No bastó ignorar las promesas de transformación social, abandonadas en las tarimas electorales. Tampoco fue suficiente profundizar la política económica conservadora de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso (FHC), ni entregar ministerios a representantes del mercado financiero y del agronegocio. Todos esos retrocesos ideológicos no bastaron para que el presidente Lula mantenga una relación estable con la derecha brasileña. Por el contrario, la actual crisis política brasileña muestra que entre un neoliberal y otro neoliberal, la élite prefiere el original. Por lo menos, tres aspectos dibujan el escenario de fondo de este momento de inestabilidad. El primero es la proximidad de las elecciones en 2006, la disputa por el poder con el Partido Socialdemócrata de Brasil, PSDB, (de FHC) y los intereses estadounidenses en América Latina. El segundo aspecto se refiere a los percances de una gestión enfocada en el mantenimiento de la gobernabilidad por medio de alianzas con los sectores más conservadores y reaccionarios de la política brasileña. Por fin, el tercer aspecto tiene que ver con las consecuencias de un gobierno que no tiene proyecto de nación, solo de poder, y que se olvidó de construir una base sólida de apoyo popular, distanciándose de los movimientos sociales. Frente a este escenario, las principales organizaciones populares brasileñas decidieron hacer una apuesta decisiva. El 21 de junio, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), la Central Única de los Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), junto con otras entidades, lanzaron la "Carta al Pueblo Brasileño". No por casualidad, el documento tiene el mismo nombre de otra carta escrita por el entonces candidato Lula, en el auge de su campaña electoral, en junio de 2002, buscando tranquilizar a los mercados financieros y a la élite sobre un futuro gobierno del PT. En ese momento, el documento fue interpretado como uno retroceso frente a las amenazas golpistas de la derecha de crear un clima de inestabilidad en el país (fuga de capitales, explosión de la cotización del dólar, etc.). El llamado "golpismo cotidiano", expresión del sociólogo Emir Sader. Tres años después, las principales organizaciones sociales brasileñas se unificaron en la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS) y ofrecieron apoyo al presidente Lula, nuevamente acorralado por la derecha. Pero, a cambio, están exigiendo transformaciones estructurales en su gobierno, sobre todo, en la política económica. Si las reivindicaciones serán aceptadas, sólo lo dirá el poder de movilización popular de esas organizaciones. FHC-Kissinger El 23 de febrero de 2005, el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ofreció una emblemática conferencia en Washington, invitado por el ex-secretario de Estado, Henry Kissinger. En esa oportunidad, como reveló el periodista José Arbex Jr., FHC exaltó la actuación de Kissinger en la formulación de la política externa estadounidense de los años 70. Ese ex- funcionario del gobierno de los EUA, a quién FHC llamó "viejo amigo", fue un de los mentalizadores del golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende, en Chile, sólo para citar un ejemplo de su "honrada" biografía. Un detalle: Allende, muerto en el ataque al Palacio La Moneda, acogió a FHC y le concedió asilo, en la época del golpe militar en Brasil (1964). Dos días después de la conferencia, el Financial Times informó que se estaba creando un grupo de seguimiento de América Latina que pedía mayor presencia de Estados Unidos en la región. Bajo el liderazgo de FHC y de Carla Hills (ex- representante comercial estadounidense), ese grupo señaló como riesgos el ascenso de gobiernos de izquierda en el continente y reclamó una acción más vigorosa de los estadounidenses para evitar que el gobierno de Hugo Chávez contaminara todo el continente. Esos dos hechos anteceden a la crisis brasileña, que estalló a mediados de mayo con la divulgación por la revista Veja de una denuncia de corrupción en la empresa estatal Los Correos. La publicación semanal, abiertamente neoliberal, es la más leída del país (más de 1 millón de tirada) y estuvo con FHC durante los ocho años de su mandato presidencial. Cierta vez, Roberto Civita, el dueño del grupo Abril, que edita la revista, dijo: "Piensan que Abril apoya el programa de gobierno del Fernando Henrique. La cuestión está mal planteada. No es Abril que apoya el programa de Fernando Henrique. Es Fernando Henrique que apoya el programa de gobierno de Abril" (revista Carta Capital). El reportaje divulgado por la revista mostraba a un director de la empresa estatal brasileña recibiendo 3 mil reales (cerca de 1,2 mil dólares) para conceder fraudulentamente una licitación. La fuente de la denuncia era un vídeo, de autoría no revelada. En la grabación, el funcionario de los Correos revela que hay un esquema de corrupción en la estatal, organizado por el presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil (PTB), el diputado federal Roberto Jefferson, cuyo objetivo es recaudar fondos para el partido. El PTB es uno de los partidos aliados de Lula y consiguió cargos en diversas empresas públicas, a cambio de su apoyo en el Congreso. La denuncia tiene gran repercusión en la gran prensa, que intenta vincular al PT a las denuncias, y el 21 de mayo, Fernando Henrique Cardoso dice que "el gobierno Lula parece un pavo borracho", en una reunión del PSDB. Comenzaba, así, la mayor crisis política de la gestión del PT, mientras surgían en la ciudad de São Paulo, capital económica del país, las primeras pegatinas "Geraldo Alckmin para presidente", referencia al actual gobernador de São Paulo, posible candidato a la elección presidencial en 2006. Malas compañías La denuncia de corrupción en los Correos sacó a luz las malas compañías del gobierno Lula en su búsqueda frenética por conseguir apoyo en el Congreso. Uno de esos nuevos aliados, el presidente del PTB, Roberto Jefferson, es uno de los políticos más reaccionarios de la vida pública brasileña. En su currículo, constan acciones como liderar la fuerza de choque en defensa del ex-presidente Fernando Collor de Melo, destituido en agosto de 1992. Un año después, fue acusado de corrupción en el escándalo de los "enanos del presupuesto", grupo de parlamentarios que controlaba el Presupuesto en la Cámara. Jefferson también apoyó a Fernando Henrique Cardoso durante su gobierno y, en diversas ocasiones, dijo que los del PT eran "demonios". La opción por aliarse a los políticos conservadores fue tomada por el gobierno Lula como una elección por la "gobernabilidad", o sea, con el objetivo construir una mayoría afín en el Congreso y en la Cámara. Esa estrategia incluyó alianzas con partidos reaccionarios: además del PTB, con el PP (de Paulo Maluf, conocido por el lema: "roba, pero hace") y el Partido Liberal (conectado a la Iglesia Universal). Para el efecto, fueron hechas muchas concesiones. Una de ellas fue seguir al pie de la letra la orientación neoliberal en la política económica. El diputado Delfim Netto (ex- ministro de la dictadura, célebre defensor de la idea de que primero es preciso hacer crecer la torta, para, después distribuirla), por ejemplo, es uno de los principales interlocutores de Antonio Palocci, ministro de Hacienda. ¿Y por qué Lula escogió ese camino? "Tal vez por temer una desestabilización, por temer una reacción más violenta de la élite brasileña, no sabría decir. De cualquier manera, yo discrepo de la política económica, una de las razones por las cuáles yo dejé el gobierno", afirmó Frei Betto, amigo personal de Lula y ex-asesor especial de la Presidencia, en entrevista con Marcelo Netto, del periódico Brasil de Fato. El trípode de esa política económica son los intereses altos, la atención a las exportaciones y el superávit primario. Un estudio del economista Marcio Pochmann, de la UNICAMP, anota que los efectos de esa opción son una vigorosa transferencia de la renta hacia los más ricos. Según él, un 4% de la población que tiene inversiones financieras relacionadas con la deuda reciben cerca de 40 mil millones de dólares todos los años. "O sea, el gobierno castiga al pobre en la recaudación y transfiere el dinero recaudado hacia los ricos", evalúa el economista. En contrapartida, el principal programa social del gobierno, la Bolsa-Familia, no recibe más que 5 mil millones de reales por año. Otro argumento utilizado por el gobierno para justificar la transferencia de tantos recursos fue que había, en el país, una correlación de fuerzas desfavorable a la implantación de un proyecto transformador. Para Emir Sader, esa justificación no basta. "Lula tenía fuerza más que suficiente para realizar las prioridades sociales prometidas en la campaña electoral. Tenía condiciones para comenzar a poner en práctica un modelo económico diferente. Sin ese apoyo, el presidente argentino ha adelantado elementos de un modelo distinto: reestructuración de la deuda externa, veto al aumento del precio de la gasolina, ahora decretó la retención de una parte de las inversiones llegadas al país. Brasil tendría mejores condiciones para eso. Si hubiera hecho eso, habría tenido apoyo más que suficiente, sin necesitar negociar apoyos", evalúa el sociólogo. El hecho es que el gobierno Lula optó por otro camino y las elecciones le golpean la puerta. Acorralado, el nuevo amigo Roberto Jefferson (un abogado criminalista que ya había acumulado un cierto conocimiento en safarse de acusaciones de corrupción) consiguió pasar del papel de acusado al de acusador. En entrevista publicada por el periódico paulista Fhola de S. Paulo, Jefferson acusó al PT de organizar un esquema de compraventa de diputados, a partir del pago de una mesada. Bautizado de "mensalão", ese esquema sería coordinado por el Jefe de la Casa Civil, José Dirceu, entre los burócratas del PT. Jefferson no presentó ninguna prueba. Y a pesar de estar siendo acusado de coordinar un esquema de corrupción en