São Paulo

La avanzada del “libre comercio” es global y se expresa de múltiples formas

Del 9 al 13 de noviembre pasados, en San Pablo, Brasil, más de 70 delegados de movimientos y organizaciones sociales del mundo entero, pertenecientes a la red Nuestro Mundo No Está en Venta, se reunieron para evaluar la coyuntura de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y definir sus estrategias de acción. Facilitada por la reciente suspensión, por tiempo indeterminado, de las negociaciones en éste ámbito global del comercio, el análisis realizado se centró en la constatación de algo que en nuestra región ya es conocido, pero que a nivel global parecía oculto tras las negociaciones de la OMC: el “libre comercio” se extiende de múltiples formas, a través de múltiples acuerdos y de forma similar en todas las regiones del planeta.

En las Américas, esta ola arranca en 1989 con el Acuerdo del Libre Comercio Estados Unidos- Canadá, sigue con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incorpora a México, y luego con la tentativa fallida del gobierno de los Estados Unidos para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ante la lentitud de las negociaciones de ésta última, se asiste a otra ola de acuerdos, que incluyeron  primero a Chile (2003), pero después a los países de América Central, República Dominicana (DR-CAFTA, como se lo conoce en inglés) y Panamá; y lo más reciente, los TLCs con Colombia y Perú.

Como si esto fuera poco, dicha “ola de libre comercio” viene también de Europa, con los llamados Acuerdos de Asociación que la Unión Europea (UE) negocia con las regiones de nuestro Continente. Ya lo ha hecho con Chile y México, lo intentó con el Mercosur y, desde mayo de 2006, ha estado en negociaciones con América Central y la Comunidad Andina. Con los países, negocia acuerdos similares, en el marco de lo que ellos denominan Economic Partnership Agreements (EPAs), que no son otra cosa que una revisión de los términos de los acuerdos preexistentes entre la UE y los países de África, el Caribe y el Pacífico, de corte librecambista y ya no de tratamiento especial como los anteriores. De esta manera, así como en las Américas, la pulsión del libre cambio, empujada desde las potencias económicas del Norte, se extiende por todo el planeta con ímpetu y diversidad de formas.

Sin embargo, lo trágico de este escenario está dado ya no por la esperada agresividad de la Unión Europea y los Estados Unidos en el comercio, sino por el hecho de que el libre comercio es adoptado en muchos lugares como un credo religioso que orienta la política externa de los países en desarrollo. La hegemonía de la ideología del libre comercio ha sido tan fuertemente implantada en los años 90 que, pese a haber recibido algunos reveses, aquellos gobiernos que no confían en su credo se ven sometidos a intensas críticas y, generalmente, son acusados de “antiguos” o “anticuados”, cuando no de “aislacionistas” o “proteccionistas”. Este último término es empleado de forma despectiva, ¡cuando proteger pueblos y economías nacionales debería ser una de las obligaciones de todo buen gobernante!

Así, Asia, Japón y China, en particular, pero también otros países que ya se han incorporado “exitosamente” al mercado global, avanzan con acuerdos regionales de libre comercio. En África sucede lo mismo: los procesos de integración regional aspiran, siempre como fin último, al libre comercio. En las Américas, esta tentación, siempre presente, ha encontrado algunos obstáculos, pero sin dudas se plantea como una de las batallas más duras en el interior de los bloques regionales.

En este punto, entramos en el tema que nos convoca: la relación entre comercio y los procesos de integración entre los países, en particular entre los países en desarrollo. Esta cuestión tiene dos posibles abordajes. El primero es el que se refiere a los acuerdos de libre comercio de la región, o de países de la región, con bloques o países de fuera de la misma (por ejemplo, en la CAN, el acuerdo de Colombia con los EEUU). El segundo abordaje es el del libre comercio al interior de la región como meta final del proceso de integración. Ambos temas son polémicos.

