Debe ser dura, dijeron los conservadores en el Parlamento Europeo e impusieron el destierro a los inmigrantes, después de haber usado su mano de obra barata durante varios decenios, para alcanzar los niveles de prosperidad que tienen. La política del limón exprimido mostró su rostro más despiadado en la decisión dictada por los representantes de los países europeos y que ellos, muy graciosamente, han llamado “directiva de retorno”.

Estos son los términos de tal medida: en los próximos dos años, latinos, africanos y asiáticos que no cuenten con sus papeles en regla, cualquiera sea el tiempo de su permanencia, serán expulsados de la Unión Europea (UE). A partir de esa fecha, los “ilegales” tienen entre 7 y 30 días para salir por su voluntad; el tiempo de tolerancia dependerá de la voluntad de las autoridades migratorias. Si no se van, ingresarán a un encierro que puede durar de 6 a 18 meses; en este caso, el periodo depende de que puedan encontrar a qué país trasladarse (ninguno europeo, por supuesto). En caso de que tal tiempo sea insuficiente, el encierro se convierte en encarcelamiento, hasta que se lo expulse. A la expulsión le sigue la prohibición de volver hasta 5 años después. La pregunta es: ¿alguien volverá después de ser tratado en forma tan humillante?

La ilegalidad de los pobres

Ser pobre, en un país empobrecido, es una tragedia. Ser pobre en un país enriquecido, es infamante.

Las formas de apropiación de las riquezas de nuestras regiones, que se intensificaron durante los tres decenios pasados, beneficiaron a Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea anterior a su ampliación hacia el este y al Japón.

EE.UU. tiene sus métodos de expulsión violenta, incluyendo matar a los “ilegales” y levantar un muro en su larga frontera continental. En el Japón no se registran restricciones, al menos hasta ahora. En la UE, desde hace varios años, comenzó una campaña en contra de la llegada de migrantes pobres. Barcos repletos zozobrando, expulsiones masivas, se han dado en el pasado reciente. Ahora, con la “directiva de retorno”, esta violencia será mayor, ni duda cabe.

Quien ha tenido necesidad de viajar a cualquiera de esos países, conoce la rutina del visado burocrático, arbitrario y, sobre todo, discriminatorio. Exigen condiciones económicas que les garanticen, a los países receptores, que el visitante no se quedará y que el migrante podrá mantenerse. Las condiciones son tan altas, que han permitido la aparición de redes de traficantes, que ofrecen trasladar a la persona, usando métodos no muy claros, a precios escandalosos, aunque muy por debajo de la exigencia oficial.

Llegan allá los migrantes (cualquiera sea el país que eligieron) y se enfrentan a la alternativa de aceptar el trabajo humillante del socio de los traficantes o quedar a expensas propias, con el riesgo de ser deportados de inmediato. Si tiene suerte, logrará ser lavaplatos en un restaurante de tercera categoría; de lo contrario, dormirá a sobresaltos en un parque, recogerá restos de comida en los basureros y rogará por un trabajo eventual a precio miserable.

Después, mucho después, podrán ser empleados o empleadas domésticos, útiles para todo servicio u obreros de la limpieza. Los afortunados, llegarán a trabajar en la construcción, en el transporte público o la fábrica. Para entonces, se habrán dado cuenta que construyeron una vida en ese país extraño del que, de pronto, hoy les anuncian que serán expulsados.

Razones y sinrazones

Pueden explicarse y hasta entenderse las razones por las cuales, la Unión Europea, ha llegado a tomar esta determinación. Pero es indudable que no se ha tomado en cuenta la situación de las personas. Esto provoca la reacción de los países cuyos connacionales sufren tal discriminación.

Hay, ni duda cabe, una contracción económica que afecta a todas las naciones del mundo. Después de un largo periodo de bonanza, los países desarrollados enfrentan un descenso. Sumemos a esto el ingreso a la UE de los países de Europa Oriental, cuya estructura económica, social y política es obligada a adecuarse a los parámetros occidentales. Todo esto influye en el trazado de las estrategias del llamado primer mundo. Comprensible, pero inaceptable.
La evidencia de esto, es la definición parlamentaria en la misma votación. Casi la mitad de los votos, no acompañó la decisión final. Es verdad que sólo 200 se opusieron y hubo algo más de 100 que se abstuvieron.

Probablemente, otras medidas tratarán de paliar o, al menos, desviar la atención. Pero el hecho seguirá siendo evidente: más de 8 millones de inmigrantes que carecen de papeles, viven en Europa y hoy están atemorizados.

Hombres y mujeres latinoamericanos, africanos y asiáticos, tienen la sensación de miles de ojos puestos sobre ellos. Temen que la mano de un policía los detenga. La posibilidad de quedar sin trabajo, es ahora más evidente; ese trabajo eventual y mal pagado que han obtenido luego de tanto tiempo. Los niños, los hijos de los migrantes, están faltando a la escuela. Estos y muchos otros, son los efectos inmediatos que ha tenido la “directiva de retorno”, aunque diga que comenzará a aplicarse en dos años más.

El temor, la más humillante de las sanciones, ha comenzado a esparcirse por el “mundo ilegal” de la inmigración a lo largo y ancho de ese pequeño pero tan enriquecido continente que es Europa.

Respuestas

No es posible hablar de soluciones. Decir que pueden facilitarse las gestiones de legalización, es desconocer la raíz misma del problema. Toda la estructura administrativa de los países europeos está organizada para impedirlo. Es simple: un migrante legal tiene derechos y, por tanto, debe ser empleado en las mismas condiciones que el natural del país. El empresario, grande o pequeño, ya no ´le dará trabajo eventual y, como el empleo legal está copado, el migrante quedará en la calle.

Sólo hay una respuesta que puede darse. Un acuerdo en el que intervenga, por una parte, la Unión Europea, y por la otra, los países latinoamericanos en bloque (puede hacerse lo mismo en otros continentes) que establezca mecanismos de tolerancia y que, sobre todo, recupere la dignidad de las personas. En otros términos: permitir el trabajo que realizan actualmente, con condiciones mínimas de seguridad, al mismo tiempo, que se programe un plan de retorno compatible con la recuperación económica de los países de donde son originarios los migrantes.

No puede negarse que, ésta, es una tarea en la que tienen una gran responsabilidad las naciones que hicieron su prosperidad en base al trabajo mal pagado de los hombres y mujeres que llegaron a Europa en busca de un mejor futuro, cuando sus países sufrieron la despiadada exacción de sus riquezas.

- Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.