. Ante este proceso que duró al menos una década, lo que quedaba del movimiento social obrero desplegó estrategias defensivas de sus derechos, de sus salarios, de sus saberes productivos cada vez más sectorializadas y corporativas. Esta corporativización defensiva de las luchas obreras en los años 80 y 90 produjo tres efectos. El primero fue que se abandonó la dimensión política y nacional de las iniciativas obreras y se acentuó la gremialización de sus demandas. Con ello, la política nacional pudo ser expropiada por el sistema de partidos. La segunda consecuencia fue que al replegarse sobre el núcleo de afiliados que poseían aun derechos laborales, perdió la capacidad de conducción de otros sectores populares o, si se refiere, su capacidad de irradiación nacional, al tiempo que dentro de los propios obreros también comenzó a 13 perder como aliado obrero a la masa de eventuales y sub-contratados de las empresas que los superaban en número con lo que se cerraba la posibilidad de una reconstitución de la clase obrera a partir del reclutamiento, sindicalización y politización del nuevo, joven y precario proletariado que hoy, pese a ser el. Esta estrategia de resistencia, logró preservar algunos pequeños núcleos obreros sindicalizados, pero cada vez más aislados en medio de un mar de obreros desorganizados que en un 90% , carecen de organización sindical, de experiencia de movilización autónoma de clase y que, hoy por hoy, prefieren actuar sumergidos en otras formas de organización y movilización (vecinal o campesina). A medida que el núcleo obrero sindical se debilitaba los otros sectores sociales que actuaban motorizados por la COB, comenzaron un proceso de desbande en medio de micro estrategias de resistencia locales y fragmentadas. Todo el periodo de auge neoliberal se caracterizara entonces por una pérdida de la iniciativa política de las clases subalternas, una corporativización localista de las resistencias y el despliegue de múltiples micro estrategias defensivas de antiguos derechos que estaban siendo erosionados por las reformas estructurales, las privatizaciones y la apertura de fronteras. Un actor social que se destacara en ese periodo de encapsulamiento territorial de las resistencias será el movimiento indígena de tierras bajas y el movimiento cocalero del Chapare y Los Yungas. Los primeros lograran su visibilización social y el parcial reconocimiento estatal de territorialidades afectadas por la nueva oleada de expansión hacendal en el oriente. Los cocaleros, por su parte, resistirán las políticas de erradicación de los cultivos de hoja de coca combinando estrategias de resistencia aguerrida en sus zonas de presencia, con la sensibilización de la opinión pública urbana mediante marchas y huelgas que erosionaran las campañas de criminalización social de que eran objeto por parte del Estado. A su vez, ello permitirá crear redes de apoyo y solidaridad que años después serán movilizadas para impugnar exitosamente la hegemonía política neoliberal. Estas estrategias defensivas agrarias ayudaran a consolidar el perfil de movimientos sociales locales con capacidad de movilización, aunque aún sin proyecto político ni capacidad de convocatoria nacional. La decisión de la CSUTCB de crear un “instrumento político” parlamentario, ampliará los repertorios de acción política defensiva del movimiento social hasta el ámbito parlamentario y municipal con mayor impacto en la contención parcial de políticas públicas adversas. Tenemos entonces dos tipos de estrategias de resistencia de los movimientos sociales. Una de carácter defensiva en repliegue corporativo (los obreros, los maestros), y otra de carácter defensiva expansiva (cocaleros), que irán otorgando una mayor protagonismo político al movimiento indígena. 2.- Las estrategias ofensivas locales La “guerra del agua” de abril del año 2000, modificará drásticamente la naturaleza de las estrategias de los movimientos sociales. Saliendo en defensa de la gestión social, del valor de uso del recurso público estatal y no estatal del agua, una inédita alianza urbano rural de campesinos, obreros, profesionales, vecinos y pobladores no solo logrará defender sus derechos y recursos, sino que también lograrán imponer en los hechos la legalización y ampliación de esos derechos en la propia normativa estatal. Se iniciará , desde entonces, un proceso de crecientes ofensivas locales en la búsqueda de reestructuración estatal y