Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el ex ministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yidis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lío con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.

La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettelt y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.

Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Vélez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.

El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Vélez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.

Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.

- Camilo González Posso, Presidente Indepaz

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org