El 18 de junio, los parlamentarios de la Unión Europea aprobaron la denominada “Directiva de Retorno”, que introduce, entre otras medidas, la detención de 6 a 18 meses de migrantes indocumentados en Europa, una prohibición de retorno a Europa de hasta 5 años para aquellas personas que han sido expulsadas, y retornos forzosos de los migrantes a países que no sean el suyo de origen. De acuerdo con el texto, hasta niños/as pueden ser detenidos.

Diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales internacionales rechazaron la aprobación de esas medidas y consideran esta una “Directiva de la Vergüenza”. La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) se suma al movimiento sindical internacional y condena esta política que no amplía posibilidades de solidaridad e integración de los pueblos, y sí incrementa los sentimientos de intolerancia ya conocidos, como el racismo y xenofobia.

El Secretario General de la CSA, Víctor Báez, afirmó, en una carta de condena a la Directiva (disponible abajo), que esas medidas representan “una tentativa de los gobiernos europeos de culpabilizar trabajadores/as migrantes por las dificultades económicas en sus países que no son otra cosa que consecuencias de la política neoliberal”.

Declaración de la CSA sobre la Directiva Europea de la Vergüenza

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) expresión continental de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y que en la región representa a más de 50 millones de trabajadores/as, expresa su rechazo al proyecto aprobado en el Parlamento Europeo sobre la directiva que trata de la reglamentación y condiciones para expulsión de los y las migrantes en condiciones irregulares en Europa.

Actualmente, Europa es el principal destino de miles de personas que parten de sus países en busca de empleo y un futuro mejor. Son estos migrantes quienes también contribuyen a la construcción de la economía de ese continente.

La Directiva de Retorno no es un proyecto que discute la ampliación de derechos y la contribución de estos trabajadores y trabajadoras para la construcción de los países de la Europa. Es una propuesta que criminaliza los migrantes y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la mafia de la trata de personas y la explotación de los empleadores.

La propuesta de detención desde 6 hasta 18 meses de personas y niños que no han cometido ningún delito, solamente por estar en condición de indocumentados, hace que los trabajadores y las trabajadoras que salen de sus países, quedan lejos de sus familias, en situaciones de riesgo y sacrificio, sean considerados criminales.



Esta no es una política que amplía posibilidades de solidaridad e integración de los pueblos, y sí incrementa los sentimientos de intolerancia ya conocidos, como el racismo y xenofobia.

Basada en el principio de la libre circulación de personas, considerada como Derecho Humano, la CSA también se opone a las repatriaciones forzadas y la prohibición de volver a Europa por cinco años. La prioridad debe ser que los migrantes quieran volver voluntariamente a sus países de origen.

Mientras las negociaciones bilaterales de Unión Europea con los países de América Latina y Caribe proponen flexibilización de las fronteras incrementando la capacidad de circulación sus mercancías, servicios y capitales, los/as trabajadores/as que se ven obligados a migrar en busca de empleo huyendo de la pobreza y desigualdad enfrentan este tipo de barreras ominosas. Los derechos del capital quedan así por encima de los Derechos Humanos.

La CSA se une a las diversas organizaciones que consideran esta una directiva de la vergüenza. Es una tentativa de los gobiernos europeos de culpabilizar trabajadores/as migrantes por las dificultades económicas en sus países que no son otra cosa que consecuencias de la política neoliberal.

São Paulo, 20 de junio de 2008.

Atentamente,
Víctor Báez Mosqueira
Secretario General

http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=1349