modificación del régimen económico. La acción política de los movimientos sociales contra el Estado 14 devendrá de reactiva en proactiva y la defensa se combinara con la ofensiva táctica a nivel regional. En septiembre del 2000, los aymaras del campo, irán aún más lejos. Oponiéndose a un proyecto de Ley de aguas, interpelarán al Estado introduciendo el clivaje étnico en la lucha por el poder estatal iniciando el lento desmoronamiento de las certidumbres estatales, neoliberales y republicanas, fundadas en la exclusión de los indios en la política. El Estado, y las elites que detentan su administración, no tendrán ni la capacidad política de contener estas avalanchas ni la capacidad económica para neutralizar el creciente descontento social de sectores que exigirán en sus bolsillos los resultados de las promesas de bienestar ofertadas por los neoliberales. Articulando redes locales y territoriales de organización social, los movimientos sociales urbanos y rurales, especialmente indígenas emprenderán un creciente asedio a un Estado, a una ideología neoliberal y un sistema económico de inversión externa, que comenzara a ser acorralado por peticiones, exigencias e iniciativas de estas fuerzas de movilización local. El éxito aymara despertará un proceso de movilización por imitación de otros sectores sociales que hallarán en la acción colectiva un repertorio exitoso de conquista de demandas. Cocaleros, colonizadores, gremiales, transportistas, vecinos, mineros, etc. cada uno de manera autónoma se lanzarán a la obtención de reivindicaciones que durante 20 años habían sido desoídas por los poderes gubernamentales. Esto dará lugar a una etapa de estrategias de asedio concéntrico y segmentado de los movimientos sociales contra el Estado y a la elaboración colectiva de un programa de cambios socio-políticos que, comenzando por la defensa del agua a nivel local, culminara con la propuesta de autogobierno indígena, nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente. Esta estrategia de asedio político al Estado neoliberal tendrá dos variantes: a) Una estrategia de acumulación intensiva de fuerzas de movilización que consistirá en una larga preparación de consensos sociales en torno a una temática específica, el inicio de acciones colectivas en torno a uno o pocos puntos concretos capaces de adherir rápidamente una fuerza de masa, la ocupación de las carreteras y la confrontación directa con los órganos coercitivos del Estado que victimicen a las organizaciones movilizadas, logrando un creciente apoyo activo de otros sectores cercanos neutrales o apáticos. En este caso la coerción estatal, que ha perdido previamente la legitimidad de su uso, será un mecanismo que incrementara la movilización radicalizada de las clases subalternas. Por lo general, el uso de la violencia estatal desmoviliza y atemoriza a la sociedad pero, en momentos de crisis estatal como la actual, la coerción ha perdido legitimidad social, por lo que su despliegue lo que hace es habilitar un sentimiento de peligro de muerte colectiva que convoca a una mayor adhesión y defensa de los movilizados. De esta manera, acciones locales e inicialmente pequeñas han devenido con el tiempo en grandes sublevaciones regionales con capacidad de desestabilizar al propio gobierno, como en septiembre del 2000 en el altiplano, enero del 2002 en Sacaba, o octubre del 2003 en El Alto. b) Una estrategia de lucha política parlamentaria y extraparlamentaria, que consiste en la combinación de movilizaciones sociales mediante el empleo de múltiples repertorios de acción colectiva (bloqueos de caminos, marchas, cercos, toma de tierras, etc.), con participación en competencias parlamentarias mediante la conformación de “brazos” electorales (MAS, MIP) que funcionan como prolongación parlamentaria de auto-representación de coaliciones y confederaciones de movimientos sociales urbanorurales de carácter regional. Este carácter regionalizado de la lucha parlamentaria esta 15 claro en el caso del MIP/CSUTCB que se puede decir que es una estructura política de un movimiento nacional indígena aymara. En el caso del MAS que es una colisión de varias confederaciones con irradiación nacional, su presencia política si bien no responde a una región, si corresponde solo a varias regiones y no a la totalidad del país, en tanto que su adhesión urbana nacional lograda en las elecciones del 2002, no fue tanto un apoyo a una propuesta de poder (el MAS