Es posible postular que en estos momentos la integración entre los países de América del Sur se encuentra en un cruce de caminos. Diferentes estrategias han convergido a un punto en común, donde los grandes bloques comerciales se encuentran estancados y se convierten en foros políticos. Los nuevos intentos se centran en la energía, y desde allí se abren nuevas propuestas. Brasil ha buscado un liderazgo por consenso pero no ha estado dispuesto a pagar los costos económicos y políticos de esa posición, mientras que Venezuela está explorando otro camino compartiendo proyectos y recursos energéticos con otros países.

Los grandes bloques de integración suramericanos, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) han tenido una historia distinta pero hoy se encuentran en situaciones similares. Los problemas comerciales persisten y los gobiernos parecen aceptar que muchas de esas dificultades no se resolverán en el futuro inmediato y por lo tanto esos bloques persisten cada vez más como foros políticos. Existen algunos temas donde los avances parecen posibles, y entre ellos se destaca la energía como uno de los ejes centrales de nuevos esfuerzos de integración. Pero desde allí se abren nuevos caminos, donde hay por lo menos dos perspectivas: una es representada por la postura de Brasil y ejemplificada en el papel de su empresa petrolera Petrobras, y la otra por Venezuela y los acuerdos mixtos articulados alrededor de PDVSA, la compañía estatal petrolera. Se están exhibiendo dos proyectos de integración distintos, y que en algunos casos se encuentran en disputa.

La diplomacia de la energía

Desde inicios de 2007 se han sucedido una serie de encuentros, reuniones y cumbres presidenciales, casi a un ritmo vertiginoso, y donde la energía en muchos casos jugó un papel central.

Comencemos por recordar que el presidente de Estados Unidos, G.W. Bush visitó en marzo a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, en la llamada "gira del etanol". Su presencia alimentó la idea de un mayor acercamiento de Brasilia con Washington, en especial debido al comercio en biocombustibles. Bush reforzó todavía más esa idea invitando a Lula da Silva a visitarlo en los jardines de Camp David, semanas más tarde. Como reacción a estos encuentros, en primer lugar el presidente de Venezuela Hugo Chávez lanzó una "contra-gira" en oposición a Bush; y más tarde, conjuntamente con Fidel Castro se embarcaron en criticar el papel que desempeñarán los biocombustibles.

En ese contexto, se celebró el 16-17 de abril un encuentro de jefes de estado suramericanos en la Isla Margarita (Venezuela), con la presencia de Chávez de Venezuela, junto a Néstor Kirchner de Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, el boliviano Evo Morales; Nicanor Duarte de Paraguay; Rafael Correa de Ecuador, la presidente chilena Michelle Bachelet; Álvaro Uribe de Colombia, el vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, el primer ministro de Guayana, Sam Hinds y el primer ministro delegado de Surinam, Gregory Rusland.

La cumbre energética presentó objetivos que todos compartirían, tales como que la integración energética "debe ser utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza", o que ésta "involucra como actores principales al Estado, la sociedad y a las empresas del sector", sin dejar de lado los clásicos llamados a la "cooperación técnica". Pero ese tipo de compromisos genéricos se han repetido en las declaraciones presidenciales desde hace muchos años.

Los acuerdos más concretos fueron la creación del Consejo Energético de Suramérica, integrado por los ministros de energía de cada país. Este consejo debe elaborar una Estrategia Energética continental, un Plan de Acción y una propuesta para un Tratado Energético Suramericano. Los presidentes volvieron a reconocer la importancia de emprendimientos conjuntos, mencionando específicamente el plan venezolano de Petroamérica. Pero también hay que reconocer que la Declaración de Margarita no incluye ninguna medida concreta hacia otra integración energética, en el sentido de compartir esos recursos más allá de las interconexiones o de la compra-venta de petróleo o gas.

En otros temas también se repitieron los desencuentros entre los países. No hubo acuerdos en apoyar la idea de una organización internacional de países exportadores de gas natural. Tampoco se acordó apoyar el gran Gasoducto del Sur como un emprendimiento colectivo, y por ahora sigue su marcha en manos de Venezuela, Brasil y Argentina. Los biocombustibles fueron objeto de largas discusiones entre las delegaciones, en especial por la defensa ofrecida por Brasil, hasta que finalmente la declaración final los acepta en el marco de la diversidad de fuentes energéticas (Bolivia mantuvo su discrepancia en este punto). Tampoco se alcanzó un acuerdo en lanzar el Banco del Sur, impulsado especialmente por Venezuela, Argentina y Ecuador. Brasil resistió esa propuesta, y puso como condición para su incorporación que se volvieran a discutir todos sus puntos. Los demás países accedieron, y nuevas discusiones están en marcha en estos momentos.

