Durante los agitados debates de las elecciones españolas ocupó uno que otro espacio en la prensa madrileña la argumentación de Marcel Granier a favor de la renovación indefinida de la concesión que otorgó el Estado Venezolano en 1952 a Radio Caracas Televisión (RCTV), planta de la cual es copropietario. A buen entendedor, pocas palabras. Para quienes comprenden la lógica de la propiedad, un propietario no necesita hablar. Los demás, los duros de oído, debemos esforzarnos para captar el mensaje que durante medio siglo ha vertido un oligopolio televisivo en un país latinoamericano, y del cual ofrece ahora varias selectas perlas al público ibérico.


En su página editorial del 18 de abril de 2007, El Mundo del Siglo Veintiuno subtitula o más bien ordena “El gobierno <español> debe ayudar a Radio Caracas TV”. El argumento no puede ser más irrebatible: “los directivos de Radio Caracas Televisión creen que sólo una presión muy fuerte sobre el atrabiliario presidente sería capaz de disuadirle de su intención de cerrar el canal”. Vamos a ver si entiendo, si los españoles entienden. Cuando los propietarios de una empresa (venezolana) crean que es necesaria una “presión muy fuerte” sobre el atrabiliario Presidente (electo por los venezolanos), el gobierno (español) debe movilizar unos cuantos tercios de Flandes y enviarlos en alguna Invencible Armada a poner cara de pocos amigos por las Indias. Es modesto Granier. Apenas requiere también en El País del 25 de abril que a esta Santa Cruzada se sumen “La Unión Europea”, y en el del 3 de mayo, “Washington”, O lo que es lo mismo: el gobierno de Venezuela no tiene otra autoridad que la que le dispensen el de España, el de la UE o el de EEUU; éstos no cumplen otra función que la de cuidar los intereses de Granier. Resumamos: los propietarios de RCTV no reconocen que en América Latina ocurrió un proceso llamado Independencia. Hombre, tío, comentaría con toda razón el elector a quien su candidato le viniera a pedir votos para sustentar esta majadería.


A quien tiene, más le será dado, dice la Escritura, y es el único Evangelio que los propietarios acatan. El 15 de mayo de 2007, en entrevista para Francisco Peregil publicada en El País, Granier recomienda a su cadena por acumular “una cuota de pantalla de entre el 35% y el 40%”. Moderado, no añade que a esta cuota se unen las audiencias de dos radioemisoras, y en cierta época los lectores del Diario de Caracas; que sus tentáculos abarcan consorcios productores de contenidos y de publicidad; que su canal acapara el 36% de toda la facturación publicitaria del ramo, que conjuntamente con la empresa Venevisión integra un cartel que ingresa el 75% de los ingresos brutos del sector. Dicho cartel, que incluso cobraba sus facturas publicitarias a través de una misma empresa, intentó quebrar a rivales como Televen, ofreciendo sustanciales descuentos a sus anunciantes si no contrataban publicidad con la competidora. Ningún país desarrollado tolera semejante concentración oligopólica. Posiblemente Granier aspira a que le concedan gratuita y perpetuamente un oligopolio semejante en la Madre Patria, y financiado con créditos blandos del Estado, como en Venezuela. No se ande con pequeñeces, don Marcel. Para proteger la libertad, usted necesita el control total del espectro radioléctrico. Su boca será la medida.


De los Borbones se dijo que no habían aprendido ni olvidado nada. Granier supone que españoles y venezolanos lo olvidan todo. Cármen Muñoz le pregunta en el ABC del 18 de mayo “¿Qué papel jugó RCTV durante el fallido golpe contra Hugo Chávez hace ahora cinco años?” El propietario responde con propiedad: “La actitud nuestra durante esos días y durante nuestros 53 años fue de rechazo a los golpes de Estado y de pluralismo.” Pero todos los medios de España y Venezuela difundieron que desde 2001 Marcel Granier, como director de RCTV coligado con otros medios privados, predicó insistentemente una guerra civil de la que debía surgir un “gobierno de transición”; divulgó llamamientos a la sublevación militar; interfirió y cortó las transmisiones oficiales; difundió la falsa noticia de la renuncia del Presidente electo; firmó el acta constitutiva de la dictadura de Carmona; pactó con éste la entrega del órgano de control de las telecomunicaciones, exhortó a delatar a los derrocados; participó en un apagón mediático de 72 horas para ocultar la resistencia popular; se unió al teletón golpista que durante 64 días teledifundió exclusivamente llamados al derrocamiento del gobierno democrático, a la desobediencia tributaria y al sabotaje de la industria petrolera. No sabemos si durante sus cabildeos madrileños algún parlamentario le mostró a Granier en el Palacio Legislativo los agujeros de balas disparadas por un golpista, que se dejaron sin frisar como recordatorio de que los intentos de derrocar gobiernos legítimos se pagan con cárcel. Imaginemos la cara del parlamentario ante la pretensión de don Marcel de que se recompensen con renovación de concesiones caducadas.

Si el medio es el mensaje, el canal de Granier no podía emitir otro distinto: el pueblo es ignorante y mediocre; por lo tanto hay que transmitirle basura; por lo tanto esta basura debe predicar la ascensión social individual mediante el chantaje afectivo o el consumismo; por lo tanto hay que impedirle al pueblo la participación política; por lo tanto no se debe reconocer su voluntad expresada mediante el voto; por lo tanto sus organizaciones políticas han de ser sustituidas por partidos y dirigencias mediáticas; por lo tanto éstas han de ser pedestal de una dictadura de los patronos; por lo tanto mi propiedad accionaria equivale a absolutismo político, por lo tanto mi concesión caducada debe de ser perpetua. Extraña prédica en una España absorta en un debate electoral democrático, plural, pasional. No sólo caduca una concesión: también un mensaje.