como gobierno), sino de simpatía a una propuesta de resistencia (rechazo a los partidos tradicionales). Mientras que la movilización con objetivos político-sociales ha permitido convertir a los movimientos sociales en estructuras de lucha política de amplios bloques sociales populares e indígenas, la presencia parlamentaria ha permitido romper el monopolio y hegemonía institucional de las fuerzas conservadoras, permitiendo prolongar parlamentariamente las luchas callejeras, tanto más importante cuanto las movilizaciones no son permanentes y en los largos periodos de reflujo la lucha parlamentaria permite mantener eco de la demanda y la presencia de los movimientos sociales. Pese a sus limitaciones, las estrategias de asedio concéntrico y fragmentado, de acumulación intensiva de fuerzas y de complementación parlamentaria de fuerza de masa ha desquiciado temporalmente el sistema político tradicional, debilitando los pilares del orden estatal neoliberal, incluso más rápido de lo que los propios movimientos esperaban. El ordenamiento estatal ha entrado en crisis por fuerza de los movimientos sociales y, con ello, de manera extraordinaria y temporal la temática del poder político, la conquista- construcción del poder estatal por parte de los movimientos sociales se ha abierto como posibilidad. 3. Una estrategia de poder Por lo general, los movimientos sociales con objetivos de cambio estatal como los que hay en Bolivia (FEJUVE, CSUTCB, CPESC, Cocaleros, Coordinadora del Gas, COB, etc.,) surgen como fuerzas organizativas de resistencia y contención de las arbitrariedades del poder estatal. Históricamente son mecanismos de democratización de la política, de redistribución de la riqueza y de ampliación de derechos; pero solo en momentos muy particulares se presentan como alternativas de poder estatal. Lo fue la COB en 1952 cuando triunfó militarmente en la insurrección de abril y redujo su presencia estatal al “co-gobierno” MNR-COB con la participación de varios ministros obreros y, nuevamente hoy, los movimientos sociales a la cabeza de organizaciones indígenas, campesinas y vecinales, están ante la oportunidad extraordinaria de definir con su participación directa la estructura del poder estatal y el nuevo sistema político que habrá de surgir de esta crisis. La pregunta es si hoy los movimientos sociales serán simples mecanismos de contención del poder de las elites, o parte minoritaria de la nueva estructura de poder o bien parte hegemónica, dirigente del nuevo sistema estatal. En caso de mantener la estrategia de resistencia defensiva y corporativa de los años 90s, los movimientos sociales solo serán estructuras de contención y moderación de determinadas arbitrariedades y abusos del poder gubernamental. En caso de que se priorice las estrategias ofensivas de carácter local como se lo hace desde el año 2000, algunos movimientos sociales y sus expresiones parlamentarias, como el MAS, posiblemente sean parte del nuevo sistema político, solo que en condiciones de minoría activa capaz de forzar un Estado post-neoliberal moderado pues las fuerzas conservadoras recicladas seguirán dominando el escenario político, solo que ya no de manera absoluta. De hecho, esto es lo más probable. La posibilidad de una presencia hegemónica, dirigente, nacional de los movimientos sociales indígena-populares, de sus liderazgos y sus propuestas de país en la nueva estructura estatal de carácter post-neoliberal radical, exige en cambio una nueva etapa de estrategias políticas de los movimientos sociales. En el mes de junio del 2005, al reivindicar la nacionalización de los hidrocarburos, los movimientos sociales han puesto en discusión el tema del poder, pues ni este parlamento ni este gobierno van a nacionalizar los hidrocarburos; pero frente a ello las organizaciones sociales han mostrado límites para viabilizar en favor suyo el tema del poder político. Ello se ha hecho visible la ausencia de una opción constitucional propia de gobierno que impide, temporalmente, una salida indígena-popular de la lucha por el poder que, por defecto, vuelve a quedar en manos de los sectores centristas y conservadores de las viejas elites políticas. La posibilidad de traspasar estas barreras políticas requiere transitar de una estrategia de ofensiva local y segmentada a una estrategia de poder nacional que permita convertir a los movimientos sociales en los conductores y directores mayoritarios del nuevo