Lima

El proceso electoral peruano ha venido a confirmar la tendencia de los últimos 15 años en materia de elecciones: la insurgencia de los llamados “out sider”. En el 90 fue el corrupto y extraditable Alberto Fujimori, hoy detenido en Chile; en el 2001, Alejandro Toledo, que se apresta a dejar el gobierno en la más absoluta orfandad de apoyo popular; y lo es ahora, Ollanta Humala, un militar retirado que insurgió en la política en base a acciones si bien espectaculares no menos contradictorias.

Para muchos, ello es consecuencia de la crisis e incapacidad no solo de los partidos sino del propio régimen político, para dar respuesta a las demandas de la gran mayoría de la gente; gente que mira cómo la democracia se traduce en brillantes estadísticas macroeconómicas –se duplican las exportaciones, baja inflación, sobreganancias de las empresas transnacionales, bajo riesgo país- mientras que la pobreza crece o se mantiene, el desempleo aumenta y los trabajadores siguen perdiendo los pocos derechos que les quedan.

Mientras que sesudos analistas políticos han dedicado tiempo y tinta en torno a las propuestas de los principales candidatos y a lo que puede venir ante el eventual triunfo de uno u otro, o a convencernos de que hay que ser responsables y garantizar la “gobernabilidad”, la calle resume de otra manera su sentir y su apoyo hacia determinado candidato: o nos salva o termina de hundir el país. Expresión inequívoca del rechazo al continuismo y apego a incertidumbre de la esperanza.

Los principales candidatos como Ollanta Humala, Lourdes Flores y Alan García, buscaron presentarse como la opción de futuro. Sin embargo han terminado siendo protagonistas de una campaña en la que -más allá del récord histórico de 22 candidatos presidenciales- una vez más ha brillado por su ausencia el debate: cada candidato prefirió decir “su verdad” solo ante el aplauso de sus partidarios; los que iban arriba no han querido debatir y confrontar públicamente sus propuestas, solo “lo harán en la segunda vuelta”; han preferido lanzarse dardos a través de los medios de prensa, y entre ellos se han acusado de propiciar una “guerra sucia”.

Temas claves para el futuro del país como la firma del TLC con los EEUU, la continuidad de la política de privatizaciones (puertos, agua), el control a las transnacionales mineras o gasíferas que causan estragos al medio ambiente, el rol del Estado en la economía, inversión para el agro, por mencionar algunos, los han dejado a los conductores de los espacios políticos de los grandes medios de información. Ahí han sido reducidos a una cuestión muy simple: mantener la gobernabilidad –léase continuar con el actual estado de cosas- es lo responsable; plantear algo distinto es “populismo”, ahuyentar la inversión privada, y “necesitamos de esa inversión para desarrollar el país, generar empleo y riqueza”.

Al ritmo de las encuestas

Y como las compañías encuestadoras se han convertido en los sumos pontífices que orientan la direccionalidad de la opinión pública, los candidatos han ido moldeando sus discursos según estos acordes. Así, la candidata Lourdes Flores, de la derechista Unidad Nacional, que tanto difamaron contra el Informe de la Comisión de la Verdad sobre el periodo de violencia, se yergue ahora como defensora de los derechos humanos y la paz; o anuncia construir postas de salud y escuelas públicas, cuando son los que pontifican sobre la privatización de estos servicios.

Alan García, el candidato del APRA, aquel de la hiperinflación de los años 85-90 y del famoso “Crédito Cero” para el agro, acusa ahora de “populistas”, las propuestas del candidato “nacionalista” Ollanta Humala; y éste, que encabeza un partido de alquiler pues no pudo inscribir el suyo, dice representar el rechazo a los “políticos corruptos y tradicionales” y anuncia que “no le debe nada” al FMI, mientras sus candidatos a la vicepresidencia son un actual director del Banco Central de Reserva que avala la actual política fondomonetarista del gobierno de Toledo y a un connotado fujimorista ex fiscal que se encargó de limpiar muchos de los escándalos de la pasada dictadura.

Así las cosas, todo indica que habrá segunda vuelta. Desde lo que son sus intereses, el movimiento social y popular está ante una perspectiva entre el continuismo y la incertidumbre, que es lo que expresan Lourdes Flores y Ollanta Humala, los probables candidatos que disputen la ronda definitiva. Sin mayoría en el Congreso, el próximo presidente no podrá descartar ninguna alianza, con tal de tener un mínimo de “gobernabilidad”, lo que implica hacer concesiones, y estas casi siempre se dan por el lado de sacrificar las llamadas propuestas “populistas”. Ello a pesar de todo lo que se hayan dicho durante la campaña; o sino recordemos como uno de los candidatos que más ferozmente atacó a Toledo en la campaña anterior terminó siendo su aliado y socio principal.

Por ello, no hay que descartar que las organizaciones sociales sigan movilizándose por sus derechos y demandas, a pesar de sus debilidades y dispersión. Después de todo tendrían que seguir enfrentando un régimen y una clase política que a pesar de su crisis se resiste a morir justamente porque lo nuevo no puede nacer. Y esto incluye a los partidos de izquierda, una vez más fuera de juego por sus errores históricos.