los Correos, sus denuncias fueron ampliamente explotadas por la gran prensa. Durante semanas, los periódicos publicaron en titulares las declaraciones de Jefferson que soltaba, día tras día, nuevas denuncias. "Los mass media crean un clima de inestabilidad, predicado por el ex-presidente FHC, para intentar herir de muerte al gobierno y vencer en las elecciones de 2006", analiza Emir Sader. Fue sintomático , por ejemplo, que la prensa ignoró un desliz de Jefferson, que reveló que el PSDB de FHC había hecho donaciones ilegales al PTB. Tampoco los periódicos y la televisión destacaron en el informativo el proceso en curso contra el actual presidente del Banco Central (BC), Henrique Meirelles, acusado de fraude financiero. "La derecha es la principal interesada en la crisis, pues pretende volver al gobierno. Véase, por ejemplo, cómo el proceso contra Meirelles, con todas las pruebas correspondientes, presentado a la Justicia por el Procurador General de la República, desapareció de los informativos. Y no se hizo escándalo, porque interesa a la oposición y a los sectores derechistas dentro del gobierno, poniéndolo a salvo, desviando los debates hacia otros temas", explica Sader. Pero si el gobierno agrada a las elites, ¿por qué no están satisfechas? "Les incomoda el PT, tanto porque luchan para ganar las elecciones el próximo año, como porque engendran en el partido el núcleo de las políticas que rompieron - en mayor o menor grado - con sus políticas, como la política externa, la de educación, la de la reforma agraria, la de la cultura, la de las ciudades", analiza el sociólogo. ¿Nuevo rumbo? En medio de la crisis, el presidente Lula afirmó que va a cortar en la propia carne y aceptó la dimisión negociada de José Dirceu, su principal ministro que era considerado el "capitán del equipo" (según el propio Lula) y que compartía el centro de las atenciones con el ministro de la Hacienda, Antonio Palocci. De hecho, el presidente inclusive anunció que hará cambios en su gabinete, abriendo más espacio para los partidos aliados, como el PP y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (dominado por caciques tradicionales de la política brasileña, como el ex-presidente José Sarney). Ese escenario de desestabilización del gobierno y de ofensiva de los sectores más conservadores no está siendo acompañado pasivamente por los movimientos sociales. Las principales organizaciones populares brasileñas creen que esa crisis puede abrir una oportunidad para presionar al gobierno a cumplir con sus promesas de campaña, como el cambio de la política económica, la reforma agraria y una política de reducción de las desigualdades sociales. "De cara a las elecciones de 2006, las elites iniciaron, por los medios de comunicación, una campaña para desmoralizar el gobierno y al presidente Lula, apuntando a debilitarlo para derrumbarlo u obligarlo a profundizar la actual política económica y las reformas neoliberales", señalan los movimientos, en la Carta al Pueblo Brasileño. Las organizaciones exigen un rigurosa investigación de las denuncias de corrupción, pero demandan también que los escándalos de la época del presidente FHC sean investigados (ilegalidades en la privatización de estatales, compraventas de votos de parlamentarios, favorecer a bancos privados, etc.). En el documento, la Coordinación de los Movimientos Sociales (CMS) anuncia que saldrá a las calles para defender al gobierno de la tentativa de desestabilización de la derecha, pero condiciona su apoyo al cambio de la política económica. João Pedro Stédile, de la dirección del MST, integrante de la CMS, señala que el momento es de una crisis profunda. "Esta es de carácter estructural, por la continuidad de una política económica claramente neoliberal que sólo profundiza los problemas del pueblo. La crisis es provocada por las alianzas del gobierno con sectores conservadores y sus conveniencias. La crisis es provocada por la derecha y sus conexiones con el gobierno Bush", afirma. Según él, la intención de esa ofensiva de la élite es derrotar políticamente al gobierno Lula. "Y si el presidente continúa con popularidad, tendrán por lo menos que renegociar con él las condiciones de un segundo mandato aún comprometido con el mantenimiento de los acuerdos neoliberales", agrega. Para el dirigente del MST, sin embargo, aún es posible revertir este escenario. "Eso depende, ahora, de la posibilidad de que realicemos movilizaciones de masas, exigiendo cambios en la política económica y una reforma política amplia para que el gobierno Lula no continúe como rehén de sus alianzas conservadoras y sus compromisos con los neoliberales", afirma, añadiendo que la única certeza de la posibilidad de cambios, en cualquier parte del mundo, en Brasil, en Uruguay, en Argentina o en China, "es que los trabajadores se organicen de forma independiente, se movilicen y luchen por cambios, pues nunca, ningún gobierno dio nada gratis". Jorge Pereira Filho es redactor del semanario Brasil de Fato