Estado. Ello pudiera supone dos estrategias complementarias: Primero, una estrategia de lucha política parlamentaria de tipo frentista que supere el actual localismo o el multi-localismo de los movimientos sociales y su conversión en un referente nacional de unidad campo-ciudad, de indígenas y no indígenas capaz de generar una sólida estructura que brinde certidumbre de reunificación de la sociedad en torno a un liderazgo indígena. Está claro que ningún líder ni movimiento socio-político va a lograr por si mismo superar el tope del 20% del electorado nacional. La posibilidad de sobrepasar la barrera del 30 o 40% del electorado que permita una clara hegemonía política parlamentaria pasa por una unidad de los más importantes movimientos sociales del país, tanto de radicales como de moderados, y una amplia política de alianzas lo suficientemente flexible como para articular en torno al núcleo indígena y popular y a sectores urbanos, populares y de clase media hoy dispersos en alternativas centristas. Este frenetismo electoral no debiera ser de carácter coyuntural sino estratégico y viabilizado en las distintas contiendas electorales que se vienen en los siguientes años: selección de prefectos, constituyente, elecciones del 2007, etc. Es evidente que hoy en América Latina todo gobierno tiene que legitimarse electoralmente pero además, la democracia vista ayer como libertades y derechos políticos, y ahora como redistribución de la riqueza y derechos colectivos de pueblos indígenas, es por historia, memoria y definición la plataforma de realización política de las conquistas sociales. No se debe olvidar que incluso la revolución de 1952 para realizarse, previamente contó con la legitimación electoral victoriosa de un programa de cambios estructurales reivindicado por el MNR en las elecciones de 1951, y que los que desechan la vía electoral como medio de acumulación política a nombre de una salida insurreccional, nunca han pasado del griterío verbal para la efectivización de la tal insurrección. Segundo, una ampliación de la eficacia de la movilización social mediante una estrategia expansiva de acumulación de fuerzas políticas. Desde octubre de 2003, el gobierno ha dejado de utilizar la fuerza coercitiva para contener a los movimientos sociales; esto ha llevado a que la posibilidad de una ampliación de la movilización a partir de la confrontación ha desaparecido, al menos temporalmente, y por eso los límites de todas las movilizaciones desde octubre del 2003. Pero además, la posibilidad de ampliar la base de aliados de la movilización y su legitimación choca con el propio uso excesivo y continuo de medidas de presión (el bloqueo de caminos, el paro de actividades), que también afecta a sectores amplios de la población que se sienten al margen de la conflictividad. Por ello, así como el Estado y los gobiernos aprenden de sus límites y sus derrotas pasadas, los movimientos sociales debieran aprender de sus límites y dificultades actuales. En la medida en que el poder político por el que luchan actualmente los movimientos sociales no es solo un lugar (el palacio de gobierno), sino una relación de fuerzas, de capacidades y de acciones de poder efectivo, la posibilidad de llegar al control del poder político pasa por la construcción expansiva de este poder político de manera territorial, de tal manera que el remate final, electoral o incluso insurreccional, se sostenga sobre procesos previos de construcción territorializada y creciente de relaciones de poder político, económico y cultural de los movimientos sociales en todas sus áreas de influencia. Y es que el tema del poder estatal ya no es solamente un tema de resistencia sino de soberanía general; no es un tema de petición sino de mando y ejecución de la cosa pública y ese es el límite histórico que los movimientos sociales deben superar en sus acciones políticas, electorales y de movilización, si es que quieren transformar y conducir la estructura estatal. Por tanto, se pudiera abrir la posibilidad de ir implementado, paralelamente a una vigorosa y unificada participación electoral, una ocupación-construcción territorial local, regional y crecientemente nacional de poder indígena, de poder popular, de poder vecinal en los distintos ámbitos de la vida cultural, política, económica de las zonas y regiones controladas por las organizaciones sociales, de tal manera que estas sirvan de soporte administrativo, de vitrina política