El libre comercio: una amenaza externa a la integración

La primera es la gran amenaza para los procesos de integración, pues representa el intento de actores extrarregionales de impedir, por la vía del comercio, el avance de alternativas regionales de desarrollo económico y social. En este sentido, la consolidación de bloques económicos de diversa escala pero que, con potencialidades para implementar estrategias de desarrollo autónomo y de ampliación de mercados regionales más vigorosos, podría redundar en el fortalecimiento geopolítico de grupos de países de las Américas, es visualizada como una amenaza estratégica que hay que detener. Así han operado en nuestras Américas los acuerdos del CAFTA, que destruyen el proceso integrador del Sistema de Integración Centroamericano, al determinar niveles diferenciados de apertura económica respecto a los Estados Unidos y poner a la región a trabajar ya no en función de la autonomía económica integral, sino sólo de aquellos nichos de producción orientados al mercado norteamericano. El caso de la Comunidad Andina de Naciones es más fuerte, pues ésta es poseedora de una institucionalidad mayor y más estricta en términos comerciales, y es, ahora, víctima de los acuerdos firmados por Colombia y Perú, que desafían esa institucionalidad, ponen en crisis todo el proceso de integración y han provocado, de hecho, la salida de uno de sus principales miembros, Venezuela.  Finalmente, ésta es la misma estrategia usada en el caso de la propuesta de un TLC con Uruguay, recientemente levantada por los Estados Unidos y vista con interés por algunos miembros del Gobierno del país sudamericano –por suerte, hoy congelada-.

Entonces, si los acuerdos de “libre comercio” han significado, desde esta perspectiva, una amenaza a los procesos de integración en curso, esa amenaza es potencialmente más fuerte para los intentos de construcción de futuros proyectos de integración, o más concretamente, procesos como la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), que, en estado germinal, están en riesgo de ni siquiera ver la luz, pues son cuestionados por los acuerdos de libre comercio preexistentes que pueden llegar a limitar su potencialidad. En este caso en particular, la voluntad de algunos países por darle vida a un bloque sudamericano los lleva a relativizar aspectos centrales como éste y empujan flexibilidades institucionales hacia dentro de la CSN, que, al permitir la “coexistencia pacífica” de países con TLC, con países sin TLC, en definitiva, están abriendo la puerta al avance de los TLC y, de hecho, levantando sobre pies de barro un proyecto ambicioso de integración regional, pues el avance de esos acuerdos pulverizará la posibilidad de estrategias conjuntas y complementarias de desarrollo económico y social.

El problema del libre comercio como meta de los procesos de integración

El otro abordaje es el del “libre comercio” al interior de los bloques de integración regional. Pero, antes de avanzar, tal vez sea necesario introducir la cuestión del comercio. Lejos de ser una amenaza en sí misma, y lejos de ser tal como lo caracterizan los neoliberales, un fin en sí mismo o   un camino de una sola mano hacia el desarrollo, el comercio es una “herramienta” que puede ser utilizada para el desarrollo de los pueblos de forma integral o, por el contrario, para el enriquecimiento de algunos sectores. En el caso de los TLC, desde sus orígenes –su historia es elocuente en este sentido–, son herramientas para expandir el lucro de las grandes corporaciones transnacionales.

Con estos antecedentes, y teniendo como un supuesto que el comercio puede ser una herramienta para el desarrollo, los procesos de integración regional pueden y deben hacer uso de esta herramienta; sin embargo, hacerlo de forma indiscriminada, como lo propone la doctrina neoliberal del libre comercio, es, sin duda, una amenaza al desarrollo (es como querer cortar un alambre con un destornillador). En este sentido, procesos de integración regional como la CAN y el Mercosur son presionados desde adentro por los sectores tal vez más competitivos respecto a los vecinos que, embanderados con la consigna del “libre comercio”, aspiran a abrir indiscriminadamente las fronteras internas, cuando, en la mayoría de los casos, eso significa amenazas enormes para el desarrollo de las economías nacionales de los demás miembros del bloque.

