Después de cuatro días de difíciles negociaciones entre 121 gobiernos en la reunión del Tratado de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que tuvo lugar en Túnez, representantes de la sociedad civil derrotaron el intento de Canadá por bloquear las negociaciones que favorecen a los agricultores. A media noche del jueves, Brasil leyó ante una cansada plenaria una resolución sobre los derechos de los agricultores que cambió por alivio y entusiasmo la tensión prevaleciente entre los delegados.

Después de las negociaciones en los corredores, donde Europa, América Latina y África enfrontaron los esfuerzos de Canadá por descarrilar el mandato a ejercer los Derechos de los Agricultores, los gobiernos acordaron en

• Impulsar a los países miembro a que revisen todas las medidas que afectan los derechos de los agricultores y remuevan cualquier barrera que evite que guarden, intercambien o vendan semillas;

• Involucrarlos de lleno en talleres nacionales o regionales sobre sus derechos e informar sobre los resultados de ello en la próxima reunión del tratado de semillas, que ocurrirá en 18 meses.

La resolución de la plenaria rompió con las prácticas convencionales en la ONU al llamar al total involucramiento de las organizaciones de agricultores en cada aspecto del Tratado. Angola, Brasil, Ecuador, Holanda, Noruega y Suiza merecen reconocimiento especial por colocar en primer lugar el papel crucial de los campesinos en la conservación y mejoramiento de los recursos genéticos de las plantas. El campesino hondureño Don Luís Pacheco resumió la importancia del Tratado: “conservar nuestras variedades, nuestra diversidad, es esencial para que podamos ajustar la agricultura ante la amenaza del cambio climático. Si no nos ponemos de acuerdo en esta reunión para que el sistema que protege las semillas en el mundo funcione, la próxima reunión que se hará en Copenhague sobre cambio climático, al fin de este año, no servirá para nada.”

Como lo expresó Wilhemina Pelegrina, directora ejecutiva de SEARICE —organización de la sociedad civil que durante mucho tiempo se ha dedicado a la defensa de los derechos de los agricultores, y que ha seguido de cerca las negociaciones— “aunque se quedó corta en compromisos firmes y depende del financiamiento, la resolución adoptada es un gran paso hacia adelante en las décadas de lucha por el reconocimiento y la instrumentación de los derechos de los agricultores en la FAO.”

Durante esta tercera reunión del organismo gobernante del Tratado fueron cruciales en el fortalecimiento del compromiso con los derechos de los agricultores las varias intervenciones de representantes de organizaciones, como los de Vía Campesina, la organización más grande de campesinos en el mundo. Sus voceros no solo enfatizaron el papel central que algunos agricultores en pequeña escala juegan en la conservación de la biodiversidad agrícola, sino que también hicieron propuestas concretas sobre los derechos y el apoyo que requieren agricultores, comunidades rurales, organizaciones de pueblos indígenas y pastores. No es menor, dentro de esos derechos, el acceso a los materiales de los bancos de genes nacionales e internacionales y el derecho al apoyo financiero para la conservación de la biodiversidad en las parcelas.

“No hicimos todo lo que era necesario en esta reunión, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de comenzar a revisar la legislación que ha sido tan dañina para los derechos de los campesinos en muchos países. Los delegados de Canadá hicieron jugarretas y repetidamente intentaron obstruir todo el proceso”, acusó Pat Mooney, Director Ejecutivo del Grupo ETC. “Por suerte, el proceso multilateral y la presión de la sociedad civil los pusieron en orden.”

También nos concierne que el Tratado de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos pone el énfasis en la soberanía nacional por encima de la conservación de los recursos genéticos y los derechos de los agricultores. Las leyes nacionales de semillas pueden, por ejemplo, evitar que los agricultores conserven, intercambien y vendan sus semillas. Como expresó en la plenaria Jorge Stanley, miembro de una organización panameña de jóvenes indígenas y vocero del Comité Internacional de Planeación para la Soberanía Alimentaria: “Ni siquiera el ‘consentimiento’ y el ‘reparto de beneficios’ para los agricultores que son los custodios de nuestra herencia genética, quienes mantienen miles de variedades locales de plantas en sus territorios, se respetan en las leyes de patentes, que permiten que las variedades de los agricultores sean pirateadas.”

Las organizaciones de agricultores y de la sociedad civil que estuvieron presentes ven con optimismo el desarrollo de las discusiones y las decisiones tomadas. Sin embargo, debemos notar que sigue faltando el apoyo requerido para que el Tratado realmente funcione. Un financiamiento de $116 millones de dólares es el escasamente necesario para que el Tratado se sostenga, y las contribuciones siguen siendo voluntarias. La sociedad civil está determinada a monitorear de cerca el desarrollo del debate. Los asistentes regresarán a sus países con planes para promover el ejercicio de los derechos de los agricultores. “Volveremos”, dijo la campesina brasileña Soniamara Maranho, de Vía Campesina.

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