Guillermo Martínez tenía apenas veinte años cuando un agente de la patrulla fronteriza le disparó por la espalda, a muy poca distancia, en el estado de California. Un gran número de migrantes ha recibido disparos de los oficiales de la policía migratoria estadounidense. Organizaciones mexicanas de derechos humanos han registrado cuatro casos en apenas seis meses y advierten de que el número está aumentando. La mayoría no llega a los titulares. Pero la muerte de Martínez llegó al mismo tiempo que una serie de medidas para criminalizar aún más a los migrantes; medidas que, muy probablemente, aumentarán las probabilidades de que más jóvenes pierdan sus vidas en la que se ha convertido en la frontera más contradictoria del mundo. La resolución 4437 de la cámara de representantes, también conocida como “ley Sensenbrenner” por el hombre que la promovió, fue aprobada en diciembre y ha dañado la relación binacional y disparado tanto la indignación como el fervor antiinmigrante. La ley pide hacer ilegal la entrada “del crimen” en Estados Unidos, construyendo una cerca de unos 1100 kilómetros de largo para detener el flujo migratorio y aumentando la seguridad en la frontera. Tanto el título –“Acta de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal”– como la lógica de la ley localizan la inmigración directamente en el centro de la guerra contra el terrorismo. Pero usar un lente antiterrorista ante la inmigración oculta una realidad muy distinta. Ya se ha dicho antes. Para bien o para mal, la economía estadounidense depende del trabajo de los inmigrantes. Pocas semanas después de la muerte de Martínez, el gobernador anunció la necesidad de importar 25,000 trabajadores legales desde el vecino estado de Sonora para recoger las cosechas de invierno. Lo mismo sucede respecto de la dependencia sobre el trabajo indocumentado en el sector servicios. Para responder a la emergencia, Arizona buscaría trabajadores con visas que quisieran volver al otro lado de la frontera después de la jornada de trabajo. Pero en los últimos días, inclusive las voces pidiendo programas de trabajadores huéspedes se han ahogado en la retórica de odio y miedo de las campañas contra los inmigrantes. Algunos políticos que buscan impulsar sus carreras han hecho declaraciones antiinmigrantes que violan los principios básicos de la nación. El republicano Tom Tancredo afirma que los inmigrantes amenazan el American way of life y son un ejemplo vil. Mientras no se encuentre una solución legal, los empleadores seguirán apoyándose en el trabajo indocumentado o enfrentándose a perder, en el caso mencionado antes, una gran parte de la cosecha de invierno, que vale unos mil millones de dólares. Esta solución, forjada en los márgenes de la legalidad, causa muchos problemas sociales y personales, pero mantiene bajos los costos laborales. La otra mitad de la realidad es que el flujo de inmigrantes no muestra signos de disminuir en el futuro cercano. De hecho, el número de mujeres, hombres y niños dispuestos a arriesgarse para cruzar sigue creciendo. El Consejo Nacional de Población de México reporta que dos millones de mexicanos emigraron durante los cinco años de la administración Fox, la mayoría a Estados Unidos. Sólo el año pasado, estos migrantes inyectaron en la tan estancada economía mexicana alrededor de 22,200 millones de dólares en remesas. Con el desempleo en México en picos históricos –un millón y medio de personas sin trabajo y millones más subempleados–, los sueldos por debajo del nivel de subsistencia y millones de jóvenes entrando en la fuerza de trabajo, y con los damnificados del huracán Stan en Chiapas y Guatemala, miles más buscaran una mejor vida –o incluso apenas la supervivencia– en el norte. Conforma sube la inmigración, también suben las muertes. La Patrulla Fronteriza parece ver la muerte de Martínez como una advertencia a otros trabajadores indocumentados, en vez de ver en ella una advertencia contra sus propias prácticas. En declaraciones a la prensa, la región de San Diego afirmó que sus miembros van normalmente equipados con armas de balas expansivas. Éstas son más letales y más dolorosas que las pistolas convencionales, lo que explica por qué un hombre que recibió un disparo en el hombro murió dos horas después. El uso de armas de fuego contra los inmigrantes está prohibido por los acuerdos binacionales, y el uso de balas expansivas está vetada por la legislación internacional. Los dos mil migrantes muertos por deshidratación o los actos de violencia durante los últimos cinco años no son las únicas consecuencias de políticas fronterizas profundamente contradictorias. La relación binacional también ha sufrido, tanto entre los gobiernos como entre la opinión pública. La muerte de Martínez llevó a otro enfrentamiento entre funcionarios de la administración Bush y México. El gobierno mexicano comenzó una investigación y envió una nota diplomática al gobierno estadounidense. Incluso estas acciones fueron criticadas por legisladores y grupos ciudadanos, que las consideraron una respuesta “blanda” en un clima de creciente indignación. Mientras la violencia y el tráfico de drogas en la frontera amenazan con salirse de control, el afán de Estados Unidos de concentrarse en la caza de migrantes mina la cooperación sobre temas de seguridad urgentes y desvía recursos muy necesitados. En este contexto de tensiones crecientes, la confrontación entre agentes policiales estadounidenses y narcotraficantes usando uniformes militares se ha convertido en una guerra de recriminaciones en vez de en un esfuerzo por investigar qué pasó en realidad. Nada de esto tiene sentido. No tiene sentido que Estados Unidos trate a los trabajadores como criminales. No tiene sentido que México considere la emigración como una estrategia económica aceptable. No tiene sentido que una de las zonas más abiertas en términos comerciales ignore los problemas de los flujos laborales, rebajándolos a categorías criminales que los estigmatizan, los explotan y niegan su misma existencia. No hay duda de que los controles son necesarios. Pero los planes actuales de usar aeronaves piloteadas por robots que patrullan la frontera como aves de presa, las vallas multimillonarias y los miles de oficiales armados sólo exacerbarán lo que es un problema político, no policiaco. Quizá estas medidas reduzcan el flujo de inmigrantes en Estados Unidos, pero ¿a qué costo? Crear condiciones de guerra en la frontera podría fácilmente convertirse en una profecía autocumplida. - Laura Carlsen dirige el Americas Program del International Relations Center (en línea en www.irc-online.org) en la ciudad de México. Boletin Transfronterizo. Publicado por el Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). www.ircamericas.org