El Estado de Guatemala viola sistemáticamente el Derecho a la Alimentación de su población, al no abordar las problemáticas que están motivando que cada día haya más pobreza en el país. Las respuestas que se ha dado hasta el momento, se constituyen en paliativos que no implican ningún mejoramiento para las condiciones de vida de las poblaciones al borde de la Hambruna. La inserción de cultivos para la exportación se ha venido incrementando en Guatemala durante la última década, lo que ha implicado la disminución de cultivos tradicionales. Esta situación implica el retroceso en dos aspectos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Primero, que en la medida que la producción del agro se va encaminando a cultivos de exportación, disminuye la disponibilidad de los alimentos tradicionales de la dieta nacional, y segundo, la pérdida constante de ingresos de miles campesinos, que no tienen cabida en los nuevos ámbitos productivos. En este sentido la Dependencia Alimentaria que el país mantiene con el extranjero, se viene consolidando. La producción alimentaria del país cada vez se orienta menos al consumo nacional, y en contraste, éste se alimenta cada vez más de productos importados. Guatemala se orienta a la Dependencia Alimentaria, no sólo por la inaccesibilidad hacia los productos esenciales de la dieta tradicional, por el crecimiento de las importaciones, pero especialmente porque se rompen las posibilidades de trabajo para miles de familias que se dedican a labores campesinas, sin que se prevean alternativas a su actividad laboral. Se ha producido un ascendente debilitamiento de la ingesta de alimentos, es significativo el retroceso que hemos sufrido en cuanto al consumo de frijol y maíz, y el estancamiento en cuanto a consumo de arroz y carne, además del incremento, aunque leve, del consumo de trigo. El consumo nacional de energía alimentaria por persona siempre ha sido de las más bajas en Centro América. En el periodo 93-95 inició un proceso de caída que llegó a ser de 2,140 kilocalorías en el periodo 99-2000, algo insólito en la historia reciente de la región. A pesar que se observa una leve mejoría en los años recientes, el país se consolida en el último lugar de la región y se mantiene muy alejado de línea de suficiencia de 2,500 calorías diarias por persona, incluso desde hace más de 10 años se encuentra muy por debajo de la línea crítica ubicada en 2,250 calorías. La debilidad del Estado y de las políticas para abordar las condiciones de pobreza lo podemos observar en el desempeño que han tenido la totalidad de los municipios y las zonas de la capital, respecto a mejoramiento o empeoramiento en la talla infantil, en un periodo de quince años. Es evidente que estos cambios no dependen de factores externos, y más bien están enlazados a las propias condiciones de cada municipio. La mayoría de los municipios con vulnerabilidad alta retrocedieron, mientras que la mayoría de los municipios con vulnerabilidad baja lograron avanzar en este aspecto. Es necesario que se tomen en cuenta las recomendaciones que el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, hizo al gobierno guatemalteco para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación en el país: - Promover el Acceso a la Tierra de la población campesina; - Aplicación de la Legislación Laboral; - Formalización del Pacto Fiscal; - Aplicación del Catastro y el Código Agrario; - Consideración de nivelar el Salario Mínimo según el Costo de la Canasta Básica Alimentaria; - Armonización de los compromisos de Guatemala ante el TLC con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.