y cultural imitable por otras regiones, de base política y económica de la capacidad de soberanía social, de auto-organización y autodeterminación de los movimientos sociales. La base territorial de los movimientos sociales con sus núcleos regionales de mayor presencia y los municipios, especialmente indígenas y campesinos recientemente ganados por los movimientos sociales y sus “instrumentos políticos” en las elecciones municipales del 2004, pudieran convertirse en la plataforma organizativa política y administrativa territorial de esta construcción de fragmentos expansivos y ensamblables de poder estatal de los movimientos sociales mas fuertes que, gradualmente, van subordinando a su lógica organizativa, a sus deliberaciones y decisiones ejecutivas el conjunto de la vida política (elección de autoridades estatales, ejecución de decisiones gubernamentales), económica (gestión de recursos públicos, producción ), cultural (sistema educativo, simbologías estatales) de la región (de una o varias provincias, de uno o varios distritos, del departamento, etc.). El norte del altiplano aymara, el Chapare junto al Valle Alto, el norte de Potosí, los distritos de El Alto más organizados pudieran ser los escenarios iniciales de estos procesos históricos de construcción territorial de poder político de los movimientos sociales, capaces de visualizar prácticamente las propuestas electorales, de sostener duraderamente la posible victoria electoral de la administración estatal, de darle un contenido popular, indígena y descolonizador a la probable descentralización política administrativa del Estado y, a la larga, de canalizar proyectos de emancipación comunitaria de la sociedad respecto al Estado. En el fondo, los movimientos sociales están ante la oportunidad de ir explorando estrategias de poder estatal, tanto en su dimensión administrativa, resultante de procesos electorales, como en su dimensión estructural fruto de la correlación de fuerzas territoriales del Estado que es en definitiva donde se dirime el tema del poder. Notas 1) K. Marx, Carta a Freiligrath, 28/II/1860, en K. Marx. F. Engels, Werke, Tomo 33, Dietz Verlag Berlin 1979. 2) El “sindicato campesino” mas allá del nombre, poco tiene que ver con el sindicato obrero, ya que designa un tipo de asociación tradicional de familias unificadas por obligaciones y derechos en torno a la posición familiar-comunal de tierras y responsabilidades políticas locales. 3) Ch. Tilly (ed.), Citezenschip, Identity and Social History, N.Y., International Review of Social History Supplements, 1996. 4) Fue Bourdieu quien definió el mundo de las disputas políticas como un campo donde los sujetos políticos, ocupan una posición y despliegan unas luchas en función del volumen de capital político que poseen. Ahora bien, este capital político es el capital de reputación, de reconocimiento que permite a las personas u organizaciones que lo poseen influir y modificar, parcial o totalmente, la manera en como la sociedad representa, significa, imagina y “conoce” las jerarquías, las divisiones sociales y las “necesidades” que regulan o deben regular la vida colectiva de un país. De aquí que Bourdieu hablara campo político como el espacio de competencias y luchas simbólicas “por la manipulación legítima de los bienes políticos” que tienen por objetivo común el poder sobre el Estado. Sobre el concepto de campo político, véase, P. Bourdieu, El campo político, Plural, La Paz, 2001 5) Sobre el tema del corporatismo en sociedades democráticas ver Scmitter, Philippe, Teoría del neocorporatismo, Universidad de Guadalajara, México, 1992. 6) Luis Tapia, La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad. Muela del Diablo/CIDES-UMSA, La Paz, 2002. 7) G. Arrighi; T.K. Hopkins; I. Wallerstein, Movimientos antisistémicos, AKAL, España, 1999. 8) T. Negri; M. Hard, Imperio, Paidós, Argentina, 2002. 9) J. Ranciere, El desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1996. 8 10) Un estudio detallado de las organizaciones sociales mas importantes en Bolivia se halla en : Patricia Costas, Marxa Chávez, Álvaro García Linera, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, DIAKONIA/OXFAM, La Paz, 2005. 11) Sobre las características del nuevo proletariado minero y fabril en Bolivia, revisar: A. García Linera, La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana (1950- 1999), Instituto de Investigaciones Sociológicas_ UMSA/Comuna, La Paz, 2000.