Se aceptó la propuesta venezolana de llamar a la Comunidad Sudamericana de Naciones como "Unión de Naciones Suramericanas" (UNASUR). Esta unión tendrá su secretaría en Quito y se anunció la creación de un consejo. Si bien esta decisión estuvo rodeada de optimismo, no se acordó ningún programa de acción. No puede olvidarse este es el tercer nombre que se le adjudica a los intentos de integración sudamericana, que comenzaron en Brasilia en 2000 como un área continental de libre comercio, y que en 2004 en Cuzco (Perú) fue denominado como Comunidad Sudamericana de Naciones.

Un balance de esas decisiones muestra que muchos presidentes realmente están buscando mecanismos de integración regional, y que han dejado de ser meros promotores de exportaciones a los mercados globales. También es evidente que la energía se ha vuelto un tema central, y que a partir de ella se están buscando acuerdos bilaterales o regionales. Pero por otro lado, se vuelve a caer en efectos publicitarios, donde se lanza la idea de la "unión sudamericana" a pesar de los serios problemas internos dentro de la Comunidad Andina y del MERCOSUR, y donde la Comunidad Sudamericana de Naciones apenas ha dado sus primeros pasos.

Por lo tanto es cierto que el espacio de encuentro se mantiene, también es correcto reconocer avances en algunos puntos, pero también deben admitirse los problemas para llegar a compromisos concretos en muchos aspectos relacionados con la articulación económica y productiva entre los países, mientras que persisten claras discrepancias en varias cuestiones. Es así que estos encuentros derivan en foros políticos.

Unos pocos días más tarde, el 28-29 de abril, tuvo lugar el quinto encuentro presidencial de los países participantes en el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), y en este caso asistieron Chávez, Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Carlos Lage (vicepresidente cubano), y observadores de Haití y Ecuador, entre otros. Allí se firmaron una serie de acuerdos, incluyendo un "Tratado energético del ALBA", con importantes novedades como el acceso compartido a un bloque de explotación petrolera en la cuenca del Río Orinoco, que asegura a los demás países el acceso a esas reservas por los próximos 25 años. Se anunció la creación de empresas mixtas para el aprovechamiento del gas natural y se apuntará a ampliar la capacidad de refinación de cada socio. Si bien esas metas todavía son genéricas, se creó un Consejo Energético del ALBA integrado por los ministros de cada país para llevarlas a la práctica.

Pero el aspecto más destacado fue la presentación del concepto de empresa "gran nacional" (como agente alternativo a las compañías transnacionales). En el convenio sobre energía se anuncia una empresa "gran nacional" energética que abarcará amplios sectores como petróleo, gas, refinación, petroquímica, desarrollo de infraestructura de almacenamiento y transporte, energía eléctrica y energías alternativas. El tratado establece que esta nueva empresa "gran nacional" será constituida por las compañías estatales.

Brasil y Bolivia se despiden

Poco después de esos encuentros presidenciales tuvo lugar lo que parece ser la solución final de las controversias entre el gobierno de Bolivia, Petrobras y el gobierno de Brasil. Esas disputas son un claro ejemplo de las distancias reales que hay entre las declaraciones de las cumbres y las relaciones concretas entre los países. Desde que Morales iniciara en mayo de 2006 acciones para controlar la extracción y venta de hidrocarburos, tuvieron lugar disputas con la petrolera brasileña. Para Brasil, el gas natural boliviano es un aporte clave a su matriz energética, y por largos meses discutieron su precio. Enseguida se sumaron las negociaciones para traspasar las refinerías de Petrobras a la estatal petrolera boliviana YPFB. Un observador lejano podría sorprenderse de encontrar conflictos entre dos gobiernos que se autodefinen de izquierda, pero la verdad es que se defendían intereses comerciales y metas en política nacional, sin lograr concertar una verdadera integración energética.

