Una de las diferencias entre Estados Unidos y la mayoría de los demás países desarrollados es que el Congreso puede tener su propia política exterior que no coincida necesariamente con los objetivos del Ejecutivo.

Esto es generalmente algo positivo, dado que les permite a los ciudadanos tener influencia, la cual no se tiene en la mayoría de los países europeos, y limita el daño que el poder Ejecutivo a menudo hace alrededor del mundo. Fue el Congreso de EE.UU. quien finalmente, bajo presión del movimiento pacifista, cortó el financiamiento para la guerra de Vietnam y en los años ochenta un movimiento bien organizado y mayormente con bases religiosas, presionó al Congreso para cortarle los fondos a la insurgencia brutal de Ronald Reagan en Nicaragua.

Ocasionalmente, sin embargo, algunos miembros del Congreso – en representación de intereses especiales – pueden ser un obstáculo cuando el Ejecutivo trata de mantener o reparar relaciones con otros países. Tal es el caso de las relaciones entre EE.UU. y Argentina que cayeron a un punto bajo durante los años de Bush y las cuales el Presidente Obama quisiera mejorar.

Ahora viene Eric Massa, el novato congresista demócrata de la ciudad de Corning en el estado de Nueva York, introduciendo un proyecto de ley, el 20 de mayo, que intenta castigar a Argentina por medio de, entre otras cosas, negarle al país acceso a los mercados de capitales de Estados Unidos.

Un poco sobre el contexto: en diciembre de 2001 el gobierno de Argentina entró en una moratoria sobre el pago de aproximadamente $81 mil millones (más intereses) de su deuda soberana, a consecuencia de un desplome económico general después de una profunda recesión. En 2005, cerca del 75% de los acreedores en posesión de bonos en moratoria llegó a un acuerdo con el gobierno que pagó aproximadamente 30 centavos por dólar. El resto, con alrededor de $19,4 mil millones, se rehusó a aceptar la oferta con la esperanza de obtener más en el futuro.

Los acreedores que no aceptaron la oferta (los “holdouts”) tienen un grupo de presión en Washington, el "Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina" (ATFA, American Task Force Argentina). Es dirigido por ex funcionarios de la administración de Clinton, quienes tratan de utilizar al Congreso para presionar a Argentina. Este grupo de presión incluye a inversionistas de fondos "buitres" (ver más adelante), que compran deudas en moratoria por una pequeña fracción del valor nominal y luego utilizan demandas legales y otras tácticas de presión para luchar por obtener el valor nominal de los bonos.

Si hay una injusticia en la moratoria de Argentina, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) – quien es tan responsable como cualquiera en el mundo por la profunda recesión que empujó a la mitad de la población de Argentina por debajo del umbral de pobreza – al final cobró sus préstamos por completo. Pero ésa es otra historia más larga.

Lo cierto es que la moratoria de Argentina fue parte inevitable de un desplome económico. Fue también una condición previa necesaria para la recuperación económica del país, la cual empezó justo tres meses después de que dejó de pagar su deuda pública. En un poco menos de siete años el PIB real de Argentina ha crecido en un 66 por ciento, casi el mejor desempeño en el hemisferio, sacando a 11 millones de personas de la pobreza y remediando mucho del daño causado bajo la tutela del FMI en la década previa.

La deuda de Argentina antes de que el país cayera en moratoria era simplemente impagable. En Estados Unidos y en la mayoría de los otros países, hay leyes sobre bancarrotas que le permiten a un deudor salir de deudas impagables y empezar de nuevo. En el mundo de deuda soberana, todavía no hay mecanismo comparable que no sea la moratoria del pago.

Por supuesto, es muy posible que el gobierno argentino alcance un acuerdo con los “holdouts” y ha habido algún movimiento en esa dirección en este último año. Un acuerdo le devolvería el acceso a los mercados internacionales de crédito a Argentina.

Irónicamente, el acoso de Eric Massa y el ATFA hace menos probable que tal arreglo sea alcanzado, porque los "fondos buitres" que ellos representan tienen otros objetivos. Ellos desean su libra de carne: es decir que le están apuntando al valor nominal de los bonos y están dispuestos a atropellar a cualquiera de los acreedores más prácticos (entre los holdouts) para conseguir lo más que puedan. Por lo tanto, los buitres socavan a otros acreedores, incluso acreedores actuales cuyas inversiones no están en peligro, pero que aumentarían en valor si Argentina tuviera acceso pleno a los mercados internacionales de crédito.

¿Quiénes son los electores a los que Eric Massa y el ATFA representan? Echando un vistazo a quince acreedores que tienen reclamos contra Argentina por más de $25 millones cada uno, se ve que nueve de ellos tienen direcciones en las Islas Caimán. Uno de éstos es NML Capital Ltd., un fondo buitre que es filial del fondo de inversión de alto riesgo (hedge fund), Elliot Associates (un miembro de ATFA) dirigido por su fundador Paul Singer. Según Bloomberg News, NML Capital compró por lo menos $182 millones de la deuda argentina a 15-30 centavos por dólar. Singer se arriesgó en una apuesta que fue exitosa en Perú en el año 2000, en donde obtuvo ganancias del 400 por ciento del gobierno peruano a través de demandas legales y acoso.

Los buitres no van a lograr mucho con Argentina, en donde no sólo el gobierno sino también la oposición política y la población argentina están determinados a no rendirse. Pero pueden hacer más difícil alcanzar un acuerdo con los otros acreedores y también obstaculizar el camino hacía mejores relaciones entre EE.UU. y Argentina.

Esto parece ser el potencial principal del proyecto de ley de Massa en el Congreso, y por supuesto los esfuerzos del grupo de presión, ATFA: el de crear la falsa impresión de que la deuda de los "holdouts" es un obstáculo al progreso hacia mejores relaciones entre EE.UU. y Argentina. Lo cual no es cierto con la administración de Obama. Pero los medios de comunicación de oposición en Argentina pueden exagerar la seriedad de este esfuerzo del Congreso (que casi no tiene posibilidad alguna de convertirse en ley) para tratar de socavar el gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner. Es todo humo y espejos: un esfuerzo de relaciones públicas internacionales, muy elaborado y bien financiado.

- Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.

Publicado en The Guardian Unlimited el 5 de junio, 2009