La transnacional Syngenta fue denunciada por plantar ilegalmente transgénicos en el Estado de Paraná, algo que no puede hacer en Suiza, su país de origen; en el área se instalará un centro de investigaciones agroecológicas.

El gobernador de Paraná, Roberto Requião, firmó el decreto el 12 de noviembre disponiendo la desapropiación de un área de 300 hectáreas de la Syngenta en Santa Teresa do Oeste (en el oeste paranaense). En marzo, 600 militantes de la Vía Campesina de Brasil ocuparon el terreno para denunciar el incumplimiento de las leyes federales y provinciales por parte de la transnacional suiza que produce pesticidas y transgénicos.

La empresa, una de las mayores industrias de semillas del mundo, realizaba experimentos con maíz y soja genéticamente modificados en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú. Esto constituye un grave atentado a la bioseguridad, ya que hay riesgo de contaminación genética. Además, se debe anotar que el Parque de Iguazú fue reconocido, en 1986, como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

"(La sanción)…es una de las mayores conquistas de la lucha por la defensa de la biodiversidad en todo el mundo", manifestó Maria Rita Reis, asesora jurídica de la ONG Tierra de Derechos. Ella destaca el carácter simbólico de la decisión ya que "la existencia de un campo de experimentación de transgénicos en una zona de amortiguamiento es una gran amenaza a la biodiversidad".

Tan es así que, el día anterior a la ocupación por parte de Vía Campesina, el 13 de marzo, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) había multado a Syngenta en 1 millón de reales por la falta. A su vez, Marino Gonçalves, en ese entonces superintendente del IBAMA paranaense, reveló que la plantación de la transnacional ponía en peligro la producción orgánica en la región, además de la salud humana, animal y de las plantas.

Sin embargo, la Syngenta no pagó ni apeló la multa que se le impuso. Según Maria Rita, la transnacional prefirió ignorar la disposición del IBAMA y hacer un trabajo tras bastidores. "Con eso, consiguió del gobierno federal una medida provisional reduciendo los límites de las zonas de amortiguamiento. También hubo una campaña mediática: varios periódicos criticaron la ocupación y la multa en editoriales", afirma.

De la cobertura de los medios de información corporativos, cabe destacar un artículo del periódico O Estado de São Paulo del día 3 de julio, en el que ridiculiza la legislación brasileña de protección ambiental y la ocupación es descrita en forma pintoresca. Con el título "La invasión que no llega a su fin", el texto incluye las amenazas de la transnacional de reducir las inversiones en Brasil y, en especial, en Paraná; además hay otro texto en el cual un ejecutivo brasileño relata las dificultades de explicar la legislación de Brasil a sus superiores en la matriz suiza.

Ocho meses de lucha

Paralelamente a las acciones de la Syngenta, cerca de 100 familias permanecieron en el área, que pasó a llamarse Campamento Tierra Libre. En el lugar, la Vía Campesina deberá instalar un centro de investigaciones y un banco de semillas criollas, guiándose por la idea de que las semillas no pueden ser consideradas como una mercancía ya que constituyen la base de la supervivencia humana.

Los campesinos están cerca de alcanzar esta conquista, ya que la desapropiación forma parte de las atribuciones que tienen los gobiernos provinciales cuando está en juego el interés público, como es el presente caso del area de Santa Tereza do Oeste amenazada de contaminación por la transnacional Syngenta. (Traducción ALAI)

- Luís Brasilino es periodista de Brasil de Fato