Los muchos argumentos en juego no pueden resumirse en este artículo, pero pueden mencionarse dos hechos como ejemplo de su complejidad. Primero, hay que reconocer que Petrobras no cumplió sus promesas de procesamiento de hidrocarburos dentro de Bolivia, y por lo tanto no hubo contribución real al desarrollo boliviano más allá de la venta del gas. Este es un ejemplo de interconexión energética sin integración productiva.

Segundo, también es importante reconocer que el gobierno Lula logró contrarrestar las fuertes presiones internas de sectores conservadores y empresariales que deseaban prácticamente aplastar la nacionalización boliviana de sus hidrocarburos. Esos grupos presentaban la disputa como la "Guerra del Gas", alternando el nacionalismo herido con reclamos de represalias.

El gobierno Lula buscó una solución al conflicto por varias razones, que van desde la necesidad de terminar con el debate interno dentro de Brasil, a evitar futuras acusaciones de causar una desestabilización de Morales. Finalmente Petrobras aceptó recibir 112 millones de dólares por sus refinerías en Bolivia. Este arreglo fue celebrado por el gobierno boliviano, aunque su apuesta es muy grande dadas las limitaciones que enfrenta para contar con capacidad técnica y recursos para manejar las nuevas instalaciones. De alguna manera Brasil ha abandonado a Bolivia a su suerte, con un claro distanciamiento entre los dos presidentes. Petrobras mantendrá sus contratos de compra de gas natural hasta su vencimiento en el año 2019, y anunció que a partir de esa fecha no comprará más gas boliviano.

Mientras Brasil se despide de Bolivia, el gobierno de Morales buscó apoyos en otros países. Los ejemplos más claros son los acuerdos con Venezuela, incluyendo asistencia técnica de PDVSA, así como nuevas exploraciones petroleras en el norte del país. También se logró un acuerdo de largo plazo para la venta de gas natural hacia Argentina, pare reducir su dependencia de las compras brasileñas.

Posiblemente estos desencuentros entre Brasil y Bolivia sean los más conocidos, pero existen otros que son muy similares y menos publicitados. Por ejemplo, Paraguay viene reclamando cambios en los viejos contratos de venta de energía eléctrica hacia Brasil, desde la represa de Itaipú que comparten las dos naciones; y Argentina ha reiniciado las suspensiones intermitentes de exportaciones de gas hacia Chile, a pesar de los contratos y acuerdos entre los dos países.

La sombra de la corrupción

Otro problema real que se está haciendo evidente en el sector energético es el regreso de la sombra de la corrupción, tanto entre los actores privados como en el sector estatal.

El caso más alarmante se está desarrollando en Argentina, donde luego de repetidas denuncias se confirmaron irregularidades en el pago de impuestos de la empresa sueca Skanka, encargada de obras en el transporte de gas natural. Al avanzar la investigación, quedó en evidencia un esquema de sobreprecios en las obras encargadas por el gobierno argentino de más de 5 millones de dólares.

El caso tiene aspectos impactantes, tales como la denuncia que la exigencia de sobreprecios partió desde altos funcionarios gubernamentales, y ellos mismos montaron el mecanismo por el cual se derivaban los fondos. Las obras son financiadas por un enorme fideicomiso gubernamental argentino para financiar obras de infraestructura y que no tiene control parlamentario. Los aportes a ese fondo son tanto del tesoro de Argentina como del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). El avance de la investigación determinó que el presidente Kirchner destituyó a varios altos funcionarios, incluyendo al gerente de ese fideicomiso estatal así como al presidente de la recientemente creada empresa nacional del gas. Las investigaciones se han ampliado a otras empresas (Techint y Odebrecht), y con emprendimientos en otros países del continente (como Perú).

Casi simultáneamente, en Brasil, una investigación policial descubrió un esquema de sobornos montado por empresas constructoras que involucra altas figuras del gobierno federal y de gobiernos estaduales, legisladores y empresarios. El caso desembocó en la renuncia del ministro de energía, Silas Rondeau.

Todos estos son duros golpes a los intentos de lograr una mayor presencia del sector estatal, sea por medio de empresas estatales como por medio de una mayor regulación de los privados. Muchos de los acuerdos de interconexión energética se están convirtiendo en jugosos negocios, muy difíciles de controlar, y que requieren nuevos mecanismos de transparencia.

