El escándalo de los autoatentados con bombas en Bogotá no ha parado de hacer carambolas. Primero salió el General Montoya y se anticipó a la noticia del periódico El Tiempo diciendo que las bombas desactivadas y la que estalló, no eran atentados de las FARC sino “positivos” en los que estaban involucrados oficiales del Ejército. El Ministro de Defensa lo confirmó por la W y al día siguiente lo desconfirmó. Así lo cubrió la W el día 8 de septiembre: “El ministro de Defensa dijo que en el Gobierno y las instituciones armadas "todos estamos sorprendidos (...) y consideramos estos hechos totalmente censurables, rechazables". "Nosotros procederemos a tomar todas las medidas del caso para que los responsables sean castigados de forma ejemplar", agregó Santos, quien aseguró que se trata de un "caso aislado", como otros que se han conocido en meses pasados. Santos pidió que por ningún motivo se ponga "en tela de juicio la credibilidad o la legitimidad de nuestras instituciones militares". "Nosotros también nos sentimos muy tristes y muy preocupados por lo que sucedió, y (...) estamos consternados", continuó el titular de Defensa. Añadió que en su sector se ha activado un "proceso de revisión profunda" de todos los pasos y procedimientos internos para el ingreso y la preparación de personal, lo mismo que para la promoción de efectivos”. Al día siguiente la versión era otra: El funcionario dijo en La "W" que "hasta ahora la información que tenemos" así como la información entregada por los propios militares y la informante es que los uniformados estaban desarrollando "una actividad de inteligencia". Agregó que las comunicaciones entre los dos militares y alias "Jessica" establecen que se trataba precisamente de "una actividad de inteligencia". Según Santos, "eso tiene una lógica y una explicación" ya que "para no permitir que estallen ciertos artefactos o para poder incautar ciertos explosivos... hay que, como quien dice, seguirle el juego". En torno al caso específico de la explosión de un carro bomba el pasado del 31 de julio, en la que murió una persona y 19 militares resultaron heridos, el Ministro de Defensa precisó que "hasta ahora no hay ninguna prueba" que permita determinar que "los militares sabían de esa operación". Ante la dimensión del escándalo el Presidente reunió al Consejo de Seguridad y después de 11 horas el Fiscal General de la Nación salió a decir que no había ningún proceso contra esos militares y que ante la presencia de una reinsertada de las FARC que actuaba como informante de la inteligencia del Ejército, la investigación se enrutaba a establecer la responsabilidad central de esa organización subversiva. El tercer acto fue al día siguiente con la alocución presidencial: ni positivos terroristas, ni infiltración de la guerrilla en el corazón de las fuerzas armadas, pues de lo que se trata es de una operación encubierta de la inteligencia del Ejército que fue filtrada a los medios y que estos por precipitud y falta del sentido de la oportunidad volvieron escándalo total. Y no para de rodar la bola pues las últimas noticias apuntan a decir que la serie de actos terroristas, con zozobra completa en la Capital y alerta general en todo el país, eran acciones programadas con la reinsertada y doble agente para exterminar a un jefe de segunda línea de las FARC. El Presidente reconoce que “Jessica” es una colaboradora de los servicios de inteligencia y de varias entidades del Estado desde hace más de tres años y se concentra en la afirmación de que no hay pruebas contra los militares de participación en el atentado que causó la muerte de una persona y dejó heridos a 18 soldados. Lo grave de la alocución presidencial es que después de responsabilizar a los medios de comunicación por obstruir una investigación acogiendo una filtración de inteligencia, le da legitimidad o al menos minimiza la participación de miembros de la fuerza pública en la realización de actos terroristas si ellos son parte de operaciones encubiertas. “Hay una serie de detalles que voy a omitir, dijo el Presidente, pero que los hemos estado estudiando, sin ser nosotros las autoridades competentes para la investigación, pero teniendo especialmente yo, la responsabilidad del orden público en el país, que los hemos estado estudiando alrededor de esta pregunta: ¿Las acciones de los militares aludidos fueron acciones de un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía o fueron acciones delictuales? En la inteligencia en el mundo entero, esa pregunta es pertinente. La respuesta que tenemos hasta este momento es, de parte de las autoridades investigativas, que los militares aludidos aún no se les ha comprobado que estuvieran incurriendo en acciones criminales. Que hasta ahora lo que hay, es que se encontraban en un procedimiento de inteligencia para proteger a la ciudadanía”. De modo que en la doctrina Uribe sobre inteligencia, no son actos delictuales ni acciones criminales la colocación de bombas en centros urbanos cuyo impacto evidente es generar la sensación de una ofensiva guerrillera, paramilitar o de un grupo armado cualquiera. La discusión sobre el caso que llevó a la muerte de un ciudadano parece ser el único asunto criminal en esta cadena de hechos terroristas que involucra militares en operaciones del “servicio” o en iniciativas personales orientadas a producir “positivos”. Poco se ha dicho que la filtración no fue tal sino una completa investigación de la Policía que no tragó entero cuando los comandantes del Ejército se dedicaron a mostrar éxitos en la neutralización de una supuesta ofensiva de las FARC en Bogotá. La crónica de ese trabajo de contrainteligencia fue presentada en detalle en la revista Cambio y ha pasado desapercibida. Al fin de cuentas lo que se evidenció fue la profunda fractura que se ha producido entre esos cuerpos de la fuerza pública y que ha tenido episodios dramáticos como la masacre en Jamundí de policías a manos de un grupo del Ejército. No se sabe que es más grave, si la reiterada información de que oficiales sometidos a la presión y acoso del Presidente por partes diarios de victoria, están inventando resultados y llegan hasta acciones terroristas y mutación de campesinos asesinados en guerrilleros dados de baja. Si la posición oficial que reclama confianza ante acciones de inteligencia que recurren a los métodos del terror. Si el uso de los reinsertados como informantes y la validación del oscuro mundo de las recompensas. O los reclamos que se dirigen contra los medios de comunicación por no subordinarse a las operaciones encubiertas. Para completar la carambola en los pasillos del Congreso de la República, donde esperan la llegada de Jessica la doble agente, se maneja la versión de que en realidad todo ha sido un montaje organizado por sectores ultraguerristas que quisieron hacer abortar el anuncio del presidente Uribe, en el discurso de posesión, sobre pasos definitivos hacia los diálogos con las FARC, incluida la disposición de los municipios de Florida y Pradera, para una primera ronda de conversaciones directas sobre el llamado intercambio humanitario. Según esa versión, la actitud proclive al diálogo mostrada por el Presidente y su cambio de lenguaje ante la guerrilla, activó núcleos recalcitrantes que decidieron montar el show terrorista en Bogotá. Increíble tanta confusión. Y, a pesar de la súplica presidencial la gran víctima es la confianza. Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía
www.vivalaciudadania.org Opiniones sobre este artículo escribanos a: semanariocaja@viva.org.co