La integración de los pueblos y el comercio

El camino hacia la integración de los pueblos, en el tema comercial, implica dar la batalla en estos dos terrenos: por un lado, continuar la resistencia a los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y a los acuerdos de Asociación con la Unión Europea, y hacer permanente el impasse de la OMC; y por el otro, también cuestionar el formato de las negociaciones “Sur-Sur” si éstas se realizan bajo criterios de “libre comercio”.  El comercio con China, India, Sudáfrica o los países árabes puede ser beneficioso para esos pueblos y el nuestro, pero debe estar atento y debe ser claro en respetar las asimetrías, los tiempos del desarrollo autónomo de cada una de las regiones, la soberanía alimentaria y otros criterios esenciales para la vida y la lucha contra la pobreza.  Lejos de constituirse en paladines de la apertura comercial indiscriminada, nuestros bloques deben tener una política comercial externa que tenga como norte el comercio justo. En particular, en el caso del comercio multilateral, nuestros bloques podrían contribuir al debate desencadenado por la crisis de la OMC, no con intentos de salvataje de una organización -diseñada en su forma para arbitrar el comercio internacional, pero en los hechos constituida en una herramienta para su liberalización irrestricta- sino con propuestas de una arquitectura del comercio internacional alternativa, quizás realmente en el ámbito de la ONU, y con un claro objetivo de desarrollo y lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo.

En este último frente, ha habido dos iniciativas importantes de parte de gobiernos de la región que, de forma pionera,  han introducido  “distorsiones”  que apuntan a una reversión del formato “TLC” de relaciones comerciales. La primera de estas iniciativas surge con los acuerdos ALBA/TCP  (Tratado de Comercio de los Pueblos), acuerdos que haciendo referencia al comercio, no se restringen al mismo y lo tienen como una de sus partes secundarias –diferente de los acuerdos de Asociación de la UE que son amplios, pues incluyen cooperación y diálogo político, pero cuyo eje central es el comercio-. Lo central de los acuerdos ALBA/TCP es la búsqueda de la complementariedad, no sólo productiva en términos de bienes, sino de habilidades y capacidades técnicas y humanas por parte de los países involucrados.

La segunda iniciativa está constituida por la propuesta introducida en el marco de la negociación CAN-Unión Europea, elaborada en los marcos de los TCP (complementariedad, respeto a las asimetrías, y protección de industrias nacientes, recursos naturales, diversidad, entre otros). El movimiento del Gobierno Boliviano tiene sus riesgos, pues reconoce la negociación en ámbitos evaluados como sensibles por los movimientos sociales de la región –tales como los mencionados en el paréntesis anterior-, y al hacerlo siempre existe la posibilidad de caer en trampas formales que pueden tener impactos negativos para el país, o bien dejar abierta una negociación que puede ser retomada en el futuro con otro carácter.  En este sentido, los movimientos deben estar vigilantes y dar seguimiento a las negociaciones para evitar estos riesgos. Pero la propuesta boliviana, si  es aceptada por la UE, implica el reconocimiento de un límite al libre comercio, una alteración y, de hecho, un retroceso de esta lógica hasta ahora hegemónica.  Es auspicioso este intento, como también lo sería la aceptación de una propuesta similar hecha al gobierno de los EEUU.

Por fin, en el plano intra bloque, el principal desafío respecto a lo comercial es crear estructuras que hagan un uso selectivo del comercio, me atrevería a decir, un uso pragmático del mismo, desde que ese pragmatismo sea concebido como una mirada global de desarrollo colectivo, y no sólo de algunos sectores. En este sentido, la tarea de los movimientos y organizaciones sociales es contribuir con la construcción de una visión contra-hegemónica que refuerce procesos de complementariedad y cooperación económica entre las naciones, una visión que, lejos de condenar mecanismos de regulación del comercio –como el recientemente aprobado Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC) en el ámbito del Mercosur–, refuercen la idea de que los mismos son necesarios para enfrentar la pobreza y avanzar hacia el desarrollo inclusivo. Los llamados mecanismos de tratamiento de las asimetrías, en definitiva, no son otra cosa que eso: regulaciones y formas consensuadas de atenuar colectivamente las distintas situaciones económicas y sociales de los países de un determinado bloque. Son estas medidas las únicas que se condicen con una integración justa y las que hacen de la integración una opción política y económica atractiva para los países en desarrollo como los nuestros, una opción que los movimientos y organizaciones sociales debemos fortalecer –y pelear para lograrlo– en el camino hacia la liberación de nuestros pueblos y la resistencia a los imperialismos y neocolonialismos variopintos que enfrentamos en este comienzo de milenio.

Gonzalo Berrón es coordinador de la Secretaría de Alianza Social Continental.