Interconexiones e integración: dos conceptos distintos

Si bien la energía aparece una y otra vez como el eje de los nuevos esfuerzos de integración, es necesario advertir que en muchos casos se llama "integración" a lo que en realidad son "interconexiones", tales como gasoductos, oleoductos o redes de transporte de electricidad. Esos emprendimientos son importantes, pero son únicamente conexiones que permiten la comercialización de la energía. Buena parte del optimismo se sustenta en concebir a los acuerdos de interconexión como avances en la integración, pero en realidad no son sinónimos ya que sigue pendiente acordar estrategias comunes sobre el acceso a los recursos y las formas en que serán usados.

Esta distinción entre "interconexión" e "integración" permite comprender que dos países muy interconectados, como Bolivia y Brasil, de todas maneras no avanzaran en un proceso de integración energética. La misma situación se repite en el caso de los problemas entre Paraguay y Brasil, o Argentina y Chile, que se comentaron arriba.

De la misma manera, la diferencia entre "interconexión" e "integración" también explica los avances en los negocios energéticos entre Colombia y Venezuela, a pesar de las diferencias ideológicas entre los dos gobiernos. En efecto, estos países han concretado emprendimientos como el gasoducto binacional Ballenas-Maracaibo, que conducirá gas colombiano hacia Venezuela, incluyendo su posible ampliación a Panamá y el resto de Centroamérica, así como las inversiones venezolanas en Colombia, aplicadas en obras como la construcción de una planta de fertilizantes en Cartagena. Uribe y Chávez hacen buenos negocios pero no construyen políticas energéticas comunes; es un ejemplo de comercio sin integración entre dos regímenes políticamente distintos. De la misma manera, en el Cono Sur, existe una intrincada red de interconexiones de electricidad y gas entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, pero no se ha logrado una plataforma energética común dentro del MERCOSUR.

En los últimos años la confusión entre interconexiones en infraestructura, tanto en carreteras e hidrovías como en energía, ha sido uno de los pilares para defender una versión optimista sobre la marcha de la vinculación entre los países sudamericanos. Sin embargo, esas conexiones en casi todos los casos sigue dependiendo de intereses comerciales convencionales anclados en importar y exportar energéticos guiados en unas ocasiones por metas empresariales de rentabilidad, y en otras por posturas nacionalistas clásicas. Como esos son negocios, allí juega la sombra de la corrupción, sea desde actores privados como estatales. Entretanto, en las cumbres presidenciales, como la de Cartagena, se intenta buscar una estrategia común en energía, pero todavía no se han logrado acciones efectivas para una integración real.
Las perspectivas en juego

En la actualidad se pueden distinguir dos perspectivas principales en las propuestas de vinculación energética. La primera puede describirse como una estrategia basada en acuerdos comerciales clásicos de compra-venta de energía, dependientes de las demandas de mercado, y donde las empresas que intervienen (sean estatales o privadas) buscan maximizar su rentabilidad y sus ventajas en esos negocios. Bajo esta forma han actuado los acuerdos internacionales convencionales y operan las empresas transnacionales del hemisferio norte.

El hecho reciente es que varios países han actuado de esa manera (como los convenios de compra-venta de gas entre Argentina y Chile, y Bolivia con Brasil), así como empresas regionales (el caso más claro es Petrobras). Esta postura no está reñida con promover las interconexiones energéticas, ya que éstas son indispensables para permitir la comercialización de los productos. Pero no existe una integración energética, en el sentido de poner en común los recursos energéticos, elaborar emprendimientos conjuntos, y que sirvan a iniciativas productivas compartidas.

La segunda estrategia es mucho más reciente, y está en sus etapas iniciales. También incluye acuerdos de comercialización y promueve las interconexiones, pero ofrece la novedad de intentar compartir los energéticos y vincularlos a proyectos productivos conjuntos. Esta postura es promovida por el gobierno venezolano y su actor principal es la empresa petrolera estatal PDVSA. Se opera por medio de proyectos conjuntos o empresas mixtas entre PDVSA y un socio local, usualmente una empresa estatal. Pero a la vez se permite que ese socio local participe de emprendimientos petroleros dentro de Venezuela. Asimismo, existen pagos en dinero pero también se apelan a otros procedimientos, como el pago en productos locales que se exportan hacia Venezuela. En muchos casos hay una desbalance evidente en los costos, y Venezuela está aportando más de lo que recibe.

Bajo la primera perspectiva no se realizan proyectos mixtos de ese tipo, y los países no comparten de esa manera sus yacimientos de hidrocarburos, los que se mantienen por explotaciones directas o concesiones bajo reglas comerciales clásicas. Un ejemplo claro ha sido el papel de Brasil y Petrobras, ya que las polémicas con esa empresa no sólo han tenido lugar en Bolivia, sino que se han repetido en Ecuador, Perú y Argentina. En todos esos casos, la empresa brasileña se ha comportado como cualquier corporación transnacional, buscando maximizar sus ganancias, sin promover el desarrollo local y con un pobre desempeño social y ambiental.

Entretanto, la venezolana PDVSA ha tejido una red de acuerdos en muchos otros países. Por ejemplo se han firmado convenios con las empresas estatales de Ecuador (Petroecuador), Colombia (Ecopetrol), Paraguay (Petropar), Uruguay (Ancap), YPFB (Bolivia), entre otras, e incluso con la propia Petrobras. Los acuerdos son de distinto tipo; en unos hay inversiones venezolanas en refinerías nacionales para adaptarlas a los crudos extrapesados de ese país (por ejemplo en Paraguay y Uruguay); en otros se intercambian accesos a los campos petroleros (por ejemplo, Venezuela permite la coparticipación de Ecuador en la Faja del Orinoco, mientras que Ecuador le concede prioridad para acceder a la gran reserva petrolera de Ishpingo-Tambococha-Tiputini). Se realizan convenios donde Venezuela acepta recibir como contrapartida productos (por ejemplo, el acuerdo con ANCAP de Uruguay otorga participación en yacimientos venezolanas, pero se deberá procesar en Uruguay crudo venezolano y se aceptan los pagos con cemento pórtland y otros productos uruguayos bajo condiciones ventajosas), mientras que en otros casos también hay importantes componentes de apoyo directo, tal como se observa en Bolivia.

Si bien Brasil se presenta como líder regional, hay que admitir que no ha seguido un camino de este tipo, y no ha estado dispuesto a cubrir los costos de acuerdos que promuevan emprendimientos productivos entre sus vecinos. Además, sus empresas nacionales, no solo Petrobras, sino otras como Odebrecht han actuado unilateralmente en los países vecinos. Ese no es un problema exclusivo de Brasil, ya que otro tanto ha tenido lugar entre otros países importantes de la región, como Argentina y Chile, los que tampoco han intentado promover otra integración regional, y sus empresas nacionales han repetido las prácticas comerciales y empresariales tradicionales. La diferencia radica en que Brasil busca posicionarse como líder regional, mientras que otras naciones no buscan ese puesto.

Cruce de caminos

La serie de casos y ejemplos presentados a lo largo del presente artículo permite ofrecer ahora un análisis de las tendencias en marcha. Es posible postular que en los últimos años han existido dos tipos de procesos de vinculación entre las naciones suramericanas.

El modelo de integración a la europea, basado en un mercado común que avanza en paralelo a una estructura política, estuvo representado por el MERCOSUR. Ese esfuerzo chocó contra la imposibilidad de dar el necesario paso a la supranacionalidad, y fue en particular Brasil el que no aceptó esa medida. En tanto ese país también es la mayor economía regional, podía haber ensayado una medida sucedánea o paliativa de permitir ciertos niveles de comercio asimétrico que beneficiaran a los países vecinos más pequeños. Pero Brasil tampoco estuvo dispuesto a cubrir ese costo, y por el contrario su comportamiento en Bolivia no logró romper la lógica empresarial de maximizar ventajas y renta. La única concesión sustantiva fue otorgada a Argentina, aceptándose un convenio comercial de protección de sectores sensibles, lo que permitió reducir los roces con Buenos Aires, pero a costa de aumentar el desencanto de Paraguay y Uruguay. Bajo esta situación, el MERCOSUR avanza y retrocede alrededor de problemas comerciales, que no puede resolver en tanto se carece de un marco normativo supranacional, y por lo tanto sigue estancado bajo una unión aduanera muy incompleta. Esto explica por qué el bloque se desempeña sobre todo como un foro político. El hecho relevante actualmente es que parece haber una aceptación (mezclado con cansancio) de esta situación entre los socios del MERCOSUR.

Otro modelo estuvo basado en una apertura importante a los mercados internacionales, sea de los países vecinos como los de otros continentes. Es una forma extrema de "regionalismo abierto" que fue seguida por Chile, y más recientemente por Colombia y Perú. Estos países no han logrado articular un proceso de integración más profundo dentro de la CAN, ya que su meta está en la apertura comercial y no se plantean lograr otros acuerdos, como por ejemplo, políticas productivas comunes. A diferencia de lo ocurrido en el MERCOSUR, donde todavía se mantienen ciertos niveles de proteccionismo comercial, en la CAN se apuesta a una fuerte liberalización; asimismo, los andinos abandonaron los intentos de supranacionalidad e incluso los de lograr una unión aduanera. Por lo tanto la CAN también terminó siendo un foro político, aunque por razones y por un camino distinto al del MERCOSUR.

Nos encontramos frente a dos caminos que por diferentes razones ahora se entrecruzan en una situación similar, donde los aspectos comerciales y económicos están estancados, y los bloques se mantienen como foros políticos. Esto explica en buena medida las razones por la cual el intento de unidad sudamericana, sea bajo el nombre de Comunidad o de Unión, también se expresa como un foro político.

En esta situación es clave el papel de Brasil. En los últimos años, ese país ha mantenido una idea más o menos definida de un proyecto de integración regional. Su propuesta, iniciada en el año 2000 bajo la administración de F.H. Cardoso, fue adaptada por el gobierno Lula da Silva, manteniendo su núcleo central y otorgándole algunos matices propios. Su posición es la de ejercer un liderazgo regional por consenso, o un liderazgo benévolo, donde busca promover cierta integración regional pero no está dispuesto a asumir los costos de ese liderazgo, tanto en lo económico como en lo político.

Es más, Brasil ha anunciado que realizará una negociación por separado del resto del MERCOSUR por un acuerdo estratégico con la Unión Europea, mientras alienta la idea de ingresar a la OCDE (la organización de los países industrializados). Si bien se la presenta como diferente a un convenio comercial, esa distinción puede ser apenas una diferencia terminológica ya que involucrará compromisos y concesiones mutuas. Ese paso será un golpe duro para el MERCOSUR, y será invocado por Paraguay y Uruguay para buscar a su vez algún acuerdo con los EE.UU. Asimismo, los lobby empresariales que promueven los tratados de libre comercio dentro de Brasil, saldrán fortalecidos.

De esta manera, en Brasil se vive una fuerte tensión entre el deseo de integración regional y las obligaciones y costos que esa tarea requiere. Ese tipo de tensión no está presente en el camino del regionalismo abierto o en las posiciones de Chile, ya que su meta esencial es la apertura comercial.

El cambio reciente más relevante es que aparece Venezuela con una idea distinta sobre la integración regional. Su posición apunta a una relación más estrecha entre las naciones suramericanas y a una desvinculación más activa de la globalización para ganar mayor autonomía. Estas ideas, a diferencia de la perspectiva brasileña, son por ahora mucho más difusas, en algunos casos imprecisas, a veces contradictorias, y que están en construcción.

En algunas circunstancias, el gobierno de Caracas parece apostar a reforzar la integración regional pero en otros parecería que la entorpece: abandonó la CAN, y pidió el ingreso al MERCOSUR, y si bien está dando allí sus primeros pasos, el presidente Chávez ya ha dicho que ese bloque no sirve en su estado actual; apuesta por la Comunidad Sudamericana de Naciones y después promueve renombrarla como Unión de Naciones, pero enseguida refuerza su propio esquema bajo el ALBA.

Esto hace que la postura venezolana sea por momentos contradictoria y genere muchas polémicas. Pero más allá de esas discusiones hay que reconocer que se ofrece una diferencia clave frente a las propuestas anteriores: Venezuela está dispuesta a asumir por ahora los costos políticos y económicos de su propuesta de integración. Esto no se basa únicamente en la gran disponibilidad de fondos debido su renta petrolera, sino que también refleja otra postura política frente a las naciones vecinas. En este caso no están ocurriendo tensiones frente a una meta de supranacionalidad o por soberanías que se sienten heridas, ya que se ha logrado un atajo basado en los emprendimientos mixtos con participación de varios países. Los proyectos de empresas estatales conjuntas, y en especial la coparticipación en la reservas petroleras de Venezuela tienen una importancia económica indudable, pero además genera una red de apoyo y sostén para ensayar otro proceso de integración.

- Eduardo Gudynas es analista es CLAES D3E, un centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible (www.integracionsur.com ) y colabora mensualmente con el Programa de las Américas. Las opiniones son exclusivas del autor.

 

Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center (IRC)    
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